Archive for the 'sociedad civil' Category

28
Abr
11

Todas estas evaluaciones que se hacen son una consecuencia de la sospecha sobre la escuela

El año pasado pasó por Chile Emilio Tendi, Investigador independiente del CONICET, profesor titular por concurso en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA y consultor del IIPE-UNESCO. Autor además de obras tales como “La escuela y la cuestión social” (1), “Nuevos temas en la agenda de política educativa” (2) y “La condición docente” (3). El destacado académico fue invitado por la Universidad Alberto Hurtado para rendir una clase magistral, situación que aprovechó Revista Docencia (4) para conversar con el académico sobre el estado actual de la educación chilena, la formación docente y las confusas señales que está dando el actual gobierno en materia de políticas educativas. A continuación dejo con Uds. La entrevista al profesor Tendi Fanfani.

===================================

“Todas estas evaluaciones que se hacen son una consecuencia de la sospecha sobre la escuela”

Entrevista a Emilio Tenti Fanfani (5 )

Revista Docencia

En el marco de la visita del sociólogo argentino Emilio Tenti Fanfani a Chile, donde dictó la conferencia “Nuevos escenarios de la profesión docente: tensiones y desafíos”, el 22 de julio en la Universidad Alberto Hurtado, Docencia quiso conversar con él acerca del informe del “Panel de expertos para una educación de calidad” dado a conocer días antes. Sus opiniones reflejan el desacuerdo con muchas medidas que no tienen sustento y que faltan el respeto a la profesión docente.

¿Cómo se ven desde fuera las políticas educativas aplicadas en Chile?

Todos sabemos que en Chile durante las últimas décadas se ha venido introduciendo sistemáticamente una lógica de mercado en la provisión del servicio educa­tivo. Por otra parte, la mayoría de los sistemas educativos latinoamericanos, incluido el de Chile, fueron fundados so­bre otros pilares. Los mismos remiten al famoso modelo organizacional de tipo burocrático. La educación escolar fue concebida como una función pública cuyo objetivo era proveer un bien público. De allí la centralidad que tuvieron objetivos tales como la gratuidad, la obligatorie­dad, el universalismo, el derecho ciudadano, etc. En Chile, al parecer, triunfaron quienes se propusieron despertar al elefante burocrático escolar, introduciéndole dosis ma­yores de competitividad (entre establecimientos, entre alumnos, entre profesores, etc.) mediante una serie de dispositivos tales como el financiamiento a la deman­da, la libre elección de establecimientos, la evaluación, la “responsabilización” de los docentes, etc. Todo indica que la profundidad, coherencia y continuidad de esta política constituye a Chile en un caso único, al menos en América Latina. En la Argentina, por ejemplo, donde el achicamien­to de la capacidad productora y reguladora del Estado al­canzó dimensiones notables durante la década de 1990, el sistema educativo no fue alcanzado por la ola neolibe­ral, en la misma medida en que lo fue en el caso de Chile. En la Argentina, el sistema de evaluación de la calidad de la educación (creado por la denominada “Ley Federal de Educación” de 1993) no goza de la legitimidad social que tiene en Chile la prueba SIMCE. Su historia es muy accidentada y sus efectos políticos son más bien limita­dos, entre otras razones a causa de la fuerte resistencia del sindicalismo docente. La mayoría del profesorado se opone fuertemente al uso de los resultados de las eva­luaciones de calidad tanto para establecer rankings de establecimientos como para evaluar el desempeño de los docentes y determinar su salario.

Se reconoce que este tipo de evaluaciones pue­de tener utilidad desde un punto de vista político, para ofrecer un panorama de las desigualdades en el desarro­llo de los aprendizajes, para orientar recursos y políticas educativas generales, pero todavía no se constituye en una información utilizada por los docentes para reorien­tar sus prácticas en el aula.

¿Qué le parece a usted la idea de que en el proceso de construcción de una nueva carrera docente se esté considerando que los salarios puedan variar se­gún los resultados obtenidos por los estudiantes en la prueba SIMCE?

Creo que se pueden emplear muchos argumen­tos para oponerse a esta construcción. En primer lugar porque el aprendizaje es resultado de un trabajo colec­tivo de los docentes (tanto en un año escolar, como a lo largo de los años). Por otra parte, es cuanto menos com­plejo aislar el peso del factor docente del resto de los fac­tores escolares y sociales que determinan el aprendizaje. Además hay ciertos aprendizajes que adquieren valor y sentido no en el presente, sino en distintos períodos de la vida, o sea, los impactos de la educación son diferidos en el tiempo, es de un simplismo creer que yo puedo cuanti­ficar cuál es el aporte que hace el profesor, uno, individual, en un año al aprendizaje de un chico. Por otro lado es preciso tener en cuenta que en gran medida la docencia es una práctica cuya calidad no se expresa sólo en un producto, sino que se presenta en su misma performance. En este sentido el trabajo del docente es análogo al que realiza un “artista ejecutante” en la medida que no tie­ne efecto inmediato y “medible”. Por otro lado, ¿cómo se hace para medir la cantidad de “creatividad”, de “curiosi­dad”, de “interés y pasión” por el conocimiento que puede despertar una “buena” clase de un “buen profesor”?

A lo anterior hay que agregar que lo que ha­cen los maestros depende también de los recursos con los que cuenta la institución y lo mismo sucede en cual­quier profesión. Lo que los sujetos hacen no depende sólo de sus cualidades, de sus competencias, de sus orientaciones de valor, sino también del contexto insti­tucional en el que desem­peñan su tarea. Las reglas y recursos que estructuran sus prácticas, en parte facilitan y limitan lo que hacen en el aula. El mismo docente que por la mañana trabaja en una escuela particular, hace cosas diferentes por la tarde cuando se desempeña en un establecimiento público. El docente aislado, dotado de competencias y valores es una mitología (lo mismo puede decirse de cualquier otro actor social). ¿Cómo se aísla el efecto institución de lo que es el efecto individual? ¿Cómo se aísla el efecto de un profesor respecto a todos los demás profesores, de todos los otros agentes especializados que han in­tervenido en la formación de un sujeto? Yo creo que los sindicatos tendrían que hacer valer su opinión y explicar por qué no están de acuerdo, y buscar otros criterios de evaluación.

Utilizar las evaluaciones de los alumnos como un criterio de evaluación del profesor es una cosa po­líticamente no viable en Argentina. Creo que esto en el fondo no existe en ningún lugar. Basta mirar el caso “pa­radigmático” de Finlandia (que se ha construido como caso ejemplar en el mundo). Allí, los profesores no son evaluados mediante exámenes ni a través de los rendimientos que obtienen sus alum­nos en materias básicas tales como lengua y matemáticas. En ese país, los docentes reciben una formación de calidad equi­valente a la que reciben otros profe­sionales.

¿Qué le parece a usted el mapa de los semáforos para dar cuenta de los resultados de las pruebas SIMCE?

A primera vista uno no puede más que con­siderar la iniciativa como inadecuada y extemporánea. Se trata de darle otra vuelta a la tuerca de la lógica del mercado. En otras palabras, pareciera ser que luego de tantos años de evaluación la información que ésta arroja no es información suficiente para orientar las elecciones de los padres de familia y los alumnos. No conozco en el contexto internacional el uso de un dispositivo análo­go para “determinar” (más que orientar) la demanda de educación. Incluso en Chile se ha demostrado que las fa­milias toman en cuenta muchos otros factores para elegir la escuela para sus hijos y no por falta de información sobre los rendimientos promedio de los establecimientos, sino porque la escuela es una institución estructuralmen­te polifuncional (se esperan muchas cosas de ella). Y no se trata de que las familias no sean racionales cuando eligen, sino que lo hacen conforme a criterios que muchos tecnócratas desconocen y simplifican en demasía.

Hay dos maneras de regular los sistemas edu­cativos. Esquematizando mucho, puede decirse que uno consiste en confiar en la capacidad de elección del cliente. Uno es el dispositivo de la elección, es decir, la posibilidad de “empoderar la demanda” premiando y castigando al proveedor del servicio “entrando” o “saliendo” de él. Este dispositivo general se basa en la creencia de que las familias tienen preferencias claras y diversas y que están informados para poder elegir racionalmente. Sin embargo, la realidad es más compleja de lo que el modelo neoliberal propone. Contra este paradigma están los que creemos que la educación es un bien público cuya provisión no puede quedar li­brada a la lógica del mercado. El aprendizaje no es un bien que se puede distribuir, ofrecer y “comprar hecho”, sino que es una compleja coproducción donde “la participación” del aprendiz, de su familia de los docentes resulta primordial. Tanto en el pro­ceso como en las instituciones donde se lleva a cabo el servicio educativo. Con la palabra podemos participar, podemos modi­ficar la forma de hacer las cosas en las aulas y las escuelas, podemos reorientar recursos y procesos en función de fines que no son sólo individuales, sino también colectivos y construidos mediante los mecanismos de la democracia. Esta es otra forma de “construir equilibrios” y regular el sistema escolar.

Otra preocupación nuestra es el empoderamiento y énfasis de un rol de director como gerente, administrador de los recursos para alcanzar determinados resultados. ¿Qué opinión le merece esto?

Yo creo que hay este intento de transferir al sector pú­blico la lógica de gestión y administración de las empresas pri­vadas. Se dice que las empresas más dinámicas del capitalismo contemporáneo ya no se organizan alrededor de los clásicos principios tayloristas (la contraparte “privada” de las burocra­cias públicas). Éstas hoy serían flexibles, sometidas a la lógica de la evaluación, con agentes polivalentes y vinculados en torno a proyectos, dirigidas por líderes, desreguladas, etc. Si la edu­cación es una mercancía que se produce e intercambia en el mercado ¿por qué no producirla con una organización análoga a la de la empresa capitalista? ¿Por qué no replicar estos dispo­sitivos en los viejos y agotados sistemas educativos de Estado? Desde este punto de vista el director ya no debe ser un funcio­nario que tiene una serie de tareas e incumbencias claramente estatuidas. Ahora tiene que ser un gerente o un líder capaz de hacer que su organización alcance la máxima eficiencia y eficacia productiva (por ejemplo, que obtenga los máximos pro­medios en las pruebas SIMCE). Para ello las instituciones deben ser “autónomas”, es decir, aligeradas de todas las regulaciones que las atan a un interés común, en el interior de un sistema que tiene finalidades colectivas y democráticamente estable­cidas. Desde este punto de vista las instituciones deben ser autónomas. Pero no hay que olvidar que la autonomía, cuando es legítima y necesaria, requiere condiciones sociales para su ejercicio. Cuando no se otorgan los recursos suficientes, la autonomía en el discurso se transforma en un abandono en la práctica. En verdad, las evidencias indican que la autonomía de la que se habla es una especie de libertad condicionada. En muchos casos cambian los mecanismos de control. La autonomía con evaluación es una especie de control expost que puede ser más limitativo que la vieja supervisión escolar.

¿Qué cambios le parece que se debieran producir en la formación docente?

