Posts Tagged ‘Constitución Política

28
Jun
11

La Clase Política le Teme a los Pingüinos.

esto es una medida desesperada desde el gobierno, para tratar de disolver el movimiento estudiantil”.

Paloma Muñoz*

 

No llamó la atención la medida gubernamental que recetó vacaciones forzadas a los estudiantes de enseñanza media de la Región Metropolitana (1) que están en paro o en toma, según fuentes confiables la situación se discutió en un comité político de emergencia el final de semana donde se decidió aislar a lo que La Moneda denomina, “el sector más politizado”. En efecto, la clase política –llámese gobierno, derecha y concertación- ve con preocupación planteamientos que proponen cambios estructurales al sistema político chileno, como única forma de mejorar la educación pública.

El movimiento pingüino actual no sólo superó al del 2006 en número, sino que además es capaz de pulir cada una de los métodos que articularon el movimiento que puso en jaque a la presidenta Bachelet. En efecto, los pingüinos representan una expresión de “lo político” que no reconoce influencias claras de la política tradicional, al contrario de lo que pasa con los universitarios. Sin bien presentan una fuerte atomización, esto no les impide llegar a acuerdos en lo central pues carecen del ideologismo que tienen otros movimientos políticos. Han hecho gala de una constitución orgánica eminentemente democrática, extendida y abierta, sin personalismos, donde las decisiones son vinculantes a una amplia mayoría. El manejo de las redes sociales les ha permitido no sólo mejores y más expeditas vías de comunicación, sino que mediante la utilización del Streaming han abierto las ventanas a cómo se toman y se debieran tomar las decisiones políticas. Por último, los pingüinos maduraron la derrota del 2006, saben que en materia educacional La Concertación y La Derecha tienen, ladridos más ladridos menos, el mismo discurso; por eso sus demandas apuntan a la estructura del modelo político, la Constitución del 80.

La estrategia de Lavín, que habría sido visada por el propio Piñera, consiste en dividir el movimiento estudiantil, en las próximas dos semanas calculan que pueden llegar a acuerdos con los universitarios y los rectores del CRUCH. La solución consistiría en aumentar los aportes basales a las Ues., la creación de un sistema de crédito universitario único, pase escolar para todo el año, entre otros. A cambio de qué, algo muy simple, hacer legal el lucro de las Ues. privadas, con lo cual consolidan un negocio que mueve millones anualmente y del cual profitan transversalmente los políticos. En esta lógica debe entenderse el acuerdo que firmaron los presidentes de los partidos de la Concertación que, en todo el texto (2), no hacen ninguna mención a las demandas de los secundarios. Para los políticos opositores es complejo tocar el tema, significa poner un manto de dudas en las reformas que ellos consensuaron con Lavín a principio de año y que dejaron desconformes a académicos, profesores y estudiantes.

Así las cosas, es difícil predecir el curso que tomaran los acontecimientos, puede que las “vacaciones forzadas” terminen debilitando el movimiento o, por el contrario, permita que los secundarios aprovechen el tiempo para mejorar y pulir aún más sus tácticas, cosa que sólo estos agitados tiempos nos dirán.

* Paloma Muñoz, vocera de la Coordinadora Nacional de Secundarios. Ver en: http://www.latercera.com/noticia/nacional/2011/06/680-376056-9-coordinadora-nacional-de-secundarios-esto-es-una-medida-desesperada.shtml

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Notas

1.- Existen actualmente 232 colegios en toma en la Región Metropolitana. Ver nómina en: http://www.latercera.com/noticia/educacion/2011/06/657-376037-9-conoce-la-lista-de-los-232-colegios-metropolitanos-que-se-mantienen-en-toma.shtml

2.- Oposición firma compromiso por la educación superior y acuerda no aprobar propuestas unilaterales del ejecutivo. Ver en: http://www.ignaciowalker.cl/2011/06/oposicion-firma-compromiso-por-la-educacion-superior-y-acuerda-no-aprobar-propuestas-unilaterales-del-ejecutivo/

 

 

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26
Abr
11

Mercaderes, Empresarios y Capitalistas

Ha sido una larga y laboriosa auscultación del retrato
oculto del enervante Dorian Gray criollo.
Un ir y venir por el desfiladero estrcho de la historicidad empresarial.”
(Gabriel Salazar)*

Hace unas semanas, el Centro de Estudios Públicos (CEP) realizó un interesante seminario sobre el libro “Mercaderes, Empresarios y Capitalistas (Chile, Siglo XIX)” (1) del historiador y premio nacional de historia Gabriel Salazar (2), texto capital para entender a la elite capitalista del siglo XIX. En el evento, expuso además del autor, el historiador Alfredo Hocelyn-Holt (3) y el economista Rolf Lüders.

Si bien, siempre es interesante escuchar al profesor Salazar, no es menor verlo en un debate con otro historiador de fuste y, además con ex ministro de Pinochet. Si Ud. se lo perdió, lo o la invito a escuchar los audios del debate.

Presentación: Gabriel Salazar (Pinche Aquí)

Ponencia: Alfredo Hocelyn-Holt (Pinche Aquí)

Ponencia: Rolf Lüders (Pinche Aquí)

Contra argumentación y preguntas (Pinche Aquí)

* G. Salazar. Mercaderes, Empresarios y Capitalistas, Pág. 11.

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Notas

1.- “Mercaderes, Empresarios y Capitalistas (Chile, Siglo XIX)”. 2009, Editorial Sudamericana.

2.- Gabriel Salazar, Profesor de Historia de la Universidad de Chile y Premio Nacional de Historia.

3.- Alfredo Jocelyn-Holt, Historiador y Profesor de la Escuela de Derecho y de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile.

4.- , Profesor de la Facultad de Economía de la Pontificia Universidad Católica de Chile.

21
Abr
11

El Negociado de la TV Digital Chilena

“La gratuidad es un aspecto crítico del actual proyecto.
no considerarla significaría pasar del actual modelo de TV abierta,
gratuita y financiada por avisadores,
a un sistema de oferta diferenciada,
financiada preferentemente por los usuarios receptores del servicio
y transformándose en un bien privado”
(Soledad Alvear)*

Mientras esperamos que el gobierno se digne a publicar los resultados nacionales del SIMCE (1), me gustaría comentar acerca de un hecho gravísimo y, a la fecha, como era de esperar ha pasado absolutamente desapercibido, me refiero a la ley que se tramita en el senado y que pretende regular el futuro negocio de la Televisión Digital. En efecto, el pasado 6 de abril después 2 años de tramitación la cámara de diputados por holgada mayoría aprobó el proyecto de televisión digital, por lo cual se encuentra hoy en el senado para su aprobación. Ahora bien, si Ud. no se enteró es porque a la mayoría de los medios no les interesa que se ventile mucho el asunto, no se les vaya a echar a perder el negocio, situación que de aprobarse el cuerpo legal permitirá a las emisoras televisivas cobrar a los usuarios por sus transmisiones.

