Archivo para 30 septiembre 2010

30
Sep
10

En Chile, los municipios devuelven los colegios al Estado

La comuna de Cerro Navia no es la única que como resultado del sistema municipal de educación tiene deudas. Son numerosos los municipios que tienen deudas previsionales, perfeccionamiento, Bono SAE, entre otras, con los profesores del país. Esto responde a la instrumentalización de la educación, que ningún gobierno ha tenido la voluntad de resolver”
(Jaime Gajardo)*

Esta semana el alcalde de Cerro Navia, Luis Plaza, dio a conocer que el municipio no podrá seguir manteniendo y administrando la educación Pública en su comuna. El edil fundamentó esta medida en la falta de presupuesto para financiarla, lo que se traduce a la fecha en la imposibilidad de cáncer oportunamente las cotizaciones previsionales y de salud del personal docente y administrativo de Cerro Navia; según Plaza, las arcas municipales deben desembolsar anualmente, entre “dos mil y dos quinientos millones de pesos” (1) adicionales para financiar la educación. Esta situación obligó al ministro Lavín a intervenir los 24 liceos comunales, asumiendo el control de la Corporación de Educación de la Comuna y, generando en la práctica, una reestatización de la educación municipal. En efecto, la educación municipal está quebrada, no existe municipio en Chile en que la educación se autofinancie con la subvención educacional que entrega el Estado; unido a esto, ha experimentado un considerable descenso en el número de matrículas, si el año 2002 la participación de la enseñanza municipal en el total de la educación chilena alcanzaba un 52%, el 2009 representa tan sólo el 37%. Además, es sintomático comprobar que el primer alcalde en llevar a efecto esta medida sea  uno de la misma coalición de gobierno, lo que abre las puestas a todos los demás alcaldes, particularmente de oposición. En la práctica, se estaría llevando por la vía forzada al Estado a asumir su rol en lo que queda la deteriorada educación pública chilena.

Esta situación viene a demostrar algo quizás sea más complejo, y es la crisis que evidencia el modelo educativo imperante en estos últimos 30 años. El modelo generó en la práctica un nuevo sector en la economía, los sostenedores, y un alto nivel de cobertura en matrículas, pero con un nivel de desigualdad y de falta de calidad en su conjunto. Al caso que, se da la paradoja que siendo hoy la generación “más” educada de la historia, es a la vez la peor educada de la historia. El modelo de mercado, de acuerdo a las mediciones internacionales, PISA, OCDE, demuestra que en nuestro país las tres provisiones educativas -pública, la particular subvencionada y la particular pagada-, están por debajo de la media internacional. Ahora bien, la educación particular subvencionada, que se ha presentado como el modelo de eficiencia y calidad no es mejor que la educación municipal, como uno esperaría que fuera. Si miramos los datos SIMCE, podemos decir con evidencia dura que, de los cuatro quintiles en que compiten el modelo fiscal y el con fines de lucro, la educación fiscal gana en el quintil bajo y medio alto, en tanto los subvencionados están por encima en los quintiles medio bajo y medio; con una diferencia que no sobrepasa los 7 puntos porcentuales promedio (2). Esto con el agravante, que la educación subvencionada por el Estado tiene derecho a cobrar una subvención adicional al apoderado y, además, hasta el año pasado tenía permitido seleccionar a los alumnos; visto de esta arista, es un milagro que a la educación municipal haya durado tanto tiempo.

Mirado de esta perspectiva la cosa no funciona. La educación municipal está siendo devuelta al Estado y, el modelo que se publicita como el “óptimo” no es sustancialmente mejor que el que se está devolviendo. En este sentido, se hace indispensable tener una mirada menos “casuística” de lo que está sucediendo en educación, se requiere mirar el tema con menos dogmatismo por parte de la derecha, y a su vez la coalición opositora, deberá empezar a pensar seriamente lo que está dispuesta a ofrecerle al país para el 2015, ya que lo que hay hoy día, con semáforos, PSU dividida en dos, liceos de excelencia y de los otros, desgraciadamente no tiene buena cara.

+ Recurso asociado: Entrevista de Tomás Mosciatti al alcalde Luis Plaza, ver aquí.

* Jaime Gajardo, Pte. Colegio de Profesores, en: http://www.colegiodeprofesores.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=387%3Aintervencion-en-cerro-navia-ejemplo-de-la-crisis-de-la-municipalizacion&catid=1%3Alatest&Itemid=190

Notas

1.- Luis Plaza. Ver en: http://www.la2da.cl/modulos/catalogo/Paginas/2010/09/29/LUCSGDI11SG2909.htm

2.- Esta tendencia se ha mantenido con pocas variaciones desde que se aplica el SIMCE, y queda refrendada en la última medición del 2009. Para una mejor comprensión, ver en: http://www.simce.cl/index.php?id=247

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25
Sep
10

La gente consume por que le ofrecen créditos

El canal de noticias 24 Horas Cable, a raíz del evento presidencial que juntó las estatuas de José Miguel Carrera y Bernardo O’Higgins como un símbolo de unidad nacional, invitó al premio nacional de historia 2006, Gabriel Salazar, para analizar esta medida, y además, darle una vuelta a estos doscientos años de historia republicana. La entrevista, fue realizada por los periodistas Mónica Rrincón y Davor Juranovic que, un poco incómodos, vierón como el académico desmitificaba algunos de los grandes hitos de la historia de Chile. La entrevista dura casi 20 minutos, y se puede descargar desde aquí:

http://www.24horas.cl/videos.aspx?id=87206&tipo=410

24
Sep
10

Liceos Bicentenario, los liceos de la clase media

Esta semana, el ministro Lavín dio a conocer la nómina de los primeros 25 Liceos Bicentenarios, la mitad de un total de 50 que prometió el presidente Piñera en su período de gobierno. La información entregada por el titular de educación es interesante, ya que con cifras concretas y criterios de adjudicación, podemos empezar a comprender el derrotero que seguirá nuestra educación en los próximos cuatro años.

Los Montos

El gobierno entregará un monto diferenciado de recursos, de acuerdo a si el liceo es nuevo o si se reconvierte para estos efectos. Los colegios que se construirán bajo esta modalidad, suman 7 y recibirán un aporte estatal individual que asciende a los 1000 millones de pesos; en tanto, si el colegio ya existía y se reconvierte bajo la modalidad de excelencia, recibirá 500 millones de pesos. Dentro de los requisitos que deberán solventar estos sostenedores, se pide una “biblioteca de calidad” para los alumnos de sétimo a cuarto medio, y para los alumnos de séptimo que ingresen a marzo de 2011, se les deberá dotar con un notebook por alumno y una pantalla digital o data show por sala.

Los Elegidos

Según las bases de licitación que entregó el MINEDUC, el proyecto Bicentenario está abierto a la participación de liceos tanto fiscales o con fines de lucro. Esta vez, la cifra repartidora se dividió en 23 liceos fiscales y sólo dos particulares subvencionados.

The Accountability

Los liceos favorecidos tendrán una concesión de 10 años, en la cual serán fiscalizados por una nueva entidad denominada Secretaría Técnica de Educación. Esta entidad, que aplicará a lo menos dos pruebas estandarizadas por año, exigirá que los establecimientos estén entre el 10% de los mejores niveles de rendimiento del lugar donde se emplacen. En lo inmediato, exigirá que para la mediación SIMCE 2013, los colegios deban tener un promedio de corte equivalente a 285 puntos en octavo, y 295 en segundo medio; además de un puntaje mínimo de 585 en la PSU. Ahora bien, qué pasa si los colegios no cumplen con los estándares exigidos por la Secretaria Ministerial, deberán retirar el “título bicentenario”, pero, según las bases de licitación, se podrán quedar con los implementos comprados con fondos estatales.

Conclusión

Los liceos bicentenario, qué duda cabe, funcionaran bien y probablemente muchos estarán por sobre los estándares que se les exigen, serán una bonita cifra, pero que sólo abarcarán a 3000 alumnos, una cantidad exigua en comparación al universo escolar. En cambió, será una muestra más del alto nivel de segregación y discriminación social que sufren los más pobres del país, los que no podrán optar a estos colegios hechos fundamentalmente para la clase media. Por otra parte, me parece discutible la forma en que se selecciona a los sostenedores, por qué se le entregarán 1000 o 500 millones de pesos a entidades que pueden lucrar con ella y, además, peor aún, si no cumplen con los estándares se pueden quedar con la inversión. No quiero pecar de excesiva suspicacia, pero qué pasa si un sostenedor recibe 1000 millones, construye un colegio y después de 10 años no da el ancho, se queda con el colegio, claro, eso sí, deberá quitarle el emblema bicentenario.

