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01
Sep
10

TERCERA DECLARACIÓN PÚBLICA DE HISTORIADORES EN APOYO AL PUEBLO MAPUCHE

Como en otras dos oportunidades, un grupo de historiadores tanto chilenos como extranjeros, hacen un llamado de atención al Estado de Chile sobre la situación a la que se ve enfrentado el pueblo mapuche. Convocando además a historiadores, profesores de Historia y estudiantes de Historia, a manifestarse públicamente, el próximo martes 7 de septiembre, a las 12.00 horas en el frontis del Archivo Histórico Nacional.

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TERCERA DECLARACIÓN PÚBLICA DE HISTORIADORES

EN APOYO AL PUEBLO MAPUCHE

Los historiadores e historiadoras que suscribimos esta declaración nos vemos, una vez más, en la obligación moral de denunciar la sistemática política represiva que el Estado de Chile despliega en contra del pueblo mapuche. Las comunidades mapuche que han levantado como principales demandas la restitución de sus tierras ancestrales, el respeto a su condición de nación y el reconocimiento a su autonomía política, enfrentan hoy día una triple ofensiva represiva.

En primer lugar, policial. El territorio de la Araucanía continúa fuertemente militarizado, las comunidades son allanadas periódicamente y en la mayoría de las circunstancias sus habitantes son objeto de golpes, insultos y acciones de amedrentamiento. Los comuneros han denunciado, incluso, que sus viviendas son destruidas y sus alimentos y enseres son arrojados al piso. El trato que la policía brinda a mujeres, ancianos y niños es vejatorio y humillante. El despliegue policial, además, se caracteriza por el uso abusivo de un sofisticado arsenal, que incluye, helicópteros artillados, vehículos blindados, armamento automático y gases tóxicos.

En segundo lugar, los mapuche son objeto de una cuidadosamente orquestada ofensiva judicial. El Estado de Chile, a contrapelo de todos los tratados internacionales que ha suscrito, niega la existencia de un conflicto político en la Araucanía. En consecuencia, recurre a la legislación que dictara de manera espuria la dictadura militar (Ley 18.314 sobre conductas terroristas), para judicializar tanto las reivindicaciones como las movilizaciones del pueblo mapuche. Cabe señalar que 32 presos políticos mapuche se encuentran en huelga de hambre, en diferentes penales del sur del país, desde el 12 de julio de 2010. Este movimiento denuncia una serie de abusos e irregularidades de los cuales son objeto, entre las cuales destacan: torturas y vejámenes a los detenidos, montaje mañoso e ilegítimo de “pruebas” incriminatorias, uso de testigos encubiertos, doble procesamiento (tanto en tribunales de garantía como en tribunales militares) y solicitud por parte de las fiscalías de la aplicación de penas desmedidas en relación con los delitos que se les imputan. En el caso de Héctor Llaitul Carrillanca la Fiscalía de Cañete ha solicitado más 103 años de cárcel para el inculpado (sin contar los que está pidiendo la Justicia Militar). Cabe consignar que recientemente el cabo de carabineros Walter Rodríguez, responsable del asesinato del weichafe Matías Catrileo, en la zona de Vilcún en enero de 2008, fue condenado por la Corte Marcial a 3 años y un día de prisión. No obstante, este mismo tribunal dispuso concederle al asesino el beneficio de la libertad vigilada. Irregularidades y discriminación son la constante en los proceso que se siguen contra los mapuche encarcelados.

Por último, las comunidades mapuche enfrentan una ofensiva mediática. La mayoría de los grandes medios de comunicación del país, controlados por los mismos grupos económicos que depredan los recursos de la zona sur, no sólo han tendido un cerco de silencio en torno a las reivindicaciones de las comunidades en conflicto y a la larga huelga de hambre de los presos políticos mapuche; también han distorsionado groseramente el fondo y la forma de las movilizaciones y acciones de protesta que los mapuche han desplegado. La verdad irrefutable es que la violencia en la Araucanía ha sido protagonizada, fundamentalmente, por los aparatos de seguridad del Estado, mientras que las comunidades agredidas sólo han hecho uso (por lo demás con recursos operativos muy precarios), de su legítimo derecho a la autodefensa.