Considero que en la mayoría de los países de América Latina se impone una profunda reforma inte­lectual y moral de la formación docente. Para hacerlo en forma correcta hay que plantearse qué es lo que tiene que saber un docente en el mundo de hoy. Creo que ésta es una de las profesiones más complejas que existen porque le cambian radicalmente los problemas a resolver y le cambian los interlocutores. En efecto, cambian dra­máticamente la cultura y el saber y cambian las nuevas generaciones (los alumnos). Además cambia la estructura y dinámica de las familias, lo cual requiere una profunda revisión de la división del trabajo entre la escuela y la familia. Los niños y adolescentes de hoy tienen derechos y luchan por su ejercicio efectivo en todos los ámbitos don­de transcurre su vida. En verdad, en muchos casos se han convertido en “sujetos colectivos” dotados de identidad y conciencia (con sus propios lenguajes, consumos cul­turales, estilos y espacios de vida, demandas, intereses, etc.). Estos cambios en la so­ciedad se sienten en el aula (por eso poco puede enten­derse lo que pasa dentro de la escuela si no se mira lo que sucede fuera de ella). Por ejemplo, los viejos trucos para producir el orden y la autoridad pedagógica en la escuela ya no sirven porque los chicos son completamen­te diferentes. Por otra parte cambian el programa esco­lar, la forma de enseñanza y lo que la sociedad espera de la escuela. No es raro que estas demandas sean mu­chas veces contradictorias, conflictivas y hasta excluyentes. Los docentes tienen problemas ra­dicalmente nuevos que enfrentar y lo deben hacer muchas veces no sólo con recursos escasos, sino también inexistentes u obsoletos. Se requieren políticas integrales para docencia que intervengan so­bre varios procesos al mismo tiem­po: reclutamiento, formación inicial y permanente, marco institucional del trabajo docente, carrera y re­compensas.

Junto a ello hay que tener una oferta formativa mucho más rica para aquellos estudiantes (de pedagogía) en desventaja cultural y darle todo lo que los otros (aventajadas socioeconómicamente) han “mamado” de la cuna. A los “desheredados de la cultura poderosa” hay que ofrecerles oportunidades formales de aprendizaje y acceso. Desde este punto de vista hay que enriquecer la formación docente con los contenidos humanistas más generales, es decir, aquellos relacionados con el desarrollo de la sensibilidad estética y cultural en sentido amplio. Una buena formación docente debe tener como base una buena formación en cultura general.

Hablo de una reforma intelectual y moral, por­que también está toda la cuestión de una ética de la profesión. No hay que perder de vista el hecho de que la educación de las nuevas generaciones es una dimensión relevante de la construcción de una sociedad. En este sentido es una actividad que tiene una fuerte resonancia política. La enseñanza no puede desentenderse de las grandes preocupaciones y temas de la agenda política de una sociedad determinada. Por ejemplo, en América Lati­na y en el mundo no hay manera de construir una socie­dad más justa si no hay un desarrollo equitativo de cierto capital cultural básico en todos los individuos y grupos que componen la sociedad. El conocimiento se ha convertido en un capital (en este sentido se dice que vivimos en una “sociedad del conocimiento”). Si esto es cierto, hay que tomárselo en serio. Los docentes deben tener conciencia de que mediante su trabajo contribuyen a la construcción de una sociedad más justa y más libre. Pero dudo de que en América Latina todo el mundo quiera una sociedad igualitaria. Si aspiramos a la conformación de un colectivo docente comprometido con la construcción de una socie­dad más justa, lo primero que debemos preocuparnos es de que estos profesionales tengan la capacidad de gene­rar en los chicos la demanda de conocimiento, y no una demanda de títulos, de diplomas, de certificados, como es la que actualmente tiende a predominar.

¿Cómo se forman maestros así?

Hay que tener claro qué es lo que tiene que saber un profesor: además de saber qué es lo que hay que enseñar y conocer el cómo, creo que hay que incorporar un tercer capítulo, y es que tiene que conocer al aprendiz. El buen profesor es un “experto en chicos”. Pero no se trata sólo del clásico y necesario conocimiento de su dimensión psicológica relacionada con el aprendizaje. Las nuevas generaciones tienen sentimientos, emociones, etc., que hay que contribuir a desarrollar y orientar hacia formas creativas. Pero, además de “mentalidades” y “emociones”, las nuevas generaciones tienen culturas muy marcadas, dinámicas y diferenciadas. Estas culturas constituyen el fundamento de sus identidades y configuraciones colectivas. Un buen docente debe conocer la dimensión cultural de sus alumnos. Por lo menos en Argentina esta parte de la formación de los docentes es extremadamente débil. Está ausente todo lo que tiene que ver con antropología y sociología de las culturas juveniles.

Por otra parte, el maestro tiene que acompañar y preparar al chico en su inserción en la sociedad. No digo que tengan que ser economistas, sociólogos, pero ¿cómo puede ser un profesor que no sepa cuál es la estructura dinámica del mercado de trabajo?, ¿cuáles son los trabajos que se crean cada año?, ¿y de qué tipo? Asimismo debe conocer los dilemas y contradicciones de la democracia, las diversas crisis de la situación política, las culturas de masas, el impacto que tiene la publicidad capitalista en los consumos de los jóvenes y en la construcción de la subjetividad.

Otro elemento importante es que tienen que conocer la estructura de la familia actual. Los profesores viven añorando la familia tradicional, pero la realidad es que hay composiciones familiares totalmente heterogéneas, hay mamás solas, niños que se quedan con la abuela… Eso hay que considerarlo porque familia, medios de comunicación y escuela tienen una relación de interdependencia, no estamos formando solos, hay otras agencias de socialización.

Además, los profesores de ahora tienen que ha­cer cosas que antes hacía la familia. En un tiempo anterior, la primera socialización le competía a la familia. El chico llegaba a clase “bien hechicito”, como dicen los docentes en México. Esta primera educación era la base de su compor­tamiento en clase. Ahora el profesor está obligado a gastar mucha energía y tiempo en “socializar”, pacificar, ordenar la cla­se, etc. En los Estados Unidos, se está consta­tando que la pedagogía se orienta cada vez a la socialización y deja la “instrucción” (la transmi­sión de conocimiento) en un segundo plano. Pero después resulta que el sistema pretende evaluar a la escuela y al profesor por lo que los alumnos aprendieron en lengua, matemáticas, ciencias, desconociendo y desva­lorizando todo el trabajo de socialización que rea­lizan los docentes.

Si un chico no está socializado, no res­peta reglas en un grupo, no tiene un compor­tamiento integrado, no hay posibilidad de que emprenda un trabajo de aprendizaje exitoso. La socialización es un objetivo de la escuela y también un prerrequisito para el aprendizaje. Por eso algunos llegan a señalar (y a denunciar) una es­pecie de “terapeutización” de la pedagogía. En este mar­co, los docentes recurren a prácticas terapéuticas del más diverso tipo para “lidiar” con las nuevas situaciones (niños sin una educación emocional básica, baja autoestima, in­capacidad de empatía, conductas agresivas, etc.). Estas nuevas exigencias transforman el contenido del trabajo docente, lo “despedagogiza” y muchas veces constituye otra fuente de su malestar profesional.

Ahora se está impulsando una prueba para los egresados de pedagogía, supuestamente voluntaria, pero exigida para ejercer en el sistema público, la que podría estar ligada además al proceso de acreditación de la institución formadora y al financiamiento del Estado a las universidades. ¿Qué opinión le merece esta medida?

A primera vista es una iniciativa que me inquieta. Es otra prueba de la profunda sospecha que existe sobre las instituciones educativas, en este caso de aquellas que forman a los profesores. El Estado, que es el responsable último de la formación de los docentes pareciera descargar toda su responsabilidad sobre cada uno de los estudiantes de magisterio. Es otra muestra de la lógica de la individualización y responsabilización de los profesores. Lo que cabe hacer es proveer de más y mejores recursos a las instituciones de formación docente para que éstas estén en condiciones de producir profesores de calidad.

Todas estas evaluaciones que se hacen en realidad son una consecuencia de la sospecha sobre la escuela. El Estado, la sociedad, comenzó a sospechar de lo que hace la escuela. Hace setenta años a nadie se le hubiera ocurrido que un chico que terminaba la primaria, tuviera que rendir un examen para ver si sabe. En la escuela se la pasó todo el tiempo rindiendo examen, llegó al final, le dieron un diploma y resulta que la sociedad sospecha de ese diploma, la escuela ahora se ha convertido en un objeto de sospecha. Antes la escuela como institución tenía una autoridad, su diploma era respetado. En vez de preguntarse por qué existe esta distancia creciente entre los certificados escolares y las competencias de sus poseedores se tiende a intervenir mediante dispositivos que responsabilizan a las víctimas de la mala formación, en este caso, los profesores

____________________________________

Notas

1.- Emilio Tenti Fanfani: “La escuela y la cuestión social. Ensayos de sociología de la educación”. Edit. Siglo XXI.

2.- Emilio Tenti Fanfani: “Nuevos temas en la agenda de política educativa”. Edit. Siglo XXI.

3.- Emilio Tenti Fanfani: “La condición docente. Datos para el análisis comparado: Argentina, Brasil, Perú y Uruguay”. Edit. Siglo XXI.

4.- Revista Docencia. http://www.revistadocencia.cl/

5.-  Emilio Tenti Fanfani es investigador principal del CONICET y profesor titular de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Es consultor internacional del IIPE/UNESCO, Sede regional Buenos Aires. Se ha desempeñado en instituciones académicas de Francia, Colombia y México. Es autor de numerosos artículos y libros sobre temas de sociología de la educación. (E-mail: emilio@iipe-buenosaires.org.ar).

07
Feb
11

La educación en la calle

“Mientras los tomadores de decisiones no comprendan el rol estratégico que el fortalecimiento de la educación pública tiene para elevar la calidad y equidad del sistema educacional, estos malentendidos continuarán confundiendo la discusión e impidiendo al país avanzar en este crucial frente”.
(Cristián Bellei)*

El acuerdo amasado entre los partidos de la Concertación y la derecha en torno a la “gran reforma educacional del presidente Piñera”, dejó varios flancos abiertos que el mundo social, gremial y académico debiera tener en consideración y que se instalaran con fuerza a partir de marzo del presente año, el primero, consiste en el envío, antes del 30 de septiembre de 2011, de un proyecto de ley que abordará la institucionalidad y financiamiento de la educación municipal; el segundo, la pronta promulgación de la Ley de Aseguramiento de la Calidad de la Educación, cuerpo legal que crea una agencia aseguradora de la calidad y una superintendencia de educación; el tercero, la reforma a la educación universitaria, que pretende ampliar el Consejo de Rectores a las casas de estudio privadas; y cuarto, se debiera enviar, antes del 1° de marzo de 2012, un proyecto para modernizar la carrera profesional docente. Como se puede apreciar, el 2011 será un año donde las políticas educativas se tomarán la agenda política del país, con un agravante, esta vez la discusión se dará en medio del año político lo que permitirá al mundo social, gremial, académico y estualtil expresar su opinión y, de ser necesario, transformarse en un actor relevante de la discusión.