Fuentes

Mineduc.cl

La Tercera, 22 de septiembre de 2010.

El Mercurio, 23 de septiembre de 2010.

22
Sep
10

Premios Nacionales y la Huelga de Hambre de Comuneros Mapuche

El pasado 15 de septiembre, seis prestigiosos intelectuales chilenos, todos ellos premios nacionales, enviaron una carta al presidente de la república Sebastián Piñera. En la misiva, los académicos hacen un llamado al gobierno a entablar una mesa de diálogo con los comuneros en huelga de hambre, tendiente a allanar caminos que permitan acabar con la discriminación que por años viene sufriendo el pueblo mapuche, y que se expresa en la aplicación de la ley antiterrorista contra ellos. Es preciso recordar, que a la fecha, los Presos Políticos Mapuche llevan 73 días en huelga de hambre y sus demandas no parecen en ningún sentido desproporcionadas, sólo piden tres cosas: fin a la aplicación de ley anti terrorista en contra de ellos; que se les juzgue en tribunales civiles, hoy son juzgados por tribunales civiles y militares conjuntamente; y por último, que se impida a la fiscalía presentar testigos encubiertos o sin rostro.

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Santiago, 15 de Septiembre de 2010

Señor:
Sebastián Piñera Echenique
Presidente de la República
Presente

Los Premios Nacionales:
Nos encontramos profundamente conmocionados por la prolongada huelga de hambre de 34 mapuches, privados de libertad e imputados de la comisión de actos terroristas, perseguidos ante la Justicia ordinaria y militar. Nos dio cierto aliento el conocer de su reunión con dirigentes de los partidos políticos que se encuentran representados en el Parlamento y el anuncio de proyectos de leyes que podrían resolver la interpelación que nos hacen a la conciencia nacional los 34 mapuches que han puesto el sacrificio de sus cuerpos, privados de alimentos por más de sesenta días, para que en sus casos se haga justicia.

Ningún chileno puede permanecer indiferente frente a tal situación, menos en el tiempo histórico que nos encontramos y que nos habla de nuestras raíces, de nuestro ser nacional, de nuestro surgimiento como nación independiente en el concierto internacional.

Los pueblos originarios, especialmente el pueblo mapuche, forman parte indisoluble del ser chileno. Chile no sería Chile, ni los chilenos, chilenos propiamente tales, si no reconociéramos en nosotros el legado cultural de un pueblo que el dominador extranjero consideró valiente y heroico; de una dignidad y temple frente a la adversidad admirable. En la sangre de nuestros hermanos mineros que hoy aún subsisten bajo tierra está la herencia mapuche, aquella que forma carácter, y que define la identidad, de nuestros pueblos originarios.

Nos avergüenza y nos cuesta entender que sobrevivan y se les aplique leyes tan aberrantes como la ley antiterrorista, basada en presunciones en materias penales, que distorsionan absolutamente la naturaleza y veracidad de los hechos, y lesionan el derecho de todo ser humano a ser juzgado en forma justa, en directa relación y proporción con los actos efectivamente cometidos y no presumidos. La sola existencia de esta ley le da plena justificación moral al acto de sacrificio personal de estos 34 mapuches que hoy claman, no por la impunidad, sino simplemente porque se les juzgue por los daños o perjuicios que ellos hubieran efectivamente cometido y según las penas previstas en la legislación común para la comisión de dichos perjuicios y daños, sin aplicarles el superlativo de “terroristas” a actos que, según el derecho penal ordinario internacionalmente reconocido, no revisten tal carácter.

No podemos dejar de señalar que los proyectos de leyes anunciados para reformar esta legislación, no resuelven lo fundamental: que es restablecer la verdad sobre la naturaleza de los actos que se imputan a los 34 reos mapuches. Es un agravio a la razón, a la realidad, atribuirles el carácter de terroristas. Esta imputación es una mentira inaceptable, ellos sólo luchan por sus derechos ancestrales, utilizando los métodos históricos de resistencia ante los abusos cometidos, primero por el Imperio Español y luego por el Estado chileno. Este último es el que se ha encargado sistemáticamente de estigmatizarlos frente a la opinión pública nacional, criminalizando sus protestas políticas y sociales al calificarlas de terroristas.

Señor Presidente, usted era miembro del Senado cuando se aprobó la Ley Indígena. Lo invitamos a examinar las intervenciones parlamentarias que dan cuenta de las aberraciones y el desamparo que sufrieron los ascendientes del pueblo mapuche hoy en huelga de hambre: pillaje, robos, asesinatos, ocupaciones ilegítimas de sus tierras y tantos otros latrocinios, de los que hoy Chile entero se avergüenza. No podemos aceptar que aquellos -que sufrieron ayer en carne propia el terrorismo de Estado, en actos reconocidos por los propios parlamentarios, además de excluirlos y marginarlos de la sociedad, la que los instaba a renunciar a su identidad- sean hoy acusados de terroristas, cuando sólo reclaman sus tierras, sus derechos culturales, su reconocimiento constitucional como pueblo.

La única vía justa y rápida que podría resolver este dolor que traspasa nuestra alma nacional es que se modifique la Ley Indígena en términos de que los actos de reivindicación de sus derechos -reconocidos por la propia ley y el Convenio Nº 169 de la OIT, vigente actualmente en Chile-, y que se estimen penalmente reprochables sean procesados conforme a la ley penal común y los tribunales ordinarios de Justicia.

A su vez, nos parece moral y políticamente inaceptable exigir la deposición de la huelga de hambre como condición para encontrar una solución. Esa huelga de hambre no puede ser considerada como medida de presión, – porque la presión la ejercen sólo quienes tienen algún poder -, sino como la acción de quienes, careciendo de poder, echan mano de sus propios cuerpos, ejerciendo violencia contra ellos mismos, porque no tienen otro medio de hacer valer su voz en una causa que ellos y muchos estimamos como justa. Por lo que le pedimos encarecidamente acceda a la brevedad a abrir una mesa de diálogo, como es la solicitud de los comuneros en huelga, conducente a aceptar sin más dilación su legítima demanda de justicia.

Sólo así podremos resolver el drama nacional presente. De otra manera, Chile no podrá celebrar su Bicentenario.

Atentamente,

Castillo Velasco, Fernando
Premio Nacional de Arquitectura 1983

Salazar Vergara, Gabriel
Premio Nacional de Historia 2006

Uribe, Armando

Premio Nacional de Literatura 2004

Vila, Cirilo

Premio Nacional de Música 2004

Maturana, Humberto
Premio Nacional de Ciencias 1995
Núñez, Lautaro
Premio Nacional de Historia 2002

17
Sep
10

Historiadores chilenos enjuician el Bicentenario

“Se da inicio a las festividades,
buenas o malas, fastuosas o pobretonas
(humildes pero cariñosas), invariablemente autocongratulatorias, 
pero ¿cómo se acallan también las inevitables críticas
que suelen acompañar o seguir a estos arranques
de efusividad extrema”.
(Alfredo Jocelyn-Holt)*

Suelo escuchar el podcast del programa radial Desde Zero, que conducen los periodistas Claudia Álamo, Patricio Fernández y el profesor y escritor Rafael Gumucio, en el que como en muchos otros de la mañana se comentan los hechos más relevantes de las noticias. Esta semana, a raíz del Bicentenario, Gumucio entrevistó a varios historiadores chilenos: Gabriel Salazar, Claudio Rolle, Alfredo Jocelyn-Holt, Sofía Correa Sutil y el controvertido Premio Nacional de Historia 2010 Bernardino Lira Bravo. En lo personal, me parece interesante el trabajo de confrontar las diferentes visiones  de estos 200 años de vida independiente, de la mano de aquellos que se dedican a su estudio; por lo que invito a escucharlos y a reflexionar en este Bicentenario.