Convencidos de la necesidad de detener el accionar represivo del Estado en el sur de Chile y reconociendo el legítimo derecho de los pueblo originarios a la restitución de sus tierras usurpadas y a su autonomía social y política, los abajo firmantes convocamos a los historiadores, profesores de Historia y estudiantes de Historia, a manifestar públicamente estas denuncias el próximo martes 7 de septiembre, a las 12.00 horas en el frontis del Archivo Histórico Nacional.

Santiago, 1 de septiembre de 2010.

LISTA DE FIRMANTES AL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2010

Sergio Grez Toso, Universidad de Chile.

Igor Goicovic Donoso, Director Magíster de Historia Universidad de Santiago de Chile.

Josep Fontana, catedrático emérito de la Universitat Pompeu Fabra, Barcelona, Catalunya.

Jorge Pinto Rodríguez, Universidad de la Frontera, Temuco.

Florencia E. Mallon, University of Wisconsin, Estados Unidos.

Julio Pinto Vallejos, Director Departamento de Historia, Universidad de Santiago de Chile.

Mario Garcés Durán, Universidad Santiago de Chile, Director ECO Comunicaciones.

Verónica Valdivia, Universidad Diego Portales.

Alberto Díaz Araya, Jefe Carrera de Historia y Geografía Universidad de Tarapacá, Arica.

Nelson Castro Flores, Jefe Carrera de Pedagogía y Licenciatura en Historia y Ciencias Sociales Universidad de Viña del Mar y profesor de la Universidad de Valparaíso.

Alexis Meza Sánchez, Vicerrector Académico Universidad ARCIS.

Claudio Barrientos, Director Escuela de Historia Universidad Diego Portales.

Luis Castro C., Director Carrera de Pedagogía en Historia y Ciencias Sociales Universidad de Valparaíso.

Pedro Rosas Aravena, Director Escuela de Historia y Ciencias Sociales, Universidad ARCIS.

Rodrigo Ruz Zagal, Jefe Archivo Histórico Vicente Dagnino, Universidad de Tarapacá, Arica.

Patrick Puigmal, Director del Programa de Estudios y Documentación en Ciencias Humanas (PEDCH) de laUniversidad de Los Lagos.

Carlos Gutiérrez P., Director Centro de Estudios Estratégicos.

Carlos Molina Bustos, Ministerio de Salud, responsable de la investigación histórica de la Unidad de Patrimonio Cultural del Ministerio de Salud, Chile.

Margarita Iglesias Saldaña, Directora de Relaciones Internacionales Facultad de Filosofía y Humanidades, Universidad de Chile.

Sergio Guerra Vilaboy, Presidente de la Asociación de Historiadores Latinoamericanos y del Caribe (ADHILAC) y profesor de la Universidad de La Habana.

Juan Guillermo Muñoz Correa, Universidad de Santiago de Chile.

Pedro Bravo Elizondo, Wichita State University, Kansas, Estados Unidos.

Francisco Peña Torres, Université Paris I, Panthéon- Sorbonne, Francia.

Carlos Contreras Painemal, Universitaat, Berlín, Alemania.

Jorge Magasich, Institut des Hautes Études des Communications Sociales, Bruselas, Bélgica.

José del Pozo, Université de Québec à Montreal, Canadá.

Augusto Samaniego Mesías, Universidad de Santiago de Chile.

Pablo Artaza Barrios, Universidad de Chile.

Pablo Aravena Núñez, Universidad de Valparaíso.

María Olga Ruiz Cabello, Universidad de Chile.

Marcela A. E. Cubillos Poblete, Universidad de La Serena.

Miguel Urrutia, Universidad de Chile.

Patricio Rivera Olguín, Universidad Arturo Prat, Iquique.

Rodrigo Sánchez Edmonson, Universidad de Chile.

Enrique Fernández Darraz, Universidad Alberto Hurtado.

Jaime Massardo, Universidad de Valparaíso.

César Leyton Robinson, Universidad de Chile.

Ángela Vergara Marshall, California State University, Los Angeles, Estados Unidos.

Carlos Ruiz Rodríguez, Universidad de Santiago de Chile.

Robert Austin, University of Melbourne, Australia.

Ernesto Bohoslavsky, Universidad Nacional de General Sarmiento/CONICET, Argentina.

César Cerda Albarracín, Universidad Tecnológica Metropolitana.

Luis Corvalán Márquez, Universidad de Valparaíso.

Susana Bandieri, Universidad Nacional del Comahue/CONICET, Neuquén, Argentina.