Lo que está en juego

Vista así la cosa, la discusión que se avecina no es menor lo que está en juego es el tipo de educación que tendrá nuestro país en los próximos 20 años o más, son leyes que tocan áreas sensibles por lo cual bien vale echarles una mirada más profunda. Lo primero que se avecina es la ley de aseguramiento de la calidad que, según Ricardo Lagos Weber, fue un acuerdo subscrito entre el gobierno y algunos parlamentarios de de oposición en orden a despachar en marzo próximo (1). Esta ley crea dos nuevas instituciones, una superintendencia de educación encargada de recibir los reclamos y velar por la correcta utilización de los dineros públicos y, la más controvertida, una agencia aseguradora de la calidad. Es esta agencia la que ha sido cuestionada por la comunidad académica, debido a que intentaría consolidar un modelo educacional basado en estándares. En efecto, este modelo se viene en retirada en el mundo ya se ha demostrado que tiende a reducir el curriculum a lo que miden los estándares, reduciendo la educación a una mera capacitación de competencias tendientes a resolver pruebas y subir los estándares. Esta visión conductista de la educación, tiende a mirar al ser humano como un ente que funciona en base a estímulos y respuestas, premios o castigos, dejando afuera el entorno social, el tipo de hogar al cual pertenece el alumno, por último, este modelo educativo se aparta de aquello que es central en educación donde se ubica la formación ética, intelectual, emocional, artística, el pensamiento lógico, la creatividad, etc… es decir todo lo que realmente debiera interesar en la formación de nuestros jóvenes (2). Por último, esta ley fue rechazada por el congreso en mayo del año pasado, por lo cual durmió ocho meses en comisión mixta y, ahora, rápidamente, entre gallos y media noche la oposición se compromete a promulgarla en marzo próximo. No sé porqué, pero algo me huele mal.

En este año se debieran discutir dos proyectos vitales para la educación pública, uno que pretende ampliar el consejo de rectores que agrupa a las universidades públicas a las entidades privadas con fines de lucro, el otro abordará la institucionalidad y financiamiento de la educación municipal y establecerá fórmulas alternativas a la administración municipal de las escuelas y liceos. Actualmente el Consejo de Rectores (CRUCH) está integrado por 25 universidades, 16 universidades del Estado y 9 universidades privadas que reciben Aporte Fiscal Directo, lo que pretende el presidente Piñera es ampliarlo a las 35 universidades privadas que operan en el país, situación que llevó a decir al rector de la Universidad de Chile, Víctor Pérez que: “Rechazamos, de modo respetuoso, pero de manera categórica toda propuesta que, con el argumento de modernizar el sistema universitario, termine por profundizar la privatización y mercantilización del sistema” (3). En efecto, esta reforma implicaría que tanto a universidades privadas y públicas se le otorgaran las mismas oportunidades en cuanto a criterios de financiamiento, créditos y becas; con lo cual se le estaría entregando fondos públicos a entidades que tienen como fin fundamental el lucro y, si bien algunas tienen un alto desempeño profesional la mayoría deja mucho que desear en la forma como manejan “el negocio”. El otro proyecto que se deberá presentar este año, es el que busca una nueva institucionalidad y financiamiento para la educación municipal. Sobre el particular existe la Ley de Fortalecimiento de la Educación Pública (4) que lleva durmiendo en el Congreso desde el 2008, además del anteproyecto educacional que presentaron los partidos de la Concertación (5) a principios del 2011. Pero, más allá de cuál sea el envase, existe consenso en la comunidad académica, gremial y estudiantil que para rescatar y fortalecer la educación pública, esta debe contar con un aporte fiscal directo, independiente de la subvención estatal, que permita tener una educación gratuita, pluralista, laica, inclusiva y de excelencia para todos independiente de su condición socioeconómica.

Por último, con fecha 1° de marzo de 2012 vence el plazo para que el gobierno ingrese al Congreso un proyecto para modernizar la carrera docente. Según el protocolo de acuerdo Concertación-Gobierno (6), que dicho sea de paso es bastante ambiguo, se habla de formación continua, de dignificación y valoración social de la profesión. Pero, si el país quiere tener una carrera docente efectiva debe además de lo mencionado abordar dos temas vitales, como son las horas no lectivas, es decir, aquellas que permiten organizar las clases, revisar y corregir las evaluaciones, junto con recibir a los apoderados, en nuestro país representan sólo el 25 % de la jornada laboral docente, los países que integran OCDE, del cual Chile es miembro, destinan en promedio un tercio de las horas al trabajo fuera del aula; el otro tema que hay que enfrentar es el número de alumnos por profesor, el que debe definirse por el grado de vulnerabilidad del sector socioeconómico en que se desenvuelva el centro educacional. Por último, se debe exigir una carrera docente única para todo el gremio docente independiente del tipo de sostenedor, llámese público o privado. Hoy día se establece una odiosa segregación, donde los maestros que laboran en el sector privado sólo se rigen por el Código del Trabajo, con lo cual quedan desprotegidos dando origen a múltiples arbitrariedades, como despidos masivos, listas negras, persecución sindical entre otro muchos abusos.

Los actores

El 2011 será un año de pocas sorpresas, los jugadores ya se conocen y muchos ya demostraron su estrategia de juego. El MINEDUC tendrá poco espacio para especular y todo indica que se apoyará en el Panel de Expertos (7) para, desde allí tratar de buscar acuerdos con la Concertación. El bloque opositor en cambio, deberá aclarar primero el rol que cumplen sus militantes dentro del Panel de Expertos (8), se debiera saber si ellos participan a título personal o representan la voz de la Concertación; lo segundo, delinear una política clara y compromiso público de respaldo en el congreso. Por su parte, el bloque social integrado por el mundo académico, gremial y estudiantil, debiera consensuar una propuesta educativa pública que nazca fruto de una discusión abierta, amplia y pluralista, que se constituya como un ejercicio cívico republicano. Debiera además, diseñar una política de masas inteligente y atractiva que le permita posesionar los contenidos más que las acciones, en el entendido que la educación saldrá a la calle, probablemente se hará en la calle, pero por un objetivo mayor, la defensa de la educación pública.

 

______________________________________

* Cristián Bellei, Educación: con tarea para marzo. La Tercera, 25/01/2011. Ver en: http://www.latercera.com/noticia/opinion/ideas-y-debates/2011/01/895-340533-9-educacion-con-tarea-para-marzo.shtml

Notas

1.- Lagos Weber califica de “trabajo responsable” cronograma que define aplicación de la Ley de Educación. Ver en: http://www.lagosweber.cl/senador/index.php?option=com_content&view=article&id=442:acuerdo-en-educacion&catid=20:documentos&Itemid=71

2.- Para mayor información sobre reformas Basadas en Estándares (RBS), ver: La Política de Reforma Basada en Estándares aplicada a Chile. Otra mala idea, en: https://guillermobastias.wordpress.com/2010/11/05/la-politica-de-reforma-basada-en-estandares-aplicada-a-chile-otra-mala-idea/ ; Las sociedades que tienen grandes cantidades de mediciones no mejoran los resultados educativos, ver en: https://guillermobastias.wordpress.com/2010/11/29/las-sociedades-que-tienen-grandes-cantidades-de-mediciones-no-mejoran-los-resultados-educativos/

3.- Pérez y Piñera polemizan por reforma a Ley de Universidades, La Tercera, 24 de junio de 2010. Ver en: http://diario.latercera.com/2010/06/24/01/contenido/13_30664_9.shtml

4.- Para mayor información ver: Ley de Fortalecimiento de la Educación Pública: un bonito canto de sirenas, en: https://guillermobastias.wordpress.com/2010/10/12/ley-de-fortalecimiento-de-la-educacion-publica-un-bonito-cato-de-sirenas/

5.- Para mayor información ver: La Reforma Educacional de la Concertación, ver en: https://guillermobastias.wordpress.com/2011/01/13/la-reforma-educacional-de-la-concertacion/

6.- Senador Lagos: Protocolo de acuerdo sobre la calidad y equidad de la Educación, ver en: http://www.puntocentral.cl/?p=7839&utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=senador-lagos-protocolo-de-acuerdo-sobre-la-calidad-y-equidad-de-la-educacion

7.- Panel de Expertos para una Educación de Calidad, ver en: https://guillermobastias.wordpress.com/2010/05/05/panel-de-expertos-para-el-cambio-del-estatuto-docente/

8.- Los PPD: José Joaquín Brunner y Jaime Pavez; DC: Sergio Molina, Pablo Arellano y Mariana Aylwin; la independiente pro Concertación: Pilar Romaguera;

24
Ene
11

¡No a la disminución de horas de Historia! Vol. 4 y final

“La historia es el esfuerzo del espíritu para conseguir la libertad”.
(G. W. F. Hegel)

Y terminó imponiéndose la racionalidad, el MINEDUC echó pie a tras a la medida que pretendía reducir las horas de Historia, Geografía y Ciencias Sociales del curriculum nacional. En efecto, si bien la medida quedó refrendada en el acuerdo consensuado entre la Concertación y el gobierno en la reforma educacional del presidente Piñera [1], esto no debiera interpretarse como un triunfo de la oposición, por el contrario, este fue un éxito de la comunidad académica, de los docentes, alumnos, agentes culturales y ciudadanos que en general en forma activa hicieron sentir su malestar por una medida inconsulta, tecnocrática y de la cual aún no se conocen argumentos pedagógicos serios para su aplicación. Hay que advertir que este hecho se suma a otras iniciativas y formas de protesta ciudadana que acontecieron el 2010, donde, al margen de los partidos políticos –entes naturales donde se debería manifestar el sentir ciudadano- o por ausencia de éstos se empieza a reconstruir un tejido social que no ve a la clase política asumiendo sus demandas y aspiraciones.

A continuación transcribo la declaración del Movimiento por la Historia, la Geografía y las Ciencias Sociales, donde da cuenta de este importante logro ciudadano.

====================

Un importante logro que anima a seguir

A dos meses del anuncio de la reducción de las horas de Historia, Geografía y Ciencias Sociales (HGCS), el MINEDUC ha echado pie atrás, señalando que mantendrá las cuatro horas del sector de aprendizaje Historia, Geografía y Ciencias Sociales.

Se trata de un importante logro ciudadano que nos anima a valorar lo realizado hasta ahora y a seguir pendientes de la discusión nacional sobre la calidad de la educación que queremos y necesitamos como sociedad. No se trata de un logro exclusivo de los historiadores, profesores y estudiantes de HGCS, muchos de los cuales manifestaron públicamente su rechazo, si no que de la sociedad entera.

Es un logro de los muchos/as profesionales, artistas, apoderados, estudiantes universitarios y secundarios. Es un logro de la ciudadanía activa que manifestó en distintos lugares del país su preocupación por el errado rumbo del MINEDUC. Es un triunfo de la argumentación y el diálogo enfrentados al autoritarismo (recordemos que esto se trataba de un decreto, no de la ley) y la improvisación educativa de las autoridades. Es un triunfo de la transparencia.

Aunque se haya anunciado la restitución de las horas de HGCS, hay cosas que aún no están resueltas y nos preocupan. El actuar del MINEDUC frente al Consejo Nacional de Educación, organismo que terminó aprobando la reducción a pesar que todos los informes de especialistas recomendaban rechazar la medida. Esto es algo que debe clarificarse para restituir la confianza en este organismo, cuya principal misión es velar por la calidad y pertinencia de las propuestas curriculares nacidas del MINEDUC.