Lo aprobado por los honorables establece que a cada medio se le otorgará una frecuencia de 6 megahertz (MHz), en la televisión análoga actual esto equivale a una señal televisiva, pero en señal digital equivale a 8 emisiones para el mismo canal operador. O sea, si antes tenían 1 emisión ahora podrían transmitir hasta 8, cada canal podría tener 8 subcanales. Bien dirá Ud., mayor diversidad de programas. No, nada de eso, porque la ley contempla que cada canal deberá emitir a lo menos una señal en alta definición (HD), abierta y gratuita; el resto se podrá emitir como televisión de prepago. Así como lo escucha, de prosperar esta iniciativa cada operador emitirá un canal en alta definición y podrá ofrecernos la posibilidad de comprarles 3 tres canales de prepago. Qué le parece, como para tenerlo calladito.

Cuál sería la excusa para semejante regalito a los actuales operadores de canales de TV, el costo de la instalación de la TV Digital, unos US$ 50 millones, cifra que los canales han prometido solventar en conjunto. Me gustaría recordar que el espectro de banda es propiedad Estatal, vale decir de todos los chilenos, entonces bajo que predicamento les estamos regalando bienes públicos a costo “0”, porque el coste de la infraestructura de implementación es una cantidad menor en relación al valor de una estación, piense Ud. que Time Warner le pagó US$ 167 millones al presidente Piñera por la venta de Chilevision, además que el costo de instalación se absorbido por todos los operadores.

Por último, todos sabemos que el actual modelo televisivo es de mala calidad, no sólo por el nivel de sus contenidos programáticos, sino porque además no está cumpliendo con la labor social que este medio de comunicación debe cumplir que no es otro que proveer de información plural, diversa y verídica. No es verídica, ya que oculta hechos que comprometen los intereses económicos de sus dueños, como quedó demostrado en la nula cobertura a la huelga de hambre Mapuche o las huelgas de Farmacias Ahumada y Supermercados Ekono; tampoco es plural, pues su propiedad está en poder de grupos económicos tanto nacionales como extranjeros que tienen opinión política ampliamente reconocida. Lo que deberá aprobar el senado es de vital importancia, queremos seguir con el tipo de televisión que tenemos hoy, y más encima teniendo que pagar por ello, esto un fraude ciudadano. El presidente Piñera le puso suma urgencia a la ley, por lo cual esto será rápido y con cero cobertura medial. Esta Ud. de acuerdo con pagar por la televisión abierta, cree que debe existir una televisión más plural, abierta y objetiva, cree que esos canales “extra” que recibirán los operadores debieran entregarse a las universidades, comunidades, etc., todas estas preguntas legítimas no están siendo consideradas por aquellos que Ud. delegó, mediante el voto, para legislaran en su nombre. Piénselo un momento, qué tipo de televisión le gustaría tener, eso sí piénselo rápido.

RA: Observatorio de Medios FUCATEL (Aquí)

* Soledad Alvear, “Mejor televisión para los chilenos”. La Tercera, 21/04/2011.

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Notas

1.- A la fecha el gobierno aún no publica los resultados nacionales del SIMCE 2010 en leguaje y matemáticas, cosa bastante inédita. Puede comprobarlos aquí: http://www.simce.cl/index.php?id=241&nivelp=2m

16
Oct
10

Se acabó la huelga de hambre, pero no el conflicto

Terminada la huelga de hambre de los prisioneros políticos mapuche, sería ingenuo pensar que se acabó el conflicto mapuche. Por esta razón, quiero presentar dos textos, el primero de Gabriel Salazar, donde reflexiona sobre el concepto de etnia en la historia de Chile; el segundo de Alfredo Jocelyn-Holt, escrito el año 2008 para Revista Qué Pasa, donde reflexiona sobre las posibles salidas a este ya largo conflicto.

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Rol Histórico de las Etnias

en Chile (1)

 

Etnia, Nación y Estado

En chile existen comunidades cuya lengua, religión, valores e historia difieren del resto de la población. Desde hace siglos ocupan (y se identifican) con el mismo territorio. Se les conoce con el nombre de etnias indígenas: Aymara, mapuche, qawascar, yámana, quechua, coya, atacameños y rapa nui.

Culturalmente, los miembros de una etnia se perciben distintos y así son percibidos por los demás. Tienen conciencias de pertenecer a una comunidad cuya cultura nutre una suerte de “honor colectivo” que está por encima de consideraciones de clase, puesto que de él participa cualquier miembro del grupo étnico, al margen de su posición social (2)

El estado chileno reconoce la existencia de etnias pero no de pueblos indígenas. Hablar de pueblo equivaldría, en su opinión, a reconocer la existencia de varias naciones al interior de un mismo territorio, por lo cual atentaría contra la visión clásica de una sola nación y un solo Estado.

Como contrapartida, las organizaciones indígenas y los defensores de los derechos indígenas, plantean que las etnias si constituyen pueblos, por historia, identidad étnica, religiosa, lingüística y territorial. Si todos los pueblos tienen una identidad básica de derechos, las etnias indígenas pueden aspirar, legítimamente, a la autodeterminación.

La visión que esta última perspectiva de análisis tiene de la relación ente cultura indígena y Estado-nación, es profundamente crítica. Se habla de colonialismo interno para dar cuenta de la existencia de pueblos, dentro del Estado, económicamente explotados y culturalmente reprimidos.

Lo anterior se ampararía en el “valor supremo” de la unidad nacional. Históricamente los estados han privilegiado la vinculación del poder político con una sola nación o etnia, negando la existencia de otras comunidades culturales en su territorio o promoviendo su rápida asimilación.

Sin embargo, pese a siglos de discriminación etnocida y también genocida, las culturas indígenas no han desaparecido. En el último censo (1992), más de un millón de personas señaló sentirse identificado con alguna de las etnias indígenas que pueblan el territorio, principalmente la mapuche (3).

Mal que les pese a muchos, las etnias indígenas existen. Este hecho obliga a repensarnos como nación y como Estado para abrirnos a una realidad que no puede seguir desconociéndose: que en Chile conviven diversos pueblos. El reconocimiento es fundamental para valorar el aporte de las culturas originarias y avanzar hacia políticas de Estado que aseguren el respeto y la sobrevivencia de las comunidades indígenas.

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ARAUCO INDOMITO: “A LO ÚNICO QUE CONDUCE

COMBATIR AL MAPUCHE ES QUE ÉSTE RESPONDA COMBATIENDO”(4)

Por Alfredo Jocelyn-Holt.

Exigir madurez política a un pueblo al que, por cien años, se le ha dominado con criterios paternalistas, no puede ser, pues, más insensato. Este último descargo, por cierto, no justifica el recurso a la violencia. Si algo hemos sacado en limpio de nuestra larga y entrampada historia con los mapuches es que ésta no resuelve nada. A lo único que conduce combatir al mapuche es que éste responda combatiendo, y en este plano, me temo, son formidables.

 

La batalla cultural

Entre tanta alarma que, con o sin razón, rodea el conflicto mapuche hay un aspecto que merece destacarse como positivo. Solemos pasarlo por alto. Me refiero al lento -casi imperceptible- cambio produci­do últimamente en nuestras conciencias respecto a la tenacidad de este pueblo, su vigor y legítima demanda de que se le tome en cuenta.