“El Mito de la Caverna”

Gabriel Salazar, Se graduó en historia en la Universidad de Chile, realizando paralelamente estudios en filosofía y sociología. Después del golpe de estado de 1973, estovo detenido Villa Grimaldi hasta 1976, partiendo exiliado al Reino Unido, país donde continuó sus estudios para doctorarse en Historia Económica y Social en la Universidad de Hull. En Chile, a partir de 1985, comienza una sólida producción en torno a la historia social chilena, la que le valió el reconocimiento indiscutido de sus pares otorgándole el Premio Nacional de Historia 2006. Entre sus obras más reconocidos de encuentran: Ser niño “huacho” en la historia de Chile (1990), Labradores, peones y proletarios (1986), Construcción de Estado en Chile (2005), Del Poder Constituyente de Asalariados e Intelectuales (2009), Mercaderes, empresarios y capitalistas (Chile, siglo XIX) (2009), Del Poder Constituyente de Asalariados e Intelectuales (2009), entre otros.

Escuche aquí la entrevista.


“Estamos viviendo una etapa de sueños”

Claudio Rolle, es licenciado en historia de la Pontificia Universidad Católica, y doctor en historia de la Universidad de Degli Studi di Pisa. Su labor profesional se centra en el estudio de la historia de Europa y de la historia de la música popular, siendo parte del Programa de Estudios Histórico-Musicológicos de Universidad Católica. Entre sus publicaciones, destacan: La idea de la paz y los movimientos pacifistas europeos a fines del siglo XIX y comienzos del XX (1988), Historia del Siglo XX chileno (2001), La Vida Cotidiana de un año crucial (2003).

Escuche aquí la entrevista.


“Es bueno celebras 200 años de república”

Sofía Correa Sutil, estudió Pedagogía en Historia en la Pontificia Universidad Católica, para luego sacar un Ph.D en Historia en la Universidad de Oxford. Se desempeña como Académica de Derecho en la Universidad de Chile en el Pregrado y Doctorado. Entre sus trabajos se encuentran: Chile en el siglo XX (1990), Documentos del siglo XX chileno (2001), Con las riendas del poder: La derecha chilena en el siglo XX (2005), Ciudadanos en Democracia. Fundamentos del sistema político chileno (2010).

Escuche aquí la entrevista.


“Hoy día en la Araucanía hay una ocupación militar”

Alfredo Jocelyn-Holt, estudió Historia del Arte en la Universidad Johns Hopkins, donde obtuvo también un Máster en Estudios Humanísticos. Regresó a Chile en 1979 y en 1990 se tituló de Licenciado en Derecho en la Universidad de Chile. Además recibió el título de Doctor en Historia de la Universidad de Oxford en Inglaterra, el año 1992. Entre sus obras más relevantes se encuentran: La Independencia de Chile: tradición, modernización y mito (2009). Historia General de Chile, Tomo III, II y I: (2000 – 2008). El peso de la noche: nuestra frágil fortaleza histórica (1999). El Chile perplejo: del avanzar sin transar al transar sin parar (1998).

Escuche aquí la entrevista.


“Al chileno le gusta un gobierno fuerte, eficiente y realizador”

Bernardino Bravo Lira, estudió Derecho en la Pontificia Universidad Católica de Chile, titulándose como abogado en 1965. Posteriormente realizó estudios de postgrado en la Universidad de Münster. Este año 2010, recibió el Premio Nacional de Historia, despertando la controversia de sus pares debido a sus posturas conservadoras y sus vínculos con la dictadura de Pinochet. Entre sus publicaciones destacan: Fundamentos del Derecho Occidental (1970), Imagen de Chile en el siglo XX (1988), Editor Portales, el hombre y su obra. La consolidación del gobierno civil (1989).

Escuche aquí la entrevista.

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* “La cueca del Bicentenario o la fiesta recién comienza” Alfredo Jocelyn-Holt, La Tercera, 12 de septiembre de 2010.

11
Sep
10

Declaración de Cientistas Sociales en relación a la huelga de hambre de 34 presos mapuche

Al igual que los historiadores chilenos, un grupo de de Cientistas Sociales de cuatro universidades del sur de Chile han entregado una declaración pública en apoyo a las demandas de la nación mapuche, at portas de la celebración del bicentenario. En Chile, la llamada intelligentsia criolla está empezando a marcar  distancias con el discurso oficial que transmiten los grandes medios de comunicación de masas que, en forma reiterada, manejan una agenda informativa particularmente sesgada e interesada. Esta actitud, reveladora de un país que empieza a cuestionarse y a disentir con las armas de la razón le hace muy bien a la sociedad; ahora bien, la actitud de los cientistas  sociales debiera servir de guía a otras áreas del acontecer académico del país, como los abogados, cientistas políticos de las Universidades de Santiago.

A continuación, se reproduce en forma extensa la declaración:

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Declaración de Cientistas Sociales en relación a la

huelga de hambre de 34 presos mapuche

A las comunidades regionales, a la sociedad chilena, al gobierno, al Estado y a los pueblos indígenas:

Los  cientistas sociales y académicos de la educación superior de cuatro universidades del sur de Chile, abajo firmantes, deseamos expresar nuestra opinión por la situación que atraviesan desde hace más de 50 días 34 presos mapuche en huelga de hambre en las cárceles de Concepción, Temuco, Angol, Lebu, Valdivia y Chol Chol.

Estamos convencidos que la situación actual del pueblo mapuche y sus demandas son ecos de una situación de injusticias históricas, así como a la reiterada falta de comprensión intercultural y a la lógica de negación del que ha sido objeto por parte del Estado, de la sociedad chilena y de sus instituciones. Todas las investigaciones que los cientistas sociales llevamos adelante en la macrorregión sur permiten demostrar el modo concreto en que se han llevado adelante estos procesos de negación y subordinación del pueblo mapuche a través de una larga historia de desencuentros.

Asimismo, esta situación sociohistórica se torna mucho más compleja en la medida que el modelo económico predominante no se ajusta o es contrario a las dinámicas específicas de las comunidades indígenas, obligándolas a vivir de un modo marginal y en situación de pobreza estructural, o en su defecto a buscar en la migración la solución particular a esta situación de pobreza endémica. Con esto la sociedad global pierde la oportunidad de que parte de sus habitantes contribuyan al desarrollo democrático y justo de este país.

Desde hace algunas décadas, asistimos en estas regiones a un proceso de creciente organización de las comunidades mapuche, lo que permite avizorar nuevos modos de liderazgo y participación política que son esenciales para una superación de la situación de pobreza, así como acontece entre todos los pueblos indígenas de América Latina, y tal como lo reconocen la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y el Convenio 169 de la OIT, ambos instrumentos suscritos por el Estado Chileno.

Distintas instancias internacionales y nacionales, como la Relatoría de Naciones Unidas sobre Derechos y Libertades Fundamentales de los Pueblos Indígenas, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas y sus órganos de tratados y el recién creado Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile,  han planteado la necesidad que el Estado chileno reconozca y respete los legítimos derechos de los pueblos indígenas en Chile, así como la necesidad de no criminalizar la protesta social mapuche, como lo demandó el Relator Especial de Naciones Unidas Rodolfo Stavenhagen tras su visita del año 2003.

Por lo mismo, una situación histórica tan compleja como la vivida en estas regiones, en sus dimensiones económicas, políticas y culturales, no puede intentar resolverse por medio del uso de instrumentos jurídicos, como la ley antiterrorista, que no son adecuadas ni para la sociedad chilena ni para las movilizaciones y demandas de los pueblos indígenas.
Consideramos que es tiempo de avanzar hacia un Estado profundamente democrático que al celebrar sus 200 años de vida republicana se reconozca como un país multicultural. Y en este sentido reconocer los derechos de los pueblos indígenas sobre sus tierras y territorios ancestrales, en particular sus demandas de participación política, consulta y autonomía cultural y económica como otros países democráticos lo han asumido. En este sentido, la estructura jurídica nacional necesita avanzar en los lineamientos propios de una “política del reconocimiento”, que busque fortalecer los derechos universales y diferenciados de las personas y comunidades.

Reafirmamos que los pueblos indígenas de Chile, y los mapuche en particular, sean reconocidos en su aspiración a vivir en una país multiétnico, exentos de discriminación y exclusión, donde se les reconozcan sus derechos específicos, su historia y conocimientos ancestrales, sus formas de vida y sus proyectos políticos, económicos y sociales.

