Archive for the 'Corte Interamericana de Derechos Humanos' Category

23
Feb
11

La Solución Pascua del Ministro Hinzpeter

"Quiero dejar en claro que lo que ocurre en Hanga Roa 
es estrictamente un conflicto entre privados"
(Rodrigo Ubilla)*

Hace unos días el Ministro Hinzpeter anunció ufano el término del conflicto del hotel Hanga Roa, expresando que esta “solución conseguida con esfuerzo y generosidad es histórica para Chile, para el gobierno, para el pueblo rapanui y para la familia Schiess” (1). En efecto, la empresaria hotelera habría donado el terreno que compró a un particular, pero, y esto lo sabe el ministro, se trata de un terreno que nunca debió ser vendido por el Estado; por lo cual, lo obrado constituye una solución de parche ya que patea el problema para más adelante.

Los Hechos

Si bien el gobierno, durante la toma del hotel Hanga Roa, trató de explicarlo como una componenda entre privados, el problema se arrastra de mucho más atrás involucrando directamente al Estado de Chile. En efecto, los terrenos en los que se encuentra emplazado el lujoso hotel hasta el año 1970 pertenecían a la familia Hito, fecha en que la patriarca del clan lo cedió al Fisco por 20 años a cambio de una casa. Posteriormente el terreno fue traspasado a la CORFO, quien en 1981 –plena dictadura- lo vendió al chileno Hugo Salas (2) por $31 millones, situación que contraviene flagrantemente Ley Pascua, de 1966 y el decreto 2882, dictado en 1979 (3). Posteriormente, en 1996, la familia Schiess compró el 95% de la sociedad inmobiliaria dueña del terreno y las instalaciones, posteriormente, el 2005 adquirió el 5% restante. Ese mismo año, la Sociedad Hotelera Interamericana, controlada por la familia Schiess, contrató con el Banco Estado un préstamo para financiar el proyecto hotel Rapa Nui, en el que a la fecha se habrían invertido cerca de 50 millones de dólares.

Haber, para entender, en plena dictadura la CORFO vende un terreno que estaba protegido por ley, tiempo después, en plena democracia, el Banco Estado concede a un particular no pascuense un préstamo para instalar un hotel de lujo, sin, me imagino, hacer un acucioso estudio de los títulos de dominio.

“Do it the Chilean way”

Ahora bien, si lo acontecido le parece raro espere a conocer la solución que consensuó el ministro Hinzpeter, quien aparece como garante del pacto Rapa Nui. La familia Schiess donará los terrenos a una fundación, en compensación por tan generoso gesto obtendrá el usufructo del hotel por 30 años (4). O sea, el Estado toma partido claramente por la empresa hotelera, no hace ningún mea culpa a la familia Hito, la mayor afectada y, por si fuera poco, busca una suerte de venta en cubierta, algo así como la etapa superior del do it the chilean way. La familia Hito, como era de esperarse, expresó: “con sorpresa hemos recibido el anuncio hecho por ministro Rodrigo Hinzpeter, en orden a disponer de las tierras de nuestra familia, que fueron ilegalmente vendidas por el Estado, violando la Ley Pascua” (5), en tanto amenazó con acudir a una corte internacional de justicia. Porqué Hinzpeter avaló este curioso acuerdo, con toda seguridad para ganar tiempo, los juicios en cortes internacionales son largos, lo suficiente para que el problema sea enfrentado por otro gobierno, uno tal vez que logre reparar con sentido de Estado las injusticias que se cometen contra nuestros pueblos originarios.

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* Subsecretario del Interior, Revista Qué Pasa. 22 del 10 de 2010. Ver en: http://www.quepasa.cl/articulo/1_4207_9.html

Notas

1.- Hinzpeter anuncia donación de terrenos de hotel Hanga Roa en Isla de Pascua. La Tercera, 18/02/2011. Ver en: http://latercera.com/noticia/nacional/2011/02/680-345956-9-hinzpeter-anuncia-donacion-de-terrenos-de-hotel-hanga-roa-en-isla-de-pascua.shtml

2.- Hugo Salas Román, fue Presidente de la Federación de Motociclismo de Chile, por dos períodos (80 y 90) y, además empresario en el rubro hotelero.

3.- La Ley Pascua de 1966, reconoció que las tierras de la isla pertenecen a los Rapa Nui y estableció la prohibición de venderlas a extranjeros, incluidos los chilenos continentales.

4.- El protocolo de acuerdo establece que los Schiess entregarán a la fundación el 0,5% de las ventas anuales del hotel durante los 10 primeros años y el 1% de las ganancias el período restante.

5.- Clan Hitorangi responde a anuncios de Hinzpeter. Ver en: http://www.observatorio.cl/node/1443

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22
Sep
10

Premios Nacionales y la Huelga de Hambre de Comuneros Mapuche

El pasado 15 de septiembre, seis prestigiosos intelectuales chilenos, todos ellos premios nacionales, enviaron una carta al presidente de la república Sebastián Piñera. En la misiva, los académicos hacen un llamado al gobierno a entablar una mesa de diálogo con los comuneros en huelga de hambre, tendiente a allanar caminos que permitan acabar con la discriminación que por años viene sufriendo el pueblo mapuche, y que se expresa en la aplicación de la ley antiterrorista contra ellos. Es preciso recordar, que a la fecha, los Presos Políticos Mapuche llevan 73 días en huelga de hambre y sus demandas no parecen en ningún sentido desproporcionadas, sólo piden tres cosas: fin a la aplicación de ley anti terrorista en contra de ellos; que se les juzgue en tribunales civiles, hoy son juzgados por tribunales civiles y militares conjuntamente; y por último, que se impida a la fiscalía presentar testigos encubiertos o sin rostro.

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Santiago, 15 de Septiembre de 2010

Señor:
Sebastián Piñera Echenique
Presidente de la República
Presente

Los Premios Nacionales:
Nos encontramos profundamente conmocionados por la prolongada huelga de hambre de 34 mapuches, privados de libertad e imputados de la comisión de actos terroristas, perseguidos ante la Justicia ordinaria y militar. Nos dio cierto aliento el conocer de su reunión con dirigentes de los partidos políticos que se encuentran representados en el Parlamento y el anuncio de proyectos de leyes que podrían resolver la interpelación que nos hacen a la conciencia nacional los 34 mapuches que han puesto el sacrificio de sus cuerpos, privados de alimentos por más de sesenta días, para que en sus casos se haga justicia.

Ningún chileno puede permanecer indiferente frente a tal situación, menos en el tiempo histórico que nos encontramos y que nos habla de nuestras raíces, de nuestro ser nacional, de nuestro surgimiento como nación independiente en el concierto internacional.