La restitución de las horas de HGCS aparece en los medios como un elemento de negociación política de la reforma educativa aprobada en el Parlamento[2]. Es importante recalcar que ha sido la presión ciudadana y la demanda de diálogo la que ha motivado revertir la medida. Contribuyeron a este logro las numerosas movilizaciones e iniciativas ciudadanas como las clases de historia en espacios públicos y la creación de un blog informativo. Ha contribuido también la insistente demanda de conocer y discutir los argumentos educativos del anuncio y la permanente voluntad de dialogo del Movimiento y otros actores sociales con el Ministro y los responsables de la Unidad de Curriculum y Evaluación del MINEDUC. Contribuyó también en forma decisiva, la interpelación pública al Consejo Nacional de Educación exigiendo transparentar los informes que desaconsejaron la medida. Todo esto ha servido para insistir y anunciar públicamente que la medida de reducir las horas de HGCS fue una improvisación que felizmente hoy se revierte.

No obstante, sigue siendo preocupante que el Ministro y el acuerdo parlamentario señalen públicamente que las horas de HGCS tendrán un “componente especial de formación ciudadana y educación cívica”. ¿Cuál será el sentido de ese componente especial?, ¿desconoce acaso el MINEDUC que el actual Marco Curricular ya lo contempla? Pues bien, hay que volver a insistir que la formación ciudadana YA ESTÁ EN EL MARCO CURRICULAR (A través de los OF-CMO) y que muchos/as profesores/as ya lo vienen trabajando desde hace años. Si se leen con atención los Objetivos Transversales de HGCS se verá como están perfectamente definidos en el Marco Curricular. La formación ciudadana se debe pensar como un aprendizaje vinculado a la problematización histórica y espacial y no como un componente aparte del sector de aprendizaje. De otra forma, se desdibuja su propósito educativo transformándose en lo que alguna vez conocimos como Educación Cívica sin ninguna incidencia en la formación ética y social de los/as jóvenes. Por tanto, será necesario que el MINEDUC aclare de qué se trata este “componente” y no cometa el error de presentar, tal como lo hicieron con los nuevos programas, una HGCS desvinculada de la formación ciudadana.

Finalmente, es urgente que el MINEDUC de señales públicas concretas sobre la restitución de las horas de HGCS, partiendo por eliminar lo antes posible de su página web la nueva propuesta de programas de HGCS, dada la confusión que genera entre profesores y sostenedores de colegios que hasta hoy no saben a que atenerse para planificar el año escolar 2011.

Quedan por clarificar también otros aspectos que incluyó la medida ministerial como la reducción de las horas de Educación Tecnológica y Consejo de Curso. Quedan pendientes cuestiones relativas al sentido que tiene esta reforma educativa. Tal y como se pudo apreciar con la desacertada medida, existe detrás de las nuevas políticas, un sentido de la educación que enfatiza la instrucción por sobre el valor educativo de la HGCS, limitadas por los estándares de medición. No hay que confundirse: la calidad de la educación está definida por el logro de los OF-CMO. El SIMCE mide solo un 40% del Marco Curricular. En ese sentido, nos preocupa que las condiciones del trabajo docente (horas para preparar clases y número de alumnos por sala, entre otros) no constituyan un punto central de la reforma tal como aconsejó la  Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

Continuaremos atentos al debate que surja y aportaremos nuestros argumentos cuando sea necesario. Ha quedado demostrado que el dialogo y la discusión abierta es el camino a seguir para avanzar en la mejora de la calidad de educación chilena. Por ello, como Movimiento por la Historia, la Geografía y las Ciencias Sociales, seguiremos participando a través de diferentes iniciativas. Una fundamental es la realización de una Escuela Permanente de auto-formación y elaboración de propuestas en torno a la calidad de la enseñanza de la HGCS a realizarse durante el primer semestre del año 2011. La reducción de las horas ha develado numerosas inquietudes de estudiantes secundarios, universitarios, profesores de aula escolar y aulas universitarias. Como comunidad educativa nos proponemos analizar la realidad y los problemas de la enseñanza y el aprendizaje de la HGCS en el sistema escolar nacional, con el objetivo de proponer ideas creativas para el objetivo que nos interesa a todos: la calidad de la educación.

Agradecemos a todos/as quienes se sumaron a esta campaña y para este año 2011, la invitación es abierta a todos/as quienes quieran continuar aportando ideas y experiencias sobre los desafíos de calidad, equidad y pertinencia de la enseñanza de la HGCS.

Movimiento por la Historia, la Geografía y las Ciencias Sociales

____________________________

Notas

[1]http://diario.elmercurio.com/2011/01/19/nacional/politica/noticias/3BBEE00B-4F0C-4275-8BE1-F9757557CF3C.htm?id={3BBEE00B-4F0C-4275-8BE1-F9757557CF3C}

[2] punto 5.9, se establecerá un mínimo de 4 horas obligatorias de Historia, con un componente especial de formación ciudadana y educación cívica. Ver en: http://www.puntocentral.cl/?p=7839&utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=senador-lagos-protocolo-de-acuerdo-sobre-la-calidad-y-equidad-de-la-educacion

19
Dic
10

Segundo día por la historia, la geografía y las ciencias sociales

Para mañana, lunes 20 de diciembre a las 19 hrs., el Movimiento por la Historia, la Geografía y las Ciencias Sociales y los creadores de la Campaña de videos Hablemos de Historia, Hablemos de Futuro, convocan a una segunda jornadaa de reflexión sobre la polémica medida presidencial que pretende disminuir horas de historia del curriculum nacional. La reunión se efectuará en el Parque Forestal, frente al Museo de Arte Contemporáneo (MAC).

La idea, según sus organizadores, es hacer “una manifestación pacífica en la que reafirmaremos nuestro compromiso con la construcción de una sociedad democrática e inclusiva, tal como hemos expuesto en la campaña de videos Hablemos de Historia, Hablemos de Futuro”.

Se invita a participar a “estudiantes, profesores y todos quienes nos han ayudado a difundir el mensaje de la campaña y entienden el valor que la historia, la geografía y las ciencias sociales tienen para nuestra sociedad”.

Últimos videos publicados (Hablemos de Historia, Hablemos de Futuro):

# Paola Volpato (Ver aquí)

# Claudia Pérez (Ver aquí)

# Cristián Campos (Ver aquí)

29
Nov
10

Las sociedades que tienen grandes cantidades de mediciones no mejoran los resultados educativos

Para todos los que nos interesamos en el tema educación, el nombre de Finlandia no es desconocido, hace años viene dando vueltas debido a los excelentes resultados internacionales que ha tenido, al punto que en la prueba PISA obtiene el primer lugar en matemáticas, comprensión de lectura y en cultura científica, junto con Japón. No recuerdo a cuantos seminarios he ido o he leído, donde autoridades de ahora o anteriores han hablado de la importancia que Chile siga el ejemplo finlandés. El último fue el realizado por Centro de Estudios de Políticas y Prácticas en Educación (Ceppe), dependiente de la Universidad Católica, donde se analizaron las claves del éxito educativo de Finlandia (1). Al escuchar la ponencia de los académicos fineses, uno tiende a mostrar no sólo un poco de extrañeza, sino –como en este caso- abierta perplejidad, ya que lo expuesto por ellos va en una línea absolutamente contraria al modelo que se pretende implantar el Chile.

Ayer domingo, en el cuerpo A de El Mercurio (2) aparece una breve entrevista a Piia Seppänen, una de las expositoras del seminario aludido, quien se refiere a los modelos educativos basados en estándares.

&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&

Exceso de mediciones puede perjudicar el proceso educativo

Por Pamela Carrasco

“En mi país, las mediciones y pruebas de la calidad de la educación no son un tema ni para los políticos, ni para los padres, ni para los expertos”, dice Piia Seppänen, investigadora del Centre for Research on Lifelong Learning and Education de Finlandia, sorprendida porque en Chile se habla tanto de esto. Explica que hay estudios que muestran que estos tests influyen en las prácticas educativas y que no necesariamente mejoran los resultados. “Y los profesores terminan preparando para el test y no para las necesidades educativas de los alumnos. Las sociedades que tienen grandes cantidades de mediciones no mejoran los resultados, de modo que no tiene sentido”, explica.

Aclara que no es que no les preocupe medir los conocimientos de los niños. De hecho, hacen un test estandarizado con una muestra y se hace muy tardíamente, al inicio de la educación media, en dos o tres materias y cada tres o cuatro años. Y los resultados no se publican. “El ministerio está pensando hacer más evaluaciones, pero de manera muestral, no a todos los niños y para tomar decisiones de desarrollo del sistema, no para comparar ni publicar. Estas evaluaciones están más orientadas a detectar qué niños necesitan apoyos y dónde poner bien los recursos, de modo que es algo que tiene mucho más que ver con la escuela y los profesores. La evaluación es para el desarrollo pedagógico y no para compararse entre escuelas”, sostiene.

Chile y el lucro

Piia Seppänen estuvo en Chile invitada por el Centro de Estudios de Políticas y Prácticas en Educación (Ceppe) y la Facultad de Educación Universidad Católica para participar de un seminario acerca de las claves del éxito educativo de Finlandia, y en donde desarrolló los factores históricos y culturales que explican los buenos resultados en pruebas internacionales, como PISA. Expuso que su historia de nación dominada por otros países, como Suecia y Rusia, hace que sean una sociedad “obediente”, como ella la llama. “Los niños son obedientes y respetan a los profesores y este es un rasgo cultural, que se transmite desde los padres, porque la sociedad tiene una alta y fuerte confianza en los maestros. Eso se traduce en que los padres no interfieren en lo que los profesores hacen, no los evalúan ni los cuestionan. Entonces se mezcla la confianza en los profesores y la autoridad que estos tienen dentro de la sociedad”.

Y aclara que este respeto y jerarquía también va de la mano de un sistema social muy igualitario. Por eso, se mostró contrariada frente al sistema chileno. “Por lo que noté, permite el lucro y yo entiendo que la escuela es para construir ciudadanos y para formarse entre iguales, para construir nación y una sociedad cohesionada. Y me cuesta entender cómo este objetivo puede convivir con un sistema educativo organizado a través del lucro”, explica.

“La sociedad”, agrega sin pausa, “debe educar a su gente y pone dinero para eso. Entonces, no entiendo cómo hay quienes se llevan ese dinero, que es para formar ciudadanía y formar cohesión. En Finlandia pagamos muchos impuestos, pero el Estado te da todos los recursos, como el colegio o la universidad”.

___________________________

Notas.

1.- Seminario claves sociales del éxito educativo de Finlandia, Campus San Joaquín el pasado 15 de noviembre. Expositores: Hannu Simola, catedrático de Sociología y Política de la Educación de la Universidad de Helsinki; Piia Seppän, investigadora del Centre for Research on Lifelong Learning and Education, CELE, de la Universidad de Turku; agmar Raczynski, Doctora en Sociología de la Universidad de California y Profesora Titular UC; Alejandro Carrasco, Sociólogo UC y PhD Cambridge University.

2.- Piia Seppän, académica finlandesa, Exceso de mediciones puede perjudicar el proceso educativo; entrevista realizada por la periodista Pamela Carrasco. El Mercurio 29 de noviembre de 2010, cuerpo A-13.

27
Nov
10

Qué opinan los Alumnos de la Reforma de Piñera

Mucha tinta hemos gastado estos días en analizar la “revolución educativa del presidente Piñera”, especialistas, políticos, comunicadores sociales y de los otros, opinólogos, blogueristas, etc. hemos cruzado argumentos en pro o en contra de la medida presidencial. Pero, que piensan los alumnos de esta revolución. The Clinic (*), cómo no, tuvo la idea de pedirle al presidente del centro de Alumnos del Liceo de Aplicación, Isaac Gajardo, que diera su parecer sobre el tema; el resultado, una columna inteligente, bien articulada, que toma el pulso de lo que piensa el alumnado de un importante sector del país.

