Posts Tagged ‘subvención escolar

07
Feb
11

La educación en la calle

“Mientras los tomadores de decisiones no comprendan el rol estratégico que el fortalecimiento de la educación pública tiene para elevar la calidad y equidad del sistema educacional, estos malentendidos continuarán confundiendo la discusión e impidiendo al país avanzar en este crucial frente”.
(Cristián Bellei)*

El acuerdo amasado entre los partidos de la Concertación y la derecha en torno a la “gran reforma educacional del presidente Piñera”, dejó varios flancos abiertos que el mundo social, gremial y académico debiera tener en consideración y que se instalaran con fuerza a partir de marzo del presente año, el primero, consiste en el envío, antes del 30 de septiembre de 2011, de un proyecto de ley que abordará la institucionalidad y financiamiento de la educación municipal; el segundo, la pronta promulgación de la Ley de Aseguramiento de la Calidad de la Educación, cuerpo legal que crea una agencia aseguradora de la calidad y una superintendencia de educación; el tercero, la reforma a la educación universitaria, que pretende ampliar el Consejo de Rectores a las casas de estudio privadas; y cuarto, se debiera enviar, antes del 1° de marzo de 2012, un proyecto para modernizar la carrera profesional docente. Como se puede apreciar, el 2011 será un año donde las políticas educativas se tomarán la agenda política del país, con un agravante, esta vez la discusión se dará en medio del año político lo que permitirá al mundo social, gremial, académico y estualtil expresar su opinión y, de ser necesario, transformarse en un actor relevante de la discusión.

Lo que está en juego

Vista así la cosa, la discusión que se avecina no es menor lo que está en juego es el tipo de educación que tendrá nuestro país en los próximos 20 años o más, son leyes que tocan áreas sensibles por lo cual bien vale echarles una mirada más profunda. Lo primero que se avecina es la ley de aseguramiento de la calidad que, según Ricardo Lagos Weber, fue un acuerdo subscrito entre el gobierno y algunos parlamentarios de de oposición en orden a despachar en marzo próximo (1). Esta ley crea dos nuevas instituciones, una superintendencia de educación encargada de recibir los reclamos y velar por la correcta utilización de los dineros públicos y, la más controvertida, una agencia aseguradora de la calidad. Es esta agencia la que ha sido cuestionada por la comunidad académica, debido a que intentaría consolidar un modelo educacional basado en estándares. En efecto, este modelo se viene en retirada en el mundo ya se ha demostrado que tiende a reducir el curriculum a lo que miden los estándares, reduciendo la educación a una mera capacitación de competencias tendientes a resolver pruebas y subir los estándares. Esta visión conductista de la educación, tiende a mirar al ser humano como un ente que funciona en base a estímulos y respuestas, premios o castigos, dejando afuera el entorno social, el tipo de hogar al cual pertenece el alumno, por último, este modelo educativo se aparta de aquello que es central en educación donde se ubica la formación ética, intelectual, emocional, artística, el pensamiento lógico, la creatividad, etc… es decir todo lo que realmente debiera interesar en la formación de nuestros jóvenes (2). Por último, esta ley fue rechazada por el congreso en mayo del año pasado, por lo cual durmió ocho meses en comisión mixta y, ahora, rápidamente, entre gallos y media noche la oposición se compromete a promulgarla en marzo próximo. No sé porqué, pero algo me huele mal.

En este año se debieran discutir dos proyectos vitales para la educación pública, uno que pretende ampliar el consejo de rectores que agrupa a las universidades públicas a las entidades privadas con fines de lucro, el otro abordará la institucionalidad y financiamiento de la educación municipal y establecerá fórmulas alternativas a la administración municipal de las escuelas y liceos. Actualmente el Consejo de Rectores (CRUCH) está integrado por 25 universidades, 16 universidades del Estado y 9 universidades privadas que reciben Aporte Fiscal Directo, lo que pretende el presidente Piñera es ampliarlo a las 35 universidades privadas que operan en el país, situación que llevó a decir al rector de la Universidad de Chile, Víctor Pérez que: “Rechazamos, de modo respetuoso, pero de manera categórica toda propuesta que, con el argumento de modernizar el sistema universitario, termine por profundizar la privatización y mercantilización del sistema” (3). En efecto, esta reforma implicaría que tanto a universidades privadas y públicas se le otorgaran las mismas oportunidades en cuanto a criterios de financiamiento, créditos y becas; con lo cual se le estaría entregando fondos públicos a entidades que tienen como fin fundamental el lucro y, si bien algunas tienen un alto desempeño profesional la mayoría deja mucho que desear en la forma como manejan “el negocio”. El otro proyecto que se deberá presentar este año, es el que busca una nueva institucionalidad y financiamiento para la educación municipal. Sobre el particular existe la Ley de Fortalecimiento de la Educación Pública (4) que lleva durmiendo en el Congreso desde el 2008, además del anteproyecto educacional que presentaron los partidos de la Concertación (5) a principios del 2011. Pero, más allá de cuál sea el envase, existe consenso en la comunidad académica, gremial y estudiantil que para rescatar y fortalecer la educación pública, esta debe contar con un aporte fiscal directo, independiente de la subvención estatal, que permita tener una educación gratuita, pluralista, laica, inclusiva y de excelencia para todos independiente de su condición socioeconómica.

Por último, con fecha 1° de marzo de 2012 vence el plazo para que el gobierno ingrese al Congreso un proyecto para modernizar la carrera docente. Según el protocolo de acuerdo Concertación-Gobierno (6), que dicho sea de paso es bastante ambiguo, se habla de formación continua, de dignificación y valoración social de la profesión. Pero, si el país quiere tener una carrera docente efectiva debe además de lo mencionado abordar dos temas vitales, como son las horas no lectivas, es decir, aquellas que permiten organizar las clases, revisar y corregir las evaluaciones, junto con recibir a los apoderados, en nuestro país representan sólo el 25 % de la jornada laboral docente, los países que integran OCDE, del cual Chile es miembro, destinan en promedio un tercio de las horas al trabajo fuera del aula; el otro tema que hay que enfrentar es el número de alumnos por profesor, el que debe definirse por el grado de vulnerabilidad del sector socioeconómico en que se desenvuelva el centro educacional. Por último, se debe exigir una carrera docente única para todo el gremio docente independiente del tipo de sostenedor, llámese público o privado. Hoy día se establece una odiosa segregación, donde los maestros que laboran en el sector privado sólo se rigen por el Código del Trabajo, con lo cual quedan desprotegidos dando origen a múltiples arbitrariedades, como despidos masivos, listas negras, persecución sindical entre otro muchos abusos.

Los actores

El 2011 será un año de pocas sorpresas, los jugadores ya se conocen y muchos ya demostraron su estrategia de juego. El MINEDUC tendrá poco espacio para especular y todo indica que se apoyará en el Panel de Expertos (7) para, desde allí tratar de buscar acuerdos con la Concertación. El bloque opositor en cambio, deberá aclarar primero el rol que cumplen sus militantes dentro del Panel de Expertos (8), se debiera saber si ellos participan a título personal o representan la voz de la Concertación; lo segundo, delinear una política clara y compromiso público de respaldo en el congreso. Por su parte, el bloque social integrado por el mundo académico, gremial y estudiantil, debiera consensuar una propuesta educativa pública que nazca fruto de una discusión abierta, amplia y pluralista, que se constituya como un ejercicio cívico republicano. Debiera además, diseñar una política de masas inteligente y atractiva que le permita posesionar los contenidos más que las acciones, en el entendido que la educación saldrá a la calle, probablemente se hará en la calle, pero por un objetivo mayor, la defensa de la educación pública.