Los pueblos originarios, especialmente el pueblo mapuche, forman parte indisoluble del ser chileno. Chile no sería Chile, ni los chilenos, chilenos propiamente tales, si no reconociéramos en nosotros el legado cultural de un pueblo que el dominador extranjero consideró valiente y heroico; de una dignidad y temple frente a la adversidad admirable. En la sangre de nuestros hermanos mineros que hoy aún subsisten bajo tierra está la herencia mapuche, aquella que forma carácter, y que define la identidad, de nuestros pueblos originarios.

Nos avergüenza y nos cuesta entender que sobrevivan y se les aplique leyes tan aberrantes como la ley antiterrorista, basada en presunciones en materias penales, que distorsionan absolutamente la naturaleza y veracidad de los hechos, y lesionan el derecho de todo ser humano a ser juzgado en forma justa, en directa relación y proporción con los actos efectivamente cometidos y no presumidos. La sola existencia de esta ley le da plena justificación moral al acto de sacrificio personal de estos 34 mapuches que hoy claman, no por la impunidad, sino simplemente porque se les juzgue por los daños o perjuicios que ellos hubieran efectivamente cometido y según las penas previstas en la legislación común para la comisión de dichos perjuicios y daños, sin aplicarles el superlativo de “terroristas” a actos que, según el derecho penal ordinario internacionalmente reconocido, no revisten tal carácter.

No podemos dejar de señalar que los proyectos de leyes anunciados para reformar esta legislación, no resuelven lo fundamental: que es restablecer la verdad sobre la naturaleza de los actos que se imputan a los 34 reos mapuches. Es un agravio a la razón, a la realidad, atribuirles el carácter de terroristas. Esta imputación es una mentira inaceptable, ellos sólo luchan por sus derechos ancestrales, utilizando los métodos históricos de resistencia ante los abusos cometidos, primero por el Imperio Español y luego por el Estado chileno. Este último es el que se ha encargado sistemáticamente de estigmatizarlos frente a la opinión pública nacional, criminalizando sus protestas políticas y sociales al calificarlas de terroristas.

Señor Presidente, usted era miembro del Senado cuando se aprobó la Ley Indígena. Lo invitamos a examinar las intervenciones parlamentarias que dan cuenta de las aberraciones y el desamparo que sufrieron los ascendientes del pueblo mapuche hoy en huelga de hambre: pillaje, robos, asesinatos, ocupaciones ilegítimas de sus tierras y tantos otros latrocinios, de los que hoy Chile entero se avergüenza. No podemos aceptar que aquellos -que sufrieron ayer en carne propia el terrorismo de Estado, en actos reconocidos por los propios parlamentarios, además de excluirlos y marginarlos de la sociedad, la que los instaba a renunciar a su identidad- sean hoy acusados de terroristas, cuando sólo reclaman sus tierras, sus derechos culturales, su reconocimiento constitucional como pueblo.

La única vía justa y rápida que podría resolver este dolor que traspasa nuestra alma nacional es que se modifique la Ley Indígena en términos de que los actos de reivindicación de sus derechos -reconocidos por la propia ley y el Convenio Nº 169 de la OIT, vigente actualmente en Chile-, y que se estimen penalmente reprochables sean procesados conforme a la ley penal común y los tribunales ordinarios de Justicia.

A su vez, nos parece moral y políticamente inaceptable exigir la deposición de la huelga de hambre como condición para encontrar una solución. Esa huelga de hambre no puede ser considerada como medida de presión, – porque la presión la ejercen sólo quienes tienen algún poder -, sino como la acción de quienes, careciendo de poder, echan mano de sus propios cuerpos, ejerciendo violencia contra ellos mismos, porque no tienen otro medio de hacer valer su voz en una causa que ellos y muchos estimamos como justa. Por lo que le pedimos encarecidamente acceda a la brevedad a abrir una mesa de diálogo, como es la solicitud de los comuneros en huelga, conducente a aceptar sin más dilación su legítima demanda de justicia.

Sólo así podremos resolver el drama nacional presente. De otra manera, Chile no podrá celebrar su Bicentenario.

Atentamente,

Castillo Velasco, Fernando
Premio Nacional de Arquitectura 1983

Salazar Vergara, Gabriel
Premio Nacional de Historia 2006

Uribe, Armando

Premio Nacional de Literatura 2004

Vila, Cirilo

Premio Nacional de Música 2004

Maturana, Humberto
Premio Nacional de Ciencias 1995
Núñez, Lautaro
Premio Nacional de Historia 2002

11
Sep
10

Declaración de Cientistas Sociales en relación a la huelga de hambre de 34 presos mapuche

Al igual que los historiadores chilenos, un grupo de de Cientistas Sociales de cuatro universidades del sur de Chile han entregado una declaración pública en apoyo a las demandas de la nación mapuche, at portas de la celebración del bicentenario. En Chile, la llamada intelligentsia criolla está empezando a marcar  distancias con el discurso oficial que transmiten los grandes medios de comunicación de masas que, en forma reiterada, manejan una agenda informativa particularmente sesgada e interesada. Esta actitud, reveladora de un país que empieza a cuestionarse y a disentir con las armas de la razón le hace muy bien a la sociedad; ahora bien, la actitud de los cientistas  sociales debiera servir de guía a otras áreas del acontecer académico del país, como los abogados, cientistas políticos de las Universidades de Santiago.

A continuación, se reproduce en forma extensa la declaración:

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Declaración de Cientistas Sociales en relación a la

huelga de hambre de 34 presos mapuche

A las comunidades regionales, a la sociedad chilena, al gobierno, al Estado y a los pueblos indígenas:

Los  cientistas sociales y académicos de la educación superior de cuatro universidades del sur de Chile, abajo firmantes, deseamos expresar nuestra opinión por la situación que atraviesan desde hace más de 50 días 34 presos mapuche en huelga de hambre en las cárceles de Concepción, Temuco, Angol, Lebu, Valdivia y Chol Chol.

Estamos convencidos que la situación actual del pueblo mapuche y sus demandas son ecos de una situación de injusticias históricas, así como a la reiterada falta de comprensión intercultural y a la lógica de negación del que ha sido objeto por parte del Estado, de la sociedad chilena y de sus instituciones. Todas las investigaciones que los cientistas sociales llevamos adelante en la macrorregión sur permiten demostrar el modo concreto en que se han llevado adelante estos procesos de negación y subordinación del pueblo mapuche a través de una larga historia de desencuentros.

Asimismo, esta situación sociohistórica se torna mucho más compleja en la medida que el modelo económico predominante no se ajusta o es contrario a las dinámicas específicas de las comunidades indígenas, obligándolas a vivir de un modo marginal y en situación de pobreza estructural, o en su defecto a buscar en la migración la solución particular a esta situación de pobreza endémica. Con esto la sociedad global pierde la oportunidad de que parte de sus habitantes contribuyan al desarrollo democrático y justo de este país.