Daniel Palma, Universidad ARCIS.

Luis Galdames Rosas, Universidad de Tarapacá, Arica.

José Miguel Castillo Mora, historiador y concejal de Yecla (Murcia) España.

Fabio Moraga Valle, Universidad Autónoma de México, México.

Ernesto Bohoslavsky, Universidad Nacional de General Sarmiento/CONICET, Argentina.

Andrea Riedemann Fuentes, Universidad Libre de Berlín, Alemania.

Alberto Harambour Ross, Universidad Diego Portales.

Leonardo León Solís, Universidad de Chile.

Alfredo Lastra Norambuena, Universidad Arturo Prat, Santiago.

Nicolás Iñigo Carrera, Universidad de Buenos Aires.

Rolando Álvarez, Universidad de Santiago de Chile y Universidad ARCIS.

Iván Ljubetic Vargas, Centro de Extensión Luis Emilio Recabarren.

Jody Pavilack, University of Montana, Estados Unidos.

Carlos Mondaca Rojas, Universidad Arturo Prat, Iquique.

Pedro Canales Tapia, Universidad Pedro de Valdivia, La Serena.

María Eugenia Albornoz, Université de Lille III, Francia.

Claudio Pérez Silva, Universidad Academia de Humanismo Cristiano.

Francis Goicovich, Universidad de Chile.

César Cerda Albarracín, Universidad Tecnológica Metropolitana.

Milton Godoy Orellana, Universidad Academia de Humanismo Cristiano.

Marcelo Mella, Universidad de Santiago de Chile.

Manuel Fernández Gaete, Universidad Academia de Humanismo Cristiano.

Sean Purdy, Universidade São Paulo, Brasil.

Yvette Lozoya López, Universidad de Santiago de Chile.

Maria Paula Nascimento Araujo, Universidade Federal do Rio do Janeiro, Brasil.

Horacio Tarcus, Universidad Nacional de San Martín, Argentina.

Eliana Ceriani Bórquez, Universidad de Valparaíso.

Eduardo Arias Nilo, Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación.

Mário Maestri, Universidade Paulista Federal, São Paulo, Brasil.

Franck Gaudichaud, Université Stendhal – Grenoble 3, Francia.

Claudio Díaz Pérez, Universidad de Valparaíso.

Salvador E. Morales Pérez, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, México.

Robson Laverdi, Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Brasil.

Geni Rosa Duarte, acadêmica Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Brasil.

Dina V. Picotti C., Universidad Nacional de General Sarmiento, Argentina.

Karen Alfaro Monsalve, Universidad Austral de Chile.

Viviana Gallardo P., Universidad Academia de Humanismo Cristiano.

Jorge Cernadas, Universidad de Buenos Aires y Universidad Nacional de General Sarmiento, Argentina.

Marcos Fábio Freire Montysuma, Universidade Federal de Santa Catarina/Brrasil, Tesoureiro da Associação Brasileira de História Oral, Brasil.

Steven S. Volk, Professor of History Oberlin College, Oberlin, Ohaio, Estados Unidos.

Cristina Moyano Barahona, Universidad de Santiago de Chile.

Sean Purdy, Universidade de São Paulo, Brasil.

Fanny Barrientos Cruzatt, Universidad de Tarapacá.

María Graciela León Matamoros, Universidad Jaume I Castellón, España.

Eduardo Arias Nilo, Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación.

Margaret Power, Illinois Institute of Technology, Chicago, Estados Unidos.

Ariel Arnal, Academia de Historia de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, México.

Miguel Valderrama, Universidad ARCIS.

Guadalupe Álvarez de Araya, Universidad de Chile. Centro de Estudios Latinoamericanos (CELA) “Justo Arosemena”, Panamá.

Wilda Celia Western, Universidad Autónoma de la Ciudad de México.

Carmen González Martínez, Profesora Titular de Historia, Universidad de Murcia, España.

Marisol Videla, Universidad ARCIS.

Gabriela Domecq, Universidad Nacional de General Sarmiento. Argentina.

Maximiliano Juan Pedrazzini, Universidad Nacional de Misiones. Argentina.

Lorena del Canto Flores, Universidad Bolivariana, sede Iquique.

Consuelo Figueroa, Universidad Diego Portales.

Danny Ahumada Vargas, Universidad de Santiago de Chile.