 

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* Cristián Bellei, Educación: con tarea para marzo. La Tercera, 25/01/2011. Ver en: http://www.latercera.com/noticia/opinion/ideas-y-debates/2011/01/895-340533-9-educacion-con-tarea-para-marzo.shtml

Notas

1.- Lagos Weber califica de “trabajo responsable” cronograma que define aplicación de la Ley de Educación. Ver en: http://www.lagosweber.cl/senador/index.php?option=com_content&view=article&id=442:acuerdo-en-educacion&catid=20:documentos&Itemid=71

2.- Para mayor información sobre reformas Basadas en Estándares (RBS), ver: La Política de Reforma Basada en Estándares aplicada a Chile. Otra mala idea, en: https://guillermobastias.wordpress.com/2010/11/05/la-politica-de-reforma-basada-en-estandares-aplicada-a-chile-otra-mala-idea/ ; Las sociedades que tienen grandes cantidades de mediciones no mejoran los resultados educativos, ver en: https://guillermobastias.wordpress.com/2010/11/29/las-sociedades-que-tienen-grandes-cantidades-de-mediciones-no-mejoran-los-resultados-educativos/

3.- Pérez y Piñera polemizan por reforma a Ley de Universidades, La Tercera, 24 de junio de 2010. Ver en: http://diario.latercera.com/2010/06/24/01/contenido/13_30664_9.shtml

4.- Para mayor información ver: Ley de Fortalecimiento de la Educación Pública: un bonito canto de sirenas, en: https://guillermobastias.wordpress.com/2010/10/12/ley-de-fortalecimiento-de-la-educacion-publica-un-bonito-cato-de-sirenas/

5.- Para mayor información ver: La Reforma Educacional de la Concertación, ver en: https://guillermobastias.wordpress.com/2011/01/13/la-reforma-educacional-de-la-concertacion/

6.- Senador Lagos: Protocolo de acuerdo sobre la calidad y equidad de la Educación, ver en: http://www.puntocentral.cl/?p=7839&utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=senador-lagos-protocolo-de-acuerdo-sobre-la-calidad-y-equidad-de-la-educacion

7.- Panel de Expertos para una Educación de Calidad, ver en: https://guillermobastias.wordpress.com/2010/05/05/panel-de-expertos-para-el-cambio-del-estatuto-docente/

8.- Los PPD: José Joaquín Brunner y Jaime Pavez; DC: Sergio Molina, Pablo Arellano y Mariana Aylwin; la independiente pro Concertación: Pilar Romaguera;

20
Ene
11

La Reforma Educacional de la Clase Política.

“Harald Beyer: Haber, yo creo que el estatuto docentes es uno de los responsables no el único de los problemas de gestión pública, creo que el principal problema es que Chile no tiene buenos profesores
Nicolás Vergara: Bueno pero alguien podría decir que eso ocurre por culpa del estatuto docente, que impedía en que la calidad del profesor no era una variable o para su permanencia en la pega…
Harald Beyer: Claro, pero la educación particular subvencionada por ejemplo, a pesar de que no tiene estas restricciones, lo hace un poquito mejor. Entonces al final uno dice el problema es más general”.
(Hablemos en OF)*

Esta semana, con los votos de la mayoría de los senadores de la Concertación (1) se consensuó un protocolo de acuerdo para destrabar la “la gran reforma educacional” del presidente Piñera. Si bien es importante analizar el proyecto, situación que haremos cuando esté promulgado, no es menor ver y comentar las implicancias políticas del acuerdo obrado entre la Concertación y la derecha que, una vez más entre gallos y media noche logran aunar opiniones de espaldas a la ciudadanía.

“La educación pública se nos muere”

“Pero hagámoslo, hagamos cambios que se sabe hace mucho rato que son necesarios, cambios estructurales en la calidad, nadie está persiguiendo un grupo, nadie esta persiguiéndose unos con otros, se está intentando aclarar quién lo está haciendo bien, a los que lo están haciendo mal se les saca del aula porque afecta muy directamente a los niños, porque se les puede dar fórmulas alternativas para que mejoren y si mejoran que vuelvan a la sala, para dar garantías a los niños vulnerables, estas son las medidas para los niños más pobres de Chile, en que si tienen profesores estemos tranquilos en que son profesores competentes para enseñar…”
(Matías del Río)**

Hagamos un poco de historia. En mayo del año pasado se constituyó el llamado Panel de Expertos para una Educación de Calidad, integrado por representantes de la derecha tradicional y miembros de la Concertación que en común tienen ser los representantes más acérrimos de la educación de mercado (2); este panel tenía como misión preferencial hacer cambios al estatuto docente que rige el quehacer pedagógico de los profesores que laboran en el sector público, tendientes a generar mecanismos que permitan flexibilizar el despido de funcionarios. A finales de noviembre, previa evacuación del Panel de Expertos (3), el presidente Piñera anuncia “La mayor reforma educacional de los últimos tiempos” (4), lo que se traduce en un proyecto de ley al que se le pone un plazo de discusión de dos meses. Qué hizo la oposición, aparte de levantar la voz, presentó una contra reforma (5) que, digámoslo, era bastante osada; el resultado se preguntará Ud., la Concertación aprueba la reforma piñerista sin siquiera incorporar el mínimo de los planteamientos que ellos, en su propio anteproyecto habían puesto como indispensable.

Cuál fue la moneda de cambio qué logró seducir a los príncipes de la Concertación, dinero, no para ellos espero sino para la educación pública, lo que se traduce 60 mil millones de pesos para los próximos años (6), los que se utilizarán en gran medida en la desvinculación de 13 mil docentes en edad de jubilar, más la promesa presidencial de elaborar un proyecto de ley que regule el estatus de la educación pública (7). El senador Ignacio Walker comentó hace unas semanas, “tenemos que hacernos cargo de una sentida demanda ciudadana porque la educación pública se nos muere: antes representaba un 60% de los establecimientos y ahora solo el 38%” (8), pero después de dos semanas promueve un paquete financiero que sólo sirve para despedir la planta docente de una educación pública que se va a pique. Digámoslo derechamente, y eso lo sabe la triada Walker-Lagos-Rossi: 1. La educación pública, así como está hoy en día, no presenta diferencias sustanciales en rendimiento con su principal competidor, la educación particular subvencionada. 2. La educación pública está en desventaja económica con la subvencionada, ya que esta última puede cobrarle a los padres una subvención adicional que en su gran mayoría alcanza a los 60 mil pesos por alumno, por lo que cuenta con mayores recursos. 3. La educación pública no segrega, en cambio la subvencionada lo hace por proyecto educativo y nivel socioeconómico. Aquí primó una vez más la mirada economicista de aquellos que ven en la educación un negocio que mueve millones de pesos, que paga campañas políticas y que cuenta con un cuerpo de lobistas integrado por académicos, periodistas y políticos.

Después de la derrota presidencial, la concertación, en voz de sus nuevos rostros, prometió terminar con las prácticas caudillistas y oligárquicas que la llevaron a perder las elecciones. Qué hicieron los delfines, negociar a espaldas de sus electores, impedirles participar democráticamente en una discusión de vital relevancia como es la educación. Las consecuencias, parece que recién se están asomando, el diputado y vicepresidente del PS Sergio Aguiló abandonó la Concertación, el PRSD congeló sus relaciones con el bloque opositor y, por último, existe una ciudadanía integrada por estudiantes, académicos, apoderados que siente que en este su país, nadie está dispuesto a escucharlos y a tomarlos en cuenta, situación que torna el problema más complejo aún.

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Harald Bayer: La Reforma Educacional. Hablemos en of, 19.01.2011. Ver en: http://www.duna.cl/web/programa/reforma-educacional-2/ )

Matías del Río, ADN Radio, miércoles 22 de diciembre 2010, día de la votación en sala de la cámara de diputados del proyecto de reforma educacional del presidente Piñera.

Notas

1.- Votaron a favor los DC Soledad Alvear, Eduardo Frei, Ignacio Walker, Patricio Walker, Andrés Zaldivar, Hosaín Sabag; los PPD Ricardo Lagos y Eugenio Tuma; los PS Juan Letelier y Fulvio Rossi. Rechazaron los DC Mariano Ruiz-Esquide y Ximena Rincón; el PPD Jaime Quintana; el MAS Alejandro Navarro. No votaron el DC y presidente del Senado Jorge Pizarro, el PPD guido Guiraldi, los PS Isabel Allende, Camilo Escalona y Pedro Muñoz.