Desde hace algunas décadas, asistimos en estas regiones a un proceso de creciente organización de las comunidades mapuche, lo que permite avizorar nuevos modos de liderazgo y participación política que son esenciales para una superación de la situación de pobreza, así como acontece entre todos los pueblos indígenas de América Latina, y tal como lo reconocen la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y el Convenio 169 de la OIT, ambos instrumentos suscritos por el Estado Chileno.

Distintas instancias internacionales y nacionales, como la Relatoría de Naciones Unidas sobre Derechos y Libertades Fundamentales de los Pueblos Indígenas, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas y sus órganos de tratados y el recién creado Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile,  han planteado la necesidad que el Estado chileno reconozca y respete los legítimos derechos de los pueblos indígenas en Chile, así como la necesidad de no criminalizar la protesta social mapuche, como lo demandó el Relator Especial de Naciones Unidas Rodolfo Stavenhagen tras su visita del año 2003.

Por lo mismo, una situación histórica tan compleja como la vivida en estas regiones, en sus dimensiones económicas, políticas y culturales, no puede intentar resolverse por medio del uso de instrumentos jurídicos, como la ley antiterrorista, que no son adecuadas ni para la sociedad chilena ni para las movilizaciones y demandas de los pueblos indígenas.
Consideramos que es tiempo de avanzar hacia un Estado profundamente democrático que al celebrar sus 200 años de vida republicana se reconozca como un país multicultural. Y en este sentido reconocer los derechos de los pueblos indígenas sobre sus tierras y territorios ancestrales, en particular sus demandas de participación política, consulta y autonomía cultural y económica como otros países democráticos lo han asumido. En este sentido, la estructura jurídica nacional necesita avanzar en los lineamientos propios de una “política del reconocimiento”, que busque fortalecer los derechos universales y diferenciados de las personas y comunidades.

Reafirmamos que los pueblos indígenas de Chile, y los mapuche en particular, sean reconocidos en su aspiración a vivir en una país multiétnico, exentos de discriminación y exclusión, donde se les reconozcan sus derechos específicos, su historia y conocimientos ancestrales, sus formas de vida y sus proyectos políticos, económicos y sociales.

Como académicos sostenemos que en este Chile del Bicentenario es fundamental que la sociedad y el Estado chileno se abra al reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas porque sólo de esta manera lograremos construir una sociedad chilena efectivamente democrática, basada en la diversidad y donde la diferencia sea un valor y no un estigma negativo muchas veces basado en la discriminación.

Hacemos un llamado urgente a las autoridades, a los poderes del Estado, a los pueblos indígenas y a todas las instituciones y organizaciones civiles para que agoten todas las alternativas posibles que lleven esta situación tan extrema a buen término. Convocamos a los distintos actores a sumarse a una mesa de trabajo con el fin de encontrar puntos de acuerdo. Es hora de dialogar, está de por medio el respeto a la vida, la dignidad de las personas y los derechos fundamentales consagrados en la normativa nacional e internacional.

Académico(a)s firmantes
Karen Alfaro Monsalves, historiadora
Paula Alonqueo, psicóloga
Amaya Alvez, abogado
Andrea Aravena, antropóloga
Maya Arnao, antropóloga
Clara Ahumada, antropóloga
Manuel Baeza, sociólogo
Álvaro Bello, antropólogo
Marcelo Berho, antropólogo
Gustavo Blanco, sociólogo
Vilma Bragado, antropóloga
Alejandra Brito, historiadora
Noelia Carrasco, antropóloga
Bernardo Castro, sociólogo
Beatriz Cid, socióloga
Rodrigo Contreras, antropólogo
César Cuevas, biólogo
Fernando Díaz, teólogo
Alejandra Donoso O., antropóloga
Douzet María T., socióloga
Jaime Flores, historiador
Nicolás Gissi, antropólogo
Claudio González, sociólogo
Yanko González, antropólogo
Debbie Guerra, antropóloga
Alejandro Herrera, antropólogo
Fabien Le Bonniec, antropólogo
Alfonso Llancaqueo, profesor
Rosamel Millamán, antropólogo
Roberto Morales, antropólogo
Rodrigo Moulián, antropólogo
Ximena Navarro, arqueóloga
Ricardo Oyarzún, antropólogo
Ana María Oyarce, antropóloga
Blaise Pantel, sociólogo
Jorge Pinto, historiador
Maria Pia Poblete, antropóloga
Andrea Ponce, arqueóloga
Viviana Ramírez, antropóloga
Claudio Robles, historiador
Nabil Rodríguez, antropólogo
Fernando Robles, sociólogo
Jorge Rojas, sociólogo
Andrés Roldan, sociólogo
Gonzalo Saavedra, antropólogo
Ricardo Salas, filósofo
Lucía Saldaña, socióloga
Mario Samaniego, filósofo
Lilian Sanhueza, trabajadora social
Jeanne Simon, cientista  política
Juan Carlos Skewes, antropólogo
Maria Eugenia Solari, antropóloga
Sergio Toro, cientista político
Jorge Troncoso, antropólogo
Alvaro Ugueño, antropólogo
Olga Vásquez, antropóloga
Luis Vivero, trabajador social
Francisco Vega, cientista político
Guillermo Williamson, educador
José Manuel Zavala, antropólogo
Lionel Zúñiga, sociólogo
Académicos nacionales:
Tatiana Araya, antropóloga
Marcelo Ávila Inostroza, sociólogo
María Inés Arribas, arquitecto
Mónica Bahamondes, antropóloga
Miguel A. Barrera Muñoz, profesor y psicólogo
Florencia Barrientos, educadora
Mercedes Barros Saavedra, profesora
Eva Carmona, antropóloga
Patricia Castañeda, educadora
Inés Rossana Ciorino Navarro, trabajadora social
Tatiana Cisternas, educadora
Natalia Cuéllar Díaz, actriz y profesora.
Catalina Chávez Carrasco, psicóloga
José Alberto de la Fuente, profesor y presidente del Sindicato de Trabajadores UCSH.
Alberto Díaz, etnohistoriador
Tatiana Díaz, educadora
Leonora Díaz, educadora
Sofía Druker,  antropóloga