#############################


La reforma educacional planificada entre 4 paredes

 

Una gran preocupación inunda nuestras mentes desde el domingo pasado, cuando Sebastián Piñera anunció su “reforma educacional”. Comenzó diciendo que ésta, apuntará al corazón de lo que los padres quieren: “una educación de calidad, como la que se entrega en un colegio particular pagado”. Con eso se comenzaba a visualizar el campo en el que estarían estas propuestas, y ya daban ganas de salir arrancando.

Atraer a los mejores estudiantes a las facultades de pedagogía, pero no fijarse en cómo se está llevando a cabo la carrera docente en muchas universidades, especialmente en las privadas; modernización del estatuto docente que no fue discutida con los profesores, principales actores involucrados en el tema; convertir a los directores en verdaderos líderes (dictadores), dándoles la posibilidad de remover cada año hasta un 5% de la planta de profesores y tomar decisiones administrativas sin consultar a la comunidad; mayor información a los padres, con el semáforo de la discriminación socioeconómica; mejorar los contenidos curriculares y la dosificación del horario de clases, aumentando sin ningún estudio concreto las horas de matemáticas y de lenguaje mientras la Jornada Escolar Completa fracasó; aumentar de 50 a 60 los Liceos de Excelencia, potenciando la segmentación y el apartheid educativo; realizar pruebas para aumentar el sueldo de los profesores mejor evaluados e ir aislando a los profesores mal evaluados. Todas estas son las reformas anunciadas este domingo y supuestamente profundizadas el lunes, con un discurso en el que el presidente solo hizo un copy-paste de la cadena nacional del domingo, agregándole algunos sinónimos.

Ahora, se ha anunciado que a esta reforma se le dará condición de urgencia para que sea aprobada antes de marzo de 2011, es decir, no dará tiempo para un debate social, los estudiantes no podrán hacer nada para frenarlo y mientras, el Colegio de Profesores se encuentra sesgado en sus luchas por reivindicaciones solo salariales. Así, el panorama se vuelve aun mucho más preocupante, con Hinzpeter tratando a los que se opongan a su reforma educacional como traidores, antipatriotas, capas hasta de terroristas (como está de moda), desde el punto de vista comunicacional esto fue muy bien pensado.

Creo que, además de todos esos detalles del discurso de Piñera y su gente, esta reforma muestra claramente los lineamientos de una derecha que por más que se quiera catalogar como “nueva derecha”, sigue haciendo lo mismo que hizo cuando apoyó la reforma educacional de los ’80, sigue perpetuando un sistema de educación completamente ideologizado, completamente neoliberal, en donde prima la economía por sobre el educar a personas integras.

Y que no nos llame la atención que se concrete en un futuro no muy lejano un “pacto por la educación” entre la derecha y la Concertación, al mismo estilo que lo hicieron con la LGE y la Ley de Fortalecimiento de la Educación Publica, ya que para qué andar con cuentos cruzados, esta es una revolución pensada entre cuatro paredes, al igual que las reformas educacionales de la Concertación, los que ahora cuando son oposición, siguen desconociendo y haciendo oídos sordos a la participación ciudadana. En voz de Ignacio Walker, pudimos escuchar que “se requieren dos partes para llevar a cabo esta reforma”, refiriéndose al pacto que debe hacer la Concertación y la Alianza, un pacto en donde los profesores, los estudiantes y todos los chilenos no cabemos, un pacto en el que se sigue perpetuando un sistema educativo ideologizado que fracasó en su intento de elevar la calidad de la educación, pero triunfó en su objetivo que es seguir creando elites.

Fuente: esopino.blogspot.com

_________________________

* The Clinic, n° 371, noviembre de 2010.

20
Nov
10

¡NO a la reducción de las horas en historia!

La inusitada medida del presidente Piñera, entorno a disminuir el número de horas al área de historia del curriculum nacional, no sólo ha despertado el rechazo de académicos, historiadores, estudiantes  y organizaciones sociales, que han dejado sentir su disconformidad en diarios, redes sociales, blogs, etc., sino que también empiezan tomar fuerza acciones de protesta en contra de una medida que fue impuesta sin la más mínima intermediación con la sociedad civil.

Una de estas iniciativas es la Declaración de Historiadores y Profesores de Historia, texto que se dará a conocer la próxima semana con la adhesión de los profesionales del área, y que pretende aglutinar y manifestar el descontento con la medida que, en la práctica, disminuye en 40 horas al año las clases de historia. A continuación, transcribo el documento que está siendo liderado por el historiador Sergio Grez Tosso.

///////////////////////////////////////

Declaración de Historiadores y Profesores de Historia

Con motivo de las recientes declaraciones del Ministro de Educación, Sr. Joaquín Lavín Infante, anunciando la reducción de horas de clase de Historia para alumnos entre Quinto Básico y Segundo Medio, los historiadores (as) y profesores (as) de Historia firmantes declaramos:

1. Consideramos dicha reducción horaria absolutamente desacertada y lamentable y por ende, la rechazamos categóricamente, puesto que, contrariamente a lo afirmado por el Ministro, no contribuirá en lo más mínimo a solucionar los graves problemas de desigualdad, inequidad y falta de calidad de la Educación Básica y Media chilena. Al contrario, solo los agravará generando nuevos desequilibrios y distorsiones.

2. Esta medida ha sido adoptada de manera autoritaria y antidemocrática puesto que no ha sido el resultado de un proceso de discusión informado y transparente del profesorado, de sus organismos profesionales y gremiales, y tampoco fue consultada con los especialistas de la disciplina del medio universitario –historiadores y educadores- sino adoptada en base a criterios tecnocráticos, por el círculo del confianza del Ministro Lavín, a puertas cerradas en el Ministerio de Educación. No existen estudios serios que justifiquen esta decisión y que demuestren que la reducción de horas en Historia y Ciencias Sociales a favor de otros cursos beneficiará el aprendizaje de los estudiantes.

3. Además de no asegurar mejores resultados en pruebas de estándares internacionales, la implementación de esta política significará reducir aún más la posibilidad –ya escasa- de desarrollar un pensamiento crítico en los estudiantes y formar ciudadanos reflexivos, aptos para el ejercicio democrático puesto que la Historia es, por antonomasia, creadora de conciencia crítica respecto del entorno social en el que viven las personas, y por ello el mejor instrumento para formar verdaderos ciudadanos. Reducir o minimizar la enseñanza de la Historia y las Ciencias Sociales en las escuelas, colegios y liceos significa, más allá de las intenciones declaradas, coartar y acallar la reflexión y el análisis crítico. Detrás de criterios aparentemente “técnicos” que inspiran categorías como “productividad”, “resultados” y “competencia”, se ocultan inspiraciones e intereses políticos que apuntan a la formación de tecnócratas y mano de obra dócil, incapaz de cuestionar los fundamentos, objetivos y modo de funcionamiento del actual modelo de sociedad. Cabe recalcar que esta medida se suma a una similar adoptada hace algunos años que significó la disminución de las horas de Filosofía en el currículo, con el consiguiente daño para la formación humanista de los alumnos.

4. Nuestra oposición a esta decisión del Ministerio de Educación no está motivada por una mera defensa “corporativa” de tipo laboral (la defensa de las horas que perderán los profesores de Historia), sino principalmente, por las razones expuestas que se vinculan con el tipo de jóvenes y de ciudadanos que queremos contribuir a formar, por el rol central que la Historia puede y debe jugar en el proceso formativo de personas íntegras y conscientes.

5. En consecuencia, hacemos un llamado a toda la comunidad educacional nacional –profesores, estudiantes, padres y apoderados de los distintos niveles del sistema educacional- a hacer público su rechazo a esta nefasta medida y a movilizarse de manera unitaria y coordinada para lograr revertirla.

Santiago, noviembre de 2010.

 

* Artículo relacionado: El Peligroso Debilitamiento del Curriculum Humanista en la Educación Chilena

18
Nov
10

El Peligroso Debilitamiento del Curriculum Humanista en la Educación Chilena

Pero, ¿cómo un país, que tiene un interés serio en la educación,
se la entrega a los ingenieros? No se puede elegir 
una profesión más ajena a una comprensión amplia y generosa
de la educación. Un ingeniero es bueno para hacer caminos y puentes…”
(Carla Cordua)*

El ministro Lavín, anunció ufano el día de ayer “el mayor cambio al curriculum y al horario escolar que se haya hecho en los últimos años”, para continuar diciendo que la medida es “sólo comparable al aumento de horas que significó la jornada escolar completa” (1). La medida, que comenzará a regir el 2011 pretende fortalecer tres áreas evaluadas por el SIMCE, lenguaje, matemáticas e inglés. Lenguaje aumentará de 5 a 7 horas semanales entre quinto básico y segundo medio; matemáticas aumenta una hora de quinto a octavo año básico, y dos horas en primero y segundo medio; inglés aumenta una hora de quinto a sexto básico. Para adaptar la carga horaria propuesta por esta medida, se disminuirán horas a las áreas de historia y educación tecnológica. La medida, que si bien parece razonable, deja entrever algunas situaciones que el MINEDUC debiera especificar más claramente, pues a simple vista resultan a lo menos extrañas.

Primero, si se quiere de verdad estimular la comprensión lectora y el raciocinio matemático, porqué no se hace de primero a cuarto básico que es donde de verdad debe hacerse. En este sentido, no puedo estar más de acuerdo con Mario Waissbluth, quien manifestó que la medida era una buena “muleta” para los alumnos que llegan a 5° básico ya “cojos” (2). La evidencia indica, que es en la enseñanza básica donde  se debe aprender a leer y a operar y razonar con las matemáticas, entonces, por qué Lavín interviene de quinto a segundo medio y no lo hace de primero a sexto básico, la enseñanza básica que estructuró la LGE (3). En qué se empleará el aumento de horas, según el ministro, “la idea es que hayan más hora para hacer ejercicios de matemática y para que los alumnos aprendan a redactar mejor” (4), o sea, se pretende que los alumnos ejerciten competencias que, como lo indica el SIMCE, la mayoría no podrá desarrollar ya que tienen escasa comprensión lectora y bajo razonamiento matemático.

Segundo, se produce un peligroso debilitamiento del área humanista en el curriculum nacional. Primero fue filosofía, que quedó reducido a un área de segundo orden en la reforma curricular  del 94, ahora le toca a historia quien verá disminuida su carga horaria en 40 horas al año, lo que incidirá según el curriculum readecuado, en debilitar los contenidos de historia universal e historia de Chile. Pero, más allá de esto, como lo expresara claramente Alfredo Hocelyn-Holt a La Tercera, es “lamentable” que se disminuyan las horas de Ciencias Sociales, y asegura que “un país sin memoria histórica es un país cada vez menos sensible y con menor sentido público”. Y agrega que es fundamental que los jóvenes tengan conocimientos de historia, debido a que “quienes no tengan esa conciencia, no saben dónde se ubican en el tiempo (…)” (5).