2.- Ver, Panel de Expertos para el Cambio del Estatuto Docente, en: https://guillermobastias.wordpress.com/2010/05/05/panel-de-expertos-para-el-cambio-del-estatuto-docente/

3.- Conclusiones del Panel de Expertos, ver en: https://guillermobastias.wordpress.com/2010/07/11/informe-final-del-panel-de-expertos/

4.- Análisis de la ley, ver en: https://guillermobastias.wordpress.com/2010/12/09/la-especulacion-en-politica-publica-no-es-un-buen-negocio/

5.- Análisis de la reforma concertacionista, en: https://guillermobastias.wordpress.com/2011/01/13/la-reforma-educacional-de-la-concertacion/

6.- Se creará, en el proyecto de Calidad y Equidad, un Fondo de Apoyo a los Municipios, por $60.000 millones para apoyar el financiamiento del proyecto de ley de Calidad y Equidad, en especial en lo relativo al costo asociado al Plan de Retiro para 13.000 docentes, que tienen o cumplen su edad de jubilar hasta diciembre de 2012. Dichos recursos se otorgarán entre los años 2011 y 2014. (Fte.: http://www.puntocentral.cl/?p=7839&utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=senador-lagos-protocolo-de-acuerdo-sobre-la-calidad-y-equidad-de-la-educacion

7.- Antes del 30 de septiembre de 2011, se debería enviar un proyecto que aborde la institucionalidad y financiamiento de la educación municipal. (Fte. Ibíd)

8.- Ignacio Walker “La educación pública se nos muere y tenemos que hacernos cargo”, ver en: http://ignaciowalker.cl/noticias/ignacio-walker-%E2%80%9Cla-educacion-publica-se-nos-muere-y-tenemos-que-hacernos-cargo%E2%80%9D/

 

13
Ene
11

La Reforma Educacional de la Concertación

“Si el Gobierno hace caso omiso
 a los principios fundacionales que tenemos en nuestra
 propuesta marco tendremos que votar
 en contra de la idea de legislar”.
(Osvaldo Andrade)*

Esta semana, se dio a conocer el proyecto de reforma educacional (1) de los partidos de la Concertación, con el que el conglomerado opositor pretende salirle al paso a “la gran reforma educacional” del presidente Piñera. En efecto, se trata de un proyecto interesante que si bien no recoge todos los planteamientos demandados por la comunidad académica y gremial, en lo general da cuanta basal de los grandes problemas de la educación chilena.

 

El Proyecto

“El Gobierno maneja las urgencias, 
pero nosotros somos mayoría en el Senado”
(Ignacio Walker)**

Con la rúbrica de los cuatro presidentes de los partidos de la concertación, y en menos de 14 páginas, se desarrolla una propuesta que toma como eje cinco temas relevantes: 1. Fortalecimiento de la Educación Pública, 2. Definición de una Nueva Carrera Docente, 3. Más y Mejor Estado para una Educación de Calidad y Equidad, 4. Aumento de Cobertura y Calidad de la Educación Preescolar y, 5. Otras Medidas Urgentes que apuntan a un Concepto más Integral de Educación.

Primero, Fortalecimiento de la Educación Pública. Pariendo de la premisa que la educación pública es “la única que puede garantizar educación gratuita, pluralista, laica e inclusiva, y por esto aspiramos lograr que tenga la más alta calidad, erigiéndose como el referente del sistema educativo chileno” (2), propone la búsqueda de un nuevo modelo de gestión que reemplace la administración municipal, a la que reconoce su fracaso. Para lo cual plantea un financiamiento estatal de un 100%, independiente de la subvención educacional; en la misma línea, exige la reducción de alumnos por curso en los colegios públicos que atienden a los sectores más vulnerables.

Segundo, Definición de una Nueva Carrera Docente. El documento reconoce que para un correcto desempeño de la labor docente es “esencial avanzar en la mejora de sus condiciones de trabajo y su capacitación permanente, fomentado sus capacidades para actuar de manera efectiva en el aula, así como el liderazgo pedagógico y de gestión de los directivos” (3). Para lo cual propone un examen de certificación obligatorio, tanto de competencias didácticas como disciplinarias para todos los profesores que quieran impartir clases en el sistema subvencionado; plantea además mejorar el sistema de acreditación de de las instituciones que imparten pedagogía, sobre la base de estándares nacionales que permitan la comparabilidad de las instituciones, así como que el proceso de acreditación incluya como base los resultados de las instituciones y programas en el examen de certificación profesional de sus egresados; se pide además, aumentar en forma progresiva las horas no lectivas partiendo por los colegios con alumnos más vulnerables.

Tercero. Más y Mejor Estado para una Educación de Calidad y Equidad. Si bien se reconoce que una educación de calidad con equidad es un imperativo de todo el sistema educativo nacional, “ello supone realizar un esfuerzo especial en el ámbito de la educación pública, a fin de evitar que su matrícula siga cayendo de manera sostenida como ha ocurrido en los últimos años” (4). En este ámbito propone para los próximos tres años, un aumento del 50% de la subvención preferencial (SEP II); fomentar la creación y ampliación de colegios públicos que impartan clases de kínder a cuarto año medio; y por último, fortalecer la educación técnico profesional donde se educan el 40% de los alumnos de menores recursos.

Cuarto. Aumento de Cobertura y Calidad de la Educación Preescolar. El proyecto reconoce que “la educación parvularia hace una diferencia crítica a lo largo de la vida para los niños y niñas de nivel socioeconómico medio y bajo”, además, “la educación preescolar facilita la inserción laboral femenina, lo que resulta clave para que las familias más vulnerables aumenten sus ingresos” (5). El proyecto pretende aumentar progresivamente la educación preescolar, entre los años 2011 y 2014, hasta alcanzar una meta de 55% en los tres quintiles de menores ingresos de la población.

Quinto. Otras Medidas Urgentes que apuntan a un Concepto más Integral de Educación. Se plantean medidas inmediatas que apuntan a cambiar el enfoque reduccionista que se viene acentuando en nuestra educación, ya que las “familias esperan colegios con resultados positivos de aprendizajes, pero también donde se enseñen valores y se entregue una visión integral, humanizadora, tolerante y democrática de la vida en sociedad” (6). Para lo cual se exige retirar la propuesta presidencial que reduce el número de horas de historia y tecnología; reemplazar el sistema de “semáforos” escolares por un sistema de información sobre el resultado educativo de los establecimientos que tome en cuenta sus avances relativos en función del nivel socioeconómico de sus alumnos y no tenga efectos estigmatizadores; se pide, garantizar que los Programas de Educación Sexual impulsados por el Mineduc para establecimientos con financiamiento estatal respeten los derechos humanos y garantías constitucionales; por último, fomentar la participación de la comunidad en la toma de decisiones educativas.

 

 

Cómo termina esta teleserie de la “gran reforma educacional” del presidente Piñera

“Hemos hecho un gran esfuerzo en contestar 
a la propuesta de la Concertación que nos entregaron recién ayer…”
(Joaquín Lavín)***

El proyecto opositor es coherente, haciéndose cargo de los principales problemas de la educación chilena y apuntando, en gran medida, a reposicionar la alicaída educación pública. Tal vez, por lo mismo, no llamó la atención la respuesta ministerial que volvió a colocarle suma urgencia a su proyecto educacional con lo cual obliga a la oposición a votar el proyecto presidencial el próximo lunes en la sala del senado. Y no llama la atención por una razón muy simple, si mejora la educación pública, en esa misma medida, proporcionalmente desmejora el negocio de la educación particular subvencionada, por lo cual no cabe duda que el ejecutivo tratará de llegar a acuerdo con algunos senadores concertacionistas quebrando lo firmado por los presidentes de sus partidos. Qué se puede esperar, la lógica indica que el proyecto de Piñera debería ser rechazado en sala, pero, tampoco se puede descartar que a última hora, como pasó en la cámara baja, sea aprobado con el descuelgue algunos honorables, particularmente DCs. Así las cosas, veremos cómo termina esta teleserie de la “gran reforma educacional” del presidente Piñera.