Paulina Fernández Moreno, psicóloga

Ana María Figueroa, educadora
Lorena Fries, abogada.
Antonio García, antropólogo
Marcos García de la Huerta, filósofo
Gladys Geisse  educadora
Wendy Godoy Ormazabal, trabajadora social
Nicolás Gómez Nuñez, sociólogo
Felicia González, educadora
Valeria Herrera,  educadora
Cristina Hurtado, filósofa,
Nolfa Ibáñez, educadora
Mario Lagomarsino Barrientos, sociólogo
Margarita Lira, antropóloga
Francisca Marquez, antropóloga
Oscar Mendoza, antropólogo
Patricia Morales, educadora
Claudio Muñoz, educador
Eugenia Muñoz Piña, economista
Andrea Peroni, socióloga,
Rolando Pinto, educador
Mario Ociel, antropólogo
Ana María Oyarce, antropóloga
Virna Osses Marchant, educadora
Jaime Retamal, filósofo
Gonzalo Reyes, psicólogo
María Angélica Rodríguez Llona, asistente Social
Javier Romero Ocampo, sociólogo y psicólogo
María Soledad Rodríguez, educadora
Pablo Salvat, filósofo
Andrea Seelenfreund, arqueóloga
Rodrigo Sepúlveda, antropólogo
Ignacio Schiappacasse, economista
Angela Soteras, educadora
Ethel Trengove Thiele, profesora
William Thayer, filósofo
Jorge Vergara Estévez, filósofo
Verónica Verdugo Bonvallet, trabajadora social
Paula Vidal Molina, asistente social


Académicos extranjeros:
Ana M. Álvez, Universidad del Comahue
Hermes Benítez, Canadá
Alcira Bonilla, Universidad de Buenos Aires
Carlos Cullen, Universidad de Buenos Aires
Juan Carlos Iglesias, Uruguay
Agustín Lao-Montes, Universidad de Massachussets
Guillermo Mac Lean, Universidad de Costa Rica
Patricia Monsalve, Universidad de Buenos Aires
Héctor Ortiz, UNAM
Carlos Pérez Z.,  Universidad de Rio Cuarto
Enrique Puchet, Universidad de la República
Horacio Riquelme, Universidad de Hamburgo
Rodolfo Stavenhagen, Colegio de México
Fidel Tubino, Pontificia  Universidad Católica de Lima
Sirio López, Universidad de Río Grande

01
Sep
10

TERCERA DECLARACIÓN PÚBLICA DE HISTORIADORES EN APOYO AL PUEBLO MAPUCHE

Como en otras dos oportunidades, un grupo de historiadores tanto chilenos como extranjeros, hacen un llamado de atención al Estado de Chile sobre la situación a la que se ve enfrentado el pueblo mapuche. Convocando además a historiadores, profesores de Historia y estudiantes de Historia, a manifestarse públicamente, el próximo martes 7 de septiembre, a las 12.00 horas en el frontis del Archivo Histórico Nacional.

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TERCERA DECLARACIÓN PÚBLICA DE HISTORIADORES

EN APOYO AL PUEBLO MAPUCHE

Los historiadores e historiadoras que suscribimos esta declaración nos vemos, una vez más, en la obligación moral de denunciar la sistemática política represiva que el Estado de Chile despliega en contra del pueblo mapuche. Las comunidades mapuche que han levantado como principales demandas la restitución de sus tierras ancestrales, el respeto a su condición de nación y el reconocimiento a su autonomía política, enfrentan hoy día una triple ofensiva represiva.

En primer lugar, policial. El territorio de la Araucanía continúa fuertemente militarizado, las comunidades son allanadas periódicamente y en la mayoría de las circunstancias sus habitantes son objeto de golpes, insultos y acciones de amedrentamiento. Los comuneros han denunciado, incluso, que sus viviendas son destruidas y sus alimentos y enseres son arrojados al piso. El trato que la policía brinda a mujeres, ancianos y niños es vejatorio y humillante. El despliegue policial, además, se caracteriza por el uso abusivo de un sofisticado arsenal, que incluye, helicópteros artillados, vehículos blindados, armamento automático y gases tóxicos.

En segundo lugar, los mapuche son objeto de una cuidadosamente orquestada ofensiva judicial. El Estado de Chile, a contrapelo de todos los tratados internacionales que ha suscrito, niega la existencia de un conflicto político en la Araucanía. En consecuencia, recurre a la legislación que dictara de manera espuria la dictadura militar (Ley 18.314 sobre conductas terroristas), para judicializar tanto las reivindicaciones como las movilizaciones del pueblo mapuche. Cabe señalar que 32 presos políticos mapuche se encuentran en huelga de hambre, en diferentes penales del sur del país, desde el 12 de julio de 2010. Este movimiento denuncia una serie de abusos e irregularidades de los cuales son objeto, entre las cuales destacan: torturas y vejámenes a los detenidos, montaje mañoso e ilegítimo de “pruebas” incriminatorias, uso de testigos encubiertos, doble procesamiento (tanto en tribunales de garantía como en tribunales militares) y solicitud por parte de las fiscalías de la aplicación de penas desmedidas en relación con los delitos que se les imputan. En el caso de Héctor Llaitul Carrillanca la Fiscalía de Cañete ha solicitado más 103 años de cárcel para el inculpado (sin contar los que está pidiendo la Justicia Militar). Cabe consignar que recientemente el cabo de carabineros Walter Rodríguez, responsable del asesinato del weichafe Matías Catrileo, en la zona de Vilcún en enero de 2008, fue condenado por la Corte Marcial a 3 años y un día de prisión. No obstante, este mismo tribunal dispuso concederle al asesino el beneficio de la libertad vigilada. Irregularidades y discriminación son la constante en los proceso que se siguen contra los mapuche encarcelados.

Por último, las comunidades mapuche enfrentan una ofensiva mediática. La mayoría de los grandes medios de comunicación del país, controlados por los mismos grupos económicos que depredan los recursos de la zona sur, no sólo han tendido un cerco de silencio en torno a las reivindicaciones de las comunidades en conflicto y a la larga huelga de hambre de los presos políticos mapuche; también han distorsionado groseramente el fondo y la forma de las movilizaciones y acciones de protesta que los mapuche han desplegado. La verdad irrefutable es que la violencia en la Araucanía ha sido protagonizada, fundamentalmente, por los aparatos de seguridad del Estado, mientras que las comunidades agredidas sólo han hecho uso (por lo demás con recursos operativos muy precarios), de su legítimo derecho a la autodefensa.

Convencidos de la necesidad de detener el accionar represivo del Estado en el sur de Chile y reconociendo el legítimo derecho de los pueblo originarios a la restitución de sus tierras usurpadas y a su autonomía social y política, los abajo firmantes convocamos a los historiadores, profesores de Historia y estudiantes de Historia, a manifestar públicamente estas denuncias el próximo martes 7 de septiembre, a las 12.00 horas en el frontis del Archivo Histórico Nacional.

Santiago, 1 de septiembre de 2010.

LISTA DE FIRMANTES AL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2010

Sergio Grez Toso, Universidad de Chile.

Igor Goicovic Donoso, Director Magíster de Historia Universidad de Santiago de Chile.

Josep Fontana, catedrático emérito de la Universitat Pompeu Fabra, Barcelona, Catalunya.