Tercero, esta readecuación horaria viene darle la razón a aquellos que no están de acuerdo con las Reformas Basadas en Estándares (6), en el sentido que termina priorizando sólo los contenidos que miden los estándares, reduciendo la educación sólo a lo que mide el SIMCE, razón por la cual muchos de los países de alto desempeño en pruebas internacionales, entre ellos Finlandia, no los utilizan. Sería ingenuo reducir la pedagogía a competencias en lenguaje, matemáticas, inglés y educación física, dónde se ubica la formación ética, intelectual, emocional, artística, el pensamiento lógico, la creatividad, etc… es decir todo lo que realmente debiera interesar en la formación de nuestros jóvenes.

Por último, nadie niega la importancia de la correcta formación en lenguaje y matemáticas, pero Lavín está aplicando el correctivo en el lugar equivocado. Todos sabemos que nuestra educación tiene un problema en su base, la enseñanza básica, pero, qué se hace, se interviene la enseñanza media. Digámoslo una vez más, esta medida tiende a hacer aún más light el currículum, el que como siempre no afectará a los sectores más acomodados del país, sino a los más vulnerables, que verán disminuidas sus posibilidades de ampliar el conocimiento crítico de la historia y la sociedad. No quiero ser mal pensado, pero ojalá no sea esto el fin último que persigue la curiosa medida del presidente Piñera.

______________________________________________

* Entrevista a Carla Cordua. The Clinic n° 355, año 11 del jueves 5 de agosto de 2010.

Notas

1.- “Mineduc aumentará en 800 horas las clases de Matemática y Lenguaje”. La Tercera, 17/11/2010. Ver en: http://www.latercera.com/noticia/educacion/2010/11/657-308135-9-mineduc-aumentara-en-800-horas-las-clases-de-matematica-y-lenguaje.shtml

2.-  La Segunda, miércoles 17 de noviembre de 2011.

3.- La Ley General de Educación (LGE), modificó los ciclos de estudio de la enseñanza básica y media. La básica tendrá una extensión de de 1° a 6° básico; la media menor abarcará de 7° a 2° medio; la media mayor abarcará de 3° a 4° medio.

4.- La Tercera, 18 de noviembre del 2010.

5.- Para profundizar sobre el tema, ver “La Política de Reforma Basada en Estándares aplicada a Chile. Otra mala idea”. En: https://guillermobastias.wordpress.com/2010/11/05/la-politica-de-reforma-basada-en-estandares-aplicada-a-chile-otra-mala-idea/

6.- La Tercera, 18 de noviembre del 2010.

25
Oct
10

Presupuesto de Educación 2011: los pobres, los grandes ausentes

“este año no se construirá ninguna sala cuna más
porque se congeló el presupuesto para este ítem”
(Carlos Montes)*

En medio de la resonancia mediática que ha provocado el exitoso rescate de los 33 trabajadores de la mina San José, y el viaje presidencial (papelito incluido) a Europa se dio a conocer el presupuesto en educación para el año 2011, una de las áreas de mayor preocupación de la ciudadanía según la última encuesta ICSO-UDP 2010 (1). El proyecto, plantea un aumento de un 7,6% respecto del año 2010, pero en este aumento está considerado el gasto en infraestructura dañada por el terremoto, lo que en la práctica se traduce en un aumento neto de tan sólo un 3,5% respecto del año anterior.

El presupuesto propuesto por La Moneda se concentra básicamente en dos áreas, subvención escolar y reconstrucción de infraestructura dañada por el terremoto, lo demás, mantiene en líneas generales el derrotero de la educación de mercado trazada en los últimos 30 años. Dentro de las inversiones prioritarias está el ítem para contratar una empresa extranjera que evalúe el cuestionado sistema de acreditación universitaria, con lo que se espera poner término al mercado persa de los títulos de pedagogía; se pretende también capacitar a los directores de colegios mediante programas de formación entregado por universidades, situación que si bien hace un guiño cómplice a Mario Waissbluth, no cambia sustancialmente lo que se está haciendo ahora, pues ya existe en muchas universidades un pos título con grado de magister para capacitar a directores; por último, y en la senda ya trazada por el ministro Lavín, se duplica prácticamente el presupuesto SIMCE, con la idea de generar nuevas y más mediciones estandarizadas.

Dentro de los ítems que no tienen prioridad para el ministerio, se encuentra la reducción del presupuesto para la educación técnica, donde se recortan dineros en becas, equipamiento didáctico y perfeccionamiento docente (ver gráfico). Otra área preocupante es la educación preescolar, la que había aumentado de un 10 a un 30 por ciento en el gobierno de Bachelet, el presupuesto no contempla su ampliación, dando un golpe más a los sectores más pobres del país.

El presupuesto 2011 en educación pone el énfasis en políticas llamativas, pero que no tienen incidencia profunda en el proceso, como son los liceos bicentenarios que educaran a cerca de 30 mil alumnos, el aumento de la competencia mediante pruebas estandarizadas que, dicho sea de paso, se baten en retirada en el resto del mundo, y por último, las becas para estudiantes de excelencia que sigan pedagogía, que en el mejor de los casos se verá su eficacia en 5 años más. Sin embargo, el gran olvidado de esta trama son los más pobres. En efecto, el programa de educación preescolar tiene una incidencia enorme en nivelar las competencias de entrada de los niños de los sectores más vulnerables del país; el presidente Piñera prometió en campaña: “Nuestro compromiso va a ser llegar con la educación preescolar hasta el último rincón de nuestro país y a todos los hogares de Chile”, agregando más adelante: “se lo debemos a nuestros niños para que tengamos en nuestro país igualdad de oportunidades desde la cuna, sino que también es la mejor inversión que podemos hacer para fortalecer nuestro desarrollo económico, para fortalecer nuestra justicia en la sociedad y para lograr un Chile más feliz, un Chile más integrado” (2). Otro aspecto inexcusable, es la disminución de presupuesto para la enseñanza técnica profesional, que abarca el 40% de la matrícula y atiende al 90% de los jóvenes de menores recursos del país; para ellos no alcanza la educación de excelencia. En definitiva, se afianza una agenda cortoplacista, llena de pirotecnia electoral, donde los pobres son los grandes ausentes de este baile.

* Radio ADN, 20 de octubre de 2010. Ver en: http://www.adnradio.cl/nota.aspx?id=1373992

Notas

1.- El ítem educación aparece como la segunda preocupación de los chilenos, con un 21.1%. En primer lugar se encuentra delincuencia, con un 38.2%; en tercer lugar está la falta de empleo, con un 10.8%. Encuesta UDP-ICSO, 2010; ver en: http://www.icso.cl/destacado/resultados-de-encuesta-nacional-udp

2.- Viento Paragón, 24 de septiembre de 2009. Ver en: http://www.vientopatagon.cl/main/?p=9638

03
Oct
10

El sentido de la Educación Pública

Según ha trascendido, en los hornos de la política se está fraguando una ley que rija los destinos de la alicaída educación pública chilena. Y como intuimos, parece que también se hará a la chilena. Para este efecto, el timonel del Partido Socialista Osvaldo Andrade se habría reunido con el ministro Lavín *, para consensuar los ingredientes del estofado y, como es costumbre, servir la mesa con el menú ya preparado. En este sentido, quiero invitarlos a “degustar” el interesante artículo del abogado Fernando Atria, publicado en el último número de Revista Docencia; en el cual revisa, desde una perspectiva jurídica, las principales acepciones que se manejan sobre educación pública y, a la vez sus principales incoherencias

¿??????????????????????????????????¿

El sentido de la Educación Pública

Fernando Atria (1)

Uno de los aspectos más insólitos de la reflexión sobre el sistema educacional chileno es que se piensa desde el establecimiento particular pagado. El establecimiento particular pagado es el que expresa de modo más pleno la idea de un establecimiento educacional y lo que es en principio aceptable (o deseable) que un establecimiento haga (o pueda hacer). Un colegio particular subvencionado es como uno particular pagado, con una característica accidental adicional: que atiende personas que no pueden pagar su colegiatura, y por eso existe la subvención. Y un establecimiento municipal es como uno subvencionado, con una característica accidental adicional: que su “sostenedor” tiene la “naturaleza jurídica” de “municipalidad” (o “Estado”).

Esto ha llevado a una radical homologación del régimen de los dos últimos al régimen del primero. Así, si los establecimientos que sirven de modelo pueden cobrar por la educación que ofrecen, es decir, ofrecerla condicionalmente al público, y pueden seleccionar, eso implica que, en principio, también pueden hacerlo los otros. Y con esa lógica se introdujo el financiamiento compartido, y se autorizó incluso a los establecimientos municipales a cobrarlo. Si los establecimientos particulares pagados, cuyo régimen jurídico es el de una empresa privada, pueden elegir libremente con quién realizar contrato, y por eso seleccionar unilateralmente estudiantes, o expulsarlos por infracción a reglamentos unilateralmente fijados por el dueño, ese mismo poder lo tienen, en principio, los establecimientos subvencionados y municipales. La conclusión de este razonamiento es que la “educación pública” no tiene nada de peculiar, nada que justifique una preocupación especial o un programa de fortalecimiento. En rigor, que la categoría de educación pública no existe más que como una pura forma jurídica, sin contenido.

Por esto, se ha sostenido que, más allá de los formalismos jurídicos, el concepto de “educación pública” debe incluir a los establecimientos particulares subvencionados.

Esto es un grave error, y estas líneas tienen por finalidad aclarar por qué tiene sentido hablar de “educación pública”, excluyendo los establecimientos particulares pagados y subvencionados.

Dos (no tres) conceptos de educación

Pública.

Hay un sentido en que toda educación provista en el contexto de un sistema educacional como el chileno es pública. Éste es el sentido en que la expresión es utilizada en la denominación que reciben ciertas escuelas inglesas: “escuelas públicas” (public schools). Esas escuelas, paradójicamente, son las más exclusivas y selectivas del sistema educacional inglés (están probablemente entre las escuelas más selectivas y exclusivas del mundo), abiertas sólo a los ultra-ricos. La razón por la que se denominan “public schools” es que ellas originalmente surgieron como una alternativa a la educación que recibía el hijo del aristócrata a manos de un instructor o institutriz, en privado, en el palacio familiar (como Aristóteles educaba a Alejandro Magno). En contraposición a esa forma de educación, el hecho de tener que salir del palacio y encontrarse con otros estudiantes era lo que caracterizaba a la educación recibida en una escuela como “pública”. Si éste es el criterio de lo público, toda educación provista por un establecimiento educacional es “pública” por definición.

Ahora bien, en la discusión sobre el fortalecimiento de la educación pública apareció una tesis que defiende un concepto de educación pública más restringido que el anterior. Conforme a este nuevo concepto, entender que la educación pública es sólo la provista por agencias estatales es demasiado estrecho, y debe reconocerse que, en el sentido relevante, la educación pública incluye a la denominada “particular subvencionada”. Este es un concepto más restringido que el primero porque acepta que el concepto de educación pública no incluye a la educación “particular pagada”, pero reclama estar libre del formalismo del que dice que educación pública es sólo la provista por el Estado. Lo que importa no es quién provee la Educación sino qué educación se provee.

Nuestra situación actual, entonces, es que hay aparentemente disponibles tres conceptos de “educación pública”, y lo que este artículo intenta hacer es determinar cuál es el políticamente relevante cuando se discute sobre la importancia de este tipo de educación.