R.A.: Ver documento concertacionista (Pinche aquí)

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* Osvaldo Andrade, en: “Gobierno repone urgencia a Reforma Educacional y Concertación amenaza con no aprobar el texto”; Diario electrónico, Radio Universidad de Chile. Ver en: http://radio.uchile.cl/noticias/98815/

** Ignacio Walker, Ibíd. Ver en: http://radio.uchile.cl/noticias/98815/

*** Joaquín Lavín, en: “Lavín responde a propuesta de la Concertación sobre reforma educacional” Bio – Bio La Radio. Ver en: http://www.radiobiobio.cl/2011/01/12/lavin-entrega-respuesta-a-propuesta-de-la-concertacion-sobre-reforma-educacional/

Notas

1.- Propuesta sobre Calidad y Equidad de la Educación Parvularia, Básica y Media. Ver en: http://www.scribd.com/doc/46759290/PROPUESTA-SOBRE-CALIDAD-Y-EQUIDAD-DE-LA-EDUCACION-PARVULARIA

2.- Calidad y Equidad de la Educación Parvularia, Básica y Media, pág. 3.

3.- Ibíd. pág. 5.

4.- Ibíd. pág.7.

5.- Ibíd. pág.10.

6.- Ibíd. pág. 11.

25
Oct
10

Presupuesto de Educación 2011: los pobres, los grandes ausentes

“este año no se construirá ninguna sala cuna más
porque se congeló el presupuesto para este ítem”
(Carlos Montes)*

En medio de la resonancia mediática que ha provocado el exitoso rescate de los 33 trabajadores de la mina San José, y el viaje presidencial (papelito incluido) a Europa se dio a conocer el presupuesto en educación para el año 2011, una de las áreas de mayor preocupación de la ciudadanía según la última encuesta ICSO-UDP 2010 (1). El proyecto, plantea un aumento de un 7,6% respecto del año 2010, pero en este aumento está considerado el gasto en infraestructura dañada por el terremoto, lo que en la práctica se traduce en un aumento neto de tan sólo un 3,5% respecto del año anterior.

El presupuesto propuesto por La Moneda se concentra básicamente en dos áreas, subvención escolar y reconstrucción de infraestructura dañada por el terremoto, lo demás, mantiene en líneas generales el derrotero de la educación de mercado trazada en los últimos 30 años. Dentro de las inversiones prioritarias está el ítem para contratar una empresa extranjera que evalúe el cuestionado sistema de acreditación universitaria, con lo que se espera poner término al mercado persa de los títulos de pedagogía; se pretende también capacitar a los directores de colegios mediante programas de formación entregado por universidades, situación que si bien hace un guiño cómplice a Mario Waissbluth, no cambia sustancialmente lo que se está haciendo ahora, pues ya existe en muchas universidades un pos título con grado de magister para capacitar a directores; por último, y en la senda ya trazada por el ministro Lavín, se duplica prácticamente el presupuesto SIMCE, con la idea de generar nuevas y más mediciones estandarizadas.

Dentro de los ítems que no tienen prioridad para el ministerio, se encuentra la reducción del presupuesto para la educación técnica, donde se recortan dineros en becas, equipamiento didáctico y perfeccionamiento docente (ver gráfico). Otra área preocupante es la educación preescolar, la que había aumentado de un 10 a un 30 por ciento en el gobierno de Bachelet, el presupuesto no contempla su ampliación, dando un golpe más a los sectores más pobres del país.

El presupuesto 2011 en educación pone el énfasis en políticas llamativas, pero que no tienen incidencia profunda en el proceso, como son los liceos bicentenarios que educaran a cerca de 30 mil alumnos, el aumento de la competencia mediante pruebas estandarizadas que, dicho sea de paso, se baten en retirada en el resto del mundo, y por último, las becas para estudiantes de excelencia que sigan pedagogía, que en el mejor de los casos se verá su eficacia en 5 años más. Sin embargo, el gran olvidado de esta trama son los más pobres. En efecto, el programa de educación preescolar tiene una incidencia enorme en nivelar las competencias de entrada de los niños de los sectores más vulnerables del país; el presidente Piñera prometió en campaña: “Nuestro compromiso va a ser llegar con la educación preescolar hasta el último rincón de nuestro país y a todos los hogares de Chile”, agregando más adelante: “se lo debemos a nuestros niños para que tengamos en nuestro país igualdad de oportunidades desde la cuna, sino que también es la mejor inversión que podemos hacer para fortalecer nuestro desarrollo económico, para fortalecer nuestra justicia en la sociedad y para lograr un Chile más feliz, un Chile más integrado” (2). Otro aspecto inexcusable, es la disminución de presupuesto para la enseñanza técnica profesional, que abarca el 40% de la matrícula y atiende al 90% de los jóvenes de menores recursos del país; para ellos no alcanza la educación de excelencia. En definitiva, se afianza una agenda cortoplacista, llena de pirotecnia electoral, donde los pobres son los grandes ausentes de este baile.

* Radio ADN, 20 de octubre de 2010. Ver en: http://www.adnradio.cl/nota.aspx?id=1373992

Notas

1.- El ítem educación aparece como la segunda preocupación de los chilenos, con un 21.1%. En primer lugar se encuentra delincuencia, con un 38.2%; en tercer lugar está la falta de empleo, con un 10.8%. Encuesta UDP-ICSO, 2010; ver en: http://www.icso.cl/destacado/resultados-de-encuesta-nacional-udp

2.- Viento Paragón, 24 de septiembre de 2009. Ver en: http://www.vientopatagon.cl/main/?p=9638

12
Oct
10

Ley de Fortalecimiento de la Educación Pública: un bonito canto de sirenas

"Teníamos un compromiso pendiente con la educación pública, aquella que imparte directamente el estado a través de sus establecimientos y que requiere de un apoyo especial, porque sobre ella recaen responsabilidades más exigentes que sobre otros sectores. Debemos fortalecer la educación pública para que sea capaz de recuperar el sitial que le corresponde"
(Michelle Bachelet) *

El día 12 de diciembre de 2008, la presidenta Bachelet envió al parlamento la ley que pretende fortalecer la alicaída educación pública chilena. Este proyecto de ley, fue una condición que pusieron diputados concertacionistas a la Mandataria para aprobar en sala la Ley General de Educación (LGE), que, según expertos, no solucionó los problemas reales de la educación chilena. A más de un año y medio de tramitación parlamentaria, el proyecto ha empezado a tomar notoriedad debido a los acercamientos entre el presidente del PS y el titular de educación Joaquín Lavín (1), en el sentido de buscar consensos que permitan dotar al país de un marco legal que garantice una educación pública estatal, inclusiva, gratuita, no discriminatoria y por cierto, de calidad. Ahora bien, lo importante es saber si el proyecto que está en el legislativo apunta a generar una educación que tenga las características mencionadas más arriba, que se constituye en la esencia de la ley en debate (2).

El Proyecto

El proyecto, se sustenta en el cambio de dependencia de la educación pública traspasándola de los municipios a Corporaciones Locales de Educación Pública, que serán autónomas, con personalidad jurídica y patrimonio propio. Estas corporaciones estarán encargadas de administrar los recursos humanos y financieros; establecer las directrices técnico pedagógicas; realizar la supervisión pedagógica de los establecimientos de su dependencia; y coordinar y articular la ejecución de los programas educativos y las acciones de los organismos reguladores del sistema. El financiamiento de estas corporaciones, tiene tres fuentes, financiamiento fiscal directo a través una contribución anual que se consignará en la Ley de Presupuestos del Sector Público, que cubrirá el gasto administrativo y de personal; la subvención escolar que entrega el Estado; y por último, financiamiento fiscal directo a través una contribución anual equivalente a  1,2 Unidades Tributarias Mensuales por alumno matriculado, alrededor de $ 43.974.

Pero además, estas corporaciones serán asesoradas por un nuevo organismo denominado Servicio Nacional de Educación, que velará “por el mejoramiento continuo de la calidad del servicio educativo prestado por éstos. Igualmente, le corresponderá la ejecución de las políticas, planes y programas definidos por el Ministerio de Educación para los sostenedores que reciban subvención o aportes del Estado, así como también prestarles asesoría técnico pedagógica de conformidad a la ley” (3). Esta entidad, estará a cargo de un director nacional que será nombrado por el presidente de la república.