José Luis Cifuentes Toledo, profesor de Historia, Magíster de Historia y Ciencias Sociales.

Walter Delrio, Universidad Nacional de Rosario/CONICET, Argentina.

Myriam Olguín Tenorio, Universidad Cardenal Silva Henríquez y ECO Comunicaciones.

Marcos Fernández Labbé, Universidad Alberto Hurtado.

María Cristina Satlari, Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza, Argentina.

Germán Adolfo Morong Reyes, Doctor © en Estudios Americanos, Universidad de Santiago de Chile.

Paola A. Ligasacchi, Doctora © en Estudios Americanos, Universidad de Santiago de Chile.

Emilio Gonzalez, Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Brasil.

Mónica Gatica, Universidad Nacional de la Patagonia, sede Trelew, Argentina.

Marcos Fábio Freire Montysuma, CFH / Universidade Federale Santa Catarina, Brasil.

Rubén Isidoro Kotler, Universidad Nacional de Tucumán – Asociación de Historia Oral de la República Argentina.

Ana T. Fanchin, Universidad Nacional de San Juan, Argentina.

Marcela Morales Llaña, Doctora © en Estudios Americanos, Universidad de Santiago de Chile.

Valeria Sonia Wainer, Universidad Nacional de General Sarmiento, Argentina.

Lucía Valencia, Universidad de Santiago de Chile.

Robson Laverdi, Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Brasil.

Cristina Viano, Universidad Nacional de Rosario, Argentina.

Gustavo Bassin, Instituto Superior de Formación Docente 9-001 “Gral. San Martin”. Mendoza. Argentina.

Carolina Andaur, Dra. © El Colegio de México, México.

Robinson Silva Hidalgo, Doctor © en Historia, Universitat de Barcelona, Catalunya.

Ricardo López, Doctor © de Estudios Latinoamericanos Universidad de Chile.

Claudia Rojas Mira, Doctora © en Estudios Americanos, Universidad de Santiago de Chile.

Sandra Castillo Soto, Magíster © en Historia, Universidad de Santiago de Chile.

Francisca Giner Mellado, Magíster © en Estudios Latinoamericanos, Universidad de Chile.

Isidora Sáez Rosenkranz, Magíster © en Estudios Latinoamericanos, Universidad de Chile.

Claudia Videla Sotomayor, Magister © en Historia, Universidad de Chile.

Andrea Mella Azabache, Magister © en Historia, Universidad de Chile.

Everaldo de Oliveira Andrade, Universidade Guarulhos – São Paulo, Brasil.

Alondra Peirano Iglesias, profesora ayudante del Centro de Estudios Interdisciplinarios Uruguayos (CEIU), Universidad de la República, Montevideo, Uruguay.

Federico Iglesias, Becario de Docencia de la materia Historia del pensamiento latinoamericano y argentino, Instituto del Desarrollo Humano de la Universidad Nacional de General Sarmiento, Argentina.

Alejandro Brito Peña, Universidad de Concepción.

Carolina González Undurraga, Universidad de Chile.

Renato Hamel Alonso, Corporación Chilena de Estudios Históricos.

Fernanda Del Río Ortiz, Corporación Chilena de Estudios Históricos.

Julián Suzarte Galvez, Corporación Chilena de Estudios Históricos.

Enrique Riobó Pezoa, Corporación Chilena de Estudios Históricos.

Nicolás Sazo Arratia, Corporación Chilena de Estudios Históricos.

Gonzalo Aravena Hermosilla, Corporación Chilena de Estudios Históricos.

Nicolás Penna Vizcaya, Corporación Chilena de Estudios Históricos.

Cinthia Vargas Leiva, Corporación Chilena de Estudios Históricos.

Carlos Rojas Sancristoful, Corporación Chilena de Estudios Históricos.

Soledad Álamos Fuenzalida, Corporación Chilena de Estudios Históricos.

Sebastián Rico Díaz, Corporación Chilena de Estudios Históricos.

Elena Romero Pérez, Corporación Chilena de Estudios Históricos.

Andrés Rojas Böttner, Corporación Chilena de Estudios Históricos.

Juan Maureira Moreno, Corporación Chilena de Estudios Históricos.