Como académicos sostenemos que en este Chile del Bicentenario es fundamental que la sociedad y el Estado chileno se abra al reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas porque sólo de esta manera lograremos construir una sociedad chilena efectivamente democrática, basada en la diversidad y donde la diferencia sea un valor y no un estigma negativo muchas veces basado en la discriminación.

Hacemos un llamado urgente a las autoridades, a los poderes del Estado, a los pueblos indígenas y a todas las instituciones y organizaciones civiles para que agoten todas las alternativas posibles que lleven esta situación tan extrema a buen término. Convocamos a los distintos actores a sumarse a una mesa de trabajo con el fin de encontrar puntos de acuerdo. Es hora de dialogar, está de por medio el respeto a la vida, la dignidad de las personas y los derechos fundamentales consagrados en la normativa nacional e internacional.

Académico(a)s firmantes
Karen Alfaro Monsalves, historiadora
Paula Alonqueo, psicóloga
Amaya Alvez, abogado
Andrea Aravena, antropóloga
Maya Arnao, antropóloga
Clara Ahumada, antropóloga
Manuel Baeza, sociólogo
Álvaro Bello, antropólogo
Marcelo Berho, antropólogo
Gustavo Blanco, sociólogo
Vilma Bragado, antropóloga
Alejandra Brito, historiadora
Noelia Carrasco, antropóloga
Bernardo Castro, sociólogo
Beatriz Cid, socióloga
Rodrigo Contreras, antropólogo
César Cuevas, biólogo
Fernando Díaz, teólogo
Alejandra Donoso O., antropóloga
Douzet María T., socióloga
Jaime Flores, historiador
Nicolás Gissi, antropólogo
Claudio González, sociólogo
Yanko González, antropólogo
Debbie Guerra, antropóloga
Alejandro Herrera, antropólogo
Fabien Le Bonniec, antropólogo
Alfonso Llancaqueo, profesor
Rosamel Millamán, antropólogo
Roberto Morales, antropólogo
Rodrigo Moulián, antropólogo
Ximena Navarro, arqueóloga
Ricardo Oyarzún, antropólogo
Ana María Oyarce, antropóloga
Blaise Pantel, sociólogo
Jorge Pinto, historiador
Maria Pia Poblete, antropóloga
Andrea Ponce, arqueóloga
Viviana Ramírez, antropóloga
Claudio Robles, historiador
Nabil Rodríguez, antropólogo
Fernando Robles, sociólogo
Jorge Rojas, sociólogo
Andrés Roldan, sociólogo
Gonzalo Saavedra, antropólogo
Ricardo Salas, filósofo
Lucía Saldaña, socióloga
Mario Samaniego, filósofo
Lilian Sanhueza, trabajadora social
Jeanne Simon, cientista  política
Juan Carlos Skewes, antropólogo
Maria Eugenia Solari, antropóloga
Sergio Toro, cientista político
Jorge Troncoso, antropólogo
Alvaro Ugueño, antropólogo
Olga Vásquez, antropóloga
Luis Vivero, trabajador social
Francisco Vega, cientista político
Guillermo Williamson, educador
José Manuel Zavala, antropólogo
Lionel Zúñiga, sociólogo
Académicos nacionales:
Tatiana Araya, antropóloga
Marcelo Ávila Inostroza, sociólogo
María Inés Arribas, arquitecto
Mónica Bahamondes, antropóloga
Miguel A. Barrera Muñoz, profesor y psicólogo
Florencia Barrientos, educadora
Mercedes Barros Saavedra, profesora
Eva Carmona, antropóloga
Patricia Castañeda, educadora
Inés Rossana Ciorino Navarro, trabajadora social
Tatiana Cisternas, educadora
Natalia Cuéllar Díaz, actriz y profesora.
Catalina Chávez Carrasco, psicóloga
José Alberto de la Fuente, profesor y presidente del Sindicato de Trabajadores UCSH.
Alberto Díaz, etnohistoriador
Tatiana Díaz, educadora
Leonora Díaz, educadora
Sofía Druker,  antropóloga

Paulina Fernández Moreno, psicóloga

Ana María Figueroa, educadora
Lorena Fries, abogada.
Antonio García, antropólogo
Marcos García de la Huerta, filósofo
Gladys Geisse  educadora
Wendy Godoy Ormazabal, trabajadora social
Nicolás Gómez Nuñez, sociólogo
Felicia González, educadora
Valeria Herrera,  educadora
Cristina Hurtado, filósofa,
Nolfa Ibáñez, educadora
Mario Lagomarsino Barrientos, sociólogo
Margarita Lira, antropóloga
Francisca Marquez, antropóloga
Oscar Mendoza, antropólogo
Patricia Morales, educadora
Claudio Muñoz, educador
Eugenia Muñoz Piña, economista
Andrea Peroni, socióloga,
Rolando Pinto, educador
Mario Ociel, antropólogo
Ana María Oyarce, antropóloga
Virna Osses Marchant, educadora
Jaime Retamal, filósofo
Gonzalo Reyes, psicólogo
María Angélica Rodríguez Llona, asistente Social
Javier Romero Ocampo, sociólogo y psicólogo
María Soledad Rodríguez, educadora
Pablo Salvat, filósofo
Andrea Seelenfreund, arqueóloga
Rodrigo Sepúlveda, antropólogo
Ignacio Schiappacasse, economista
Angela Soteras, educadora
Ethel Trengove Thiele, profesora
William Thayer, filósofo
Jorge Vergara Estévez, filósofo
Verónica Verdugo Bonvallet, trabajadora social
Paula Vidal Molina, asistente social


Académicos extranjeros:
Ana M. Álvez, Universidad del Comahue
Hermes Benítez, Canadá
Alcira Bonilla, Universidad de Buenos Aires
Carlos Cullen, Universidad de Buenos Aires
Juan Carlos Iglesias, Uruguay
Agustín Lao-Montes, Universidad de Massachussets
Guillermo Mac Lean, Universidad de Costa Rica
Patricia Monsalve, Universidad de Buenos Aires
Héctor Ortiz, UNAM
Carlos Pérez Z.,  Universidad de Rio Cuarto
Enrique Puchet, Universidad de la República
Horacio Riquelme, Universidad de Hamburgo
Rodolfo Stavenhagen, Colegio de México
Fidel Tubino, Pontificia  Universidad Católica de Lima
Sirio López, Universidad de Río Grande

10
Sep
10

Profesorado y trabajadores: Movimiento educacional, crisis educativa y reforma de 1928

En la página del Laboratorio de políticas Públicas de la ciudad de Buenos Aíres (LPP), aparece un interesante ensayo de la historiadora chilena Leonora Reyes Jedlicki, en el que aborda el proceso que gestó la reforma educativa chilena de 1928. El texto da cuenta, no sólo de la maduración del gremio de los profesores como un actor social relevante, sino también el equilibrio entre propuestas de mejoramiento económico y propuestas de cambio al modelo educativo imperante en la época. Los docentes del centenario patrio, fueron capaces de prever la ineficacia del modelo pedagógico impuesto por las oligarquías del siglo XIX y principios del XX, sino que, además, proponer al país un modelo pedagógico nuevo, que se adelantó en años a la discusión moderna.

Creo que en estos tiempos de escaza discusión, se hace necesario leer el reconfortante relato de la profesora Reyes, por lo cual transcribo íntegramente el documento.

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Profesorado y trabajadores:

Movimiento educacional, crisis educativa y reforma de 1928

Leonora Reyes Jedlicki (1)


Existe en nuestro país un nutrido entramado histórico de movimientos sociales y de educadores que, a pesar de su diversa procedencia social y cultural, así como sus especificidades históricas particulares, desde principios del siglo XX –con períodos de subsidencias y emergencias– ha ido articulando un proyecto educativo fundado en la relación de la escuela con la comunidad, teniendo como horizonte la democratización de la sociedad, en función de devolverle a los sujetos su capacidad deliberativa en las decisiones atingentes al gobierno educativo y comunitario.

