Archive for the 'Estudiantes y Profesores' Category

11
Dic
10

Declaración Pública

El jueves 9 de diciembre, en la sede del Colegio de Profesores, se efectuó una conferencia de prensa del MOVIMIENTO POR LA HISTORIA, LA GEOGRAFÍA Y LAS CIENCIAS SOCIALES EN LA EDUCACIÓN CHILENA. En la oportunidad, estuvieron presentes Gabriel Salazar (Premio Nacional de Historia 2006) y Viola Soto (Premio Nacional de Educación 1996), además del destacado docente Rolando Pinto (director postgrado Educación de la Umce), Claudio Rolle (Académico del Instituto de Historia de la PUC), Sergio Grez (Académico del Departamento de Ciencias Históricas de la Universidad de Chile) y María Soledad Jiménez (Académica de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano). Acompañaron la adhesión actores sociales relevantes en el ámbito educativo, como Jaime Gajardo (Presidente del Colegio de Profesores), Camila Vallejos (Presidenta de la Fech) y estudiantes de la Asamblea del Liceo Manuel de Salas. En la cita, se entregó una declaración pública donde se fustiga la medida ministerial de disminuir las horas de historia, por considerarla inconsulta, autoritaria y antipedagógica.

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Declaración Pública

Hace ya tres semanas que el ministro Lavín anunció la reducción de horas de los sectores de historia,  geografía y  ciencias sociales, y  educación tecnológica del currículum nacional, medida que ha provocado numerosas y autorizadas manifestaciones de rechazo, al tiempo que las demandas de debate sobre la fundamentación de las medidas anunciadas no han sido satisfechas. Hasta la fecha, el Ministro de Educación, principal responsable de estos cambios, no ha dado una respuesta adecuada a los emplazamientos hechos desatendiendo  las diversas solicitudes provenientes de la ciudadanía. Las medidas anunciadas son de importancia y resultan insidiosas y peligrosas para la formación de nuestros niños y niñas. Estas iniciativas son,  tanto en la forma como en el fondo, un agravio a la convivencia democrática y a la participación ciudadana,  y una expresión de autoritarismo y secretismo que nuestra sociedad no merece.

Nos parece que esta disminución horaria obedece a una visión sesgada de la educación, que restringe significativamente la opción de entregar una formación amplia a nuestros estudiantes, limitando sus posibilidades de transformarse en sujetos capaces de aportar críticamente al desarrollo de la sociedad. Con esta medida, se sigue reduciendo la educación al entrenamiento de habilidades funcionales para el mundo laboral y se debilita la formación de personas que puedan convertirse en ciudadanos y ciudadanas activas y críticas, con conciencia de su pasado y su identidad y como sujetos responsables de su entorno y de su futuro, capaces de entender el mundo en que viven en su diversidad y riqueza, con pluralismo y capacidad de integración.

Nos oponemos a la decisión ministerial por que muestra un claro desconocimiento del debate sobre el tema y se funda en la presentación de argumentos parciales y tergiversados sobre lo que conduciría al mejoramiento educativo, inspirados en experiencias internacionales parciales y completamente ajenas a nuestra realidad social, económica y cultural. Sorprende, de hecho, la total carencia de ideas y argumentos que trasciendan la reduccionista y caprichosa  idea de que los sectores de matemáticas y lenguaje son la base de toda educación.

Consideramos que la medida no tiene fundamentos pedagógicos suficientes, dado que no es el aumento de horas lo que gatilla el cambio, sino la forma en que se trabaja con ellas y la disponibilidad de espacios para el adecuado trabajo profesional de los docentes. Esta iniciativa desconoce, a su vez, la importancia de la lectura como herramienta para la comprensión del mundo, así como el aporte fundamental que hacen en esa dirección el estudio de la historia, la geografía y las ciencias sociales, áreas que con una adecuada estrategia, fortalecen la competencia lectora de nuestros estudiantes. La reducción horaria, en ese sentido, produce un desequilibrio en la formación y no beneficia en nada la educación de nuestros niños, salvo en el entrenamiento para pruebas estandarizadas.

La inconsistencia de esta medida tiene que ver también con su carácter inconsulto y autoritario, diseñada por el  gabinete ministerial que da la espalda a la comunidad nacional y escolar, que no considera la opinión de los especialistas y que desconoce la realidad educativa y las causas profundas de los problemas que aquejan a nuestra educación.

El impacto negativo de la reducción de horas en áreas relevantes, se verá acentuado con las otras iniciativas que el Ministerio ha impulsado en el marco del proyecto de Ley, ya que este, desde un modelo de control gerencial, refuerza el entrenamiento en torno a metas descontextualizadas y a evaluaciones estandarizadas, bajo la lógica de premio-castigo y de la competencia entre escuelas, buscando resultados inmediatos que se pretenden convertir en lo que no son: un barómetro de la “calidad” de la educación.

En los hechos, el Ministro Lavín y su equipo, están hipotecando el futuro de los niños, impidiendo su formación integral y su desarrollo como personas pensantes y creativas. Por ello, emplazamos al Ministro a terminar con el autoritarismo, a no seguir dando la espalda a la comunidad y a considerar la opinión de los demás actores involucrados, como la del propio Consejo Nacional de Educación, instancia especializada que ha puesto al descubierto la inconsistencia de este tipo de decisiones.

En definitiva, es la comunidad educativa entera la  que ve con perplejidad e impotencia como se empobrece aún más nuestro sistema educacional, lo que hace urgente que se derogue la reducción horaria y se discutan democráticamente las iniciativas impulsadas en el último tiempo, abriendo una discusión amplia, participativa y con fundamentos, para introducir los cambios que verdaderamente requiere la educación en nuestro país.

De lo contrario, serán los propios niños -de los que tanto habla el Ministro- quienes sigan pagando la ceguera y el reduccionismo de las autoridades.

Santiago 9 de diciembre de 2010.

MOVIMIENTO POR LA HISTORIA, LA GEOGRAFÍA Y LAS CIENCIAS SOCIALES EN LA EDUCACIÓN CHILENA

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27
Nov
10

Qué opinan los Alumnos de la Reforma de Piñera

Mucha tinta hemos gastado estos días en analizar la “revolución educativa del presidente Piñera”, especialistas, políticos, comunicadores sociales y de los otros, opinólogos, blogueristas, etc. hemos cruzado argumentos en pro o en contra de la medida presidencial. Pero, que piensan los alumnos de esta revolución. The Clinic (*), cómo no, tuvo la idea de pedirle al presidente del centro de Alumnos del Liceo de Aplicación, Isaac Gajardo, que diera su parecer sobre el tema; el resultado, una columna inteligente, bien articulada, que toma el pulso de lo que piensa el alumnado de un importante sector del país.

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La reforma educacional planificada entre 4 paredes

 

Una gran preocupación inunda nuestras mentes desde el domingo pasado, cuando Sebastián Piñera anunció su “reforma educacional”. Comenzó diciendo que ésta, apuntará al corazón de lo que los padres quieren: “una educación de calidad, como la que se entrega en un colegio particular pagado”. Con eso se comenzaba a visualizar el campo en el que estarían estas propuestas, y ya daban ganas de salir arrancando.

Atraer a los mejores estudiantes a las facultades de pedagogía, pero no fijarse en cómo se está llevando a cabo la carrera docente en muchas universidades, especialmente en las privadas; modernización del estatuto docente que no fue discutida con los profesores, principales actores involucrados en el tema; convertir a los directores en verdaderos líderes (dictadores), dándoles la posibilidad de remover cada año hasta un 5% de la planta de profesores y tomar decisiones administrativas sin consultar a la comunidad; mayor información a los padres, con el semáforo de la discriminación socioeconómica; mejorar los contenidos curriculares y la dosificación del horario de clases, aumentando sin ningún estudio concreto las horas de matemáticas y de lenguaje mientras la Jornada Escolar Completa fracasó; aumentar de 50 a 60 los Liceos de Excelencia, potenciando la segmentación y el apartheid educativo; realizar pruebas para aumentar el sueldo de los profesores mejor evaluados e ir aislando a los profesores mal evaluados. Todas estas son las reformas anunciadas este domingo y supuestamente profundizadas el lunes, con un discurso en el que el presidente solo hizo un copy-paste de la cadena nacional del domingo, agregándole algunos sinónimos.

Ahora, se ha anunciado que a esta reforma se le dará condición de urgencia para que sea aprobada antes de marzo de 2011, es decir, no dará tiempo para un debate social, los estudiantes no podrán hacer nada para frenarlo y mientras, el Colegio de Profesores se encuentra sesgado en sus luchas por reivindicaciones solo salariales. Así, el panorama se vuelve aun mucho más preocupante, con Hinzpeter tratando a los que se opongan a su reforma educacional como traidores, antipatriotas, capas hasta de terroristas (como está de moda), desde el punto de vista comunicacional esto fue muy bien pensado.