Sebastián Leiva Flores, Universidad ARCIS y Universidad de Santiago de Chile

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30
Oct
09

“… no podemos callar ante los graves sucesos que están ocurriendo en la Araucanía “

El pasado 21 de octubre, en el auditorio de la Universidad Alberto Hurtado se realizó el seminario: Justicia Militar en Causas Mapuche. En el evento, que contó con la participación de los abogados Alberto Espinoza(1) y José Galiano (2), el periodista Nibaldo Mosciatti (3) y el historiador Sergio Grez (4), se abordó la situación de los 15 comuneros mapuches que hoy en día se encuentran procesados por la ley antiterrorista.

En esta oportunidad, quiero presentar la reflexión de Sergio Grez Toso, quien abordó el tema no sólo como historiador sino principalmente como ciudadano.

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“… no podemos callar ante los graves sucesos

que están ocurriendo en la Araucanía

He sido invitado a este Seminario por haber sido uno de los impulsores de dos declaraciones y manifestaciones de historiadores en apoyo al pueblo mapuche: la primera, con motivo del asesinato por la espalda del comunero mapuche Matías Catrileo (5) cometido por un Carabinero en enero de 2008, y una segunda declaración en agosto de 2009, luego de un nuevo asesinato por la espalda cometido por Carabineros de Chile contra la persona de otro comunero mapuche, Jaime Mendoza Collío (6), declaración a la que se sumó una manifestación de protesta de historiadores, profesores de Historia y alumnos de carreras de Historia, en las calles de Santiago el 10 de septiembre del presente año. Sin despojarme de mi condición de historiador (no especializado en la cuestión mapuche), en esta ocasión hablaré sobre todo como ciudadano. Porque como ciudadano (cualquiera sea mi especialización en tanto historiador) no puedo callar, no podemos callar ante los graves sucesos que están ocurriendo en la Araucanía.

Día a día las comunidades mapuches que luchan por recuperar sus tierras son rodeadas, hostigadas, allanadas y violentadas por las fuerzas policiales del Estado chileno. Día a día hombres, mujeres y niños mapuches son maltratados, insultados, humillados, golpeados, arrastrados y detenidos por Carabineros y la Policía de Investigaciones. Algunos, como Matías Catrileo y Jaime Mendoza Collío son asesinados por la espalda. Los helicópteros policiales vuelan día y noche por sobre las tierras de estas comunidades. Los mapuches sufren controles de identidad abusivos, vejatorios. Sus luchas son criminalizadas y judiciliadizadas por el gobierno y el poder Judicial, y son deformadas y condenadas por la prensa (salvo contadas y honrosas excepciones) y por los partidos políticos con representación parlamentaria. Los militantes más activos y combativos de la causa mapuche son perseguidos, maltratados, torturados, encarcelados y sometidos a 2 procesos tanto por la Justicia Civil como por la Justicia Militar. A ellos se les aplica la Ley Antiterrorista heredada de la dictadura Militar y utilizada profusamente bajo los gobiernos de la Concertación. Cuando una causa criminal parece no prosperar (por insuficiencia o debilidad de pruebas), los fiscales civiles y militares (respondiendo a las insinuaciones del gobierno), se afanan en inventar nuevas acusaciones para poder retenerlos largos períodos en prisión. Es lo que está ocurriendo con Héctor Llaitul (7), dirigente de la Coordinadora Arauco- Malleco (CAM) (8) a quien le comunicaron en   estos últimos días la apertura de un nuevo proceso. Cada causa significa hasta nueve meses de prisión preventiva mientras dura la investigación.

Este proceder de los fiscales me recuerda las “condenas clandestinas” que pronunciaba la DINA (9) durante la dictadura de Pinochet. Aunque nunca tuvimos la prueba formal de ello, en 1975, cuando estábamos en el campo de concentración de Puchuncaví circulaba insistentemente entre los presos políticos el rumor acerca de estas “condenas” informales decididas por la policía política de la dictadura. Como no éramos sometidos a proceso ya que habíamos sido arrestados de manera absolutamente arbitraria y discrecional, la DINA decidía nuestro futuro determinando cuantos meses o años debíamos permanecer “fuera de circulación”. Algo similar parece que está ocurriendo con el procedimiento de los fiscales contra los presos mapuches… Entretanto, el gobierno de la Presidenta Bachelet ofrece “diálogo”, envía su ministro Viera Gallo a la Araucanía, pero anuncia que las comunidades que amparen a los “violentistas” no serán beneficiadas con la entrega de tierras. De esa manera se pretende dividir al movimiento mapuche aislando a los “malos” de los “buenos”. Para completar el panorama, los grandes propietarios de la zona forman cuerpos paramilitares de “guardias blancas” patronales para reprimir al pueblo mapuche, tal como ha sido anunciado con la creación del Comando Hernán Trizano (10). Todo esto nos lleva a concluir que el Estado de Chile y los grandes propietarios de la zona, beneficiarios de la usurpación histórica de los territorios mapuches, están empezando a implementar una estrategia de 3 guerras de baja intensidad en el Wallmapu para quebrar la resistencia mapuche.