Las consecuencias

A mi juicio, el proyecto consigna acertadamente el hecho de que el país necesita una educación pública, pero, en la práctica, éste hace poco por materializarla en forma efectiva. En efecto, el gran problema que atraviesa el sistema público es la competencia desleal que tiene con la educación particular subvencionada, ya que esta última puede de acuerdo a su proyecto educativo seleccionar alumnos, y además, puede cobrar a los padres una cantidad de dinero adicional a la subvención estatal, que en la mayoría de los casos asciende a los $ 60.000 mensuales (4). Este hecho, es una de las cusas por las cuales la educación pública ha venido disminuyendo progresivamente su matrícula. Los Colegios subvencionados particulares, al estar autorizados a segregar por su proyecto educativo, terminan seleccionando por rendimiento y nivel socioeconómico; además, a partir del año 1993 –gobierno de Aylwin- se les autorizó a cobrar a los padres un aporte obligatorio, con lo cual se acentúa la segregación económica. Qué hace el proyecto que está en el legislativo, casi nada o muy poco, ya que el monto de 1,2 UTM anual por alumno es insignificante.

El gobierno de Piñera, si de verdad quiere hacer algo por la educación pública, debiera suprimir el financiamiento compartido o, por lo menos, asignar una subvención adicional por alumno mensual que compense a lo que cobra a la educación con fines de lucro. De lo contrario, el llamado fortalecimiento a la educación pública no será más que un bonito canto de sirenas.

* Vea el proyecto completo (pinche aquí)

Notas

* Bachelet firma proyecto de ley sobre fortalecimiento de educación pública. Radio ADN, 12 de diciembre de 2008. Ver en: http://www.adnradio.cl/nota.aspx?id=722500

1.- Preparan proyecto para profunda reforma del sistema de educación municipal. Radio Bio-Bio, Lunes 23 Agosto 2010. Ver en: http://www.radiobiobio.cl/2010/08/23/preparan-proyecto-para-profunda-reforma-del-sistema-educacional-municipal/

2.- El proyecto plantea “Para nadie debe resultar aceptable que la calidad de la educación que reciban nuestros hijos e hijas se encuentre determinada por el nivel de ingresos que tenga su familia. Por ello, es deber del Estado velar por una educación pública de calidad y mantener una especial preocupación por ella, ya que permite garantizar la existencia de una oferta educativa inclusiva, gratuita y no discriminatoria”. Mensaje de S.E. la Presidenta de la República con el que Inicia un proyecto de Ley que fortalece la Educación Pública, Santiago,  enero 5 de 2010 (LFEP). Introducción, parte tercera: La necesidad de defender la Educación Pública.

3.- LFEP, art. 27.

4.- Las estimaciones, según fuentes del MINEDUC, calculan que en el año 1993 (cuando se implementó el financiamiento compartido) el número de colegios que cobraban a los padres ascendía a 232, la cifra en el año 2000 creció a 1.426, el 2009 llegó a 2.211 establecimientos, con un número de 1.200.625 alumnos en todo el país.

06
Oct
10

Educación Pública en la Coyuntura Actual

En estos momentos se encuentra en el parlamento la Ley de Mejoramiento de la Educación Pública, ésta, fue enviada el año 2008 por la presidenta Bachelet como una forma de acallar las críticas que provocó la promulgación de la LGE, en el sentido que no contemplaba una mejora sustantiva a la alicaída educación pública chilena. En qué estado de tramitación se encuentra este cuerpo legal, lo desconozco, lo que sí ha despertado las suspicacias del medio educativo son las reuniones que han sostenido el titular de educación y el presidente del Partido Socialista, en el sentido de avanzar a un “acuerdo amplio” en el tema. Todo esto en el marco del affaire Cerro Navia, que terminó devolviendo la administración de la educación municipal al MINEDUC (1), lo que según muchos sería el primer paso de una seguidilla devoluciones por parte de otras municipalidades. Por lo cual, dicen fuentes vinculadas a La Moneda y a la oposición concertacionista, se habrían acelerado los pasos para la pronta promulgación de esta ley. Pero a su vez hemos visto en la historia reciente, en relación con los “llamados consensos en educación”, lo qué fue la aprobación del Marco Curricular (2) y la LGE (3) que después de mucha conversación se resolvió por sobre la opinión de la ciudadanía.

En este sentido, hemos venido publicando la voz de algunos eminentes académicos que reflexionan sobre la educación pública, y la necesidad que el Estado chileno asuma su compromiso con ella; hace unos días publicamos la opinión del abogado Fernando Atria (4), ahora entregamos dos voces autorizadas, la ponencia del Doctor en Economía de la Universidad de Michigan Juan Pablo Valenzuela (5) y el Doctor en Ciencias de la Educación Juan Eduardo García Huidobro (6). Estas ponencias, fueron entregadas en el “Foro Panel: Educación Pública en la Coyuntura Actual” (7), organizada por el Colegio de Profesores.

Juan Pablo Valenzuela

Muchas gracias al Colegio de Profesores por la invitación a este seminario. Junto con Beatrice Ávalos participamos en el Núcleo Milenio (8) sobre la profesión docente, por lo cual varios de los antecedentes, datos y reflexiones que presentaré a continuación se han desarrollado al amparo de ese proyecto.

Lo primero a lo que me quiero referir es sobre la relevancia de la educación pública. Luego hablaré sobre algunos elementos del contexto actual, para posteriormente mencionar desafíos, oportunidades e inconsistencias para fortalecerla.

Relevancia de la educación pública y definición

Los propósitos y relevancia de la educación pública –desde la definición utilizada por algunas de las principales entidades internacionales en educación, como son de UNESCO y OCDE– son cuatro: i) Garantizar el derecho constitucional de todos (social y geográficamente) a la educación obligatoria y gratuita; ii) Garantizar la existencia de proyectos educativos no particularistas y/o excluyentes; iii) Desarrollar tipos de proyectos educativos considerados de interés común (incluyendo la implementación de políticas públicas nacionales); y iv) Fijar un estándar práctico de calidad para el conjunto del sistema escolar, promoviendo la búsqueda de la excelencia en sus escuelas.

Según UNESCO y OCDE, un establecimiento es de enseñanza pública cuando es controlado y gestionado por una autoridad o un organismo escolar estatal (nacional/federal, regional/provincial o local), independiente del origen de los recursos (Bellei, González & Valenzuela, 2010) (9), es decir, lo que define el carácter público o privado de las escuelas no es la fuente de financiamiento sino quién toma las decisiones en la gestión escolar, quién tiene el poder para decidir los asuntos internos de la escuela.

Es decir, la definición de educación pública no tiene que ver con el financiamiento de la educación, sino con la gestión y propiedad directa de los establecimientos escolares y, como en muchos servicios que provee el Estado, puede tener colaboradores para cumplir esa función, pero obviamente se requiere una serie de condiciones, y gran parte de la educación subvencionada particular no las cumple. Una de estas condiciones es que debe ser gratuita, no discriminadora, no selectiva, donde el estudiante y su familia son sujetos de derecho, sin mayores restricciones para escoger la escuela de su interés. Sin embargo, en nuestro país sólo un pequeño porcentaje de las escuelas particulares subvencionadas no cobra. En este sentido, es la escuela más que la familia quien está ejerciendo el derecho de escoger.

Por otra parte, la educación pública debe garantizar la existencia de proyectos educativos no particulares o excluyentes. No así la educación privada que puede tener su propia propuesta educativa.

Respecto al rol de cumplir con un proyecto educativo considerado de interés común, es algo que en la educación privada queda a su propia voluntad. Por ejemplo, en términos de educación sexual puede que el sostenedor privado diga “a mí no me interesa, yo no voy a entregar información a los estudiantes sobre determinados métodos anticonceptivos, porque va en contra de mis principios”.

En un contexto de competencia por la matrícula escolar, el estándar de calidad que puedan ofrecer los establecimientos públicos se vuelve un referente a seguir por par te de sus competidores privados. Si existe la convicción que para las familias la calidad de la educación es relevante al momento de definir dónde matricular a sus hijos, los proveedores privados deberán igualar, al menos, el nivel de la educación pública si es que quieren participar en este mercado. Si, por el contrario, a los proveedores privados se les permite seleccionar a los estudiantes de acuerdo a su rendimiento académico o capacidad de pago, no sólo se entra en contradicción con el supuesto por medio del cual mejorará la calidad general del sistema escolar, sino que se vulnera la posibilidad que la educación pública actúe en igualdad de condiciones con otros proveedores, concentrando su responsabilidad sólo en los estudiantes no aceptados por otros proveedores o con menores condiciones socioeconómicas y culturales.