Recordemos cómo décadas atrás había que poco menos que viajar a “otro país” para encontrarnos con una de esas mujeres altivas, monumentos sobrevivientes de su raza, alhajadas con delica­dos ornamentos de plata, tamboreando su cultrún. Hoy por hoy, es cosa de caminar por nuestros paseos peatonales santiaguinos para escucharlas. Digo bien -“escu­charlas”, “oírlas”- porque como constará a cualquiera que se ha topado con alguna de ellas, no están allí para que se las foto­grafíe en tanto especímenes exóticos, turístico-culturales.

Fotografías de ellas, de hecho, existen muchas y de muy excepcional calidad. Algunas de colores vivísimos, muy actuales; otras, más viejas o sepias, seguramente retratos de sus abuelas. Circulan por doquier: en postales, en publicaciones de arte magníficamente editadas, como también en estudios antropológicos o históri­cos, cada vez más serios. En las librerías suelen destacárseles; es cuestión de fijarse en los mesones de entrada.

Décadas atrás, recordemos también, hablábamos de “araucanos”; hoy en día, por respeto a como ellos mismos se autodenominan, les decimos “mapuches”. El giro es significativo. Tanto como la desaparición de esas largas listas de “cambio de apellidos” (la mayoría ancestrales, sustituidos por nombres comunes y corrientes chilenos o españoles) a las que todavía en los años 70 y 80 los periódicos solían recurrir a fin de rellenar sus insulsas páginas. Lo mismo cabría decirse de palabras como “rehue”, “machitún”, “winka” o “marichiweu”. Términos que, junto con exigirnos un mayor conocimiento, nos abren a una apreciación enteramente novedosa del mundo en el que queremos seguir viviendo. ¿A quién, hoy en día, se le ocurriría pensar, por ejemplo, que un canelo o una araucaria son árboles cualquiera, o que un “bosque nativo” es lo mismo que una “plantación forestal”?

Pequeños detalles, giros verbales, que estarían dando cuenta de un trascendental cambio de sensibilidad entre nosotros. En efecto, en el último tiempo nos hemos vuelto más atentos y tolerantes para con “el otro”, el distinto, por lo que nos puede aportar en sabiduría. De hecho, no pudiéndolos vencer ninguneándolos, extinguiéndolos, o, en el mejor de los casos, mitificándolos (Ercilla mejor que nadie), confesemos hidalgamente ésta, nuestra última derrota frente al mapuche: la cultural. Triunfo que, en ningún caso, nos aminora. Por el contrario, nos ennoblece no haber podido imponernos enteramente. De ahí que, a cambio, hayamos crecido en humanidad, amplitud de criterio y espesor cultural.


La batalla política

Si en el ámbito cultural hemos debido reconocer la validez y tenacidad del mapuche sin por ello tener que lamentar nuestra reciente toma de conciencia al respecto, ¿por qué no se vislumbra lo mismo en el plano político?

El asunto, en esta otra dimensión, es más complejo. El mundo mapuche no manifiesta la misma cohesión a la hora de organizarse políticamente. Son fáciles de dividir. Militancias partidistas, cuadros disciplinados, formación ideológica, les son tan ajenos como lo fueron para nosotros al inicio de la República, con la particulari­dad, en su caso, de que se trata de una sociedad todavía ágrafa, muy pobre, y sin afanes colectivos totalizadores. A lo sumo puede aspirar a representar sus propias demandas, pero ni el peso de su población no insignificante (casi 800 mil habitantes) aunque dispersa (500 mil mapuches viven en Santiago), ni la falta de liderazgos comunes, le permiten superar su calidad de minoría electoral mucho menos potente que su significación social real.

No obstante esta debilidad, tradicional­mente crónica, no son inmunes a influen­cias y aprovechamientos políticos externos. De ahí que se les haya vuelto, en distintos momentos, o más pasivos o más radicalizados, sin que ello les haya reportado avance alguno en tanto pueblo tradicionalmente oprimido y discriminado. La desconfianza del mapuche no es tan sólo con un Estado que, a fines del siglo XIX, los invade y somete, despoja y reparte sus tierras. Es, también, con las leyes, instituciones y lógicas civiles y políticas que, lejos de integrarlos y asistirlos, han tendido a mantenerlos en un estadio de infantilismo político agudo. Exigir madurez política a un pueblo al que, por cien años, se le ha dominado con criterios paternalistas, no puede ser, pues, más insensato.

Este último descargo, por cierto, no justifica el recurso a la violencia. Si algo hemos sacado en limpio de nuestra larga y entrampada historia con los mapuches es que ésta no resuelve nada. A lo único que conduce combatir al mapuche es que éste responda combatiendo, y en este plano, me temo, son formidables. Ni ellos ni nosotros nos hemos impuesto bélicamente en casi cinco siglos. Militarizar el conflicto, por tanto, sólo nos lleva a tener que repetirlo todo de nuevo.

¿Se ha llegado a ese punto? Lamentablemente, los dos extremos en este conflicto así lo plantean al resto del país y del mundo. A falta de una mayor información capaz de presentarnos un panorama más complejo que lo que aparece en pantalla, nos quedamos con la imagen de que, efectivamente, Arauco sería una zona de ocupación y que sus pobladores o son terroristas o, al menos, son encubridores y agitadores. A su vez, enfrentamientos, ataques a propiedades, enormes despliegues y operativos armados, huelgas de hambre, muertes y atentados -estos últimos en menos de una semana-, se encargan de reforzar, no con poco éxito, esta perniciosa imagen.


La batalla territorial

Confrontación la hay y con seguridad la seguirá habiendo. La hay cuando se invocan derechos ancestrales pasados a llevar, cuando se reclaman abusos históricos más recientes (usurpaciones de títulos de propiedades indígenas), cuando se oponen diferentes concepciones de progreso y de derecho, cuando se confrontan grandes intereses económicos por un lado, y pequeñas comunidades rurales por el otro.

Méritos no faltan a uno y otro lado del conflicto. Y todos, no nos confundamos al respecto, nos remiten a la zona en contienda. Como su mismo nombre lo da a entender, un pueblo mapuche sin tierra está condenado a desaparecer. Por eso que es tan imperativo encontrar, a mediano plazo, no tanto una solución definitiva, todavía prematura, como los mecanismos y espacios que harían posibles futuros entendimientos.

Esa y no otra es la deuda pendiente no sólo con este pueblo sino con nosotros mismos, puesto que lo que en esta zona ocurre -lo sabemos de sobra- invariablemente amenaza con desestabilizar al resto del territorio. Mecanismos en este orden de cosas, de hecho, han existido en el pasado y han mostrado su efectividad. Bajo dominio español, y vaya que nuestros antepasados lo aprendieron después de siglos de  contienda, se intentaron dos estrategias que, a la postre, fueron acogidas por el otro lado del litigio. La principal era dejarlos tranquilos, respetar su dignidad y autonomía, replegándose de la zona cuando no se la pudo someter manu militari. La otra era parlamentar o, lo que es lo mismo, oírlos y negociar cuantas veces fuera necesario. Si en su momento estas dos vías funcionaron relativamente bien, mucho mejor que lo de ahora, ¿por qué no trabajar en esta línea? De lo contrario, se ahondará en la espiral creciente de violencia y no habrá retorno posible por largo tiempo. Y, tiempo, conste, es lo que mejor maneja este pueblo. Su sobrevivencia varias veces centenaria los apoya y los cambios en la sensibilidad cultural mundial tienden últimamente a favorecerlos. Al final, lo único que nos une con el pueblo mapuche es la paz. Por eso pretender conseguirla sin respeto al otro y sin reconocimiento de su autonomía es falaz.