A fines del s. XIX y durante la primera parte del s. XX, en pleno auge de la “cuestión social” (2) diversos grupos de base ensayaron experiencias pedagógicas de carácter experimental y auto-gestivo (3). Entre ellas cabe mencionar las Escuelas Federadas y Racionalistas de la Federación Obrera de Chile (FOCH), las Escuelas Libres y Racionalistas de las organizaciones obreras anarquistas, la propuesta de Reforma Integral de la Enseñanza Pública impulsada por la Asociación General de Profesores de Chile (AGP), la Universidad Popular Lastarria de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, y, por qué no, los Círculos de Estudio organizados por el Padre Fernando Vives en contra de los intereses del Partidos Conservador y la autoridad eclesiástica. Dichas experiencias emergieron con fuerza, relativa autonomía y progresiva sistematicidad en el contexto del agravamiento de la crisis social provocada por la deslegitimación de la clase política y la ausencia de una legislación laboral y social satisfactoria para los sectores asalariados y sus familias.

El presente artículo se concentrará en relevar algunos de los aspectos fundamentales de las propuestas provenientes de dos movimientos sociales: el profesorado y los trabajadores, los que durante la década de 1920 se aunaron en una crítica al monopolio estatal en la educación pública. Nos referimos específicamente a dos organizaciones representativas de esta corriente: la Asociación General de Profesores y la Federación Obrera de Chile. Estas propuestas fueron capaces de congregar y ganar la simpatía de un amplio sector de la sociedad, influyendo con sus agendas de reforma en la legislación y la organización del sistema educativo. Paradójicamente y debido al éxito que alcanzaban se convirtieron en un elemento de cuidado para el Estado, siendo desconocidos, desarticulados y perseguidos. Sin embargo, esta experiencia que congregó a los docentes y obreros de Chile a principios del s. XX, sentó las bases intelectuales de lo que serían los procesos de experimentación y reforma educativa que continuarían cimentando la acumulación de un saber pedagógico y su constante desarrollo.

Asociación General de Profesores de Chile

y la versión local de la Escuela Nueva

Desde el siglo XIX que el profesorado del sistema de instrucción primaria tuvo que enfrentar una realidad tensionada entre lo que se le exigía socialmente y las posibilidades reales de gestión que le dejaba la ley, es decir, decidir cómo, por qué, a quiénes y para qué educar. En las tres primeras décadas del siglo XX, comenzó, lenta pero expansivamente, su intervención en la escena pública como un actor visible y proponente. Además, convocó a huelgas y organizó congresos llegando a poner en jaque el modelo de Estado Docente vigente hasta ese entonces (4).

Los maestros pidieron cada vez más grados de participación y de mejoramiento en sus condiciones laborales, asumiendo un discurso crítico sobre las prácticas autoritarias y centralistas insertas en la tradición escolar. Exploraron una dimensión social de democracia que buscaba los nexos con el entorno de la escuela, pero también ensayaron nuevas formas de administración escolar (incorporando la participación del profesorado en su decisión, gestión y producción) y de enfrentar los problemas del aula o del establecimiento, promoviendo la autoinvestigación docente y la reflexión colectiva sobre la práctica pedagógica.

Dentro de este contexto surgió y se planteó el “modelo radical de reforma” de la Asociación General de Profesores (5). Más allá de una mejora en sus condiciones laborales y salariales, los docentes proponían una renovación profunda a los cimientos epistemológicos del sistema educativo. Ésta se nutrió de las ideas del movimiento europeo-norteamericano de la Escuela Nueva concentrado en las especificidades de la personalidad del niño y sus habilidades prácticas e intelectuales (6). En el centro de esta nueva concepción pedagógica estaba “el niño como un ser distinto del adulto”, tenía su propia inteligencia, identidad y personalidad. El niño debía concebirse entonces como lo que era: un ser en crecimiento. Los fundadores de la “escuela vieja” habían planeado su organización, sus métodos y procedimientos, sin conocer realmente al niño. Lo que se había hecho era en realidad una escuela para “hombres chicos”.

Pero también incidieron las corrientes educativas emergentes en América Latina, especialmente de José Vasconcelos en México; quien encabezaba la implementación de un sistema educacional que había abolido las distinciones de clases; de José Carlos Mariátegui en Perú, quien lideraba una nueva concepción pedagógica sintetizando la visión indígena de la clase obrera y de los maestros peruanos, oponiéndose a la visión del educando como mero destinatario de la educación e incorporándolo como parte activa del proceso de enseñanza-aprendizaje; del movimiento reformista universitario de Córdoba, que había propuesto reformas radicales al interior de la Universidad; de las corrientes anarco-sindicalistas y anti-partidarias obreristas ajenas a la influencia pro-soviética (7).

Los maestros asociados asumieron que el problema pedagógico era algo que no debía ser parcelado del instante social que vivía el país. Era necesario para un real cambio en las concepciones y prácticas educativas que el profesor, concebido hasta entonces como un receptáculo de metodologías pedagógicas, pasara a ser un sujeto que se interesara por los asuntos de la colectividad. De esta manera, el docente basaría su práctica educativa sobre una concepción filosófica y orientación social que nunca dejaría de ver al niño como el centro de la educación y de velar para que viviera su infancia en plenitud.

La Escuela Nueva en tanto “escuela-vida”, una “célula palpitante del organismo nacional”, no podía pertenecer sólo a los maestros. La escuela debía ser en primer lugar de los niños y de sus padres, de los obreros, industriales, agricultores, profesionales, periodistas. Los vecinos deberían acercarse a la escuela y participar de ella, porque para la AGP, la educación era, antes que nada, un problema social, de la colectividad, en palabras de Luis Gómez Catalán “el más grande de los problemas humanos” (8).

La Escuela Nueva además reconocía que el niño era un ser inquieto y activo. Por eso también se conoció como Escuela Activa, definiéndola como “un lugar que tendría el mínimo de salas, sólo las indispensables para ciertas clases que requieren escritorios. La verdadera enseñanza se daría en los talleres y en los campos de cultivo y de crianza, la verdadera escuela sería la que más se acerque a la naturaleza, la que tuviera el cielo por techo y el césped y la arena por pavimento, el horizonte por ventana y las flores, los frutos y los insectos, y los árboles por libros de estudio” (9).

De esta forma se gestaba en el Chile de las primeras décadas del siglo XX el primer movimiento crítico público frente al modelo de escolarización oficial. El viejo modelo de educación pública elitista, segregatorio y centralizado era cuestionado en su orden, en su práctica y en su ideología. Ni los debates pedagógicos como el de 1912 o las Conferencias sobre Educación Popular organizadas por “El Mercurio” en 1913; ni las obras escritas por los grandes educacionistas de la época como Darío Salas, Francisco Encina, Luis Galdames o Enrique Molina; ni las iniciativas filantrópicas como las Escuelas Nocturnas privadas para obreros, revirtieron este proceso. Desde las autoridades la solución se buscó, por medio de un consenso inter-élites, la dictación de la Ley de Instrucción Primaria Obligatoria (1920). A pesar de ello, corrió la misma suerte que las alternativas anteriores.

Las Escuelas Federales Racionalistas de la

Federación Obrera de Chile

Al igual que los maestros primarios agrupados en la AGP, la FOCH declaró al unísono “el fracaso de la Ley de Instrucción Primaria Obligatoria” (10). En primer lugar, la Ley no había resuelto, entre otras cuestiones, la insuficiencia de escuelas en relación “a la enorme cantidad de niños que debería ir a ellas”. Y aunque hubiera suficientes ocurriría que “los niños, en su inmensa mayoría, no podrían concurrir pues carecían de vestidos, de alimentos y de útiles” (11). En segundo lugar, tampoco había resuelto, ni resolvería el problema del analfabetismo: su “rodaje enteramente centrista” desatendía en forma lamentable la educación en las distintas regiones del país. En tercer lugar, las Juntas Comunales –aquellas llamadas a hacer cumplir la obligación escolar– en muchas partes no estaban constituidas y en otras sus miembros eran “incapaces, negligentes, politiqueros o sectarios” (12). En cuarto lugar, las municipalidades no daban cumplimiento a las obligaciones que le imponía la Ley “y a los fondos que deben destinar anualmente para fundar escuelas, le dan otro destino” (13). Por último, exigieron que el Consejo de Educación Primaria, encargado de vigilar y direccionar la educación primaria, debía estar “completamente libre de la influencia política y sectaria y religiosa y asegurar a la mujer una representación proporcional a su sexo” (14). Demandaron participación con poder de decisión en aquel Consejo porque querían imprimirle “valores” democráticos a la enseñanza. Para eso el pueblo debía estar representado en su seno y exigieron la presencia de un obrero dentro de éste (15).