Contexto de la educación pública: antecedentes de una

situación crítica.

En relación al contexto en que se mueve hoy la educación pública, quisiera mencionar algunos datos que ustedes ya deben conocer. Si uno se fija en la evolución de los promedios de los SIMCE, que es “nuestro gran indicador de calidad”, éstos presentan sólo leves mejorías, mientras que sigue mostrando una brecha sustantiva al comparar los resultados de acuerdo al nivel socioeconómico de los establecimientos. Sin embargo, al controlar el nivel socioeconómico desaparecen esas brechas: no es que uno lo está haciendo mucho mejor que el otro, sino que el corazón de la explicación de las diferencias de los resultados tiene que ver con el nivel socioeconómico.

Hay investigación sistemática y consistente (por ejemplo, Mizala, Urquiola & Romaguera, 2007) (10) de que si en Chile uno ordena el ranking de los puntajes

SIMCE de las escuelas es igual que ordenarlas por promedio de sus condiciones socioeconómicas. Ése es Chile, no ha cambiado, y muchas de las cosas que estamos haciendo no están orientadas a que cambie. Por lo tanto, en nuestro sistema escolar “dime el nivel socioeconómico de la escuela a la que vas –más allá de la dependencia–, y te voy a contar qué puntajes promedio vas a obtener a lo largo de tu estadía en ese lugar”. E inclusive se da un dato duro de que si un niño vulnerable va a una escuela municipal le va mejor, en promedio, en resultado SIMCE, que si fuera a una subvencionada particular, y si es de grupos medios le va a ir idéntico (11). En los otros dos grupos hay diferencias a favor de los subvencionados particulares, pero son pequeñas y no estadísticamente significativas.

Una segunda característica relevante de la educación pública es que permite que las escuelas sean un espacio de convivencia con otros –independiente de la capacidad de pago de las familias–, de construcción de democracia, que va más allá de si yo tengo o no ciertos puntajes SIMCE. Hay una función pública de cohesión social, del proyecto de país que queremos construir a futuro, para lo cual es necesario que niños y niñas de diversas condiciones sociales, credos religiosos y visiones ideológicas puedan ser educados en un mismo espacio pedagógico. Sin embargo, en Chile, los únicos establecimientos que aseguran que potencialmente se pueda alcanzar este objetivo son los gratuitos, es decir, los de educación municipal y los de la subvencionada particular gratuita. El acceso para una parte importante de los colegios subvencionados particulares y particulares pagados depende de la capacidad de pago que tenga cada una de las familias, conllevando a que el sistema escolar chileno presente altos niveles de segmentación y segregación.

Un tercer elemento es la pérdida de relevancia que está teniendo la educación pública, tanto desde el punto de vista de la propiedad como de su función. Cada año se reduce más el porcentaje de familias que escogen escuelas públicas. Por ejemplo, en el año 2009 menos del 39% de los estudiantes de primero básico asistía a una escuela municipal. Por otra parte, muchos de los establecimientos subvencionados particulares no responden a una alternativa de elección para todos los estudiantes, puesto que a cerca del 80% de los niños que van a esas escuelas les cobran. Es decir, hoy día más de la mitad de los niños asisten a colegios en que sus familias tienen que pagar, y dependiendo de su capacidad de pago es la escuela que pueden escoger.

Respecto a la pérdida sistemática de matrícula en la educación municipal, existen distintas razones que la explican.

Una primera causa es que el crecimiento de la población en edad escolar se concentra en algunas comunas, lo cual implica la necesidad de construir nuevos establecimientos. Los municipios tienen importantes restricciones para responder oportunamente a estas nuevas necesidades; por ejemplo, no se pueden endeudar. Entonces, ¿quién puede resolver estos nuevos requerimientos de infraestructura?, claramente aquellos que puedan obtener los recursos financieros suficientes. De esta forma, casi la totalidad de nueva infraestructura educacional en las comunas de rápido crecimiento es de sostenedores subvencionados particulares, basta observar los casos de Quilicura, Puente Alto o Maipú.

Una segunda razón es que se ha generado un excesivo crecimiento de escuelas subvencionadas particulares, ello asociado a la mayor preferencia de los padres por colegios más cercanos a sus domicilios, así como por una asociación de mejor calidad cuando los colegios cobran y por un creciente estigma hacia las escuelas públicas, relacionado con indisciplina, ineficiencia, pérdida de control de directores y profesores y tipo de alumnos que van a estas escuelas (Raczynski et al., 2010) (12). Sin embargo, un análisis cuantitativo de la evolución de la apertura de nuevos colegios lleva a concluir que durante los últimos años se ha generado un exceso de establecimientos, reduciendo el tamaño promedio de la matrícula y también de los cursos, sin acompañarse con un mejoramiento en la calidad de la educación y generando a su vez un desfinanciamiento bastante sustantivo (en el sector municipal y subvencionado particular) puesto que conlleva la caída en la generación de los ingresos de los sostenedores, lo cual es incompatible con un costo relativamente fijo de las escuelas.

Desafíos, oportunidades e inconsistencias para fortalecer

la Educación Pública.

Para fortalecer la educación pública es indispensable que este desafío sea convenido entre los actores políticos y sociales, que tenga un carácter de urgencia y que sea una convicción de Estado. Su dependencia actual está dispersa en cientos de municipalidades, y seguir con una estrategia caso a caso no resolverá su actual situación de crisis.

Para revalidar la educación pública se requiere, además, hacer una serie de cambios sustantivos, que superan el tema de quién es su propietario. Entre estos cambios sobresalen:

a) Ampliar la definición del concepto funcional de educación pública, más allá de la que sustentan las actuales municipalidades, de tal forma de reconocer que son proveedores públicos todos aquellos que cumplen con algunas condiciones relevantes tales como gratuidad y no selección de los estudiantes.

b) Reducir los mecanismos que generan segmentación y segregación, tales como reducir, y en lo posible eliminar, el financiamiento compartido, así como revertir la regulación aprobada en la Ley General de Educación que permite una temprana discriminación generalizada en el sistema escolar.

c) Regular las asimetrías en la institucionalidad entre sostenedores públicos y subvencionados particulares, es indispensable que se compensen los mayores costos que implican estas regulaciones. Al mismo tiempo se deben implementar políticas de mayor calidad de la educación relativas a los docentes; por ejemplo, la evaluación docente y la nueva carrera profesional debe ser implementada tanto para los colegios públicos como subvencionados particulares, de lo contrario vamos a pensar que son dos sistemas que no están articulados o que, erradamente, podremos lograr profesores de excelencia regulando las condiciones laborales sólo del 40% –y cada año menos– de los profesores chilenos.

d) Tener mecanismos para fortalecer la carrera profesional docente, pero su financiamiento debería ser independiente de la matrícula de los establecimientos, pues de lo contrario su implementación sólo será viable para los colegios con una alta matrícula y con cursos de 40 alumnos o más. Esta política es completamente factible, puesto que en la actualidad todos los incentivos individuales y colectivos que se entregan a los colegios municipales y subvencionados particulares son independientes de la subvención regular y de los recursos adicionales SEP, incluso no están asociados a la matrícula ni tamaño del curso.

Finalmente, creo que hay una oportunidad en la declaración que ha hecho el Presidente de la República el 21 de mayo, en la cual hizo un reconocimiento de los problemas de calidad e inequidad, y un compromiso de una educación de calidad para todos los jóvenes y los niños del país. Sin embargo, lo que no queda claro es si la educación pública podría ser una de las herramientas para resolver el problema o se entiende como una de las causas que ha generado esta situación.

Dos de las medidas que anunció el Presidente son bastante inconsistentes con el fortalecimiento de la educación pública. La primera es el mecanismo utilizado para seguir aumentando los recursos de transferencia a los colegios. Seguramente nadie va a estar en contra de que se aumenten los recursos a los niños más vulnerables, pero al ser vía Subvención Escolar Preferencial, es un mecanismo destinado a financiar actividades complementarias y no al financiamiento de gastos regulares o permanentes. Por ejemplo, no permite financiar ni mayor dotación, ni profesionales complementarios en forma sistemática, sino que son recursos complementarios para equipamiento, apoyo de asistencia técnica educativa externa, o Tics. Por lo tanto, pareciera servir sólo de señal a los sostenedores respecto a que los niños vulnerables –matriculados principalmente en la educación municipal– ahora valen más financieramente.