 

Notas.

1.- Gabriel Salazar y Julio Pinto. “Historia Contemporánea de Chile II: actores, identidad y movimiento”. Edit LOM. 1999, p. 137.

2.- J. Bengoa. “Los derechos de los Pueblos Indígenas: El debate acera de de la declaración internacional” en Liwen n° 4. Centro de Estudios y documentación Mapuche Liwen, Temuco, 1997, p. 214.

3.- de acuerdo a los datos aportados por el último censo de población (1992) y la comisión Nacional de Pueblos Indígenas, este es el total de población indígena según etnia:

Mapuche       928.060.

Aymara            48.447.

Rapa nui          21.848.

Atacameña      10.000.

Qawasqar             101.

Qaghan                   64.

4.- Revista Qué Pasa –  Profesor Alfredo Jocelyn Holt – 11-01-08.

03
Oct
10

El sentido de la Educación Pública

Según ha trascendido, en los hornos de la política se está fraguando una ley que rija los destinos de la alicaída educación pública chilena. Y como intuimos, parece que también se hará a la chilena. Para este efecto, el timonel del Partido Socialista Osvaldo Andrade se habría reunido con el ministro Lavín *, para consensuar los ingredientes del estofado y, como es costumbre, servir la mesa con el menú ya preparado. En este sentido, quiero invitarlos a “degustar” el interesante artículo del abogado Fernando Atria, publicado en el último número de Revista Docencia; en el cual revisa, desde una perspectiva jurídica, las principales acepciones que se manejan sobre educación pública y, a la vez sus principales incoherencias

¿??????????????????????????????????¿

El sentido de la Educación Pública

Fernando Atria (1)

Uno de los aspectos más insólitos de la reflexión sobre el sistema educacional chileno es que se piensa desde el establecimiento particular pagado. El establecimiento particular pagado es el que expresa de modo más pleno la idea de un establecimiento educacional y lo que es en principio aceptable (o deseable) que un establecimiento haga (o pueda hacer). Un colegio particular subvencionado es como uno particular pagado, con una característica accidental adicional: que atiende personas que no pueden pagar su colegiatura, y por eso existe la subvención. Y un establecimiento municipal es como uno subvencionado, con una característica accidental adicional: que su “sostenedor” tiene la “naturaleza jurídica” de “municipalidad” (o “Estado”).

Esto ha llevado a una radical homologación del régimen de los dos últimos al régimen del primero. Así, si los establecimientos que sirven de modelo pueden cobrar por la educación que ofrecen, es decir, ofrecerla condicionalmente al público, y pueden seleccionar, eso implica que, en principio, también pueden hacerlo los otros. Y con esa lógica se introdujo el financiamiento compartido, y se autorizó incluso a los establecimientos municipales a cobrarlo. Si los establecimientos particulares pagados, cuyo régimen jurídico es el de una empresa privada, pueden elegir libremente con quién realizar contrato, y por eso seleccionar unilateralmente estudiantes, o expulsarlos por infracción a reglamentos unilateralmente fijados por el dueño, ese mismo poder lo tienen, en principio, los establecimientos subvencionados y municipales. La conclusión de este razonamiento es que la “educación pública” no tiene nada de peculiar, nada que justifique una preocupación especial o un programa de fortalecimiento. En rigor, que la categoría de educación pública no existe más que como una pura forma jurídica, sin contenido.

Por esto, se ha sostenido que, más allá de los formalismos jurídicos, el concepto de “educación pública” debe incluir a los establecimientos particulares subvencionados.

Esto es un grave error, y estas líneas tienen por finalidad aclarar por qué tiene sentido hablar de “educación pública”, excluyendo los establecimientos particulares pagados y subvencionados.

Dos (no tres) conceptos de educación

Pública.

Hay un sentido en que toda educación provista en el contexto de un sistema educacional como el chileno es pública. Éste es el sentido en que la expresión es utilizada en la denominación que reciben ciertas escuelas inglesas: “escuelas públicas” (public schools). Esas escuelas, paradójicamente, son las más exclusivas y selectivas del sistema educacional inglés (están probablemente entre las escuelas más selectivas y exclusivas del mundo), abiertas sólo a los ultra-ricos. La razón por la que se denominan “public schools” es que ellas originalmente surgieron como una alternativa a la educación que recibía el hijo del aristócrata a manos de un instructor o institutriz, en privado, en el palacio familiar (como Aristóteles educaba a Alejandro Magno). En contraposición a esa forma de educación, el hecho de tener que salir del palacio y encontrarse con otros estudiantes era lo que caracterizaba a la educación recibida en una escuela como “pública”. Si éste es el criterio de lo público, toda educación provista por un establecimiento educacional es “pública” por definición.

Ahora bien, en la discusión sobre el fortalecimiento de la educación pública apareció una tesis que defiende un concepto de educación pública más restringido que el anterior. Conforme a este nuevo concepto, entender que la educación pública es sólo la provista por agencias estatales es demasiado estrecho, y debe reconocerse que, en el sentido relevante, la educación pública incluye a la denominada “particular subvencionada”. Este es un concepto más restringido que el primero porque acepta que el concepto de educación pública no incluye a la educación “particular pagada”, pero reclama estar libre del formalismo del que dice que educación pública es sólo la provista por el Estado. Lo que importa no es quién provee la Educación sino qué educación se provee.

Nuestra situación actual, entonces, es que hay aparentemente disponibles tres conceptos de “educación pública”, y lo que este artículo intenta hacer es determinar cuál es el políticamente relevante cuando se discute sobre la importancia de este tipo de educación.

El primer concepto es el que subyace a la denominación de las “escuelas públicas” inglesas: es pública toda educación que exige que el estudiante abandone la casa familiar y se encuentre con otros en un establecimiento educacional, lo que implica que todos los establecimientos educacionales son por definición parte de la educación pública. El segundo concepto es el tradicional: la educación pública es el provisto por órganos del Estado; por consiguiente sólo los establecimientos municipales son parte de la educación pública. El tercer concepto es uno que se presenta como intermedio: es pública la educación provista por establecimientos municipales y subvencionados. El que defiende esta tercera posición cree que atender al solo hecho de que algunos establecimientos son de propiedad del Estado es un formalismo jurídico irrelevante, y que si evitamos los formalismos veremos que, en el fondo, la educación municipal y la subvencionada deben ser consideradas como pertenecientes al mismo grupo.

En la discusión política chilena nadie pretende que, cuando se habla del “fortalecimiento de la educación pública”, se esté usando el concepto de educación pública en el primer sentido. La cuestión políticamente relevante, entonces, es determinar si la crítica que se hace al segundo concepto el que defiende el tercero es o no justificada. Si aceptamos el tercer concepto de educación pública, por ejemplo, debemos adherir a alguna forma de lo que se denomina el principio de “igualdad de trato”, que insiste que el Estado no puede tratar de modo diferente a la educación municipal y a la subvencionada, que toda política de fortalecimiento de la educación pública debe ir dirigida a estas dos categorías de establecimientos, y que mostrar una atención preferente por la educación municipal es una discriminación arbitraria.