El primer concepto es el que subyace a la denominación de las “escuelas públicas” inglesas: es pública toda educación que exige que el estudiante abandone la casa familiar y se encuentre con otros en un establecimiento educacional, lo que implica que todos los establecimientos educacionales son por definición parte de la educación pública. El segundo concepto es el tradicional: la educación pública es el provisto por órganos del Estado; por consiguiente sólo los establecimientos municipales son parte de la educación pública. El tercer concepto es uno que se presenta como intermedio: es pública la educación provista por establecimientos municipales y subvencionados. El que defiende esta tercera posición cree que atender al solo hecho de que algunos establecimientos son de propiedad del Estado es un formalismo jurídico irrelevante, y que si evitamos los formalismos veremos que, en el fondo, la educación municipal y la subvencionada deben ser consideradas como pertenecientes al mismo grupo.

En la discusión política chilena nadie pretende que, cuando se habla del “fortalecimiento de la educación pública”, se esté usando el concepto de educación pública en el primer sentido. La cuestión políticamente relevante, entonces, es determinar si la crítica que se hace al segundo concepto el que defiende el tercero es o no justificada. Si aceptamos el tercer concepto de educación pública, por ejemplo, debemos adherir a alguna forma de lo que se denomina el principio de “igualdad de trato”, que insiste que el Estado no puede tratar de modo diferente a la educación municipal y a la subvencionada, que toda política de fortalecimiento de la educación pública debe ir dirigida a estas dos categorías de establecimientos, y que mostrar una atención preferente por la educación municipal es una discriminación arbitraria.

Ahora bien, si se trata de defender el tercer concepto de “educación pública”, la pregunta obvia es qué es lo que es común a los establecimientos estatales y los particulares subvencionados y los distingue a ambos de los particulares pagados; qué es, en otras palabras, lo que definiría esta nueva categoría. Aunque la respuesta es bastante obvia, es importante detenerse en el hecho de que los que la defienden no son particularmente prolijos. J. J. Brunner, por ejemplo, ha dicho (en El Mercurio, 13 de julio de 2008) que “En Chile se llama educación pública a aquella ofrecida por los colegios municipales, sin reparar en que también la provista por establecimientos privados subvencionados es pública en todos los aspectos fundamentales (currículo, profesores, jornada escolar, textos, exámenes, medición de resultados, certificados otorgados, financiamiento),

con excepción de la propiedad de las escuelas”.

Lo que es claro aquí es que, con la excepción de “financiamiento”, los “aspectos fundamentales” a los que se refiere Brunner caracterizan por igual a toda la educación reconocida por el Estado. Si ellos fueran los que definen a la educación pública, deberíamos concluir que su objeción no es a la idea de que el Estado debe mostrar una especial preocupación por la educación estatal, sino una mucho más radical: todo el sistema educacional conforma la “educación pública”. Ahora bien, ésta no es la conclusión que el propio Brunner defiende, por lo que su enumeración debe ser entendida más como una licencia retórica que como una lista reflexiva.

Para remover la licencia hay que separar el “financiamiento”, que es el único criterio que permite agrupar a establecimientos estatales junto a particulares  subvencionados, excluyendo los particulares pagados. La mención a los otros “aspectos fundamentales” es aquí irrelevante.

Pero ¿no es esto igualmente “formalista”? ¿Por qué es un formalismo apelar a la “naturaleza jurídica” del proveedor y no es formalista apelar a la naturaleza jurídica del que paga por la provisión? La respuesta es obvia: cuando el que paga por la educación es el Estado, y no el individuo, ella deja de quedar condicionada a la capacidad del individuo de pagar por su educación. Éste sería el criterio relevante para definir lo que cuenta como educación pública. Es una cuestión de acceso: educación pública=educación abierta a todos.

Es claramente incorrecto, sin embargo, decir que la educación provista por los establecimientos particulares subvencionados está en principio abierta a todos. Ello por dos razones. La primera es que esos establecimientos están habilitados legalmente para cobrar a sus estudiantes (a sus padres) una cantidad mensual de dinero que la ley denomina “financiamiento compartido”. Conforme al propio criterio utilizado por los críticos, entonces, estos establecimientos no deberían ser entendidos dentro de la categoría “educación pública”.

Pero la razón principal no es el financiamiento compartido. En Chile se ha entendido (incorrectamente, a mi juicio, aunque eso es ahora irrelevante) que es parte fundamental de la libertad de enseñanza de la que gozan los sostenedores de estos establecimientos el que ellos puedan no sólo definir su propio proyecto educativo, sino adicionalmente invocarlo como una razón que guía sus criterios de selección o permanencia. Por consiguiente, los establecimientos particulares subvencionados no están en principio abiertos a todos, sino sólo a quienes tienen formas de vida o concepciones de la educación o del mundo, etc., que de acuerdo a la decisión unilateral del sostenedor son compatibles con su proyecto educativo.

Nótese que estas dos cuestiones son enteramente independientes: del hecho de que el sostenedor pueda establecer y ejercer un proyecto educativo no se sigue que una de las maneras de “ejercerlo” sea transformarlo en estándar de admisión al establecimiento. La ley podría perfectamente reconocer y proteger el primer derecho pero negar el segundo. La conexión entre ambos suele establecerse con un argumento particularmente débil: sólo si el sostenedor puede seleccionar estudiantes por su conformidad con “su” proyecto educativo es posible asegurar la “comunidad de valores” que un proyecto educativo requiere para ser exitoso. Quienes sostienen esta excéntrica idea ignoran sistemáticamente que, como en Chile nadie tiene la obligación legal de asistir a un establecimiento en particular, esa comunidad de valores se puede asegurar sin que el establecimiento pueda seleccionar, ya que el hecho de que el establecimiento deba ser elegido por los padres es suficiente para garantizar esa comunidad de valores. Por estas dos razones no puede decirse que los establecimientos particulares subvencionados estén abiertos a todos.

Que un establecimiento educacional esté abierto a todos quiere decir que en principio todos tienen el derecho de ser admitidos por ese establecimiento, derecho que sólo cede, como todo derecho, cuando su cumplimiento es físicamente imposible (no implica que un establecimiento no esté abierto a todos el hecho de que ese establecimiento no pueda, por razones fácticas de limitación de recursos, recibir a todo el que postula cuando la demanda excede las plazas disponibles). Por consiguiente, es importante notar que el hecho de que los establecimientos de la educación particular subvencionada no estén en principio abiertos a todos no es una generalización a partir de las políticas efectivamente adoptadas por algunos, muchos o todos esos establecimientos. No es un punto, en otras palabras, que sea sugerido por la evidencia empírica disponible, por lo que no es refutable por referencia a dicha evidencia. Es una observación sobre (la interpretación dominante de) el régimen legal aplicable a esos establecimientos, que entiende la libertad de enseñanza del sostenedor de modo tal que es incompatible con entender que quienes postulan a su establecimiento tienen un derecho, fundado en su condición de ciudadanos, a ser admitidos.

En efecto, que alguien tenga un derecho quiere decir que hay otro que tiene un deber. Esta obligación del deudor, una vez surgida, es independiente de su voluntad, en el sentido de que ya no puede decirse que el deudor tiene la libertad de decidir si paga o no paga (está obligado a pagar). Como (la interpretación dominante de) el régimen legal de la educación particular subvencionada permite al sostenedor exigir una cierta cantidad de dinero a cambio de la prestación de servicios educacionales, y le permite además definir unilateralmente un proyecto educativo conforme al cual ciertos ciudadanos no son elegibles o son menos elegibles que otros, no puede decirse que todo ciudadano esté, ante un establecimiento particular subvencionado, en la posición de quien tiene derecho a ser admitido, porque el establecimiento no tiene el deber de recibirlo.

Nótese que en esto hay una diferencia considerable con la educación estatal: si bien ésta también está autorizada para cobrar como financiamiento compartido un pago en dinero por el servicio provisto, esa autorización tiene una limitación que mantiene esa forma educacional abierta a todos, porque los establecimientos municipales que cobren financiamiento compartido deben aceptar gratuitamente a todos los alumnos residentes en la comuna (Art. 23 DFL 2 de 1998).

La razón por la cual la autorización dirigida a establecimientos municipales para exigir el pago del financiamiento compartido necesita estar sujeta a esta limitación es la contenida en el artículo 19 N° 10 de la Constitución: todas las personas tienen un derecho a la educación. Por la misma razón, no puede decirse que los establecimientos municipales tengan libertad de enseñanza en el sentido en el que se entiende dicha libertad en Chile, es decir, como justificación de políticas de selección y exclusión. Si los establecimientos municipales tuvieran esa libertad de enseñanza, entonces nadie tendría derecho a ser educado.

Es verdad que hoy no hay una regla que impida a los establecimientos educacionales del Estado fijar proyectos educativos por referencia al cual puedan seleccionar alumnos. Pero el solo hecho de que sean del Estado impone esa limitación por referencia, por ejemplo, a creencias religiosas o capacidad de pago. El caso más problemático es el de selección por méritos académicos. Hoy no hay obstáculos a que los establecimientos del Estado seleccionen de este modo, en buena medida porque, como hemos visto, el modelo de establecimiento sobre el cual se construyen los demás es el establecimiento particular pagado. Esto, desde luego, desnaturaliza la educación pública, y la propuesta del Ministerio de crear “liceos de excelencia” agudiza el problema. Pero el punto se sostiene: en principio, un establecimiento público no puede definir un proyecto educativo por referencia al cual seleccionar estudiantes (debe destacarse que el proyecto de ley de fortalecimiento de la educación pública se refiera a este punto, y si bien no prohíbe toda forma de selección, explicita su estatus: ya no es algo que los establecimientos públicos pueden desde luego hacer, sino que en principio no pueden hacerlo aunque en ciertos casos se justifique).

La referencia al derecho a la educación suele utilizarse, por los “expertos en políticas públicas”, de modo impropio, como si su relevancia se agotara en el hecho de que debe haber un sistema educacional con cobertura completa. Pero la lógica de los derechos es individualizada, no agregativa. No se trata (sólo) de que sea bueno que se alcance la cobertura completa en educación básica y media, se trata de garantizar que cada uno podrá recibir la educación que crea que es mejor. Ésta es la obligación del Estado: garantizar a cada ciudadano, individualmente, la educación que requiere. La existencia de establecimientos particulares subvencionados no es suficiente garantía del derecho a la educación, precisamente porque descansa en la idea de que el sostenedor puede poner condiciones al ingreso. En el régimen legal chileno la libertad especialmente protegida es la de los padres de elegir, no la de los sostenedores a seleccionar: “Los padres tienen el derecho preferente y el deber de educar a sus hijos. Corresponderá al Estado otorgar especial protección al ejercicio de este derecho” (Art. 19 Nº 10 inc. 3º. Constitución Política).

Sólo un sistema educacional cuyo régimen legal obliga a los proveedores a admitir a cualquier individuo que postula garantiza la educación a todos como un derecho. El régimen legal aplicable a la educación particular subvencionada no garantiza la educación como un derecho, porque el sostenedor tiene libertad, conforme a la ley, para establecer condiciones de ingreso, y la idea misma de que una exigencia es formulada como un derecho es incompatible con la libertad de aquel a quien se dirige la exigencia para condicionar su cumplimiento.

De modo que, examinada atentamente, la idea de que la categoría de educación pública incluye tanto a los establecimientos estatales como a los particulares subvencionados es incoherente.