La enseñanza oficial, según decían, preparaba al niño “para la perpetuación del injusto régimen social en el que vivimos, y lo hace en forma sistemática,  encadenándole el espíritu hacia la vida en el pasado” (16). La escuela fiscal dependiente de la política estatal llegó a verse como la principal causa de la atrofia intelectual de los niños hijos de trabajadores y trabajadoras, y como una vía para “conservar el orden vigente”. A través de las páginas del principal órgano de prensa de la FOCH puede leerse que:

“En vez de ampliar los conocimientos de los niños, estrecha el círculo de ellos a fin de limitar las ansias naturales de libertad de los descontentos. De ese modo se somete al hombre a tolerar el injusto y criminal régimen social en que los débiles son mantenidos ahora por toda clase de medios. Por tanto la escuela del Estado y la sectaria de todos modos atrofian las facultades intelectivas del niño para que puedan subsistir castas” (17).

La indignación se concretizaba en una toma de distancia de la “escuela burguesa”. Al mismo tiempo, fue abonando terreno para que naciera lo nuevo. Y lo nuevo implicaba subvertir el orden vigente, es decir, crear escuelas propias. Así fue como de la negación se pasó a la afirmación.

La FOCH se planteó la creación de las “Escuelas Federales Racionalistas” desde la necesidad de “abrir escuelas para la instrucción primaria de los descendientes i hermanos de los federados”, así como de establecer “cuantos otros medios sean útiles al progreso moral, material e intelectual de los federados i de los obreros en general, i al perfeccionamiento en el ejercicio de los oficios” (18). Respecto de los medios proponía: “escuelas, talleres de enseñanza profesional, bibliotecas y teatros, salas de audiciones musicales o de conferencias, gimnasios o cualquier otro medio educacional destinados a hombres mujeres y niños”. (19)

Las Escuelas Federales Racionalistas se plantearon como espacios pedagógicos autónomos y críticos frente a la educación ofertada por el Estado, gestionados y financiados por los propios sindicatos y las familias que los componían; basados en una concepción pedagógica de base científica, anticlerical y de investigación sobre sus raíces históricas (enseñaban historia social) así como de análisis sobre los problemas que enfrentaba su colectividad.

1925–1928: el movimiento social de educadores y asalariados como motor de transformación social

Las falencias y los vacíos de la Ley de Educación Primaria Obligatoria se constataron con fuerza, como se dijo, a partir del segundo año de su puesta en marcha. A las críticas señaladas por la FOCH sobre el carácter “burgués” y “limitante” de la educación estatal, se unieron las emergentes de la propia institucionalidad docente, quienes a partir del reclamo colectivo por sus salarios y la constatación de la desvalorización social del gremio profundizaron sus reflexiones sobre la trascendencia política de la condición de maestro o maestra normalista. A través de las páginas de Nuevos Rumbos, emergió la crítica sobre la figura tradicional del maestro primario rutinario, a-crítico, repetidor memorístico y atrapado en las redes del clientelismo político característico del período parlamentario. De otro lado, fue levantado un ideal de maestro, inédito en Chile: un sujeto que estudiaba, interpretaba, elaboraba, se asociaba con otros y decidía sobre su realidad educacional. Por último se auto-definía como un grupo con identidad propia tomando distancia del profesorado secundario y universitario, reivindicando con orgullo su proximidad con las clases asalariadas movilizadas. En efecto, insistieron mucho en esta proximidad: “nadie como nosotros tiene más contacto con los obreros… tenemos los mismos medios de vida. Ellos viven de un salario que se llama jornal y nosotros vivimos de un salario que se llama sueldo. En vano tratan de establecer diferencia entre esas dos cosas…” (20).

La demanda popular de educación emanaba de una misma situación de marginalidad y exclusión, y exigía una misma actitud asertiva y soberana para resolverla. Acaso por esto mismo, la frontera entre ambas propuestas tendió, en esta coyuntura, a diluirse. Los maestros, por un lado, no sólo participaron muchas veces como docentes invitados a dar clases en las Escuelas Federales Racionalistas instaladas por la FOCH, sino también –como los obreros– plantearon la necesidad de que las familias intervinieran en los contenidos curriculares de la propuesta educativa. La FOCH, por su lado, pese a haber impulsado su propio proyecto educativo a través de la instalación de más de veinte Escuelas Racionalistas a lo largo del país, apoyó decididamente la propuesta de reforma escolar llevada  a cabo por el movimiento de los maestros primarios. Lo anterior demostró que las distintas alternativas pedagógicas levantadas desde la sociedad civil no necesariamente se oponen entre sí –dada la fuerza de su matriz común– sino tienden más a confluir hacia estrategias pedagógicas emancipadoras impulsadas por un trabajo conjunto, articulando educadores y espacios pedagógicos formales y no-formales.

La Asamblea Constituyente Popular de 1925 significó un momento clave en el que ese diálogo se dio al más alto nivel. En efecto, fue allí donde se decidió cuál sería el proyecto pedagógico del conjunto del movimiento popular (21). En ese trance, la FOCH dio su venia –con reparos que no alcanzaron a apañar el acuerdo– para que los principios constitucionales referidos a la educación pública fuera la propuesta de la Asociación General de Profesores. La FOCH, aparentemente, comprendió que el proyecto pedagógico de los maestros, en su esencia, no distaba del suyo. Confiaron y dejaron que los maestros lideraran la propuesta de conjunto. Esta refería una particular definición de Estado Docente:

“La finalidad de la enseñanza es capacitar al hombre para bastarse a sí mismo económicamente y darle una cultura desinteresada que lo dignifique y lo haga amar y comprender la verdad, el bien y la belleza. El Estado debe proporcionar los fondos para la enseñanza pública, que debe ser gratuita desde la escuela primaria hasta la Universidad. A los consejos de maestros, padres y estudiantes corresponden la plena dirección de la enseñanza. La única intervención del Estado en la enseñanza pública debe ser la de proporcionarle los fondos para que ésta realice sus fines propios y la de ejercer el control de la capacidad técnica de los educadores, respetando en forma absoluta la libertad de la cátedra y el espíritu del magisterio” (22).

Con esta propuesta y en medio de un ambiente de intensa agitación social, el Presidente Alessandri concedió una Audiencia a solicitud de los maestros para dar a conocer los principales puntos del proyecto pedagógico de reforma que proponían. La organización y la agitación general no parecía impresionar al gobierno, la crisis educacional existía, pero era un problema que, a juicio del Presidente, debía resolverse entre políticos. Era un asunto de Estado, no de la Sociedad. Para los principales representantes del movimiento de maestros primarios, por el contrario, eran ellos mismos los mejor calificados para proponer una reforma educativa al país. Sus razones: conocían de cerca la realidad de las escuelas, tenían profesionalismo técnico y real experiencia docente, y, lo más sólido: la fuente de legitimidad y soberanía que les brindaba el ancho movimiento de asalariados que había tomado conciencia de la importancia de reformar el sistema educacional del país. Por ello, y por la proximidad del llamado a aprobar una Carta Fundamental, los maestros pensaban que lo que debía tratarse en la Audiencia no podía ser otra cosa que sancionar una propuesta social que tenía legitimidad y soberanía. Pero el Presidente Alessandri, político antes que nada, pensaba distinto, tal como lo grafica este extracto de lo dicho a los maestros en la Audiencia:

“…(ustedes) se encuentran empeñados en agitar al pueblo sobre una campaña que es de incumbencia del Gobierno, y que la ignorancia del pueblo no permite comprender. Lo que ustedes deberían haber hecho fue convencerme a mí de las bondades de su reforma, porque es el gobierno el que las va a dictar. La campaña que hacen ustedes es inconveniente y desquiciadora, porque significa una presión que mi dignidad de Mandatario no puede tolerar y si continúan en ella no les dicto ninguna reforma. Yo debo hacer sentir el principio de autoridad, tan maltraído en este país (…). Es el Gobierno el encargado de explicar las leyes sociales y no ustedes, porque su labor está en la escuela y nada más que en la escuela. Ustedes han constituido un Estado dentro del Estado y su Club es un centro donde se reúnen toda la gente que sustenta principios disolventes y en donde se me ataca diariamente. Tengo la mesa toda llena de partes que me trae la policía, y es increíble que los maestros de mi patria haya que tenerlos constantemente vigilados por la policía” (23).