Los métodos empleados así lo indican: militarización del territorio mapuche a través de la Instalación permanente de la policía militarizada de Carabineros en las zonas más álgidas del conflicto para actuar como guardia pretoriana de los empresarios; violencia policial creciente contra las comunidades; cerco mediático (salvo honrosas excepciones como Radio Bío-Bío); acción de una vasta red de espionaje y soplonaje, intervención de correos electrónicos y escuchas telefónicas (incluyendo a los abogados defensores de los presos políticos mapuches), etc. A ello se suma la aplicación sistemática de la Ley Antiterrorista heredada de la dictadura y utilizada profusamente por los gobiernos de la Concertación junto a la doble acción de fiscales civiles y militares.

¿Qué significa en concreto la intervención de la Justicia Militar en las causas mapuches?

Significa, entre otras cosas, que un imputado puede estar detenido hasta por cinco días sin real expresión de causa, incomunicado, arraigado, prontuariado, con prisión preventiva indefinida; que esta persona ve suspendidos sus derechos ciudadanos, que no puede conocer el sumario secreto, y que la investigación puede tardar los años que el Fiscal determine que sean necesarios para el cierre del sumario. Estas facultades excesivas de la Justicia Militar chilena ha sido objeto de numerosas críticas, especialmente por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Según este organismo, en un Estado democrático de Derecho la jurisdicción penal militar ha de tener un alcance restrictivo y excepcional, de acuerdo con lo planteado por muchos juristas, según los cuales la Justicia Militar debe ocuparse exclusivamente de velar por ciertos valores del ámbito militar como disciplina, jerarquía y seguridad militar. De lo que se desprende que los tribunales militares solo deben conocer delitos de función cometidos por militares en servicio activo y que en ninguna circunstancia los civiles pueden ser sometidos a la jurisdicción de los tribunales militares.

Chile se encuentra en las antípodas de estos principios.

A diferencia de lo que ocurre en la inmensa mayoría de los Estados democráticos de derecho en los cuales los tribunales militares solo conocen aquellos delitos que por la naturaleza de los bienes jurídicos penales castrenses son estrictamente militares y constituyen conductas graves cometidas por militares que atenten contra esos bienes jurídicos, en Chile los poderes de estos tribunales son extensísimos. A ello se agrega el hecho de que la Justicia Militar chilena en tiempos de paz vulnera la imparcialidad e independencia que deben tener los tribunales por su estructura y composición. Porque los integrantes de los tribunales militares son militares en servicio activo que están subordinados jerárquicamente a sus superiores a través de la cadena de mando, porque no cuentan con garantías suficientes de inamovilidad y no poseen una adecuada formación jurídica. La imparcialidad de estos jueces también se ve afectada porque el Fiscal concentra las funciones de investigar, acusar y juzgar (característico de los sistemas inquisitivos, escritos y de prueba reglada). Como si fuera poco, el procedimiento penal militar significa una merma significativa de las garantías judiciales porque los tribunales militares no garantizan que los juicios sean públicos al no prever una etapa oral, desarrollándose los procesos de manera inquisitoria con una etapa preliminar sumaria, secreta y escrita.

Estas normas, impropmapuches_463ias de un Estado de Derecho democrático, son las que el Estado chileno está aplicando sistemáticamente contra los luchadores mapuches Es necesaria una enérgica reacción de todos quienes viven en este país, winkas, mapuches y demás pueblos originarios, para frenar los preparativos de la guerra de baja intensidad que el Estado de Chile está empezando a implementar en la Araucanía. Hoy son los mapuches, mañana será cualquier grupo o sector social que se levante de manera decidida para luchar por sus derechos.

 

Notas

1.- Alberto Espinoza Pino. Abogado, Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales. Universidad de Chile. Diplomado Reforma Procesal Penal, Universidad Alberto Hurtado. Especialista en DD.HH. FASIC.