Creo que, además de todos esos detalles del discurso de Piñera y su gente, esta reforma muestra claramente los lineamientos de una derecha que por más que se quiera catalogar como “nueva derecha”, sigue haciendo lo mismo que hizo cuando apoyó la reforma educacional de los ’80, sigue perpetuando un sistema de educación completamente ideologizado, completamente neoliberal, en donde prima la economía por sobre el educar a personas integras.

Y que no nos llame la atención que se concrete en un futuro no muy lejano un “pacto por la educación” entre la derecha y la Concertación, al mismo estilo que lo hicieron con la LGE y la Ley de Fortalecimiento de la Educación Publica, ya que para qué andar con cuentos cruzados, esta es una revolución pensada entre cuatro paredes, al igual que las reformas educacionales de la Concertación, los que ahora cuando son oposición, siguen desconociendo y haciendo oídos sordos a la participación ciudadana. En voz de Ignacio Walker, pudimos escuchar que “se requieren dos partes para llevar a cabo esta reforma”, refiriéndose al pacto que debe hacer la Concertación y la Alianza, un pacto en donde los profesores, los estudiantes y todos los chilenos no cabemos, un pacto en el que se sigue perpetuando un sistema educativo ideologizado que fracasó en su intento de elevar la calidad de la educación, pero triunfó en su objetivo que es seguir creando elites.

Fuente: esopino.blogspot.com

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* The Clinic, n° 371, noviembre de 2010.

20
Nov
10

¡NO a la reducción de las horas en historia!

La inusitada medida del presidente Piñera, entorno a disminuir el número de horas al área de historia del curriculum nacional, no sólo ha despertado el rechazo de académicos, historiadores, estudiantes  y organizaciones sociales, que han dejado sentir su disconformidad en diarios, redes sociales, blogs, etc., sino que también empiezan tomar fuerza acciones de protesta en contra de una medida que fue impuesta sin la más mínima intermediación con la sociedad civil.

Una de estas iniciativas es la Declaración de Historiadores y Profesores de Historia, texto que se dará a conocer la próxima semana con la adhesión de los profesionales del área, y que pretende aglutinar y manifestar el descontento con la medida que, en la práctica, disminuye en 40 horas al año las clases de historia. A continuación, transcribo el documento que está siendo liderado por el historiador Sergio Grez Tosso.

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Declaración de Historiadores y Profesores de Historia

Con motivo de las recientes declaraciones del Ministro de Educación, Sr. Joaquín Lavín Infante, anunciando la reducción de horas de clase de Historia para alumnos entre Quinto Básico y Segundo Medio, los historiadores (as) y profesores (as) de Historia firmantes declaramos:

1. Consideramos dicha reducción horaria absolutamente desacertada y lamentable y por ende, la rechazamos categóricamente, puesto que, contrariamente a lo afirmado por el Ministro, no contribuirá en lo más mínimo a solucionar los graves problemas de desigualdad, inequidad y falta de calidad de la Educación Básica y Media chilena. Al contrario, solo los agravará generando nuevos desequilibrios y distorsiones.

2. Esta medida ha sido adoptada de manera autoritaria y antidemocrática puesto que no ha sido el resultado de un proceso de discusión informado y transparente del profesorado, de sus organismos profesionales y gremiales, y tampoco fue consultada con los especialistas de la disciplina del medio universitario –historiadores y educadores- sino adoptada en base a criterios tecnocráticos, por el círculo del confianza del Ministro Lavín, a puertas cerradas en el Ministerio de Educación. No existen estudios serios que justifiquen esta decisión y que demuestren que la reducción de horas en Historia y Ciencias Sociales a favor de otros cursos beneficiará el aprendizaje de los estudiantes.

3. Además de no asegurar mejores resultados en pruebas de estándares internacionales, la implementación de esta política significará reducir aún más la posibilidad –ya escasa- de desarrollar un pensamiento crítico en los estudiantes y formar ciudadanos reflexivos, aptos para el ejercicio democrático puesto que la Historia es, por antonomasia, creadora de conciencia crítica respecto del entorno social en el que viven las personas, y por ello el mejor instrumento para formar verdaderos ciudadanos. Reducir o minimizar la enseñanza de la Historia y las Ciencias Sociales en las escuelas, colegios y liceos significa, más allá de las intenciones declaradas, coartar y acallar la reflexión y el análisis crítico. Detrás de criterios aparentemente “técnicos” que inspiran categorías como “productividad”, “resultados” y “competencia”, se ocultan inspiraciones e intereses políticos que apuntan a la formación de tecnócratas y mano de obra dócil, incapaz de cuestionar los fundamentos, objetivos y modo de funcionamiento del actual modelo de sociedad. Cabe recalcar que esta medida se suma a una similar adoptada hace algunos años que significó la disminución de las horas de Filosofía en el currículo, con el consiguiente daño para la formación humanista de los alumnos.

4. Nuestra oposición a esta decisión del Ministerio de Educación no está motivada por una mera defensa “corporativa” de tipo laboral (la defensa de las horas que perderán los profesores de Historia), sino principalmente, por las razones expuestas que se vinculan con el tipo de jóvenes y de ciudadanos que queremos contribuir a formar, por el rol central que la Historia puede y debe jugar en el proceso formativo de personas íntegras y conscientes.

5. En consecuencia, hacemos un llamado a toda la comunidad educacional nacional –profesores, estudiantes, padres y apoderados de los distintos niveles del sistema educacional- a hacer público su rechazo a esta nefasta medida y a movilizarse de manera unitaria y coordinada para lograr revertirla.

Santiago, noviembre de 2010.

 

* Artículo relacionado: El Peligroso Debilitamiento del Curriculum Humanista en la Educación Chilena

10
Sep
10

Profesorado y trabajadores: Movimiento educacional, crisis educativa y reforma de 1928

En la página del Laboratorio de políticas Públicas de la ciudad de Buenos Aíres (LPP), aparece un interesante ensayo de la historiadora chilena Leonora Reyes Jedlicki, en el que aborda el proceso que gestó la reforma educativa chilena de 1928. El texto da cuenta, no sólo de la maduración del gremio de los profesores como un actor social relevante, sino también el equilibrio entre propuestas de mejoramiento económico y propuestas de cambio al modelo educativo imperante en la época. Los docentes del centenario patrio, fueron capaces de prever la ineficacia del modelo pedagógico impuesto por las oligarquías del siglo XIX y principios del XX, sino que, además, proponer al país un modelo pedagógico nuevo, que se adelantó en años a la discusión moderna.

Creo que en estos tiempos de escaza discusión, se hace necesario leer el reconfortante relato de la profesora Reyes, por lo cual transcribo íntegramente el documento.

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Profesorado y trabajadores:

Movimiento educacional, crisis educativa y reforma de 1928

Leonora Reyes Jedlicki (1)


Existe en nuestro país un nutrido entramado histórico de movimientos sociales y de educadores que, a pesar de su diversa procedencia social y cultural, así como sus especificidades históricas particulares, desde principios del siglo XX –con períodos de subsidencias y emergencias– ha ido articulando un proyecto educativo fundado en la relación de la escuela con la comunidad, teniendo como horizonte la democratización de la sociedad, en función de devolverle a los sujetos su capacidad deliberativa en las decisiones atingentes al gobierno educativo y comunitario.

A fines del s. XIX y durante la primera parte del s. XX, en pleno auge de la “cuestión social” (2) diversos grupos de base ensayaron experiencias pedagógicas de carácter experimental y auto-gestivo (3). Entre ellas cabe mencionar las Escuelas Federadas y Racionalistas de la Federación Obrera de Chile (FOCH), las Escuelas Libres y Racionalistas de las organizaciones obreras anarquistas, la propuesta de Reforma Integral de la Enseñanza Pública impulsada por la Asociación General de Profesores de Chile (AGP), la Universidad Popular Lastarria de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, y, por qué no, los Círculos de Estudio organizados por el Padre Fernando Vives en contra de los intereses del Partidos Conservador y la autoridad eclesiástica. Dichas experiencias emergieron con fuerza, relativa autonomía y progresiva sistematicidad en el contexto del agravamiento de la crisis social provocada por la deslegitimación de la clase política y la ausencia de una legislación laboral y social satisfactoria para los sectores asalariados y sus familias.

El presente artículo se concentrará en relevar algunos de los aspectos fundamentales de las propuestas provenientes de dos movimientos sociales: el profesorado y los trabajadores, los que durante la década de 1920 se aunaron en una crítica al monopolio estatal en la educación pública. Nos referimos específicamente a dos organizaciones representativas de esta corriente: la Asociación General de Profesores y la Federación Obrera de Chile. Estas propuestas fueron capaces de congregar y ganar la simpatía de un amplio sector de la sociedad, influyendo con sus agendas de reforma en la legislación y la organización del sistema educativo. Paradójicamente y debido al éxito que alcanzaban se convirtieron en un elemento de cuidado para el Estado, siendo desconocidos, desarticulados y perseguidos. Sin embargo, esta experiencia que congregó a los docentes y obreros de Chile a principios del s. XX, sentó las bases intelectuales de lo que serían los procesos de experimentación y reforma educativa que continuarían cimentando la acumulación de un saber pedagógico y su constante desarrollo.