Los Maestros respondieron: “creemos que tanto o más importante que la reforma de la Constitución, es la reforma de la educación, porque usted nada va a sacar señor Presidente, con que se dicte una nueva Constitución y nuevas leyes, si el pueblo es analfabeto, si el pueblo no sabe interpretar esas disposiciones” (24). Solicitaron luego que, al menos, promoviera las dos reformas a la vez (la constitucional y la educacional). El Presidente insistió en su negativa. Reiteró que no podía dictar decretos-leyes hasta que no se normalizara la vida institucional del país, por lo que no abordaría aún el problema de la reforma educacional. Más bien lo trataría en la asamblea constituyente que pensaba convocar.

El Presidente Alessandri designó una comisión consultiva para la reforma a la Constitución que dirigió en todo momento, y cuando consideró que estaba terminado (con el texto de la nueva carta fundamental redactado), definió que no era necesario convocar a la Asamblea Constituyente propiamente tal, decidiendo que el texto aprobado por la Comisión (designada por él) era el que debía ser presentado para la aprobación ciudadana (vía plebiscito). De este modo, la Educación Pública quedó normada en la Carta Fundamental bajo los criterios políticos tradicionales: se consagraba el principio tradicional de Estado Docente y se creaba una poderosa Superintendencia de Educación.

Después de eso, los maestros ya no podían imponer su Proyecto por la “vía soberana” elegida, sino por la “vía constitucional” de la petición. Comenzaron a depender de la “buena voluntad” de los gobernantes y de los políticos. Y un militar, Carlos Ibáñez del Campo fue quien, en 1927, les ofreció implementar su plan de reforma y ocupar los cargos superiores del Servicio de Instrucción Pública (25). Los maestros, habían dudado al principio, pero luego decidieron aceptar la oferta. Eso implicaba aceptar que la política sería el instrumento central de su proyecto social. Y ése era un terreno desconocido para ellos. En ese plano no tenían experiencia técnica, sino ingenuidad y candidez.

La reforma educacional de 1928 destaca en el marco de la historia educacional nacional por ser la primera vez en que se intentó abarcar tantos sectores del sistema educacional y tantas variables del proceso educativo en un mismo cuerpo legislativo. Se pretendió el desarrollo de una reforma “integral” que ubicara a los estudiantes al centro del quehacer pedagógico y a los docentes y la comunidad trabajando en su programación, dirección e implementación. Sus fundamentos iluminaron, de hecho, el proceso de renovación del sistema escolar en Chile durante las siguientes décadas. Como es posible observar, las concepciones educativas contenidas en el Plan de Reforma Integral, que funcionó como el fundamento de la reforma de 1928, arrancaban de los principios de la Escuela Nueva. Estos enunciados se concretizaron en una legislación (Decreto 7.500) (26) que hasta el día de hoy sorprende, por su orientación y radicalidad. Como ejemplo de lo que significó en el contexto nacional, se señalan algunos de sus artículos:

Art. 61: “El trabajo escolar se realizará de preferencia al aire libre, utilizándose para ello el jardín, el bosque, la montaña, la playa y todo sitio que favorezca la salud del niño”.

Art. 62: “El Programa de Estudios dictado por el Ministerio es considerado como ‘programa mínimo’ y los Consejos Provinciales podrían ampliarlo, ‘de acuerdo con los recursos y necesidades nacionales’. Para desenvolverlo y cumplirlo se dará la necesaria libertad al profesor”.

Art. 64: “En las escuelas sólo se usarán los textos autorizados por el Gobierno y se procurará que el material didáctico facilite la auto-educación de los niños”.

Art. 68: “Se ordena la supresión de exámenes y se estipula que “las promociones se harán anualmente tomando en cuenta los trabajos y asistencia del alumno durante el período escolar”.

Ninguno de estos artículos habría sido posible de no mediar una fuerte presión social sobre las esferas políticas, presión que encabezaron los maestros, pero que convocó a una gran cantidad de actores de los sectores obreros y asalariados.

Corolario

La implementación de la Reforma propuesta por los maestros primarios había requerido, entre otras acciones, de la jubilación de los docentes más viejos y de la implementación de una infraestructura adecuada a los métodos educativos. Ello implicaba paliar las deficiencias materiales del sistema. Esto significó una inversión económica importante por par te del Estado y que no fue bien recibida por Hacienda. Por otro lado, el avance de la reforma tensionó a los sectores más tradicionalistas quienes resistieron y utilizaron la crisis financiera para socavar la reforma y revelar los primeros síntomas del fracaso de concretizar la modernización impulsada.

En septiembre de 1928, el Presidente Ibáñez dio un golpe de timón, interrumpiendo la “reforma radical” e iniciando la “contrarreforma”. Los dirigentes de la AGP fueron despedidos y perseguidos. La organización administrativa democratizadora fue suprimida, las comunidades disueltas y restablecido con más vigor el autoritarismo funcionario y pedagógico.

Como es usual, una situación puntual fue la que hizo estallar un proceso que se estaba incubando de forma soterrada: un conflicto suscitado entre estudiantes y maestros de dos Escuelas Normales (Angol y Chillán). Los estudiantes habían intentado organizar una asamblea escolar aplicando el nuevo orden administrativo que instauraba la reforma con el apoyo de los Directores locales designados por el Departamento de Educación. Con ello, desafiaron abiertamente a los profesores tradicionalistas. Cuando un estudiante fue suspendido por insultar a las autoridades educacionales, el conjunto de los estudiantes se fue a huelga. El hecho de que la Asociación (ahora en el poder) apoyara la rebelión de los estudiantes en contra de los profesores fue algo que la administración del Presidente Carlos Ibáñez no toleró. Esta decisión no sólo exaltaba la actitud subversiva de la Asociación –ya anotada por el Presidente Alessandri– en un ambiente ya enrarecido por la cantidad y profundidad de las transformaciones impulsadas, sino reavivaba la antigua pugna entre el grupo más joven de los profesores primarios (la base social del profesorado que apoyaba a la Asociación) y el grupo más viejo (atrincherado en posiciones conservadoras relativas a la pedagogía y a los valores que debían regir la educación de los niños y jóvenes) (27).

Pocos días después de los sucesos de Angol y Chillán, se destituyó de su cargo a Luis Gómez Catalán. En su mensaje presidencial de 1929, el general Ibáñez declaró los argumentos por el que se derogaba el Decreto Ley 7.500: “a causa de la absoluta falta de selección del personal y por consiguiente del desconocimiento de sus aptitudes, que hizo imposible al Gobierno su acertado empleo, y debido también a la insuficiencia de medios económicos para realizar tan vasto plan”.

A los días de haber sido derogado el Decreto 7.500, se ejerció sobre los profesores vinculados a la Asociación, la represión de Estado. Fueron exonerados todos los jefes de la reforma, incluso relegándose algunos dirigentes a las islas de Chiloé y Aysén. Innumerables profesores fueron arrestados y puestos en prisión en obscuros calabozos, y a otros se les hostigaba violándose constantemente sus domicilios y su correspondencia, y negándoseles el derecho a reincorporarse al servicio.

Para José Carlos Mariátegui la causa del fracaso radicaba en la “escasa experiencia adquirida” y en la “ingenuidad política” de los líderes del movimiento, error que pagaron a “un duro precio”. Sin embargo, sentenció, “no les cabía más que afrontar la prueba” y señalaba que “nada de esto debe disminuir la simpatía y la solidaridad con que los acompaña hoy la ‘inteligencia’ (particularmente los maestros de vanguardia) en los pueblos hispano-americanos” (28). Según Mariátegui, tanto el “espíritu” como los “objetivos” del movimiento pedagógico asustaron a los “espíritus conservadores” y a los “intereses reaccionarios”. La reforma propuesta tomaba un rumbo que “iba contra el sentimiento de los factores más decisivos de la estabilidad y consolidación del régimen”. Todavía más, el gobierno de Ibáñez, decía, nunca había sentido una verdadera “solidaridad espiritual e intelectual con ella”, sólo la había usado “como un instrumento de consolidación política, empujado por los intereses y sentimientos que representaba, a desembarazarse de tan incómodos y comprometedores funcionarios” (29).