Los sentidos relevantes, en el estado actual del derecho chileno, son dos: en uno, toda educación es pública (es el sentido de las public schools inglesas); en el otro, es pública la educación que es ofrecida por establecimientos que tienen el deber (correlativo al derecho a la educación de los individuos) de admitir a todo el que postule a ellos (salvo el caso obvio de imposibilidad material).

La tesis de que la educación “pública” incluye a los establecimientos estatales y a los subvencionados usa como criterio de distinción de lo público el hecho de que en ambos casos no es el individuo el que paga sino el Estado. Pero esta característica o es un formalismo sin justificación (tal como los críticos decían que era un formalismo atender a la “naturaleza jurídica” del establecimiento), o es importante porque abre el acceso a esos establecimientos a todos, no sólo a los que pueden pagar. Desde luego esta segunda opción es la que toma en serio el criterio que los propios críticos han utilizado para distinguir la educación subvencionada de la pagada. Pero habiendo aceptado este criterio (es pública la educación que está abierta a todos), sólo el que desconoce el régimen legal de la educación particular subvencionada puede creer que estos establecimientos están legalmente abiertos a todos y son parte, por lo tanto, de la educación pública.

De lo anterior no se sigue que el hecho de que los establecimientos particulares subvencionados reciban financiamiento público es enteramente irrelevante.

Hay un obvio interés público en especificar las condiciones bajo las cuales puede accederse a la subvención estatal y el modo en que puede ésta ser utilizada. El Estado tiene innegablemente el deber de velar por la correcta utilización de los fondos públicos, lo que se traduce en su deber de crear mecanismos de fiscalización adecuados al modo en que esos recursos se invierten. Esto desde luego justifica que

exista un régimen que permita el control del uso de los fondos estatales en establecimientos privados (del mismo modo en que sería, por ejemplo, enteramente inaceptable que el Estado creara un fondo de financiamiento de la investigación científica y tecnológica, pero no creara mecanismos de control del buen uso de esos recursos).

El argumento puede incluso llegar más lejos: como los establecimientos privados subvencionados pueden cobrar a los padres una cantidad que complementa la subvención estatal, y que de ese modo se transforma (en esos establecimientos) en condición para gozar de la subvención, el régimen al cual están sujetos los recursos estatales utilizados por los establecimientos privados puede también ser legislativamente extendido a los recursos captados por los establecimientos en tanto financiamiento compartido. Es evidente que para justificar esta conclusión no es necesario afirmar que los establecimientos privados subvencionados son parte de la educación pública; basta afirmar que reciben recursos del Estado, y aplicar a esos recursos entonces el régimen general de los recursos estatales. Una cuestión es la de definir qué cuenta como educación pública, y otra es especificar las obligaciones que, en general, el que recibe financiamiento público para algo adquiere por ese solo hecho.

Educación pública y educación Estatal

Hemos distinguido un concepto “amplio” de educación pública (las public schools inglesas) y uno “estricto” (educación abierta a todos). El concepto “intermedio” propuesto por los críticos, que incluye a todos los establecimientos educacionales que reciben algún financiamiento del Estado, fracasa en sus propios términos y por consiguiente no alcanza a constituir una tercera posibilidad. En sentido estricto, la educación pública es la que está sometida a un régimen legal conforme al cual ella está en principio abierta a todos como ciudadanos.

El sentido o finalidad, entonces, de un sistema de educación pública es garantizar a cada ciudadano la educación como derecho, correlativo del deber de quien la ofrece. De las tres categorías de establecimientos que conforman el sistema educacional chileno, sólo la de los establecimientos que pertenecen al Estado satisface esta condición, por lo que sólo la educación provista por establecimientos estatales puede ser denominada, en este sentido, “pública”.

Hay entonces una conexión entre el sentido de la educación pública (abierta a todos) y su forma jurídica (provista por establecimientos estatales). Esta conexión no es puramente contingente, como si no fuera más que el resultado de una historia que en cualquier punto particular podría haber evolucionado de otro modo. Ella se explica por la diversa posición que el individuo asume frente al Estado y frente a otros individuos.

Ante el establecimiento de propiedad del Estado el individuo concurre en términos asimétricos: basta su voluntad para que el establecimiento tenga la obligación de admitirlo. Esta asimetría entre el individuo y el establecimiento es reflejo de la posición general de asimetría que el ciudadano tiene frente al Estado: el individuo tiene derechos, y el Estado no, porque está “al servicio de la persona humana” (Art. 1° Constitución Política). Pero ante el establecimiento privado (subvencionado o no) el individuo no concurre como ciudadano sino como parte contratante. Y entre las partes contratantes existe la simetría propia del contrato y del mercado: ningún individuo está “al servicio” de otro. Como la relación entre el individuo y el establecimiento es en este caso simétrica, no basta la voluntad del primero para que el segundo tenga una obligación: la concurrencia de su voluntad, como en todo contrato, es condición necesaria, pero no suficiente, para que haya contrato.

Por consiguiente, la explicación que hemos encontrado del sentido de la educación (estrictamente) pública vincula la forma institucional de ciertos establecimientos (son propiedad del Estado) al sentido de la educación pública (educación abierta a todos, ante la cual el individuo concurre como ciudadano ejerciendo un derecho). Luego, la categoría de “educación pública” se identifica con la de “educación provista por establecimientos de propiedad del Estado” reteniendo su sentido.

Es sencillamente falso decir que la única diferencia entre los establecimientos estatales y los particulares subvencionados es la naturaleza del titular de la propiedad sobre los mismos. Como consecuencia de esa diferencia en titularidad, el régimen legal de ambos es diferente en un punto críticamente importante si de lo que se trata es de garantizar un derecho: sólo ante los establecimientos del Estado el individuo concurre como ciudadano que ejerce su derecho.

¿Establecimientos públicos de propiedad

privada?

Ahora bien, la posición discutida al principio afirmaba que los establecimientos particulares subvencionados debían ser considerados parte de la educación pública. Lo que hemos visto hasta ahora muestra que este argumento se basaba en una noción incoherente de “educación pública”. Dado el régimen jurídico chileno, sólo la educación estatal es educación pública. Pero la cuestión podría plantearse, por así decirlo, al revés: ¿es posible concebir un régimen legal en el que establecimientos de propiedad privada sean parte de la “educación pública”?

En Chile hemos aceptado que es a través de iniciativas privadas que pueden perseguirse finalidades públicas. Pero la manera en que lo hemos hecho ha desnaturalizado esas finalidades, porque la finalidad “pública”, por ejemplo, de un sistema de salud no es sólo proveer de prestaciones de salud sino garantizar el derecho igual de cada ciudadano en tanto tal a esas prestaciones de salud.

Está en lo correcto el neo-liberal que alega que no hay razón por la que las finalidades públicas sólo puedan ser perseguidas por el Estado. Lo que es inaceptable (porque distorsiona esas finalidades) es su pretensión de que puede (o debe) hacerlo sujeto al régimen de los agentes privados. Para que las iniciativas privadas reemplacen al Estado en la provisión de prestaciones públicas es necesario que asuman la posición de asimetría que el Estado tiene frente al ciudadano.

Por consiguiente, no hay razón para negar la posibilidad de que se cree legalmente una categoría de establecimientos públicos de enseñanza que sean de propiedad privada. Para esto sería necesario configurar el régimen legal aplicable a esos establecimientos educacionales privados (en cuanto a su propiedad y gestión) de modo que ellos asumieran la posición de asimetría, ante el ciudadano, característica del Estado. Si esa categoría legal existiera, entonces la homologación entre establecimientos de propiedad del Estado y educación pública sería objetable (esto muestra que dicha homologación no es conceptual, es decir, necesariamente correcta e independiente del contenido del régimen legal aplicable). Mientras dicha categoría no exista, la homologación es correcta, y la subsistencia de la educación estatal es la marca de que el Estado chileno está comprometido con la educación como derecho del ciudadano.

Esto es hoy difícil de pensar porque no hay un estatuto de la educación pública. Como el establecimiento público es pensado desde el particular pagado, de modo que “público” sólo quiere decir “del Estado”, la idea de una educación pública provista por establecimientos que no sean de propiedad del Estado es radicalmente incoherente, como hemos visto que ocurre con la posición del crítico que pretendía revisar el concepto de “educación pública”.

Si la educación pública tuviera un régimen propio, la cuestión sería más fácil: bastaría decir que es público todo establecimiento, incluidos los que pertenecen en propiedad a agentes privados, que se someta a ese régimen. El proyecto de ley de fortalecimiento de la educación pública contiene un incipiente régimen legal del establecimiento público (el título II, Arts. 5-12)2. Si ese régimen fuera aprobado, no

hay razón por la que no podría aspirar a ser tratado como “público” un establecimiento de propiedad de una persona de derecho privado que estuviera dispuesta a asumir lo que el proyecto denomina “Deberes especiales de los sostenedores públicos”, y podría decirse entonces: la educación pública es la provista por establecimientos que asumen los deberes especiales que se siguen de la asimetría entre el Estado y el ciudadano.

Coda: ¿Es sostenible la educación pública

en un sistema mixto?

El argumento desarrollado más arriba tiene una consecuencia importante. En un sistema como el chileno, en que los establecimientos de la educación pública y de la educación particular deben coexistir compitiendo, los segundos pueden ofrecer en el mercado un bien inapreciable que los primeros por definición no pueden ofrecer: selección. Como algunos establecimientos (los privados) pueden ofrecer selección y otros (los públicos) no, la educación privada tenderá a ser la educación a la que asistan todos aquellos que se benefician de la selección. Los que no se benefician de ella son aquellos que en sentido económico, social o cultural están peor situados. En un sistema mixto como el chileno, la educación pública tiene una tendencia interna a transformarse en un ghetto de marginalidad.

Para mostrar que éste es el caso, basta notar que el que asiste a un establecimiento que establece condiciones de ingreso asegura por ese solo hecho que estudiará junto a otros individuos que satisfacen esos criterios de ingreso. Todo establecimiento que puede seleccionar, entonces, puede adecuar su oferta de educación a un “target”: la clase de individuos que pueden satisfacer sus condiciones de acceso (y así separarse de los que están debajo de ellos) y que no puedan satisfacer condiciones de ingreso de un establecimiento más selectivo (por lo que se separará de los que están más arriba de ellos).

Un sistema mixto como el chileno, entonces, tenderá a la progresiva segregación, y en definitiva cada uno asistirá al establecimiento que su dinero puede pagar: ni un peso más abajo ni un peso más arriba. Y en el fondo, desde luego, se creará un subsistema de estudiantes socioeconómicamente deprivados y socialmente marginados. Lo que caracterizará a ese subsistema será que sus establecimientos no seleccionan, y atienden entonces sólo a aquellos a los que la selección no beneficia.

El sistema educacional chileno es el paradigma de un sistema diseñado para transmitir el privilegio. En materia educacional, para el privilegiado Chile es el mejor de los mundos posible.

__________________________________

* http://www.radiobiobio.cl/2010/08/23/preparan-proyecto-para-profunda-reforma-del-sistema-educacional-municipal/

Notas

1 Profesor de Derecho, Universidad de Chile, Universidad Adolfo Ibáñez. Este artículo incorpora material publicado en: Atria, F. (2009) ¿Qué es educación pública? Revista de Estudios Sociales, 117, 45-69, Corporación de Promoción Universitaria, Santiago. Y en Atria, F. (2007), Mercado y Ciudadanía en la Educación, Santiago, Flandes Indiano. A los que me permito remitir al lector.