Asociación General de Profesores de Chile

y la versión local de la Escuela Nueva

Desde el siglo XIX que el profesorado del sistema de instrucción primaria tuvo que enfrentar una realidad tensionada entre lo que se le exigía socialmente y las posibilidades reales de gestión que le dejaba la ley, es decir, decidir cómo, por qué, a quiénes y para qué educar. En las tres primeras décadas del siglo XX, comenzó, lenta pero expansivamente, su intervención en la escena pública como un actor visible y proponente. Además, convocó a huelgas y organizó congresos llegando a poner en jaque el modelo de Estado Docente vigente hasta ese entonces (4).

Los maestros pidieron cada vez más grados de participación y de mejoramiento en sus condiciones laborales, asumiendo un discurso crítico sobre las prácticas autoritarias y centralistas insertas en la tradición escolar. Exploraron una dimensión social de democracia que buscaba los nexos con el entorno de la escuela, pero también ensayaron nuevas formas de administración escolar (incorporando la participación del profesorado en su decisión, gestión y producción) y de enfrentar los problemas del aula o del establecimiento, promoviendo la autoinvestigación docente y la reflexión colectiva sobre la práctica pedagógica.

Dentro de este contexto surgió y se planteó el “modelo radical de reforma” de la Asociación General de Profesores (5). Más allá de una mejora en sus condiciones laborales y salariales, los docentes proponían una renovación profunda a los cimientos epistemológicos del sistema educativo. Ésta se nutrió de las ideas del movimiento europeo-norteamericano de la Escuela Nueva concentrado en las especificidades de la personalidad del niño y sus habilidades prácticas e intelectuales (6). En el centro de esta nueva concepción pedagógica estaba “el niño como un ser distinto del adulto”, tenía su propia inteligencia, identidad y personalidad. El niño debía concebirse entonces como lo que era: un ser en crecimiento. Los fundadores de la “escuela vieja” habían planeado su organización, sus métodos y procedimientos, sin conocer realmente al niño. Lo que se había hecho era en realidad una escuela para “hombres chicos”.

Pero también incidieron las corrientes educativas emergentes en América Latina, especialmente de José Vasconcelos en México; quien encabezaba la implementación de un sistema educacional que había abolido las distinciones de clases; de José Carlos Mariátegui en Perú, quien lideraba una nueva concepción pedagógica sintetizando la visión indígena de la clase obrera y de los maestros peruanos, oponiéndose a la visión del educando como mero destinatario de la educación e incorporándolo como parte activa del proceso de enseñanza-aprendizaje; del movimiento reformista universitario de Córdoba, que había propuesto reformas radicales al interior de la Universidad; de las corrientes anarco-sindicalistas y anti-partidarias obreristas ajenas a la influencia pro-soviética (7).

Los maestros asociados asumieron que el problema pedagógico era algo que no debía ser parcelado del instante social que vivía el país. Era necesario para un real cambio en las concepciones y prácticas educativas que el profesor, concebido hasta entonces como un receptáculo de metodologías pedagógicas, pasara a ser un sujeto que se interesara por los asuntos de la colectividad. De esta manera, el docente basaría su práctica educativa sobre una concepción filosófica y orientación social que nunca dejaría de ver al niño como el centro de la educación y de velar para que viviera su infancia en plenitud.

La Escuela Nueva en tanto “escuela-vida”, una “célula palpitante del organismo nacional”, no podía pertenecer sólo a los maestros. La escuela debía ser en primer lugar de los niños y de sus padres, de los obreros, industriales, agricultores, profesionales, periodistas. Los vecinos deberían acercarse a la escuela y participar de ella, porque para la AGP, la educación era, antes que nada, un problema social, de la colectividad, en palabras de Luis Gómez Catalán “el más grande de los problemas humanos” (8).

La Escuela Nueva además reconocía que el niño era un ser inquieto y activo. Por eso también se conoció como Escuela Activa, definiéndola como “un lugar que tendría el mínimo de salas, sólo las indispensables para ciertas clases que requieren escritorios. La verdadera enseñanza se daría en los talleres y en los campos de cultivo y de crianza, la verdadera escuela sería la que más se acerque a la naturaleza, la que tuviera el cielo por techo y el césped y la arena por pavimento, el horizonte por ventana y las flores, los frutos y los insectos, y los árboles por libros de estudio” (9).

De esta forma se gestaba en el Chile de las primeras décadas del siglo XX el primer movimiento crítico público frente al modelo de escolarización oficial. El viejo modelo de educación pública elitista, segregatorio y centralizado era cuestionado en su orden, en su práctica y en su ideología. Ni los debates pedagógicos como el de 1912 o las Conferencias sobre Educación Popular organizadas por “El Mercurio” en 1913; ni las obras escritas por los grandes educacionistas de la época como Darío Salas, Francisco Encina, Luis Galdames o Enrique Molina; ni las iniciativas filantrópicas como las Escuelas Nocturnas privadas para obreros, revirtieron este proceso. Desde las autoridades la solución se buscó, por medio de un consenso inter-élites, la dictación de la Ley de Instrucción Primaria Obligatoria (1920). A pesar de ello, corrió la misma suerte que las alternativas anteriores.

Las Escuelas Federales Racionalistas de la

Federación Obrera de Chile

Al igual que los maestros primarios agrupados en la AGP, la FOCH declaró al unísono “el fracaso de la Ley de Instrucción Primaria Obligatoria” (10). En primer lugar, la Ley no había resuelto, entre otras cuestiones, la insuficiencia de escuelas en relación “a la enorme cantidad de niños que debería ir a ellas”. Y aunque hubiera suficientes ocurriría que “los niños, en su inmensa mayoría, no podrían concurrir pues carecían de vestidos, de alimentos y de útiles” (11). En segundo lugar, tampoco había resuelto, ni resolvería el problema del analfabetismo: su “rodaje enteramente centrista” desatendía en forma lamentable la educación en las distintas regiones del país. En tercer lugar, las Juntas Comunales –aquellas llamadas a hacer cumplir la obligación escolar– en muchas partes no estaban constituidas y en otras sus miembros eran “incapaces, negligentes, politiqueros o sectarios” (12). En cuarto lugar, las municipalidades no daban cumplimiento a las obligaciones que le imponía la Ley “y a los fondos que deben destinar anualmente para fundar escuelas, le dan otro destino” (13). Por último, exigieron que el Consejo de Educación Primaria, encargado de vigilar y direccionar la educación primaria, debía estar “completamente libre de la influencia política y sectaria y religiosa y asegurar a la mujer una representación proporcional a su sexo” (14). Demandaron participación con poder de decisión en aquel Consejo porque querían imprimirle “valores” democráticos a la enseñanza. Para eso el pueblo debía estar representado en su seno y exigieron la presencia de un obrero dentro de éste (15).

La enseñanza oficial, según decían, preparaba al niño “para la perpetuación del injusto régimen social en el que vivimos, y lo hace en forma sistemática,  encadenándole el espíritu hacia la vida en el pasado” (16). La escuela fiscal dependiente de la política estatal llegó a verse como la principal causa de la atrofia intelectual de los niños hijos de trabajadores y trabajadoras, y como una vía para “conservar el orden vigente”. A través de las páginas del principal órgano de prensa de la FOCH puede leerse que:

“En vez de ampliar los conocimientos de los niños, estrecha el círculo de ellos a fin de limitar las ansias naturales de libertad de los descontentos. De ese modo se somete al hombre a tolerar el injusto y criminal régimen social en que los débiles son mantenidos ahora por toda clase de medios. Por tanto la escuela del Estado y la sectaria de todos modos atrofian las facultades intelectivas del niño para que puedan subsistir castas” (17).

La indignación se concretizaba en una toma de distancia de la “escuela burguesa”. Al mismo tiempo, fue abonando terreno para que naciera lo nuevo. Y lo nuevo implicaba subvertir el orden vigente, es decir, crear escuelas propias. Así fue como de la negación se pasó a la afirmación.

La FOCH se planteó la creación de las “Escuelas Federales Racionalistas” desde la necesidad de “abrir escuelas para la instrucción primaria de los descendientes i hermanos de los federados”, así como de establecer “cuantos otros medios sean útiles al progreso moral, material e intelectual de los federados i de los obreros en general, i al perfeccionamiento en el ejercicio de los oficios” (18). Respecto de los medios proponía: “escuelas, talleres de enseñanza profesional, bibliotecas y teatros, salas de audiciones musicales o de conferencias, gimnasios o cualquier otro medio educacional destinados a hombres mujeres y niños”. (19)

Las Escuelas Federales Racionalistas se plantearon como espacios pedagógicos autónomos y críticos frente a la educación ofertada por el Estado, gestionados y financiados por los propios sindicatos y las familias que los componían; basados en una concepción pedagógica de base científica, anticlerical y de investigación sobre sus raíces históricas (enseñaban historia social) así como de análisis sobre los problemas que enfrentaba su colectividad.