Lo que quedó después de clausurada la experiencia de los maestros asociados, fue un sector aislado de “escuelas experimentales” donde podrían ser practicadas nuevas metodologías pedagógicas. Lo que permanecería: el sesgo clasista, el carácter verticalista y centralista de la administración escolar, y la rigidez curricular del sistema educacional.

Notas

1.-  Historiadora. Departamento Estudios Pedagógicos-Universidad de Chile. Programa Interdisciplinario de Investigaciones en Educación (PIIE).leoreyesj@gmail.com

2.- La historiografía ha denominado “cuestión social” a un período que se ubica generalmente entre 1880 y 1930 cuando comenzaron a expresarse de forma orgánica, masiva y programática las tensiones y conflictos del sistema económico, laboral y social vigente entre los sectores populares y las elites.

3.- Domínguez, E. (1935). Un movimiento ideológico en Chile (Santiago, Imp. W. Gnadt, 130 p.), Núñez, I. (1982). Educación popular y movimiento obrero: un estudio histórico, (PIIE, Santiago, 37 p.), Delgadillo, S. (1992). Educación y formación en el discurso obrero chileno. La Federación Obrera de Chile. 1920-1925. (Tesis para optar al grado de Licenciado en Historia, Universidad de Chile, Santiago); Vicuña, C. (1922), La cuestión social ante la Federación de Estudiantes de Chile, Impr. Litog. y Enc. Selecta, Santiago; Salazar, G. (2003). La gesta profética de Fernando Vives, S.J., y Alberto Hurtado, S.J. Entre la espada teológica y la justicia social, VV.AA. Patriotas y Ciudadanos (CED, Santiago, 125-199); Reyes, L. (2003). Crisis, pacto social y soberanía: el proyecto educacional de maestros y trabajadores. Chile, 1920-1925, Cuadernos de Historia 22 (Universidad de Chile, Santiago, 111-148)

4.- Estado Docente es el nombre que recibe el modelo que predominó en los sistemas educacionales nacidos en la América Hispana desde principios del siglo XIX al encargársele al Estado su conducción para la construcción y consolidación de la Nación. Recibió hacia fines del siglo XIX influencias de los sistemas educacionales europeos, especialmente los modelos napoleónico y bismarckiano. Tuvo como principal propósito fundar escuelas públicas de modo de moralizar al pueblo y constituir una consensuada ‘unidad nacional’ forjada por las elites criollas. Con claras influencias del positivismo y financiado por el fisco (aunque casi durante todo el siglo XIX éste fue tan escueto que tuvo que complementarse con los aportes de los vecinos de un municipio y de sociedades liberales y conservadoras de carácter benéfico) se caracterizó por ser centralizado, uniformizante, burocrático, clientelista, bifurcado y socialmente segmentado, careciendo los maestros de autonomía en su gestión y en el diseño de sus curriculas. Durante el siglo XX dicho modelo fue democratizándose al ampliar en forma progresiva y sostenida el crecimiento de la matrícula escolar hacia los sectores populares. A pesar de ello, perduran muchas de las características excluyentes con las que nació.

5.- Núñez, I. (1979) Tradición, reformas y alternativas educacionales en Chile. 1925-1973. Santiago: Centro de Estudios Económicos y Sociales, Serie VECTOR: Santiago.

6.- El movimiento Escuela Nueva aparece con fuerza hacia fines del siglo XIX aunque expresa una corriente de pensamiento que proviene del siglo XVI (Erasmo de Rotterdam, Francois Rabelais, Montaigne), convirtiéndose en el siglo XIX en doctrina pedagógica con la publicación del Emilio de J. J. Rousseau. El movimiento tuvo distintas etapas y vertientes, y entre los autores que pueden destacarse se encuentran J. Dewey (1886), A. Ferrier (1899), M. Montessori (1907) y O. Decroly (1907). También puede destacarse la presencia de una corriente antiautoritaria, autogestionaria y libertaria que tuvo como máximos exponentes a L. Tolstoi (1859) y F. Ferrer Guardia (1886) entre otros.

7.- La revista Nuevos Rumbos, órgano oficial de difusión de la Asociación General de Profesores de Chile, publica continuamente extractos u obras completas de todos estos autores.

8 Todas estas ideas son expuestas por Luis Gómez Catalán quien fue uno de los máximos líderes de la Asociación General de Profesores. Revista de Educación Primaria (1928): pp. 30-33, 36-42.

9 Ibídem.

10 Egaña, M.L. (1997), “La Ley de Instrucción Primaria Obligatoria: un debate político”, Mapocho, N° 41.

11 La Federación Obrera de Chile, Santiago, 10 junio 1922, p. 3.

12 El Despertar de los Trabajadores, Iquique, 18 septiembre 1924, p. 2.

13 La Federación Obrera de Chile, Santiago, 16 noviembre 1922, p. 3.

14 Según la ley se constituía con el Ministro de Instrucción Pública, dos miembros designados por el Senado, dos miembros de la Cámara de Diputados, un miembro designado por el Presidente de la República y del Director General de Educación Primaria.

15 La Federación Obrera de Chile, Santiago, 20 octubre 1921, p. 5.

16 La Federación Obrera de Chile, Santiago, 17 abril de 1922.

17 Ibid., 22 noviembre 1922, p.1.

18 Proyecto de estatutos de la Gran Federación Obrera de Chile. Título Primero. De la Organización, objeto i duración de la Sociedad, La Gran Federación Obrera de Chile, Santiago, 20 de octubre de 1910 (página mutilada).

19 ‘Programas y estatutos de la FOCH’, El despertar de los Trabajadores, Iquique, 13 de abril 1922, pp. 1-2.

20 Nuevos Rumbos, Santiago, 15 de agosto de 1923, p.3.

21 La Asamblea Constituyente Popular se plantea como un espacio de propuesta desde la sociedad civil frente al proceso de reforma constitucional que se gestaba durante el año 1925, lográndose consensuar entre los diferentes movimientos sociales un proyecto no sólo educativo, sino también económico, social y político. Para una visión más detenida sobre la importancia de la Asamblea Constituyente de Obreros e Intelectuales para el movimiento popular chileno se recomienda ver Salazar, G. (2009), Del poder constituyente de asalariados e intelectuales (Chile, siglos XX y XXI), Santiago: LOM.

22 Justicia, 13 de marzo de 1925, p.1.

23 Nuevos Rumbos, Santiago, 2 de Junio de 1925.

24 Testimonio histórico de Luis Gómez Catalán, entrevista realizada por P. Arancibia, J. Ivulic y G. Vial en Dimensión Histórica de Chile– 6/7. Santiago, 1989/1990, p. 179.

25 Por ejemplo, Luis Gómez Catalán, dirigente de la Asociación fue nombrado Jefe del Departamento de Educación Primaria.

26 Decreto 7.500 del 10 de diciembre de 1927, sustento legal y normativo de la Reforma del año 1928. Se le llama reforma del 1928 pues ese es el año de su implementación. Para un completo y detallado análisis del Decreto Ley 7.500, ver Iván Núñez, Reforma y Contrarreforma educacional en el primer gobierno de Carlos Ibáñez (1927-1931), Santiago: SEREC, 1978.

27 Otras acciones que expresaban esta actitud subversiva de los maestros fueron, además de su pretensión por co-legislar en el ámbito educacional, la de replantearse la identidad de la mujer normalista en torno a sus derechos jurídicos, laborales y políticos. Las maestras participaron dentro de la Asociación, y por primera vez en la historia del profesorado, con voz propia. Desde la primera Convención realizada por la Asociación en 1923 se anota su participación en la formulación de los acuerdos:   recomendaron la educación sexual, la creación de puestos para Visitadoras de Escuelas y la generación de empleos para mujeres en la Dirección General de la Instrucción Primaria.

28.- José Carlos Mariátegui, La crisis de la reforma educacional en Chile, Temas de Educación, t.14 (Lima: Ediciones Populares de las Obras Completas, 1981), p. 79.

29.- José Carlos Mariátegui, La crisis de la reforma educacional en Chile, pp. 75-76.