Ahora bien, si se trata de defender el tercer concepto de “educación pública”, la pregunta obvia es qué es lo que es común a los establecimientos estatales y los particulares subvencionados y los distingue a ambos de los particulares pagados; qué es, en otras palabras, lo que definiría esta nueva categoría. Aunque la respuesta es bastante obvia, es importante detenerse en el hecho de que los que la defienden no son particularmente prolijos. J. J. Brunner, por ejemplo, ha dicho (en El Mercurio, 13 de julio de 2008) que “En Chile se llama educación pública a aquella ofrecida por los colegios municipales, sin reparar en que también la provista por establecimientos privados subvencionados es pública en todos los aspectos fundamentales (currículo, profesores, jornada escolar, textos, exámenes, medición de resultados, certificados otorgados, financiamiento),

con excepción de la propiedad de las escuelas”.

Lo que es claro aquí es que, con la excepción de “financiamiento”, los “aspectos fundamentales” a los que se refiere Brunner caracterizan por igual a toda la educación reconocida por el Estado. Si ellos fueran los que definen a la educación pública, deberíamos concluir que su objeción no es a la idea de que el Estado debe mostrar una especial preocupación por la educación estatal, sino una mucho más radical: todo el sistema educacional conforma la “educación pública”. Ahora bien, ésta no es la conclusión que el propio Brunner defiende, por lo que su enumeración debe ser entendida más como una licencia retórica que como una lista reflexiva.

Para remover la licencia hay que separar el “financiamiento”, que es el único criterio que permite agrupar a establecimientos estatales junto a particulares  subvencionados, excluyendo los particulares pagados. La mención a los otros “aspectos fundamentales” es aquí irrelevante.

Pero ¿no es esto igualmente “formalista”? ¿Por qué es un formalismo apelar a la “naturaleza jurídica” del proveedor y no es formalista apelar a la naturaleza jurídica del que paga por la provisión? La respuesta es obvia: cuando el que paga por la educación es el Estado, y no el individuo, ella deja de quedar condicionada a la capacidad del individuo de pagar por su educación. Éste sería el criterio relevante para definir lo que cuenta como educación pública. Es una cuestión de acceso: educación pública=educación abierta a todos.

Es claramente incorrecto, sin embargo, decir que la educación provista por los establecimientos particulares subvencionados está en principio abierta a todos. Ello por dos razones. La primera es que esos establecimientos están habilitados legalmente para cobrar a sus estudiantes (a sus padres) una cantidad mensual de dinero que la ley denomina “financiamiento compartido”. Conforme al propio criterio utilizado por los críticos, entonces, estos establecimientos no deberían ser entendidos dentro de la categoría “educación pública”.

Pero la razón principal no es el financiamiento compartido. En Chile se ha entendido (incorrectamente, a mi juicio, aunque eso es ahora irrelevante) que es parte fundamental de la libertad de enseñanza de la que gozan los sostenedores de estos establecimientos el que ellos puedan no sólo definir su propio proyecto educativo, sino adicionalmente invocarlo como una razón que guía sus criterios de selección o permanencia. Por consiguiente, los establecimientos particulares subvencionados no están en principio abiertos a todos, sino sólo a quienes tienen formas de vida o concepciones de la educación o del mundo, etc., que de acuerdo a la decisión unilateral del sostenedor son compatibles con su proyecto educativo.

Nótese que estas dos cuestiones son enteramente independientes: del hecho de que el sostenedor pueda establecer y ejercer un proyecto educativo no se sigue que una de las maneras de “ejercerlo” sea transformarlo en estándar de admisión al establecimiento. La ley podría perfectamente reconocer y proteger el primer derecho pero negar el segundo. La conexión entre ambos suele establecerse con un argumento particularmente débil: sólo si el sostenedor puede seleccionar estudiantes por su conformidad con “su” proyecto educativo es posible asegurar la “comunidad de valores” que un proyecto educativo requiere para ser exitoso. Quienes sostienen esta excéntrica idea ignoran sistemáticamente que, como en Chile nadie tiene la obligación legal de asistir a un establecimiento en particular, esa comunidad de valores se puede asegurar sin que el establecimiento pueda seleccionar, ya que el hecho de que el establecimiento deba ser elegido por los padres es suficiente para garantizar esa comunidad de valores. Por estas dos razones no puede decirse que los establecimientos particulares subvencionados estén abiertos a todos.

Que un establecimiento educacional esté abierto a todos quiere decir que en principio todos tienen el derecho de ser admitidos por ese establecimiento, derecho que sólo cede, como todo derecho, cuando su cumplimiento es físicamente imposible (no implica que un establecimiento no esté abierto a todos el hecho de que ese establecimiento no pueda, por razones fácticas de limitación de recursos, recibir a todo el que postula cuando la demanda excede las plazas disponibles). Por consiguiente, es importante notar que el hecho de que los establecimientos de la educación particular subvencionada no estén en principio abiertos a todos no es una generalización a partir de las políticas efectivamente adoptadas por algunos, muchos o todos esos establecimientos. No es un punto, en otras palabras, que sea sugerido por la evidencia empírica disponible, por lo que no es refutable por referencia a dicha evidencia. Es una observación sobre (la interpretación dominante de) el régimen legal aplicable a esos establecimientos, que entiende la libertad de enseñanza del sostenedor de modo tal que es incompatible con entender que quienes postulan a su establecimiento tienen un derecho, fundado en su condición de ciudadanos, a ser admitidos.

En efecto, que alguien tenga un derecho quiere decir que hay otro que tiene un deber. Esta obligación del deudor, una vez surgida, es independiente de su voluntad, en el sentido de que ya no puede decirse que el deudor tiene la libertad de decidir si paga o no paga (está obligado a pagar). Como (la interpretación dominante de) el régimen legal de la educación particular subvencionada permite al sostenedor exigir una cierta cantidad de dinero a cambio de la prestación de servicios educacionales, y le permite además definir unilateralmente un proyecto educativo conforme al cual ciertos ciudadanos no son elegibles o son menos elegibles que otros, no puede decirse que todo ciudadano esté, ante un establecimiento particular subvencionado, en la posición de quien tiene derecho a ser admitido, porque el establecimiento no tiene el deber de recibirlo.

Nótese que en esto hay una diferencia considerable con la educación estatal: si bien ésta también está autorizada para cobrar como financiamiento compartido un pago en dinero por el servicio provisto, esa autorización tiene una limitación que mantiene esa forma educacional abierta a todos, porque los establecimientos municipales que cobren financiamiento compartido deben aceptar gratuitamente a todos los alumnos residentes en la comuna (Art. 23 DFL 2 de 1998).

La razón por la cual la autorización dirigida a establecimientos municipales para exigir el pago del financiamiento compartido necesita estar sujeta a esta limitación es la contenida en el artículo 19 N° 10 de la Constitución: todas las personas tienen un derecho a la educación. Por la misma razón, no puede decirse que los establecimientos municipales tengan libertad de enseñanza en el sentido en el que se entiende dicha libertad en Chile, es decir, como justificación de políticas de selección y exclusión. Si los establecimientos municipales tuvieran esa libertad de enseñanza, entonces nadie tendría derecho a ser educado.