1925–1928: el movimiento social de educadores y asalariados como motor de transformación social

Las falencias y los vacíos de la Ley de Educación Primaria Obligatoria se constataron con fuerza, como se dijo, a partir del segundo año de su puesta en marcha. A las críticas señaladas por la FOCH sobre el carácter “burgués” y “limitante” de la educación estatal, se unieron las emergentes de la propia institucionalidad docente, quienes a partir del reclamo colectivo por sus salarios y la constatación de la desvalorización social del gremio profundizaron sus reflexiones sobre la trascendencia política de la condición de maestro o maestra normalista. A través de las páginas de Nuevos Rumbos, emergió la crítica sobre la figura tradicional del maestro primario rutinario, a-crítico, repetidor memorístico y atrapado en las redes del clientelismo político característico del período parlamentario. De otro lado, fue levantado un ideal de maestro, inédito en Chile: un sujeto que estudiaba, interpretaba, elaboraba, se asociaba con otros y decidía sobre su realidad educacional. Por último se auto-definía como un grupo con identidad propia tomando distancia del profesorado secundario y universitario, reivindicando con orgullo su proximidad con las clases asalariadas movilizadas. En efecto, insistieron mucho en esta proximidad: “nadie como nosotros tiene más contacto con los obreros… tenemos los mismos medios de vida. Ellos viven de un salario que se llama jornal y nosotros vivimos de un salario que se llama sueldo. En vano tratan de establecer diferencia entre esas dos cosas…” (20).

La demanda popular de educación emanaba de una misma situación de marginalidad y exclusión, y exigía una misma actitud asertiva y soberana para resolverla. Acaso por esto mismo, la frontera entre ambas propuestas tendió, en esta coyuntura, a diluirse. Los maestros, por un lado, no sólo participaron muchas veces como docentes invitados a dar clases en las Escuelas Federales Racionalistas instaladas por la FOCH, sino también –como los obreros– plantearon la necesidad de que las familias intervinieran en los contenidos curriculares de la propuesta educativa. La FOCH, por su lado, pese a haber impulsado su propio proyecto educativo a través de la instalación de más de veinte Escuelas Racionalistas a lo largo del país, apoyó decididamente la propuesta de reforma escolar llevada  a cabo por el movimiento de los maestros primarios. Lo anterior demostró que las distintas alternativas pedagógicas levantadas desde la sociedad civil no necesariamente se oponen entre sí –dada la fuerza de su matriz común– sino tienden más a confluir hacia estrategias pedagógicas emancipadoras impulsadas por un trabajo conjunto, articulando educadores y espacios pedagógicos formales y no-formales.

La Asamblea Constituyente Popular de 1925 significó un momento clave en el que ese diálogo se dio al más alto nivel. En efecto, fue allí donde se decidió cuál sería el proyecto pedagógico del conjunto del movimiento popular (21). En ese trance, la FOCH dio su venia –con reparos que no alcanzaron a apañar el acuerdo– para que los principios constitucionales referidos a la educación pública fuera la propuesta de la Asociación General de Profesores. La FOCH, aparentemente, comprendió que el proyecto pedagógico de los maestros, en su esencia, no distaba del suyo. Confiaron y dejaron que los maestros lideraran la propuesta de conjunto. Esta refería una particular definición de Estado Docente:

“La finalidad de la enseñanza es capacitar al hombre para bastarse a sí mismo económicamente y darle una cultura desinteresada que lo dignifique y lo haga amar y comprender la verdad, el bien y la belleza. El Estado debe proporcionar los fondos para la enseñanza pública, que debe ser gratuita desde la escuela primaria hasta la Universidad. A los consejos de maestros, padres y estudiantes corresponden la plena dirección de la enseñanza. La única intervención del Estado en la enseñanza pública debe ser la de proporcionarle los fondos para que ésta realice sus fines propios y la de ejercer el control de la capacidad técnica de los educadores, respetando en forma absoluta la libertad de la cátedra y el espíritu del magisterio” (22).

Con esta propuesta y en medio de un ambiente de intensa agitación social, el Presidente Alessandri concedió una Audiencia a solicitud de los maestros para dar a conocer los principales puntos del proyecto pedagógico de reforma que proponían. La organización y la agitación general no parecía impresionar al gobierno, la crisis educacional existía, pero era un problema que, a juicio del Presidente, debía resolverse entre políticos. Era un asunto de Estado, no de la Sociedad. Para los principales representantes del movimiento de maestros primarios, por el contrario, eran ellos mismos los mejor calificados para proponer una reforma educativa al país. Sus razones: conocían de cerca la realidad de las escuelas, tenían profesionalismo técnico y real experiencia docente, y, lo más sólido: la fuente de legitimidad y soberanía que les brindaba el ancho movimiento de asalariados que había tomado conciencia de la importancia de reformar el sistema educacional del país. Por ello, y por la proximidad del llamado a aprobar una Carta Fundamental, los maestros pensaban que lo que debía tratarse en la Audiencia no podía ser otra cosa que sancionar una propuesta social que tenía legitimidad y soberanía. Pero el Presidente Alessandri, político antes que nada, pensaba distinto, tal como lo grafica este extracto de lo dicho a los maestros en la Audiencia:

“…(ustedes) se encuentran empeñados en agitar al pueblo sobre una campaña que es de incumbencia del Gobierno, y que la ignorancia del pueblo no permite comprender. Lo que ustedes deberían haber hecho fue convencerme a mí de las bondades de su reforma, porque es el gobierno el que las va a dictar. La campaña que hacen ustedes es inconveniente y desquiciadora, porque significa una presión que mi dignidad de Mandatario no puede tolerar y si continúan en ella no les dicto ninguna reforma. Yo debo hacer sentir el principio de autoridad, tan maltraído en este país (…). Es el Gobierno el encargado de explicar las leyes sociales y no ustedes, porque su labor está en la escuela y nada más que en la escuela. Ustedes han constituido un Estado dentro del Estado y su Club es un centro donde se reúnen toda la gente que sustenta principios disolventes y en donde se me ataca diariamente. Tengo la mesa toda llena de partes que me trae la policía, y es increíble que los maestros de mi patria haya que tenerlos constantemente vigilados por la policía” (23).

Los Maestros respondieron: “creemos que tanto o más importante que la reforma de la Constitución, es la reforma de la educación, porque usted nada va a sacar señor Presidente, con que se dicte una nueva Constitución y nuevas leyes, si el pueblo es analfabeto, si el pueblo no sabe interpretar esas disposiciones” (24). Solicitaron luego que, al menos, promoviera las dos reformas a la vez (la constitucional y la educacional). El Presidente insistió en su negativa. Reiteró que no podía dictar decretos-leyes hasta que no se normalizara la vida institucional del país, por lo que no abordaría aún el problema de la reforma educacional. Más bien lo trataría en la asamblea constituyente que pensaba convocar.

El Presidente Alessandri designó una comisión consultiva para la reforma a la Constitución que dirigió en todo momento, y cuando consideró que estaba terminado (con el texto de la nueva carta fundamental redactado), definió que no era necesario convocar a la Asamblea Constituyente propiamente tal, decidiendo que el texto aprobado por la Comisión (designada por él) era el que debía ser presentado para la aprobación ciudadana (vía plebiscito). De este modo, la Educación Pública quedó normada en la Carta Fundamental bajo los criterios políticos tradicionales: se consagraba el principio tradicional de Estado Docente y se creaba una poderosa Superintendencia de Educación.

Después de eso, los maestros ya no podían imponer su Proyecto por la “vía soberana” elegida, sino por la “vía constitucional” de la petición. Comenzaron a depender de la “buena voluntad” de los gobernantes y de los políticos. Y un militar, Carlos Ibáñez del Campo fue quien, en 1927, les ofreció implementar su plan de reforma y ocupar los cargos superiores del Servicio de Instrucción Pública (25). Los maestros, habían dudado al principio, pero luego decidieron aceptar la oferta. Eso implicaba aceptar que la política sería el instrumento central de su proyecto social. Y ése era un terreno desconocido para ellos. En ese plano no tenían experiencia técnica, sino ingenuidad y candidez.

La reforma educacional de 1928 destaca en el marco de la historia educacional nacional por ser la primera vez en que se intentó abarcar tantos sectores del sistema educacional y tantas variables del proceso educativo en un mismo cuerpo legislativo. Se pretendió el desarrollo de una reforma “integral” que ubicara a los estudiantes al centro del quehacer pedagógico y a los docentes y la comunidad trabajando en su programación, dirección e implementación. Sus fundamentos iluminaron, de hecho, el proceso de renovación del sistema escolar en Chile durante las siguientes décadas. Como es posible observar, las concepciones educativas contenidas en el Plan de Reforma Integral, que funcionó como el fundamento de la reforma de 1928, arrancaban de los principios de la Escuela Nueva. Estos enunciados se concretizaron en una legislación (Decreto 7.500) (26) que hasta el día de hoy sorprende, por su orientación y radicalidad. Como ejemplo de lo que significó en el contexto nacional, se señalan algunos de sus artículos:

Art. 61: “El trabajo escolar se realizará de preferencia al aire libre, utilizándose para ello el jardín, el bosque, la montaña, la playa y todo sitio que favorezca la salud del niño”.