Jorge Pinto Rodríguez, Universidad de la Frontera, Temuco.

Florencia E. Mallon, University of Wisconsin, Estados Unidos.

Julio Pinto Vallejos, Director Departamento de Historia, Universidad de Santiago de Chile.

Mario Garcés Durán, Universidad Santiago de Chile, Director ECO Comunicaciones.

Verónica Valdivia, Universidad Diego Portales.

Alberto Díaz Araya, Jefe Carrera de Historia y Geografía Universidad de Tarapacá, Arica.

Nelson Castro Flores, Jefe Carrera de Pedagogía y Licenciatura en Historia y Ciencias Sociales Universidad de Viña del Mar y profesor de la Universidad de Valparaíso.

Alexis Meza Sánchez, Vicerrector Académico Universidad ARCIS.

Claudio Barrientos, Director Escuela de Historia Universidad Diego Portales.

Luis Castro C., Director Carrera de Pedagogía en Historia y Ciencias Sociales Universidad de Valparaíso.

Pedro Rosas Aravena, Director Escuela de Historia y Ciencias Sociales, Universidad ARCIS.

Rodrigo Ruz Zagal, Jefe Archivo Histórico Vicente Dagnino, Universidad de Tarapacá, Arica.

Patrick Puigmal, Director del Programa de Estudios y Documentación en Ciencias Humanas (PEDCH) de laUniversidad de Los Lagos.

Carlos Gutiérrez P., Director Centro de Estudios Estratégicos.

Carlos Molina Bustos, Ministerio de Salud, responsable de la investigación histórica de la Unidad de Patrimonio Cultural del Ministerio de Salud, Chile.

Margarita Iglesias Saldaña, Directora de Relaciones Internacionales Facultad de Filosofía y Humanidades, Universidad de Chile.

Sergio Guerra Vilaboy, Presidente de la Asociación de Historiadores Latinoamericanos y del Caribe (ADHILAC) y profesor de la Universidad de La Habana.

Juan Guillermo Muñoz Correa, Universidad de Santiago de Chile.

Pedro Bravo Elizondo, Wichita State University, Kansas, Estados Unidos.

Francisco Peña Torres, Université Paris I, Panthéon- Sorbonne, Francia.

Carlos Contreras Painemal, Universitaat, Berlín, Alemania.

Jorge Magasich, Institut des Hautes Études des Communications Sociales, Bruselas, Bélgica.

José del Pozo, Université de Québec à Montreal, Canadá.

Augusto Samaniego Mesías, Universidad de Santiago de Chile.

Pablo Artaza Barrios, Universidad de Chile.

Pablo Aravena Núñez, Universidad de Valparaíso.

María Olga Ruiz Cabello, Universidad de Chile.

Marcela A. E. Cubillos Poblete, Universidad de La Serena.

Miguel Urrutia, Universidad de Chile.

Patricio Rivera Olguín, Universidad Arturo Prat, Iquique.

Rodrigo Sánchez Edmonson, Universidad de Chile.

Enrique Fernández Darraz, Universidad Alberto Hurtado.

Jaime Massardo, Universidad de Valparaíso.

César Leyton Robinson, Universidad de Chile.

Ángela Vergara Marshall, California State University, Los Angeles, Estados Unidos.

Carlos Ruiz Rodríguez, Universidad de Santiago de Chile.

Robert Austin, University of Melbourne, Australia.

Ernesto Bohoslavsky, Universidad Nacional de General Sarmiento/CONICET, Argentina.

César Cerda Albarracín, Universidad Tecnológica Metropolitana.

Luis Corvalán Márquez, Universidad de Valparaíso.

Susana Bandieri, Universidad Nacional del Comahue/CONICET, Neuquén, Argentina.

Daniel Palma, Universidad ARCIS.

Luis Galdames Rosas, Universidad de Tarapacá, Arica.

José Miguel Castillo Mora, historiador y concejal de Yecla (Murcia) España.

Fabio Moraga Valle, Universidad Autónoma de México, México.

Ernesto Bohoslavsky, Universidad Nacional de General Sarmiento/CONICET, Argentina.

Andrea Riedemann Fuentes, Universidad Libre de Berlín, Alemania.

Alberto Harambour Ross, Universidad Diego Portales.

Leonardo León Solís, Universidad de Chile.

Alfredo Lastra Norambuena, Universidad Arturo Prat, Santiago.

Nicolás Iñigo Carrera, Universidad de Buenos Aires.

Rolando Álvarez, Universidad de Santiago de Chile y Universidad ARCIS.

Iván Ljubetic Vargas, Centro de Extensión Luis Emilio Recabarren.

Jody Pavilack, University of Montana, Estados Unidos.

Carlos Mondaca Rojas, Universidad Arturo Prat, Iquique.

Pedro Canales Tapia, Universidad Pedro de Valdivia, La Serena.

María Eugenia Albornoz, Université de Lille III, Francia.

Claudio Pérez Silva, Universidad Academia de Humanismo Cristiano.

Francis Goicovich, Universidad de Chile.

César Cerda Albarracín, Universidad Tecnológica Metropolitana.

Milton Godoy Orellana, Universidad Academia de Humanismo Cristiano.

Marcelo Mella, Universidad de Santiago de Chile.

Manuel Fernández Gaete, Universidad Academia de Humanismo Cristiano.

Sean Purdy, Universidade São Paulo, Brasil.

Yvette Lozoya López, Universidad de Santiago de Chile.

Maria Paula Nascimento Araujo, Universidade Federal do Rio do Janeiro, Brasil.

Horacio Tarcus, Universidad Nacional de San Martín, Argentina.

Eliana Ceriani Bórquez, Universidad de Valparaíso.

Eduardo Arias Nilo, Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación.

Mário Maestri, Universidade Paulista Federal, São Paulo, Brasil.

Franck Gaudichaud, Université Stendhal – Grenoble 3, Francia.

Claudio Díaz Pérez, Universidad de Valparaíso.

Salvador E. Morales Pérez, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, México.

Robson Laverdi, Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Brasil.

Geni Rosa Duarte, acadêmica Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Brasil.

Dina V. Picotti C., Universidad Nacional de General Sarmiento, Argentina.

Karen Alfaro Monsalve, Universidad Austral de Chile.

Viviana Gallardo P., Universidad Academia de Humanismo Cristiano.

Jorge Cernadas, Universidad de Buenos Aires y Universidad Nacional de General Sarmiento, Argentina.

Marcos Fábio Freire Montysuma, Universidade Federal de Santa Catarina/Brrasil, Tesoureiro da Associação Brasileira de História Oral, Brasil.

Steven S. Volk, Professor of History Oberlin College, Oberlin, Ohaio, Estados Unidos.