Es verdad que hoy no hay una regla que impida a los establecimientos educacionales del Estado fijar proyectos educativos por referencia al cual puedan seleccionar alumnos. Pero el solo hecho de que sean del Estado impone esa limitación por referencia, por ejemplo, a creencias religiosas o capacidad de pago. El caso más problemático es el de selección por méritos académicos. Hoy no hay obstáculos a que los establecimientos del Estado seleccionen de este modo, en buena medida porque, como hemos visto, el modelo de establecimiento sobre el cual se construyen los demás es el establecimiento particular pagado. Esto, desde luego, desnaturaliza la educación pública, y la propuesta del Ministerio de crear “liceos de excelencia” agudiza el problema. Pero el punto se sostiene: en principio, un establecimiento público no puede definir un proyecto educativo por referencia al cual seleccionar estudiantes (debe destacarse que el proyecto de ley de fortalecimiento de la educación pública se refiera a este punto, y si bien no prohíbe toda forma de selección, explicita su estatus: ya no es algo que los establecimientos públicos pueden desde luego hacer, sino que en principio no pueden hacerlo aunque en ciertos casos se justifique).

La referencia al derecho a la educación suele utilizarse, por los “expertos en políticas públicas”, de modo impropio, como si su relevancia se agotara en el hecho de que debe haber un sistema educacional con cobertura completa. Pero la lógica de los derechos es individualizada, no agregativa. No se trata (sólo) de que sea bueno que se alcance la cobertura completa en educación básica y media, se trata de garantizar que cada uno podrá recibir la educación que crea que es mejor. Ésta es la obligación del Estado: garantizar a cada ciudadano, individualmente, la educación que requiere. La existencia de establecimientos particulares subvencionados no es suficiente garantía del derecho a la educación, precisamente porque descansa en la idea de que el sostenedor puede poner condiciones al ingreso. En el régimen legal chileno la libertad especialmente protegida es la de los padres de elegir, no la de los sostenedores a seleccionar: “Los padres tienen el derecho preferente y el deber de educar a sus hijos. Corresponderá al Estado otorgar especial protección al ejercicio de este derecho” (Art. 19 Nº 10 inc. 3º. Constitución Política).

Sólo un sistema educacional cuyo régimen legal obliga a los proveedores a admitir a cualquier individuo que postula garantiza la educación a todos como un derecho. El régimen legal aplicable a la educación particular subvencionada no garantiza la educación como un derecho, porque el sostenedor tiene libertad, conforme a la ley, para establecer condiciones de ingreso, y la idea misma de que una exigencia es formulada como un derecho es incompatible con la libertad de aquel a quien se dirige la exigencia para condicionar su cumplimiento.

De modo que, examinada atentamente, la idea de que la categoría de educación pública incluye tanto a los establecimientos estatales como a los particulares subvencionados es incoherente.

Los sentidos relevantes, en el estado actual del derecho chileno, son dos: en uno, toda educación es pública (es el sentido de las public schools inglesas); en el otro, es pública la educación que es ofrecida por establecimientos que tienen el deber (correlativo al derecho a la educación de los individuos) de admitir a todo el que postule a ellos (salvo el caso obvio de imposibilidad material).

La tesis de que la educación “pública” incluye a los establecimientos estatales y a los subvencionados usa como criterio de distinción de lo público el hecho de que en ambos casos no es el individuo el que paga sino el Estado. Pero esta característica o es un formalismo sin justificación (tal como los críticos decían que era un formalismo atender a la “naturaleza jurídica” del establecimiento), o es importante porque abre el acceso a esos establecimientos a todos, no sólo a los que pueden pagar. Desde luego esta segunda opción es la que toma en serio el criterio que los propios críticos han utilizado para distinguir la educación subvencionada de la pagada. Pero habiendo aceptado este criterio (es pública la educación que está abierta a todos), sólo el que desconoce el régimen legal de la educación particular subvencionada puede creer que estos establecimientos están legalmente abiertos a todos y son parte, por lo tanto, de la educación pública.

De lo anterior no se sigue que el hecho de que los establecimientos particulares subvencionados reciban financiamiento público es enteramente irrelevante.

Hay un obvio interés público en especificar las condiciones bajo las cuales puede accederse a la subvención estatal y el modo en que puede ésta ser utilizada. El Estado tiene innegablemente el deber de velar por la correcta utilización de los fondos públicos, lo que se traduce en su deber de crear mecanismos de fiscalización adecuados al modo en que esos recursos se invierten. Esto desde luego justifica que

exista un régimen que permita el control del uso de los fondos estatales en establecimientos privados (del mismo modo en que sería, por ejemplo, enteramente inaceptable que el Estado creara un fondo de financiamiento de la investigación científica y tecnológica, pero no creara mecanismos de control del buen uso de esos recursos).

El argumento puede incluso llegar más lejos: como los establecimientos privados subvencionados pueden cobrar a los padres una cantidad que complementa la subvención estatal, y que de ese modo se transforma (en esos establecimientos) en condición para gozar de la subvención, el régimen al cual están sujetos los recursos estatales utilizados por los establecimientos privados puede también ser legislativamente extendido a los recursos captados por los establecimientos en tanto financiamiento compartido. Es evidente que para justificar esta conclusión no es necesario afirmar que los establecimientos privados subvencionados son parte de la educación pública; basta afirmar que reciben recursos del Estado, y aplicar a esos recursos entonces el régimen general de los recursos estatales. Una cuestión es la de definir qué cuenta como educación pública, y otra es especificar las obligaciones que, en general, el que recibe financiamiento público para algo adquiere por ese solo hecho.

Educación pública y educación Estatal

Hemos distinguido un concepto “amplio” de educación pública (las public schools inglesas) y uno “estricto” (educación abierta a todos). El concepto “intermedio” propuesto por los críticos, que incluye a todos los establecimientos educacionales que reciben algún financiamiento del Estado, fracasa en sus propios términos y por consiguiente no alcanza a constituir una tercera posibilidad. En sentido estricto, la educación pública es la que está sometida a un régimen legal conforme al cual ella está en principio abierta a todos como ciudadanos.

El sentido o finalidad, entonces, de un sistema de educación pública es garantizar a cada ciudadano la educación como derecho, correlativo del deber de quien la ofrece. De las tres categorías de establecimientos que conforman el sistema educacional chileno, sólo la de los establecimientos que pertenecen al Estado satisface esta condición, por lo que sólo la educación provista por establecimientos estatales puede ser denominada, en este sentido, “pública”.

Hay entonces una conexión entre el sentido de la educación pública (abierta a todos) y su forma jurídica (provista por establecimientos estatales). Esta conexión no es puramente contingente, como si no fuera más que el resultado de una historia que en cualquier punto particular podría haber evolucionado de otro modo. Ella se explica por la diversa posición que el individuo asume frente al Estado y frente a otros individuos.