Art. 62: “El Programa de Estudios dictado por el Ministerio es considerado como ‘programa mínimo’ y los Consejos Provinciales podrían ampliarlo, ‘de acuerdo con los recursos y necesidades nacionales’. Para desenvolverlo y cumplirlo se dará la necesaria libertad al profesor”.

Art. 64: “En las escuelas sólo se usarán los textos autorizados por el Gobierno y se procurará que el material didáctico facilite la auto-educación de los niños”.

Art. 68: “Se ordena la supresión de exámenes y se estipula que “las promociones se harán anualmente tomando en cuenta los trabajos y asistencia del alumno durante el período escolar”.

Ninguno de estos artículos habría sido posible de no mediar una fuerte presión social sobre las esferas políticas, presión que encabezaron los maestros, pero que convocó a una gran cantidad de actores de los sectores obreros y asalariados.

Corolario

La implementación de la Reforma propuesta por los maestros primarios había requerido, entre otras acciones, de la jubilación de los docentes más viejos y de la implementación de una infraestructura adecuada a los métodos educativos. Ello implicaba paliar las deficiencias materiales del sistema. Esto significó una inversión económica importante por par te del Estado y que no fue bien recibida por Hacienda. Por otro lado, el avance de la reforma tensionó a los sectores más tradicionalistas quienes resistieron y utilizaron la crisis financiera para socavar la reforma y revelar los primeros síntomas del fracaso de concretizar la modernización impulsada.

En septiembre de 1928, el Presidente Ibáñez dio un golpe de timón, interrumpiendo la “reforma radical” e iniciando la “contrarreforma”. Los dirigentes de la AGP fueron despedidos y perseguidos. La organización administrativa democratizadora fue suprimida, las comunidades disueltas y restablecido con más vigor el autoritarismo funcionario y pedagógico.

Como es usual, una situación puntual fue la que hizo estallar un proceso que se estaba incubando de forma soterrada: un conflicto suscitado entre estudiantes y maestros de dos Escuelas Normales (Angol y Chillán). Los estudiantes habían intentado organizar una asamblea escolar aplicando el nuevo orden administrativo que instauraba la reforma con el apoyo de los Directores locales designados por el Departamento de Educación. Con ello, desafiaron abiertamente a los profesores tradicionalistas. Cuando un estudiante fue suspendido por insultar a las autoridades educacionales, el conjunto de los estudiantes se fue a huelga. El hecho de que la Asociación (ahora en el poder) apoyara la rebelión de los estudiantes en contra de los profesores fue algo que la administración del Presidente Carlos Ibáñez no toleró. Esta decisión no sólo exaltaba la actitud subversiva de la Asociación –ya anotada por el Presidente Alessandri– en un ambiente ya enrarecido por la cantidad y profundidad de las transformaciones impulsadas, sino reavivaba la antigua pugna entre el grupo más joven de los profesores primarios (la base social del profesorado que apoyaba a la Asociación) y el grupo más viejo (atrincherado en posiciones conservadoras relativas a la pedagogía y a los valores que debían regir la educación de los niños y jóvenes) (27).

Pocos días después de los sucesos de Angol y Chillán, se destituyó de su cargo a Luis Gómez Catalán. En su mensaje presidencial de 1929, el general Ibáñez declaró los argumentos por el que se derogaba el Decreto Ley 7.500: “a causa de la absoluta falta de selección del personal y por consiguiente del desconocimiento de sus aptitudes, que hizo imposible al Gobierno su acertado empleo, y debido también a la insuficiencia de medios económicos para realizar tan vasto plan”.

A los días de haber sido derogado el Decreto 7.500, se ejerció sobre los profesores vinculados a la Asociación, la represión de Estado. Fueron exonerados todos los jefes de la reforma, incluso relegándose algunos dirigentes a las islas de Chiloé y Aysén. Innumerables profesores fueron arrestados y puestos en prisión en obscuros calabozos, y a otros se les hostigaba violándose constantemente sus domicilios y su correspondencia, y negándoseles el derecho a reincorporarse al servicio.

Para José Carlos Mariátegui la causa del fracaso radicaba en la “escasa experiencia adquirida” y en la “ingenuidad política” de los líderes del movimiento, error que pagaron a “un duro precio”. Sin embargo, sentenció, “no les cabía más que afrontar la prueba” y señalaba que “nada de esto debe disminuir la simpatía y la solidaridad con que los acompaña hoy la ‘inteligencia’ (particularmente los maestros de vanguardia) en los pueblos hispano-americanos” (28). Según Mariátegui, tanto el “espíritu” como los “objetivos” del movimiento pedagógico asustaron a los “espíritus conservadores” y a los “intereses reaccionarios”. La reforma propuesta tomaba un rumbo que “iba contra el sentimiento de los factores más decisivos de la estabilidad y consolidación del régimen”. Todavía más, el gobierno de Ibáñez, decía, nunca había sentido una verdadera “solidaridad espiritual e intelectual con ella”, sólo la había usado “como un instrumento de consolidación política, empujado por los intereses y sentimientos que representaba, a desembarazarse de tan incómodos y comprometedores funcionarios” (29).

Lo que quedó después de clausurada la experiencia de los maestros asociados, fue un sector aislado de “escuelas experimentales” donde podrían ser practicadas nuevas metodologías pedagógicas. Lo que permanecería: el sesgo clasista, el carácter verticalista y centralista de la administración escolar, y la rigidez curricular del sistema educacional.

Notas

1.-  Historiadora. Departamento Estudios Pedagógicos-Universidad de Chile. Programa Interdisciplinario de Investigaciones en Educación (PIIE).leoreyesj@gmail.com

2.- La historiografía ha denominado “cuestión social” a un período que se ubica generalmente entre 1880 y 1930 cuando comenzaron a expresarse de forma orgánica, masiva y programática las tensiones y conflictos del sistema económico, laboral y social vigente entre los sectores populares y las elites.

3.- Domínguez, E. (1935). Un movimiento ideológico en Chile (Santiago, Imp. W. Gnadt, 130 p.), Núñez, I. (1982). Educación popular y movimiento obrero: un estudio histórico, (PIIE, Santiago, 37 p.), Delgadillo, S. (1992). Educación y formación en el discurso obrero chileno. La Federación Obrera de Chile. 1920-1925. (Tesis para optar al grado de Licenciado en Historia, Universidad de Chile, Santiago); Vicuña, C. (1922), La cuestión social ante la Federación de Estudiantes de Chile, Impr. Litog. y Enc. Selecta, Santiago; Salazar, G. (2003). La gesta profética de Fernando Vives, S.J., y Alberto Hurtado, S.J. Entre la espada teológica y la justicia social, VV.AA. Patriotas y Ciudadanos (CED, Santiago, 125-199); Reyes, L. (2003). Crisis, pacto social y soberanía: el proyecto educacional de maestros y trabajadores. Chile, 1920-1925, Cuadernos de Historia 22 (Universidad de Chile, Santiago, 111-148)

4.- Estado Docente es el nombre que recibe el modelo que predominó en los sistemas educacionales nacidos en la América Hispana desde principios del siglo XIX al encargársele al Estado su conducción para la construcción y consolidación de la Nación. Recibió hacia fines del siglo XIX influencias de los sistemas educacionales europeos, especialmente los modelos napoleónico y bismarckiano. Tuvo como principal propósito fundar escuelas públicas de modo de moralizar al pueblo y constituir una consensuada ‘unidad nacional’ forjada por las elites criollas. Con claras influencias del positivismo y financiado por el fisco (aunque casi durante todo el siglo XIX éste fue tan escueto que tuvo que complementarse con los aportes de los vecinos de un municipio y de sociedades liberales y conservadoras de carácter benéfico) se caracterizó por ser centralizado, uniformizante, burocrático, clientelista, bifurcado y socialmente segmentado, careciendo los maestros de autonomía en su gestión y en el diseño de sus curriculas. Durante el siglo XX dicho modelo fue democratizándose al ampliar en forma progresiva y sostenida el crecimiento de la matrícula escolar hacia los sectores populares. A pesar de ello, perduran muchas de las características excluyentes con las que nació.

5.- Núñez, I. (1979) Tradición, reformas y alternativas educacionales en Chile. 1925-1973. Santiago: Centro de Estudios Económicos y Sociales, Serie VECTOR: Santiago.