Cristina Moyano Barahona, Universidad de Santiago de Chile.

Sean Purdy, Universidade de São Paulo, Brasil.

Fanny Barrientos Cruzatt, Universidad de Tarapacá.

María Graciela León Matamoros, Universidad Jaume I Castellón, España.

Eduardo Arias Nilo, Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación.

Margaret Power, Illinois Institute of Technology, Chicago, Estados Unidos.

Ariel Arnal, Academia de Historia de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, México.

Miguel Valderrama, Universidad ARCIS.

Guadalupe Álvarez de Araya, Universidad de Chile. Centro de Estudios Latinoamericanos (CELA) “Justo Arosemena”, Panamá.

Wilda Celia Western, Universidad Autónoma de la Ciudad de México.

Carmen González Martínez, Profesora Titular de Historia, Universidad de Murcia, España.

Marisol Videla, Universidad ARCIS.

Gabriela Domecq, Universidad Nacional de General Sarmiento. Argentina.

Maximiliano Juan Pedrazzini, Universidad Nacional de Misiones. Argentina.

Lorena del Canto Flores, Universidad Bolivariana, sede Iquique.

Consuelo Figueroa, Universidad Diego Portales.

Danny Ahumada Vargas, Universidad de Santiago de Chile.

José Luis Cifuentes Toledo, profesor de Historia, Magíster de Historia y Ciencias Sociales.

Walter Delrio, Universidad Nacional de Rosario/CONICET, Argentina.

Myriam Olguín Tenorio, Universidad Cardenal Silva Henríquez y ECO Comunicaciones.

Marcos Fernández Labbé, Universidad Alberto Hurtado.

María Cristina Satlari, Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza, Argentina.

Germán Adolfo Morong Reyes, Doctor © en Estudios Americanos, Universidad de Santiago de Chile.

Paola A. Ligasacchi, Doctora © en Estudios Americanos, Universidad de Santiago de Chile.

Emilio Gonzalez, Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Brasil.

Mónica Gatica, Universidad Nacional de la Patagonia, sede Trelew, Argentina.

Marcos Fábio Freire Montysuma, CFH / Universidade Federale Santa Catarina, Brasil.

Rubén Isidoro Kotler, Universidad Nacional de Tucumán – Asociación de Historia Oral de la República Argentina.

Ana T. Fanchin, Universidad Nacional de San Juan, Argentina.

Marcela Morales Llaña, Doctora © en Estudios Americanos, Universidad de Santiago de Chile.

Valeria Sonia Wainer, Universidad Nacional de General Sarmiento, Argentina.

Lucía Valencia, Universidad de Santiago de Chile.

Robson Laverdi, Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Brasil.

Cristina Viano, Universidad Nacional de Rosario, Argentina.

Gustavo Bassin, Instituto Superior de Formación Docente 9-001 “Gral. San Martin”. Mendoza. Argentina.

Carolina Andaur, Dra. © El Colegio de México, México.

Robinson Silva Hidalgo, Doctor © en Historia, Universitat de Barcelona, Catalunya.

Ricardo López, Doctor © de Estudios Latinoamericanos Universidad de Chile.

Claudia Rojas Mira, Doctora © en Estudios Americanos, Universidad de Santiago de Chile.

Sandra Castillo Soto, Magíster © en Historia, Universidad de Santiago de Chile.

Francisca Giner Mellado, Magíster © en Estudios Latinoamericanos, Universidad de Chile.

Isidora Sáez Rosenkranz, Magíster © en Estudios Latinoamericanos, Universidad de Chile.

Claudia Videla Sotomayor, Magister © en Historia, Universidad de Chile.

Andrea Mella Azabache, Magister © en Historia, Universidad de Chile.

Everaldo de Oliveira Andrade, Universidade Guarulhos – São Paulo, Brasil.

Alondra Peirano Iglesias, profesora ayudante del Centro de Estudios Interdisciplinarios Uruguayos (CEIU), Universidad de la República, Montevideo, Uruguay.

Federico Iglesias, Becario de Docencia de la materia Historia del pensamiento latinoamericano y argentino, Instituto del Desarrollo Humano de la Universidad Nacional de General Sarmiento, Argentina.

Alejandro Brito Peña, Universidad de Concepción.

Carolina González Undurraga, Universidad de Chile.

Renato Hamel Alonso, Corporación Chilena de Estudios Históricos.

Fernanda Del Río Ortiz, Corporación Chilena de Estudios Históricos.

Julián Suzarte Galvez, Corporación Chilena de Estudios Históricos.

Enrique Riobó Pezoa, Corporación Chilena de Estudios Históricos.

Nicolás Sazo Arratia, Corporación Chilena de Estudios Históricos.

Gonzalo Aravena Hermosilla, Corporación Chilena de Estudios Históricos.

Nicolás Penna Vizcaya, Corporación Chilena de Estudios Históricos.

Cinthia Vargas Leiva, Corporación Chilena de Estudios Históricos.

Carlos Rojas Sancristoful, Corporación Chilena de Estudios Históricos.

Soledad Álamos Fuenzalida, Corporación Chilena de Estudios Históricos.

Sebastián Rico Díaz, Corporación Chilena de Estudios Históricos.

Elena Romero Pérez, Corporación Chilena de Estudios Históricos.

Andrés Rojas Böttner, Corporación Chilena de Estudios Históricos.

Juan Maureira Moreno, Corporación Chilena de Estudios Históricos.

Sebastián Leiva Flores, Universidad ARCIS y Universidad de Santiago de Chile

04
Jun
10

Para hablar del Simce hay que conocer sus resultados

El precio de la libertad es la eterna  vigilancia. 
Thomas Jefferson

El título de este post no pretende ser provocador, por el contrario, sólo quiere poner el acento en un tema crucial para fundamentar la libertad de información y de opinión, vale decir, tener acceso a la información sobre los resultados de la prueba Simce 2009 que se dieron a conocer esta semana. En efecto, el análisis general de la prueba Simce solía publicarse año a año en la página web de la institución, para el que lo quisiera descargar. Esto era así hasta el año pasado, ya que a partir de este año sólo se pueden ver resultados parciales, remitidos a colegios individuales. Esta extraña situación, la corroboré personalmente llamando a la institución Simce, la que me informó que, por de momento, los datos no serán publicados y, peor aún, no se sabe cuando se hará.

En lo personal, me parece preocupante que el Ministro Lavín imponga esta nueva política, que en la práctica permite ocultar información a la ciudadanía, rompiendo de esta forma con una sana tendencia que se venía gestando en el país, es decir hacer más transparente la información. Por mi parte, me permito desde esta humilde tribuna, apelar a la conciencia democrática de las autoridades gubernamentales para revertir una tendencia que, de prosperar, podría ser altamente nociva a la convivencia democrática.