La segunda medida es la generación de semáforos de los establecimientos de acuerdo a la última evaluación del SIMCE, así como la ficha de información asociada a éstos y que se entrega a las familias. Extrañamente es una ficha que pone promedios nacionales, cuando es reconocido que éstos principalmente están asociados a las condiciones socioeconómicas de los estudiantes que asisten a los establecimientos y no con el valor agregado que generan las escuelas, ni tampoco indica si el colegio, más allá del promedio actual, está logrando mejorar o cumplir con las metas propuestas en el Plan de Mejoramiento Educativo que firmó en el marco de la Ley SEP. Esta medida no se hace cargo del dispositivo de mejoramiento a cuatro años que se convino –en el marco de la Ley SEP– para que cada escuela logre procesos de mejoramiento continuo, reconociendo condiciones iniciales diferentes entre los establecimientos del país. Al contrario, se pretende generar un fuerte estímulo para que las familias traten de retirar a sus hijos de las escuelas marcadas con rojo, sin embargo no se reconoce que muchas de estas escuelas rojas están generando esfuerzos por mejorar, y muchas lo están logrando, así como tampoco la estrategia de la entrega reiterada de información de estos semáforos considera medidas para mejorar su desempeño. Finalmente, dado que el 90% de estas escuelas de color rojo son escuelas de NSE bajo o medio bajo (escuelas tipo A y B), la mayor parte de las familias no podrá acceder a las escuelas “buenas” (de color verde), no sólo porque en la mitad de las comunas del país no existen escuelas verdes, sino que también porque la mayor par te de la escuelas verdes son privadas, seleccionan a sus estudiantes y cobran por acceder a ellas.

En un contexto donde el 72% de los estudiantes matriculados en escuelas de color rojo pertenecen al sector municipal, esta medida está lejos de fortalecer la educación pública. Injustamente, sólo profundiza un estigma sobre el sector que se pretende fortalecer y aleja cada vez más el objetivo planteado por el ministro de educación de asemejar la educación chilena a la experiencia de Finlandia, país donde toda la educación es pública.

Juan Eduardo García-Huidobro

Buenos días. Voy a partir enunciando la tesis que quiero proponer. Nosotros hemos discutido bastante sobre cuál debería ser la institucionalidad de la educación pública, entendida como la de propiedad del Estado. Sin embargo, soy un convencido de que si no se suprime el financiamiento compartido se pueden tomar muchas medidas, pero a la larga la educación pública está llamada a perecer. Para desarrollar esta tesis voy a responder sumariamente algunas preguntas.

1. ¿Por qué crece el financiamiento compartido? Detrás de este crecimiento hay una tendencia, lejana a la política, que está presente en el mundo desde que la familia existe y que es el imperioso deseo de los padres de darle lo mejor a sus hijos. El financiamiento compartido juega con esta tendencia. En el fondo se les dice a los padres: “si usted quiere a su hijo, colóquelo en una escuela mejor, y la escuela mejor es aquella donde usted paga”. Esto penetró en esta sociedad de mercado donde lo bueno tiene precio, mientras más caro es mejor; esto es imbatible y no hay muchas posibilidades de que cambie. Un ejemplo bien brutal es que hace diez años el porcentaje de profesores de la educación municipal que tenía ahí a sus hijos era relativamente alto. Hoy día ya no los hay.

La educación particular subvencionada va aumentando y la educación municipal va disminuyendo. Los municipios son los que están atendiendo a los más pobres, mientras que los sectores medios y mediosaltos crecientemente están en la educación particular subvencionada con financiamiento compartido, y los con mayores recursos en la educación particular pagada. El número de establecimientos y la matrícula de financiamiento compartido han dado un salto brutal. Se partió en 1993 con 232 establecimientos, se pasó al año siguiente a 800, ya el 2000 había 1.400, y en este momento hay 2.200. En matrícula el salto es también de ocho veces y media: de 142.000 a 1.200.000. Y esto sigue: el financiamiento compartido va creciendo cada año.

2. ¿Qué entender por educación pública? Hay un sentido estricto, que se usa mundialmente: la educación que entrega el Estado. Ésta se da en prácticamente todos los países del mundo, es muy raro el país donde es minoritaria. Las excepciones son Chile, Bélgica y Holanda, y puede haber un país más, pero es una situación anómala.

Hay un sentido amplio de educación pública que tiene que ver con la capacidad del Estado de regular el sistema educacional nacional, incluyendo a la educación pagada.

Y hay un sentido intermedio, que ha sido muy usado en Chile, prácticamente desde el comienzo de la Independencia, con fluctuaciones, y que se instaló en las garantías constitucionales del año ’70, y es esta idea de que la educación que provee nuestro sistema nacional tiene dos brazos, es mixta: entregada por el Estado y también por particulares, pero con financiamiento estatal. Lo básico no está dado por quien la entregue y administre, sino porque sea una educación de igual calidad para todos y gratuita. Con la municipalización dejó de ser igual para todos, porque los municipios no pueden dar lo mismo a todos, y con el financiamiento compartido dejó de ser gratuita. Por lo tanto, se puede señalar que estrictamente, Chile no tiene hoy día educación pública.

3. ¿Por qué es necesario que el Estado mantenga una educación de su propiedad? Hay al menos tres argumentos importantes para decir que sí vale la pena. El primero es que el Estado tiene la obligación, por convenciones internacionales y por Constitución, de asegurar a todos y a todas, a todo evento, su derecho a la educación, y es casi imposible pensar que lo va a hacer si no tiene un instrumento propio para ello.

En segundo lugar, está demostrado empíricamente en el mundo que el mejor regulador de la calidad de la educación es la calidad del sistema público.

En definitiva, para mantener la calidad, mucho más que seguir metiendo mapas de colores y pruebas, hay que mejorar la educación pública. Si yo tengo una educación pública gratuita de calidad frente a otra también gratuita, la gente elegirá por la calidad. Al momento en que la calidad empieza a decaer, el sistema particular empieza a crecer, es inevitable.

Por último, tercer argumento, si se quiere, ideológico, o ético, es la idea de que es importante que en la sociedad exista una alternativa de calidad que sea plural, laica y con alta integración social.

4. ¿Cuáles son las características básicas en la educación pública? Que sea gratuita, de igual calidad para todos –prescindiendo de dónde vivo y quiénes fueron mis padres, cuánto dinero tienen–, que tenga mixtura social, vale decir, que no tenga mecanismos de selección.

5. ¿Qué cambios debieran darse en la educación municipal para que se cumpla con estos propósitos? Uno es un financiamiento y una administración suficiente para asegurar igual calidad en todas partes del país. Y lo segundo es lograr un sistema de educación que minimiza el valor posicional o de clasificación social de la educación, que es exactamente lo contrario de lo que tenemos: hoy día el salirme del sistema público me coloca en una situación social de privilegio.

6. ¿Qué justifica que el Estado dé un apoyo financiero a la educación particular subvencionada, que es de propiedad privada y constituye además un negocio privado? Su sentido público: Respeto a la pluralidad de sociedad (“particular”) y el “derecho” de los padres a elegir la educación de sus hijos. La única manera de que la familia elija la educación de sus hijos es que tenga una alternativa distinta a la estatal, pero gratuita, y eso supone apoyo del Estado.

Para concluir, repitamos la afirmación inicial: es condición para mantener en Chile la educación pública –en sentido estricto, de propiedad del Estado– la supresión del financiamiento compartido. Además, esta supresión devolvería el sentido público a la educación particular con financiamiento fiscal.