6.- El movimiento Escuela Nueva aparece con fuerza hacia fines del siglo XIX aunque expresa una corriente de pensamiento que proviene del siglo XVI (Erasmo de Rotterdam, Francois Rabelais, Montaigne), convirtiéndose en el siglo XIX en doctrina pedagógica con la publicación del Emilio de J. J. Rousseau. El movimiento tuvo distintas etapas y vertientes, y entre los autores que pueden destacarse se encuentran J. Dewey (1886), A. Ferrier (1899), M. Montessori (1907) y O. Decroly (1907). También puede destacarse la presencia de una corriente antiautoritaria, autogestionaria y libertaria que tuvo como máximos exponentes a L. Tolstoi (1859) y F. Ferrer Guardia (1886) entre otros.

7.- La revista Nuevos Rumbos, órgano oficial de difusión de la Asociación General de Profesores de Chile, publica continuamente extractos u obras completas de todos estos autores.

8 Todas estas ideas son expuestas por Luis Gómez Catalán quien fue uno de los máximos líderes de la Asociación General de Profesores. Revista de Educación Primaria (1928): pp. 30-33, 36-42.

9 Ibídem.

10 Egaña, M.L. (1997), “La Ley de Instrucción Primaria Obligatoria: un debate político”, Mapocho, N° 41.

11 La Federación Obrera de Chile, Santiago, 10 junio 1922, p. 3.

12 El Despertar de los Trabajadores, Iquique, 18 septiembre 1924, p. 2.

13 La Federación Obrera de Chile, Santiago, 16 noviembre 1922, p. 3.

14 Según la ley se constituía con el Ministro de Instrucción Pública, dos miembros designados por el Senado, dos miembros de la Cámara de Diputados, un miembro designado por el Presidente de la República y del Director General de Educación Primaria.

15 La Federación Obrera de Chile, Santiago, 20 octubre 1921, p. 5.

16 La Federación Obrera de Chile, Santiago, 17 abril de 1922.

17 Ibid., 22 noviembre 1922, p.1.

18 Proyecto de estatutos de la Gran Federación Obrera de Chile. Título Primero. De la Organización, objeto i duración de la Sociedad, La Gran Federación Obrera de Chile, Santiago, 20 de octubre de 1910 (página mutilada).

19 ‘Programas y estatutos de la FOCH’, El despertar de los Trabajadores, Iquique, 13 de abril 1922, pp. 1-2.

20 Nuevos Rumbos, Santiago, 15 de agosto de 1923, p.3.

21 La Asamblea Constituyente Popular se plantea como un espacio de propuesta desde la sociedad civil frente al proceso de reforma constitucional que se gestaba durante el año 1925, lográndose consensuar entre los diferentes movimientos sociales un proyecto no sólo educativo, sino también económico, social y político. Para una visión más detenida sobre la importancia de la Asamblea Constituyente de Obreros e Intelectuales para el movimiento popular chileno se recomienda ver Salazar, G. (2009), Del poder constituyente de asalariados e intelectuales (Chile, siglos XX y XXI), Santiago: LOM.

22 Justicia, 13 de marzo de 1925, p.1.

23 Nuevos Rumbos, Santiago, 2 de Junio de 1925.

24 Testimonio histórico de Luis Gómez Catalán, entrevista realizada por P. Arancibia, J. Ivulic y G. Vial en Dimensión Histórica de Chile– 6/7. Santiago, 1989/1990, p. 179.

25 Por ejemplo, Luis Gómez Catalán, dirigente de la Asociación fue nombrado Jefe del Departamento de Educación Primaria.

26 Decreto 7.500 del 10 de diciembre de 1927, sustento legal y normativo de la Reforma del año 1928. Se le llama reforma del 1928 pues ese es el año de su implementación. Para un completo y detallado análisis del Decreto Ley 7.500, ver Iván Núñez, Reforma y Contrarreforma educacional en el primer gobierno de Carlos Ibáñez (1927-1931), Santiago: SEREC, 1978.

27 Otras acciones que expresaban esta actitud subversiva de los maestros fueron, además de su pretensión por co-legislar en el ámbito educacional, la de replantearse la identidad de la mujer normalista en torno a sus derechos jurídicos, laborales y políticos. Las maestras participaron dentro de la Asociación, y por primera vez en la historia del profesorado, con voz propia. Desde la primera Convención realizada por la Asociación en 1923 se anota su participación en la formulación de los acuerdos:   recomendaron la educación sexual, la creación de puestos para Visitadoras de Escuelas y la generación de empleos para mujeres en la Dirección General de la Instrucción Primaria.

28.- José Carlos Mariátegui, La crisis de la reforma educacional en Chile, Temas de Educación, t.14 (Lima: Ediciones Populares de las Obras Completas, 1981), p. 79.

29.- José Carlos Mariátegui, La crisis de la reforma educacional en Chile, pp. 75-76.

05
Ago
10

Relatos para la Educación en el Bicentenario

En el marco del bicentenario, las dos más grandes Universidades públicas del país, la Universidad de Chile y la Universidad Católica, se unieron para dar vida a cuatro conversaciones en torno a la educación. Bajo la modalidad de un panel con invitados más un moderador, se pretende entregar herramientas de análisis que den paso a una conversación entre el mundo académico y el profesorado. En la inauguración, ayer miércoles, contó con las exposiciones de ambos rectores de estas dos prestigiosas casas de estudio públicas.

Los temas, no sólo están cuidadosamente escogidos sino que además son de plena vigencia y contingencia. Además, si Ud. no puede asistir, puede ver en forma online el evento en su Web (pinche aquí). La inscripción es gratuita y, por el número de asistentes, quedan vacantes, no muchas, pero quedan.

Temas son los siguientes:

1.- Relatos de Identidad: Las ciencias sociales junto a las ciencias exactas y naturales dialogan con el profesorado sobre nuestra identidad”. La primera conferencia aborda lo que quizás es la pregunta fundamental del Bicentenario: ¿qué somos hoy como sociedad y nación? La respuesta necesita descubrir e interpretar hebras profundas de nuestra cultura, que es lo que abordarán, desde la sociología, la poesía y las ciencias exactas.

Panelistas: Pedro Morandé (1), Elicura Chihuailaf y Juan Asenjo. Moderadora: Rosa Devés.

El encuentro se realizó en el Centro de Extensión de la UC (Alameda 390, 18,30 hrs.)

* Escuche discurso de Víctor Pérez, Rector U.Ch. (Pinche aquí)

* Escuche ponencia de Elicura Chihuailaf  (Pinche aquí)

2.- Relatos de Sentido: Los mundos del arte y la fe dialogan con el profesorado”. ¿Qué significa ‘trascendencia’ en la cultura contemporánea? ¿Cómo se la puede comunicar en educación? La segunda conferencia conjuga las miradas del arte, la poesía y la fe, para construir relatos de sentido y trascendencia en educación.

Panelistas: Antonio Bentué, Claudio Di Girolamo y Floridor Pérez. Modera: Francisco Claro (2).

El encuentro se realizará el 11 de agosto, en el Aula Magna de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile (Diagonal Paraguay 205, 18,30 Hrs).

3.- Relatos de Acción: “Los mundos de la política y la producción dialogan con el profesorado”. La política, la producción material y la tecnología son los ámbitos de acción más determinantes de la forma del mundo que vivimos: su mejora -como su transformación- depende de ellos. ¿Qué relatos sobre la esencia del actuar en estos ámbitos, de su lógica y de su trascendencia, son importantes de conocer?

Panelistas: Ricardo Lagos y Bruno Philippi. Moderador: Cristián Cox (3).

El Encuentro se realizará el 25 de agosto, en el Salón Fresno del Centro de Extensión de la UC (Alameda 390, 18,30 hrs.)

4.- Relatos de Educación: “El profesorado le habla a la sociedad”. En la conferencia final, los términos del diálogo se invierten: ahora los educadores son quienes dialogan con la sociedad acerca de cómo ésta y la política tratan su quehacer; sobre la evolución de la profesión y los requerimientos a la misma; acerca de su visión y la necesidad de fortalecer el respeto y la confianza entre el profesorado y la sociedad chilena.

Panelistas: Beatrice Ávalos (4), Víctor Inzulza (5) y Cristián Warnken. Moderador: Abelardo Castro (6).

El encuentro se realizará el 1° de septiembre, en el Aula Magna de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile (Diagonal Paraguay 205, 18,30 Hrs).

Notas

1.- Pedro Morandé Court nació en Santiago en 1948. Obtuvo el título profesional de Sociólogo en 1971 en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Entre 1976 y 1979 realizó estudios de postgrado en Alemania Federal, obteniendo el grado de Doctor (Dr. Phil) en Sociología de la Universidad de Erlangen-Nuremberg. Además de ser Profesor Titular de Sociología de la Pontificia Universidad Católica de Chile, se ha desempeñado en dos ocasiones como Director del Instituto de Sociología de la misma corporación. En 1990 es designado Pro-Rector de dicha Casa de Estudios, cargo que desempeña hasta marzo de 1995, cuando es nombrado Decano de su Facultad de Ciencias Sociales. Desde enero de 1994 es miembro de la Academia Pontificia de Ciencias Sociales, y desde 1996 es miembro del Comité Editorial de la Revista Humanitas. Ha publicado cinco libros y un centenar de artículos en Chile y el extranjero. Su área de especialización es la Sociología de la Cultura y Religión, realizando numerosos trabajos sobre estas materias en el ámbito de la realidad latinoamericana.