Cómo no puedo escribir sobre el tema, dejó a continuación algunos link donde el lector podrá apreciar los balances de algunos especialistas sobre el tema. Especialistas que, de alguna manera, tuvieron acceso a una información que hoy por lo menos no está al alcance de todos.

Análisis de Pedro Montt (El Mostrador)

Análisis de Mario Waissbluth (Educación 2020)

Análisis de JJ Brunner (El Mercurio)

Análisis de Colegio de Profesores

30
Oct
09

“… no podemos callar ante los graves sucesos que están ocurriendo en la Araucanía “

El pasado 21 de octubre, en el auditorio de la Universidad Alberto Hurtado se realizó el seminario: Justicia Militar en Causas Mapuche. En el evento, que contó con la participación de los abogados Alberto Espinoza(1) y José Galiano (2), el periodista Nibaldo Mosciatti (3) y el historiador Sergio Grez (4), se abordó la situación de los 15 comuneros mapuches que hoy en día se encuentran procesados por la ley antiterrorista.

En esta oportunidad, quiero presentar la reflexión de Sergio Grez Toso, quien abordó el tema no sólo como historiador sino principalmente como ciudadano.

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“… no podemos callar ante los graves sucesos

que están ocurriendo en la Araucanía

He sido invitado a este Seminario por haber sido uno de los impulsores de dos declaraciones y manifestaciones de historiadores en apoyo al pueblo mapuche: la primera, con motivo del asesinato por la espalda del comunero mapuche Matías Catrileo (5) cometido por un Carabinero en enero de 2008, y una segunda declaración en agosto de 2009, luego de un nuevo asesinato por la espalda cometido por Carabineros de Chile contra la persona de otro comunero mapuche, Jaime Mendoza Collío (6), declaración a la que se sumó una manifestación de protesta de historiadores, profesores de Historia y alumnos de carreras de Historia, en las calles de Santiago el 10 de septiembre del presente año. Sin despojarme de mi condición de historiador (no especializado en la cuestión mapuche), en esta ocasión hablaré sobre todo como ciudadano. Porque como ciudadano (cualquiera sea mi especialización en tanto historiador) no puedo callar, no podemos callar ante los graves sucesos que están ocurriendo en la Araucanía.

Día a día las comunidades mapuches que luchan por recuperar sus tierras son rodeadas, hostigadas, allanadas y violentadas por las fuerzas policiales del Estado chileno. Día a día hombres, mujeres y niños mapuches son maltratados, insultados, humillados, golpeados, arrastrados y detenidos por Carabineros y la Policía de Investigaciones. Algunos, como Matías Catrileo y Jaime Mendoza Collío son asesinados por la espalda. Los helicópteros policiales vuelan día y noche por sobre las tierras de estas comunidades. Los mapuches sufren controles de identidad abusivos, vejatorios. Sus luchas son criminalizadas y judiciliadizadas por el gobierno y el poder Judicial, y son deformadas y condenadas por la prensa (salvo contadas y honrosas excepciones) y por los partidos políticos con representación parlamentaria. Los militantes más activos y combativos de la causa mapuche son perseguidos, maltratados, torturados, encarcelados y sometidos a 2 procesos tanto por la Justicia Civil como por la Justicia Militar. A ellos se les aplica la Ley Antiterrorista heredada de la dictadura Militar y utilizada profusamente bajo los gobiernos de la Concertación. Cuando una causa criminal parece no prosperar (por insuficiencia o debilidad de pruebas), los fiscales civiles y militares (respondiendo a las insinuaciones del gobierno), se afanan en inventar nuevas acusaciones para poder retenerlos largos períodos en prisión. Es lo que está ocurriendo con Héctor Llaitul (7), dirigente de la Coordinadora Arauco- Malleco (CAM) (8) a quien le comunicaron en   estos últimos días la apertura de un nuevo proceso. Cada causa significa hasta nueve meses de prisión preventiva mientras dura la investigación.

Este proceder de los fiscales me recuerda las “condenas clandestinas” que pronunciaba la DINA (9) durante la dictadura de Pinochet. Aunque nunca tuvimos la prueba formal de ello, en 1975, cuando estábamos en el campo de concentración de Puchuncaví circulaba insistentemente entre los presos políticos el rumor acerca de estas “condenas” informales decididas por la policía política de la dictadura. Como no éramos sometidos a proceso ya que habíamos sido arrestados de manera absolutamente arbitraria y discrecional, la DINA decidía nuestro futuro determinando cuantos meses o años debíamos permanecer “fuera de circulación”. Algo similar parece que está ocurriendo con el procedimiento de los fiscales contra los presos mapuches… Entretanto, el gobierno de la Presidenta Bachelet ofrece “diálogo”, envía su ministro Viera Gallo a la Araucanía, pero anuncia que las comunidades que amparen a los “violentistas” no serán beneficiadas con la entrega de tierras. De esa manera se pretende dividir al movimiento mapuche aislando a los “malos” de los “buenos”. Para completar el panorama, los grandes propietarios de la zona forman cuerpos paramilitares de “guardias blancas” patronales para reprimir al pueblo mapuche, tal como ha sido anunciado con la creación del Comando Hernán Trizano (10). Todo esto nos lleva a concluir que el Estado de Chile y los grandes propietarios de la zona, beneficiarios de la usurpación histórica de los territorios mapuches, están empezando a implementar una estrategia de 3 guerras de baja intensidad en el Wallmapu para quebrar la resistencia mapuche.

Los métodos empleados así lo indican: militarización del territorio mapuche a través de la Instalación permanente de la policía militarizada de Carabineros en las zonas más álgidas del conflicto para actuar como guardia pretoriana de los empresarios; violencia policial creciente contra las comunidades; cerco mediático (salvo honrosas excepciones como Radio Bío-Bío); acción de una vasta red de espionaje y soplonaje, intervención de correos electrónicos y escuchas telefónicas (incluyendo a los abogados defensores de los presos políticos mapuches), etc. A ello se suma la aplicación sistemática de la Ley Antiterrorista heredada de la dictadura y utilizada profusamente por los gobiernos de la Concertación junto a la doble acción de fiscales civiles y militares.

¿Qué significa en concreto la intervención de la Justicia Militar en las causas mapuches?

Significa, entre otras cosas, que un imputado puede estar detenido hasta por cinco días sin real expresión de causa, incomunicado, arraigado, prontuariado, con prisión preventiva indefinida; que esta persona ve suspendidos sus derechos ciudadanos, que no puede conocer el sumario secreto, y que la investigación puede tardar los años que el Fiscal determine que sean necesarios para el cierre del sumario. Estas facultades excesivas de la Justicia Militar chilena ha sido objeto de numerosas críticas, especialmente por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Según este organismo, en un Estado democrático de Derecho la jurisdicción penal militar ha de tener un alcance restrictivo y excepcional, de acuerdo con lo planteado por muchos juristas, según los cuales la Justicia Militar debe ocuparse exclusivamente de velar por ciertos valores del ámbito militar como disciplina, jerarquía y seguridad militar. De lo que se desprende que los tribunales militares solo deben conocer delitos de función cometidos por militares en servicio activo y que en ninguna circunstancia los civiles pueden ser sometidos a la jurisdicción de los tribunales militares.