2.- José Galiano H. es Abogado de la Universidad de Chile. Ejerce como abogado desde 1956, combinando el ejercicio libre de su profesión -preferentemente en materias penales – con la docencia en diversas universidades. Fue Presidente de la rama chilena de la Asociación Americana de Juristas entre 1988 y 2000. Ha publicado ‘Economía de Defensa’ [1958]; ‘Derechos humanos’ [dos tomos, 1996]; Mensaje a los biznietos [2002]; Etica Social, Etica Jurídica [2004].

3.- Nibaldo Mosciatti es uno de los más prominentes periodistas de su generación. Comenzó su trabajo profesional en Radio Chilena, donde realizó un interesante trabajo de reporteo alejado de los canales oficiales de información entregados por la dictadura. En 1985 entra a Revista APSI donde comparte escritorios con Andrés Braithwaite, Francisco Mouat y Milena Vodanovic. Fue parte del equipo fundador del programa televisivo El Mirador de TVN, donde trabajó 5 años, panelista del programa Plaza Italia del desaparecido canal Rock and Pop y columnista del diario electrónico El Mostrador, entre otras actividades. Es director de Radio Bío-Bío.

4.- Sergio Grez Toso, historiador, Profesor de la Universidad de Chile, Director Museo Nacional Benjamín Vicuña Mackenna, Director del Magíster en Historia y Ciencias Sociales de la Universidad ARCIS.

5.- Matías Valentín Catrileo Quezada (Victoria, Chile 11 de septiembre de 1985 – 3 de enero de 2008) fue un estudiante universitario mapuche de Chile fallecido mientras participaba en una toma de un fundo agricola el 3 de enero de 2008 en un enfrentamiento con personal del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) de Carabineros de Chile que custodiaban el lugar. Su muerte generó el rechazo de organismos de derechos humanos y diversas manifestaciones que se realizaron en varias ciudades de Chile.

6.- Jaime Facundo Mendoza Collio (24 años), era miembro de la Comunidad Requem Pillan de la comuna de Ercilla. El pasado 12 de Agosto participaba de la ocupación pacífica del Fundo San Sebastián cuando recibió un impacto de bala por parte de un efectivo del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) de Carabineros. El comunero, padre de un niño de 4 años, recibió el disparo de una pistola 9 mm tras resistir la arremetida policial y refugiarse al interior de la comunidad Requén Cabrapan, colindante con el fundo en disputa.

7.- Héctor Javier Llaitul Carrillanca (1969 ó 1970-) es un dirigente mapuche, líder de la Coordinadora Arauco-Malleco, organización mapuche conocida por sus reivindicaciones territoriales, denominadas recuperaciones de tierras en la Araucanía chilena. Llaitul fue acusado de planificar y realizar atentados incendiarios en las regiones en la VIII y IX regiones. Fue procesado y formalizado por la fiscalía de Nueva Imperial sobre la base del testimonio de Roberto Painemil, que habría sido obtenido bajo tortura, y fue absuelto de los cargos en junio de 2008. Estuvo bajo arresto desde el 21 de febrero de 2007.

8.- La Coordinadora de Comunidades en Conflicto Arauco – Malleco, (CAM), es una organización que reivindica y defiende a la etnia mapuche del Estado chileno. Es conocida por sus luchas contra las forestales madereras que operan en el antiguo territorio mapuche, “recuperaciones de tierras” a fundos que usurparon territorios mapuches y por sus enfrentamientos contra la policia chilena. La misma fue fundada en el año 1998, en Tranaquepe, Chile, y se le considera responsable de una serie de acciones de fuerza en la zona de Tirúa, Contulmo, Cañete y Temucuicui, desde 1996.

9.- La Dirección de Inteligencia Nacional, más conocida por su acrónimo DINA, fue la policía secreta chilena durante el período inicial del régimen militar de Augusto Pinochet, siendo uno de los elementos más significativos del aparato represor de la dictadura.

10.- Es un grupo paramilitar anti-mapuche que opera en el sur de Chile. Su nombre es en honor al capitán Pedro Hernán Trizano Avezzana, organizador del Cuerpo de Gendarmes de las Colonias cuya misión era vigilar la seguridad en provincias del sur de Chile y el cuidado de las reservas forestales para impedir que éstas fueran destruidas por labradores clandestinos.