2.- Francisco Claro, Decano Facultad Educación Universidad Católica de Chile.

3.- Cristián Cox, Director del Centro de Estudios de Políticas y Prácticas en Educación.

4.- Profesora, Doctora en Ciencias de la Educación por la Universidad de Saint Louis (Estados Unidos). Profesora universitaria en Chile, el Reino Unido y Papúa Nueva Guinea, donde enseñó Ciencias de la Educación. Ha trabajado en el ámbito de la educación y el desarrollo, así como en la enseñanza y la formación docente. Aparte de sus artículos en periódicos y libros en colaboración con otros autores, entre sus publicaciones figuran “Enseñar a los hijos de los pobres: estudio etnográfico de América Latina”, “Temas de formación científica del profesorado”, y en colaboración con Wadi Haddad, “Eficacia de la enseñanza: análisis de estudios de regiones del Tercer Mundo”. Una de sus últimas tareas fue la de coordinar, bajo los auspicios del Ministerio de Educación, un proyecto de mejora de la formación docente en 17 universidades de Chile (1997-2002). Desde 2008 es investigadora del Centro de Investigación Avanzada de la Universidad de Chile

5.- Miembro de una familia de 11 hermanos, (padre obrero agrícola y madre profesora normalista), Víctor Inzulza Adasme nació en el Fundo Litú, de la comuna de Pencahue, en la Región del Maule. Durante la segunda mitad de los años Sesenta trabajó en una empresa de buses (‘Talca-Botalcura’), como obrero de la construcción y vendedor. En 1971 ingresó a estudiar pedagogía en la Universidad Técnica del Estado, en la que en 1976 se tituló como profesor de matemáticas, física y estadística. Volvió a enseñar al Liceo Abate Molina de Talca, donde hizo su educación media, y donde ha permanecido por más de cuarenta años, liderando innovaciones por las que el establecimiento ha sido premiado y reconocido públicamente. Fue su director entre los años 2003 y 2008, y en el presente encabeza su Unidad Técnico Pedagógica. Recibió el premio Nacional a la Docencia escolar en Física “Michael Faraday”, en 1996, e invitado por el Ministerio de Educación, participó en la reforma curricular (OF-CMO) de esta disciplina. El profesor Inzulza ha sido elegido por dos periodos consecutivos con la primera mayoría, presidente del Colegio de Profesores de Chile, Comunal Talca.

6.- Abelardo Castro, Decano de la Facultad de Educación de la Universidad de Concepción.

24
Jul
10

Propuesta del Magisterio para el cambio del Estatuto Docente.

Contrario a lo que muchos plantean, el Colegio de Profesores se ha allanado en varias oportunidades a generar cambios en el Estatuto Docente. En efecto, en las resoluciones del Congreso Nacional de Educación del año 97 (1), se acordó modificar el actual Estatuto Docente; sobre la base de esas resoluciones, se instala la primera mesa de trabajo el año 2003, con el gobierno de Lagos. El año 2008, bajo la presidencia de Bachelet, se crea una mesa de trabajo conjunta con el MINEDUC, para buscar fórmulas que permitan avanzar a renovar las bases del Estatuto. Esta mesa de negociación, que permitió avances significativos entre las partes, fue quebrada por el magisterio cuando el gobierno incorpora en Ley General de Educación el polémico artículo 46, letra G, que permite ejercer la docencia a otros profesionales no docentes en Educación Media, lo que, según los profesores, presenta una contradicción con el espíritu de la carrera en cuanto a su valoración profesional. Es más, en el marco del Congreso Nacional de Educación del 2009, se dieron señales explícitas sobre las bases que debía tener el nuevo Estatuto Docente (2).

Tal vez por lo mismo, no sorprende el documento entregado a fines del mes de junio recién pasado, que lleva por nombre: “Carrera Profesional Docente, propuesta del Colegio de Profesores de Chile” (3). El documento consta de dos partes, la primera hace alusión a algunos puntos previos, que el magisterio considera vitales antes de entrar en una negociación; y, por último, los principios básicos de la nueva carrera docente.

Los puntos previos a la negociación

El Colegio de Profesores, establece 12 puntos básicos a concordar con el gobierno, previos a la negociación del Estatuto Docente. A saber:

  • Para los docentes en ejercicio, no debe haber ninguna pérdida de conquistas tanto salarial como de estatus laboral. Los docentes, tendrán la posibilidad de optar voluntariamente su incorporación a la nueva carrera.
  • Pide que las evaluaciones a los docentes que recién se incorporen al sistema, se realicen después de un año y cuatro meses de labores profesionales.
  • En el plan de perfeccionamiento, se hace a mi juicio una petición interesante, ya que pide mantener y ampliar la asignación de perfeccionamiento para todos los docentes, incluyendo a los que trabajan en el sector particular subvencionado.
  • Se rechaza todo tipo de habilitación para ingresar a la carrera docente.
  • Se pide establecer una normativa nacional, que recoja la experiencia de la alta dirección pública, para concursar a los cargos de docente y directivo.
  • Se exige la derogación del artículo 46 letra G, de la LGE. Esta petición es plausible, ya que si se quiere tener una carrera docente de prestigio, es contradictorio permitir que cualquier profesional pueda ejercer la pedagogía.
  • Se pide establecer una nueva ponderación de trabajo lectivo y no lectivo, de un 60% a 40% respectivamente, para llegar progresivamente a un 50% y 50%.
  • Se plantea un estatuto único, válido para todos los docentes del sistema financiado por el Estado, lo que incluye a los docentes que trabajan en el sector particular subvencionado.
  • Se pide el término a los estímulos individuales y competitivos, como la Asignación de Excelencia Pedagógica (AEP) y la Asignación Voluntaria de Desempeño Individual (AVDI). Ya que, “no debiera existir estímulos económicos fuera de la carrera, tampoco se justifica su permanencia dentro de la carrera, ya que lo que se ha planteado es que ésta debe ser articulada al  sistema de evaluación docente, el  que debe ser corregido de acuerdo con los planteamientos que sobre él mismo ya ha realizado el Colegio de Profesores” (4).
  • Se pide acreditación obligatoria para todas las carreras de pedagogía, y el cierre de aquellas que no puedan acreditarse en una segunda oportunidad.
  • En relación con la prueba INICIA, se acepta como un mecanismo de evaluación dentro de la formación inicial. “Su propósito debe ser retroalimentar a las Universidades para la ejecución de reformas, si se requiere, y por otro lado reforzar la superación de las debilidades detectadas antes del egreso y como condición de titulación” (5).
  • Por último, el magisterio propone poner fin a una actividad poco conocida, pero altamente lucrativa, como es la acreditación universitaria por parte de agencias privadas. Se pide un sistema público, dependiente directamente de la Comisión Nacional de Acreditación.

Principios básicos de la nueva Carrera Docente.

Para el magisterio, existen principios u orientaciones que la nueva carrera docente debiera incorporar para generar una profesión moderna, justa y de futuro. Estos son algunos de sus principales lineamientos:

  • El magisterio hace una distinción entre enseñanza y rendimiento. La primera, mira el hecho educativo desde una perspectiva amplia, poniendo como centro al alumno, su entorno tanto histórico como social; el rendimiento, entendido como una parte de la enseñanza, tiende a poner el acento en determinadas competencias teóricas que alumno debe adquirir en un nivel determinado, y que son evaluadas hoy día bajo la modalidad de pruebas estandarizadas. Para el Colegio de Profesores, en “el rendimiento de los escolares, influyen factores exógenos al docente y la escuela como situación socioeconómica, herencia cultural familiar y del medio, selección académica de los estudiantes” (6). Lo que genera una distorsión no sólo de los resultados de las mediciones, sino que, además, introduce la preeminencia del rendimiento por sobre la enseñanza.
  • Se pide una carrera profesional única para todos los docentes. Como se sabe hoy existe un status para la educación pública, protegida por el Estatuto Docente, y un status para los demás docentes, protegido fundamentalmente por el Código del Trabajo y en parte mínima por el Estatuto Docente. Para el Magisterio, el “Sistema Nacional de Educación debe ser unitario si se busca la calidad de toda la educación chilena; a igual función, iguales condiciones para la enseñanza, igual remuneración; la diferencia se expresa en la progresión profesional de la carrera, pero parten de una base común a todos” (7).
  • Se pide al Estado, crear condiciones subjetivas y materiales para asegurar el estímulo y la motivación de los docentes en ejercicio, los que estudian pedagogía y los que deseen hacerlo en el futuro. Para ello, se considera indispensable una buena formación inicial y continua del docente, disminución del horario lectivo, mayor tiempo para la reflexión y trabajo pedagógico.
  • Se solicita un reajuste real de las remuneraciones para todos los docentes que trabajan en instituciones que se financian con dineros públicos, que permita a su vez, hacer de la pedagogía una carrera atractiva para los futuros docentes.
  • Se propone concordar con una evaluación docente “corregida y perfeccionada que debe constituirse en uno de los más importantes antecedentes de promoción dentro de la carrera” (8).
  • Se pide además, un sistema especial de jubilación para la profesión docente, “dadas las características y condiciones de mayor intensidad en la relación con personas, como de las exigencias que implica una buena enseñanza” (9).
  • Por último, desde una perspectiva transitoria, se pide una indemnización especial compensatoria para aquellos profesores que deberán apartarse del sistema de enseñanza público.