Chile se encuentra en las antípodas de estos principios.

A diferencia de lo que ocurre en la inmensa mayoría de los Estados democráticos de derecho en los cuales los tribunales militares solo conocen aquellos delitos que por la naturaleza de los bienes jurídicos penales castrenses son estrictamente militares y constituyen conductas graves cometidas por militares que atenten contra esos bienes jurídicos, en Chile los poderes de estos tribunales son extensísimos. A ello se agrega el hecho de que la Justicia Militar chilena en tiempos de paz vulnera la imparcialidad e independencia que deben tener los tribunales por su estructura y composición. Porque los integrantes de los tribunales militares son militares en servicio activo que están subordinados jerárquicamente a sus superiores a través de la cadena de mando, porque no cuentan con garantías suficientes de inamovilidad y no poseen una adecuada formación jurídica. La imparcialidad de estos jueces también se ve afectada porque el Fiscal concentra las funciones de investigar, acusar y juzgar (característico de los sistemas inquisitivos, escritos y de prueba reglada). Como si fuera poco, el procedimiento penal militar significa una merma significativa de las garantías judiciales porque los tribunales militares no garantizan que los juicios sean públicos al no prever una etapa oral, desarrollándose los procesos de manera inquisitoria con una etapa preliminar sumaria, secreta y escrita.

Estas normas, impropmapuches_463ias de un Estado de Derecho democrático, son las que el Estado chileno está aplicando sistemáticamente contra los luchadores mapuches Es necesaria una enérgica reacción de todos quienes viven en este país, winkas, mapuches y demás pueblos originarios, para frenar los preparativos de la guerra de baja intensidad que el Estado de Chile está empezando a implementar en la Araucanía. Hoy son los mapuches, mañana será cualquier grupo o sector social que se levante de manera decidida para luchar por sus derechos.

 

Notas

1.- Alberto Espinoza Pino. Abogado, Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales. Universidad de Chile. Diplomado Reforma Procesal Penal, Universidad Alberto Hurtado. Especialista en DD.HH. FASIC.

2.- José Galiano H. es Abogado de la Universidad de Chile. Ejerce como abogado desde 1956, combinando el ejercicio libre de su profesión -preferentemente en materias penales – con la docencia en diversas universidades. Fue Presidente de la rama chilena de la Asociación Americana de Juristas entre 1988 y 2000. Ha publicado ‘Economía de Defensa’ [1958]; ‘Derechos humanos’ [dos tomos, 1996]; Mensaje a los biznietos [2002]; Etica Social, Etica Jurídica [2004].

3.- Nibaldo Mosciatti es uno de los más prominentes periodistas de su generación. Comenzó su trabajo profesional en Radio Chilena, donde realizó un interesante trabajo de reporteo alejado de los canales oficiales de información entregados por la dictadura. En 1985 entra a Revista APSI donde comparte escritorios con Andrés Braithwaite, Francisco Mouat y Milena Vodanovic. Fue parte del equipo fundador del programa televisivo El Mirador de TVN, donde trabajó 5 años, panelista del programa Plaza Italia del desaparecido canal Rock and Pop y columnista del diario electrónico El Mostrador, entre otras actividades. Es director de Radio Bío-Bío.

4.- Sergio Grez Toso, historiador, Profesor de la Universidad de Chile, Director Museo Nacional Benjamín Vicuña Mackenna, Director del Magíster en Historia y Ciencias Sociales de la Universidad ARCIS.

5.- Matías Valentín Catrileo Quezada (Victoria, Chile 11 de septiembre de 1985 – 3 de enero de 2008) fue un estudiante universitario mapuche de Chile fallecido mientras participaba en una toma de un fundo agricola el 3 de enero de 2008 en un enfrentamiento con personal del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) de Carabineros de Chile que custodiaban el lugar. Su muerte generó el rechazo de organismos de derechos humanos y diversas manifestaciones que se realizaron en varias ciudades de Chile.

6.- Jaime Facundo Mendoza Collio (24 años), era miembro de la Comunidad Requem Pillan de la comuna de Ercilla. El pasado 12 de Agosto participaba de la ocupación pacífica del Fundo San Sebastián cuando recibió un impacto de bala por parte de un efectivo del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) de Carabineros. El comunero, padre de un niño de 4 años, recibió el disparo de una pistola 9 mm tras resistir la arremetida policial y refugiarse al interior de la comunidad Requén Cabrapan, colindante con el fundo en disputa.

7.- Héctor Javier Llaitul Carrillanca (1969 ó 1970-) es un dirigente mapuche, líder de la Coordinadora Arauco-Malleco, organización mapuche conocida por sus reivindicaciones territoriales, denominadas recuperaciones de tierras en la Araucanía chilena. Llaitul fue acusado de planificar y realizar atentados incendiarios en las regiones en la VIII y IX regiones. Fue procesado y formalizado por la fiscalía de Nueva Imperial sobre la base del testimonio de Roberto Painemil, que habría sido obtenido bajo tortura, y fue absuelto de los cargos en junio de 2008. Estuvo bajo arresto desde el 21 de febrero de 2007.

8.- La Coordinadora de Comunidades en Conflicto Arauco – Malleco, (CAM), es una organización que reivindica y defiende a la etnia mapuche del Estado chileno. Es conocida por sus luchas contra las forestales madereras que operan en el antiguo territorio mapuche, “recuperaciones de tierras” a fundos que usurparon territorios mapuches y por sus enfrentamientos contra la policia chilena. La misma fue fundada en el año 1998, en Tranaquepe, Chile, y se le considera responsable de una serie de acciones de fuerza en la zona de Tirúa, Contulmo, Cañete y Temucuicui, desde 1996.

9.- La Dirección de Inteligencia Nacional, más conocida por su acrónimo DINA, fue la policía secreta chilena durante el período inicial del régimen militar de Augusto Pinochet, siendo uno de los elementos más significativos del aparato represor de la dictadura.

10.- Es un grupo paramilitar anti-mapuche que opera en el sur de Chile. Su nombre es en honor al capitán Pedro Hernán Trizano Avezzana, organizador del Cuerpo de Gendarmes de las Colonias cuya misión era vigilar la seguridad en provincias del sur de Chile y el cuidado de las reservas forestales para impedir que éstas fueran destruidas por labradores clandestinos.