Ante el establecimiento de propiedad del Estado el individuo concurre en términos asimétricos: basta su voluntad para que el establecimiento tenga la obligación de admitirlo. Esta asimetría entre el individuo y el establecimiento es reflejo de la posición general de asimetría que el ciudadano tiene frente al Estado: el individuo tiene derechos, y el Estado no, porque está “al servicio de la persona humana” (Art. 1° Constitución Política). Pero ante el establecimiento privado (subvencionado o no) el individuo no concurre como ciudadano sino como parte contratante. Y entre las partes contratantes existe la simetría propia del contrato y del mercado: ningún individuo está “al servicio” de otro. Como la relación entre el individuo y el establecimiento es en este caso simétrica, no basta la voluntad del primero para que el segundo tenga una obligación: la concurrencia de su voluntad, como en todo contrato, es condición necesaria, pero no suficiente, para que haya contrato.

Por consiguiente, la explicación que hemos encontrado del sentido de la educación (estrictamente) pública vincula la forma institucional de ciertos establecimientos (son propiedad del Estado) al sentido de la educación pública (educación abierta a todos, ante la cual el individuo concurre como ciudadano ejerciendo un derecho). Luego, la categoría de “educación pública” se identifica con la de “educación provista por establecimientos de propiedad del Estado” reteniendo su sentido.

Es sencillamente falso decir que la única diferencia entre los establecimientos estatales y los particulares subvencionados es la naturaleza del titular de la propiedad sobre los mismos. Como consecuencia de esa diferencia en titularidad, el régimen legal de ambos es diferente en un punto críticamente importante si de lo que se trata es de garantizar un derecho: sólo ante los establecimientos del Estado el individuo concurre como ciudadano que ejerce su derecho.

¿Establecimientos públicos de propiedad

privada?

Ahora bien, la posición discutida al principio afirmaba que los establecimientos particulares subvencionados debían ser considerados parte de la educación pública. Lo que hemos visto hasta ahora muestra que este argumento se basaba en una noción incoherente de “educación pública”. Dado el régimen jurídico chileno, sólo la educación estatal es educación pública. Pero la cuestión podría plantearse, por así decirlo, al revés: ¿es posible concebir un régimen legal en el que establecimientos de propiedad privada sean parte de la “educación pública”?

En Chile hemos aceptado que es a través de iniciativas privadas que pueden perseguirse finalidades públicas. Pero la manera en que lo hemos hecho ha desnaturalizado esas finalidades, porque la finalidad “pública”, por ejemplo, de un sistema de salud no es sólo proveer de prestaciones de salud sino garantizar el derecho igual de cada ciudadano en tanto tal a esas prestaciones de salud.

Está en lo correcto el neo-liberal que alega que no hay razón por la que las finalidades públicas sólo puedan ser perseguidas por el Estado. Lo que es inaceptable (porque distorsiona esas finalidades) es su pretensión de que puede (o debe) hacerlo sujeto al régimen de los agentes privados. Para que las iniciativas privadas reemplacen al Estado en la provisión de prestaciones públicas es necesario que asuman la posición de asimetría que el Estado tiene frente al ciudadano.

Por consiguiente, no hay razón para negar la posibilidad de que se cree legalmente una categoría de establecimientos públicos de enseñanza que sean de propiedad privada. Para esto sería necesario configurar el régimen legal aplicable a esos establecimientos educacionales privados (en cuanto a su propiedad y gestión) de modo que ellos asumieran la posición de asimetría, ante el ciudadano, característica del Estado. Si esa categoría legal existiera, entonces la homologación entre establecimientos de propiedad del Estado y educación pública sería objetable (esto muestra que dicha homologación no es conceptual, es decir, necesariamente correcta e independiente del contenido del régimen legal aplicable). Mientras dicha categoría no exista, la homologación es correcta, y la subsistencia de la educación estatal es la marca de que el Estado chileno está comprometido con la educación como derecho del ciudadano.

Esto es hoy difícil de pensar porque no hay un estatuto de la educación pública. Como el establecimiento público es pensado desde el particular pagado, de modo que “público” sólo quiere decir “del Estado”, la idea de una educación pública provista por establecimientos que no sean de propiedad del Estado es radicalmente incoherente, como hemos visto que ocurre con la posición del crítico que pretendía revisar el concepto de “educación pública”.

Si la educación pública tuviera un régimen propio, la cuestión sería más fácil: bastaría decir que es público todo establecimiento, incluidos los que pertenecen en propiedad a agentes privados, que se someta a ese régimen. El proyecto de ley de fortalecimiento de la educación pública contiene un incipiente régimen legal del establecimiento público (el título II, Arts. 5-12)2. Si ese régimen fuera aprobado, no

hay razón por la que no podría aspirar a ser tratado como “público” un establecimiento de propiedad de una persona de derecho privado que estuviera dispuesta a asumir lo que el proyecto denomina “Deberes especiales de los sostenedores públicos”, y podría decirse entonces: la educación pública es la provista por establecimientos que asumen los deberes especiales que se siguen de la asimetría entre el Estado y el ciudadano.

Coda: ¿Es sostenible la educación pública

en un sistema mixto?

El argumento desarrollado más arriba tiene una consecuencia importante. En un sistema como el chileno, en que los establecimientos de la educación pública y de la educación particular deben coexistir compitiendo, los segundos pueden ofrecer en el mercado un bien inapreciable que los primeros por definición no pueden ofrecer: selección. Como algunos establecimientos (los privados) pueden ofrecer selección y otros (los públicos) no, la educación privada tenderá a ser la educación a la que asistan todos aquellos que se benefician de la selección. Los que no se benefician de ella son aquellos que en sentido económico, social o cultural están peor situados. En un sistema mixto como el chileno, la educación pública tiene una tendencia interna a transformarse en un ghetto de marginalidad.

Para mostrar que éste es el caso, basta notar que el que asiste a un establecimiento que establece condiciones de ingreso asegura por ese solo hecho que estudiará junto a otros individuos que satisfacen esos criterios de ingreso. Todo establecimiento que puede seleccionar, entonces, puede adecuar su oferta de educación a un “target”: la clase de individuos que pueden satisfacer sus condiciones de acceso (y así separarse de los que están debajo de ellos) y que no puedan satisfacer condiciones de ingreso de un establecimiento más selectivo (por lo que se separará de los que están más arriba de ellos).

Un sistema mixto como el chileno, entonces, tenderá a la progresiva segregación, y en definitiva cada uno asistirá al establecimiento que su dinero puede pagar: ni un peso más abajo ni un peso más arriba. Y en el fondo, desde luego, se creará un subsistema de estudiantes socioeconómicamente deprivados y socialmente marginados. Lo que caracterizará a ese subsistema será que sus establecimientos no seleccionan, y atienden entonces sólo a aquellos a los que la selección no beneficia.

El sistema educacional chileno es el paradigma de un sistema diseñado para transmitir el privilegio. En materia educacional, para el privilegiado Chile es el mejor de los mundos posible.

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* http://www.radiobiobio.cl/2010/08/23/preparan-proyecto-para-profunda-reforma-del-sistema-educacional-municipal/

Notas

1 Profesor de Derecho, Universidad de Chile, Universidad Adolfo Ibáñez. Este artículo incorpora material publicado en: Atria, F. (2009) ¿Qué es educación pública? Revista de Estudios Sociales, 117, 45-69, Corporación de Promoción Universitaria, Santiago. Y en Atria, F. (2007), Mercado y Ciudadanía en la Educación, Santiago, Flandes Indiano. A los que me permito remitir al lector.