En lo personal, me parece una propuesta aterrizada la que entrega el magisterio, habrá puntos que se podrán discutir y analizar, pero en lo central, pone en la mesa algunas de las problemáticas más acuciantes de la actual carrera docente. Quién puede poner en duda que la división existente entre los docentes municipales y los del sector privado, se constituye en una segregación odiosa que desprotege a un sector importante del magisterio, entregándolos al arbitrio de un mercado que lucra con dineros fiscales. Creo que el magisterio, comprendió que toda negociación habrá que hacerla sobre la base de una carrera profesional única, para todos los profesores por igual. Esto, también hace un llamado de atención a los profesores del sistema particular subvencionado, ellos saben muy bien cuáles son sus condiciones de trabajo, la precariedad en que se desenvuelven; por tanto, es hora de que este sector empiece a tomar conciencia de que llegó la hora de pronunciarse por una profesión digna, justa y bien remunerada… todo hace suponer que llegó la hora.

Notas

1.- Descargar documento del Congreso Nacional de Educación, 1997, en: http://www.scribd.com/doc/24491427/Colegio-de-Profesores-de-Chile-Congreso-Nacional-Educacion-1997

2.- Área quinta, ver en: https://guillermobastias.wordpress.com/2010/05/25/claves-para-entender-el-congreso-nacional-de-educacion/

3.- Ver documento en: http://www.colegiodeprofesores.cl/images/stories/carreraprofesional/carreraprofesional2010.pdf

4.- Carrera Profesional Docente, propuesta del Colegio de Profesores de Chile, junio 2010. Pág. 4.

5.- Ibíd., pág. 5.

6.- Ibíd., pág. 5.

7.- Ibíd., pág. 5.

8.- Ibíd., pág. 6.

11
Jul
10

Informe Final del Panel de Expertos

“Para convertir en realidad tan ambiciosas metas necesitamos 
construir sólidos acuerdos orientados por una mirada de largo plazo y
 llevados a cabo con perseverancia por gobiernos sucesivos, porque las reformas 
que propone este Panel son de largo aliento y deberán ser 
monitoreadas y corregidas cuando sea necesario para alcanzar los bienes deseados” * 

Predecible resultó la propuesta evacuada esta semana por el Panel de Expertos para una Educación de Calidad (IFPE), en ésta su primera etapa, donde aborda el mejoramiento de la profesión docente. Debo reconocer, en beneficio de mi ingenuidad, que creí que el Ministro Lavín haría gala de alguno de sus giros y piruetas con lo cual sorprendería con una propuesta centrada en el aula y en la realidad de nuestra educación; por el contrario, el resultado es la típica mirada tecnocrática y economicista que ha obrado en los últimos años.

En noventa páginas, el documento aborda los tres ejes que abarcó la reflexión de los expertos, saber: 1. Formación inicial; 2. Carrera docente y; 3. Mayor autonomía a sostenedores y directores.

Formación Inicial

IFPE, reconoce la debilidad del país en la formación docente, expresando que se ha “experimentado una expansión de la oferta de carreras de pedagogía, sin que se haya puesto atención en la calidad de dichos programas ni tampoco en el reclutamiento de jóvenes más preparados para tan decisivos estudios” (1). En este sentido, propone regularizar los procesos de acreditación de las de las entidades encargadas de impartir pedagogía a cuatro años mínimos, vale decir el tiempo que dura la carrera (2); las entidades que no se adapten a esta modalidad, no podrán obtener beneficios económicos del Estado para sus estudiantes. Se propone además un examen habilitador, obligatorio, para todos los egresados de pedagogía que quieran enseñar en la educación subvencionada por el Estado. Este examen, estará basado en un curriculum central que propondrá el MINEDUC, y que sancionará el Consejo Nacional de Educación. Una iniciativa interesante en este sentido, constituye la canalización de recursos para “la consolidación de redes de escuelas, liceos y colegios como campos de práctica profesional, muy en línea con lo que ocurre con la formación en medicina” (3). A su vez, propone ejercer medidas tendientes a captar alumnos que estudien pedagogía, pertenecientes al 30% de mayores habilidades en el país (4).

Carrera Docente

“Sabemos –dice el IFPE- que los mejores docentes son fundamentales para el desarrollo de escuelas efectivas y para los avances de los aprendizajes de los estudiantes” (5), para lo cual el Panel propone una serie de iniciativas tendientes a seleccionar al futuro profesor y a mejorar sus remuneraciones. En lo inmediato, propone la asignación de una beca que cubra la totalidad del arancel de las carreras de pedagogía de los estudiantes que obtengan más de 600 puntos en la PSU. Para estos docentes, por una jornada de 44 Hrs. se propone un alza de sueldo entre un 26 y un 55%. Así mismo se plantean cambios en la evaluación docente, la que se descentraliza de acuerdo a los criterios del sostenedor; el resultado de esta evaluación, definirá los criterios de permanencia del profesor en el colegio.

Los Directores

Según el panel, son los directores los responsables de cambiar la cultura que requieren los colegios para progresar de modo sostenido y perseverar en los logros alcanzados; pero, advierte el IFPE, que “para desplegar estos atributos, los directores necesitan poder alinear los recursos de su establecimiento tras sus propósitos educativos” (6). Para lo cual se propone “mejorar significativamente” el sueldo de los directores, cuánto, no lo dice, el equivalente a un CEO (7), tampoco lo dice. Para los expertos, los llamados docentes directivos, no deben formar parte de la carrera docente y su contratación y relación con los sostenedores debiera guiarse por reglas de carácter general, vale decir por el Código del Trabajo. Este nuevo director tendrá amplias atribuciones, tales como elegir su cuerpo directivo, evaluar, fijar  remuneraciones y desvincular, así como también, de decidir sobre la capacitación de sus docentes en acuerdo con ellos y siempre con la autorización del sostenedor.

Conclusión

El Informe tiene la impronta y la pluma de la dupla Beyer-Brunner (8), vale decir, el sello tecnocrático, la visión economicista, fría y lejana del hecho educativo. En efecto, no se habla de hora en aula del profesor que trabaja 44 horas semanales, no se habla de número de alumnos por sala, en definitiva no se habla de pedagogía, la que si mal no recuerdo se construye en la sala de clases. No se habla de la realidad profesional que enfrentan los profesores de los colegios particulares subvencionados, que viven una verdadera puerta giratoria, independiente de su rendimiento o calidad. No, la receta es simple, ponerle a los colegios un gerente general con amplias atribuciones, mejorar en forma relativa el sueldo de los operarios y, los que no sirven, para afuera. Desgraciadamente, esto ya se está implementando hace rato en la educación con fines de lucro financiada por el Estado y, tampoco funciona.

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* Informe Final. Primera Propuesta para Fortalecer la Profesión Docente en el Sistema Escolar Chileno. Panel de Expertos para una Educación de Calidad de la Educación (IFPE), pág. 5.

Notas

1.- IFPE, Pág. 6.

2.- Si bien el 95% de las carreras de pedagogía han sido acreditadas, existe una gran diferencia en relación a los años de acreditación otorgados. Así, de las 294 carreras acreditadas, un 55 % tiene tres o menos años de acreditación. Solo un siete por ciento tiene seis o más años de acreditación.

3.- IFPE, Pág. 7.

4.- El puntaje promedio en la PSU, de los alumnos que entran a estudiar pedagogía es de 550 en CRUCH, y de 460 en UPRIV. (Fte. MINEDUC)

5.- IFPE, Pág. 7.

6.- IFPE, Pág. 9.

7.- CEO: Director ejecutivo, también conocido como ejecutivo delegado, jefe ejecutivo, presidente ejecutivo, principal oficial ejecutivo o con las siglas CEO (del inglés chief executive officer), es el encargado de máxima autoridad de la gestión y dirección administrativa en una organización o institución (Fte. Wikipedia).

8.- Harald Beyer, ingeniero comercial, PhD en economía y coordinador académico del Centro de Estudios Públicos (CEP). José Joaquín Brunner, sociólogo y profesor de varias Universidades privadas.