25
Sep
10

La gente consume por que le ofrecen créditos

El canal de noticias 24 Horas Cable, a raíz del evento presidencial que juntó las estatuas de José Miguel Carrera y Bernardo O’Higgins como un símbolo de unidad nacional, invitó al premio nacional de historia 2006, Gabriel Salazar, para analizar esta medida, y además, darle una vuelta a estos doscientos años de historia republicana. La entrevista, fue realizada por los periodistas Mónica Rrincón y Davor Juranovic que, un poco incómodos, vierón como el académico desmitificaba algunos de los grandes hitos de la historia de Chile. La entrevista dura casi 20 minutos, y se puede descargar desde aquí:

http://www.24horas.cl/videos.aspx?id=87206&tipo=410

22
Sep
10

Premios Nacionales y la Huelga de Hambre de Comuneros Mapuche

El pasado 15 de septiembre, seis prestigiosos intelectuales chilenos, todos ellos premios nacionales, enviaron una carta al presidente de la república Sebastián Piñera. En la misiva, los académicos hacen un llamado al gobierno a entablar una mesa de diálogo con los comuneros en huelga de hambre, tendiente a allanar caminos que permitan acabar con la discriminación que por años viene sufriendo el pueblo mapuche, y que se expresa en la aplicación de la ley antiterrorista contra ellos. Es preciso recordar, que a la fecha, los Presos Políticos Mapuche llevan 73 días en huelga de hambre y sus demandas no parecen en ningún sentido desproporcionadas, sólo piden tres cosas: fin a la aplicación de ley anti terrorista en contra de ellos; que se les juzgue en tribunales civiles, hoy son juzgados por tribunales civiles y militares conjuntamente; y por último, que se impida a la fiscalía presentar testigos encubiertos o sin rostro.

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Santiago, 15 de Septiembre de 2010

Señor:
Sebastián Piñera Echenique
Presidente de la República
Presente

Los Premios Nacionales:
Nos encontramos profundamente conmocionados por la prolongada huelga de hambre de 34 mapuches, privados de libertad e imputados de la comisión de actos terroristas, perseguidos ante la Justicia ordinaria y militar. Nos dio cierto aliento el conocer de su reunión con dirigentes de los partidos políticos que se encuentran representados en el Parlamento y el anuncio de proyectos de leyes que podrían resolver la interpelación que nos hacen a la conciencia nacional los 34 mapuches que han puesto el sacrificio de sus cuerpos, privados de alimentos por más de sesenta días, para que en sus casos se haga justicia.

Ningún chileno puede permanecer indiferente frente a tal situación, menos en el tiempo histórico que nos encontramos y que nos habla de nuestras raíces, de nuestro ser nacional, de nuestro surgimiento como nación independiente en el concierto internacional.

Los pueblos originarios, especialmente el pueblo mapuche, forman parte indisoluble del ser chileno. Chile no sería Chile, ni los chilenos, chilenos propiamente tales, si no reconociéramos en nosotros el legado cultural de un pueblo que el dominador extranjero consideró valiente y heroico; de una dignidad y temple frente a la adversidad admirable. En la sangre de nuestros hermanos mineros que hoy aún subsisten bajo tierra está la herencia mapuche, aquella que forma carácter, y que define la identidad, de nuestros pueblos originarios.

Nos avergüenza y nos cuesta entender que sobrevivan y se les aplique leyes tan aberrantes como la ley antiterrorista, basada en presunciones en materias penales, que distorsionan absolutamente la naturaleza y veracidad de los hechos, y lesionan el derecho de todo ser humano a ser juzgado en forma justa, en directa relación y proporción con los actos efectivamente cometidos y no presumidos. La sola existencia de esta ley le da plena justificación moral al acto de sacrificio personal de estos 34 mapuches que hoy claman, no por la impunidad, sino simplemente porque se les juzgue por los daños o perjuicios que ellos hubieran efectivamente cometido y según las penas previstas en la legislación común para la comisión de dichos perjuicios y daños, sin aplicarles el superlativo de “terroristas” a actos que, según el derecho penal ordinario internacionalmente reconocido, no revisten tal carácter.

No podemos dejar de señalar que los proyectos de leyes anunciados para reformar esta legislación, no resuelven lo fundamental: que es restablecer la verdad sobre la naturaleza de los actos que se imputan a los 34 reos mapuches. Es un agravio a la razón, a la realidad, atribuirles el carácter de terroristas. Esta imputación es una mentira inaceptable, ellos sólo luchan por sus derechos ancestrales, utilizando los métodos históricos de resistencia ante los abusos cometidos, primero por el Imperio Español y luego por el Estado chileno. Este último es el que se ha encargado sistemáticamente de estigmatizarlos frente a la opinión pública nacional, criminalizando sus protestas políticas y sociales al calificarlas de terroristas.

Señor Presidente, usted era miembro del Senado cuando se aprobó la Ley Indígena. Lo invitamos a examinar las intervenciones parlamentarias que dan cuenta de las aberraciones y el desamparo que sufrieron los ascendientes del pueblo mapuche hoy en huelga de hambre: pillaje, robos, asesinatos, ocupaciones ilegítimas de sus tierras y tantos otros latrocinios, de los que hoy Chile entero se avergüenza. No podemos aceptar que aquellos -que sufrieron ayer en carne propia el terrorismo de Estado, en actos reconocidos por los propios parlamentarios, además de excluirlos y marginarlos de la sociedad, la que los instaba a renunciar a su identidad- sean hoy acusados de terroristas, cuando sólo reclaman sus tierras, sus derechos culturales, su reconocimiento constitucional como pueblo.

La única vía justa y rápida que podría resolver este dolor que traspasa nuestra alma nacional es que se modifique la Ley Indígena en términos de que los actos de reivindicación de sus derechos -reconocidos por la propia ley y el Convenio Nº 169 de la OIT, vigente actualmente en Chile-, y que se estimen penalmente reprochables sean procesados conforme a la ley penal común y los tribunales ordinarios de Justicia.

A su vez, nos parece moral y políticamente inaceptable exigir la deposición de la huelga de hambre como condición para encontrar una solución. Esa huelga de hambre no puede ser considerada como medida de presión, – porque la presión la ejercen sólo quienes tienen algún poder -, sino como la acción de quienes, careciendo de poder, echan mano de sus propios cuerpos, ejerciendo violencia contra ellos mismos, porque no tienen otro medio de hacer valer su voz en una causa que ellos y muchos estimamos como justa. Por lo que le pedimos encarecidamente acceda a la brevedad a abrir una mesa de diálogo, como es la solicitud de los comuneros en huelga, conducente a aceptar sin más dilación su legítima demanda de justicia.

Sólo así podremos resolver el drama nacional presente. De otra manera, Chile no podrá celebrar su Bicentenario.

Atentamente,

Castillo Velasco, Fernando
Premio Nacional de Arquitectura 1983

Salazar Vergara, Gabriel
Premio Nacional de Historia 2006

Uribe, Armando

Premio Nacional de Literatura 2004

Vila, Cirilo

Premio Nacional de Música 2004

Maturana, Humberto
Premio Nacional de Ciencias 1995
Núñez, Lautaro
Premio Nacional de Historia 2002