Notas

1.- Sobre el tema, ver en: https://guillermobastias.wordpress.com/2010/09/30/en-chile-los-municipios-devuelven-los-colegios-al-estado/

2.- Sobre el tema, ver en: https://guillermobastias.wordpress.com/2009/06/23/como-se-gesto-el-marco-curricular-chileno/

3.- sobre el tema, ver en: https://guillermobastias.wordpress.com/2009/08/25/claves-para-entender-la-lge/

4.- Ver en: https://guillermobastias.wordpress.com/2010/10/03/el-sentido-de-la-educacion-publica/

5.- Juan Pablo Valenzuela es Doctor en Economía de la Universidad de Michigan. Académico de la Universidad de Chile e investigador del Centro de Investigación Avanzada en Educación, CIAE, de la Universidad de Chile.

6.- Juan Eduardo García-Huidobro es Doctor en Ciencias de la Educación y en Filosofía, Universidad Católica de Lovaina, Bélgica. Decano de la Facultad de Educación de la Universidad Alberto Hurtado.

7.- Foro Panel: Educación Pública en la Coyuntura Actual, realizada el 26 de mayo en la sede de la Editorial de la Universidad de Santiago de Chile (metro República). En el evento también participaron la Doctora en Educación Beatrice Ávalos, el Doctor en Educación Abelardo Castro y el Pte. del Colegio de Profesores Jaime Gajardo.

8.- La Iniciativa Científica Núcleo-Milenio está orientada a desarrollar redes de investigación en ciencias básicas y sociales, cuenta con el patrocinio de MIDEPLAN y el Banco Mundial. El Núcleo sobre La Profesión Docente en Chile está localizado en el Centro de Investigación Avanzada en Educación (CIAE) de la Universidad de Chile.

9.- Bellei, C.; González, P. & Valenzuela, J.P. (2010). Fortalecer la educación pública: un desafío de interés nacional. Borrador, CIAE-UNICEF

10.- Mizala, A., Romaguera, P. & Urquiola, M. (2007). Socioeconomic status or noise? Tradeoffs in the generation of school quality information. Journal of Development Economics, 84(1), 61-75.

11.- Algo similar ocurre a nivel internacional. Según datos de la prueba PISA (Pisa 2006. Science Competencies for Tomorrow`s World. París, Francia), cuando uno controla por nivel socioeconómico de los estudiantes y de las escuelas, para la mayor parte de los países participantes en la prueba desaparecen las brechas de resultados entre colegios públicos y privados, e inclusive, para el promedio de los países desarrollados, la educación pública lo hace un poco mejor.

12.- Raczynski, D., Salinas, D., De la Fuente, L., Hernández, M. & Lattz, M. (2010). Hacia una estrategia de validación de la educación pública-municipal: imaginarios, valoraciones y demandas de las familias. Informe Final FONIDE, Ministerio de Educación.

03
Oct
10

El sentido de la Educación Pública

Según ha trascendido, en los hornos de la política se está fraguando una ley que rija los destinos de la alicaída educación pública chilena. Y como intuimos, parece que también se hará a la chilena. Para este efecto, el timonel del Partido Socialista Osvaldo Andrade se habría reunido con el ministro Lavín *, para consensuar los ingredientes del estofado y, como es costumbre, servir la mesa con el menú ya preparado. En este sentido, quiero invitarlos a “degustar” el interesante artículo del abogado Fernando Atria, publicado en el último número de Revista Docencia; en el cual revisa, desde una perspectiva jurídica, las principales acepciones que se manejan sobre educación pública y, a la vez sus principales incoherencias

¿??????????????????????????????????¿

El sentido de la Educación Pública

Fernando Atria (1)

Uno de los aspectos más insólitos de la reflexión sobre el sistema educacional chileno es que se piensa desde el establecimiento particular pagado. El establecimiento particular pagado es el que expresa de modo más pleno la idea de un establecimiento educacional y lo que es en principio aceptable (o deseable) que un establecimiento haga (o pueda hacer). Un colegio particular subvencionado es como uno particular pagado, con una característica accidental adicional: que atiende personas que no pueden pagar su colegiatura, y por eso existe la subvención. Y un establecimiento municipal es como uno subvencionado, con una característica accidental adicional: que su “sostenedor” tiene la “naturaleza jurídica” de “municipalidad” (o “Estado”).

Esto ha llevado a una radical homologación del régimen de los dos últimos al régimen del primero. Así, si los establecimientos que sirven de modelo pueden cobrar por la educación que ofrecen, es decir, ofrecerla condicionalmente al público, y pueden seleccionar, eso implica que, en principio, también pueden hacerlo los otros. Y con esa lógica se introdujo el financiamiento compartido, y se autorizó incluso a los establecimientos municipales a cobrarlo. Si los establecimientos particulares pagados, cuyo régimen jurídico es el de una empresa privada, pueden elegir libremente con quién realizar contrato, y por eso seleccionar unilateralmente estudiantes, o expulsarlos por infracción a reglamentos unilateralmente fijados por el dueño, ese mismo poder lo tienen, en principio, los establecimientos subvencionados y municipales. La conclusión de este razonamiento es que la “educación pública” no tiene nada de peculiar, nada que justifique una preocupación especial o un programa de fortalecimiento. En rigor, que la categoría de educación pública no existe más que como una pura forma jurídica, sin contenido.

Por esto, se ha sostenido que, más allá de los formalismos jurídicos, el concepto de “educación pública” debe incluir a los establecimientos particulares subvencionados.

Esto es un grave error, y estas líneas tienen por finalidad aclarar por qué tiene sentido hablar de “educación pública”, excluyendo los establecimientos particulares pagados y subvencionados.

Dos (no tres) conceptos de educación

Pública.

Hay un sentido en que toda educación provista en el contexto de un sistema educacional como el chileno es pública. Éste es el sentido en que la expresión es utilizada en la denominación que reciben ciertas escuelas inglesas: “escuelas públicas” (public schools). Esas escuelas, paradójicamente, son las más exclusivas y selectivas del sistema educacional inglés (están probablemente entre las escuelas más selectivas y exclusivas del mundo), abiertas sólo a los ultra-ricos. La razón por la que se denominan “public schools” es que ellas originalmente surgieron como una alternativa a la educación que recibía el hijo del aristócrata a manos de un instructor o institutriz, en privado, en el palacio familiar (como Aristóteles educaba a Alejandro Magno). En contraposición a esa forma de educación, el hecho de tener que salir del palacio y encontrarse con otros estudiantes era lo que caracterizaba a la educación recibida en una escuela como “pública”. Si éste es el criterio de lo público, toda educación provista por un establecimiento educacional es “pública” por definición.

Ahora bien, en la discusión sobre el fortalecimiento de la educación pública apareció una tesis que defiende un concepto de educación pública más restringido que el anterior. Conforme a este nuevo concepto, entender que la educación pública es sólo la provista por agencias estatales es demasiado estrecho, y debe reconocerse que, en el sentido relevante, la educación pública incluye a la denominada “particular subvencionada”. Este es un concepto más restringido que el primero porque acepta que el concepto de educación pública no incluye a la educación “particular pagada”, pero reclama estar libre del formalismo del que dice que educación pública es sólo la provista por el Estado. Lo que importa no es quién provee la Educación sino qué educación se provee.

Nuestra situación actual, entonces, es que hay aparentemente disponibles tres conceptos de “educación pública”, y lo que este artículo intenta hacer es determinar cuál es el políticamente relevante cuando se discute sobre la importancia de este tipo de educación.

El primer concepto es el que subyace a la denominación de las “escuelas públicas” inglesas: es pública toda educación que exige que el estudiante abandone la casa familiar y se encuentre con otros en un establecimiento educacional, lo que implica que todos los establecimientos educacionales son por definición parte de la educación pública. El segundo concepto es el tradicional: la educación pública es el provisto por órganos del Estado; por consiguiente sólo los establecimientos municipales son parte de la educación pública. El tercer concepto es uno que se presenta como intermedio: es pública la educación provista por establecimientos municipales y subvencionados. El que defiende esta tercera posición cree que atender al solo hecho de que algunos establecimientos son de propiedad del Estado es un formalismo jurídico irrelevante, y que si evitamos los formalismos veremos que, en el fondo, la educación municipal y la subvencionada deben ser consideradas como pertenecientes al mismo grupo.

En la discusión política chilena nadie pretende que, cuando se habla del “fortalecimiento de la educación pública”, se esté usando el concepto de educación pública en el primer sentido. La cuestión políticamente relevante, entonces, es determinar si la crítica que se hace al segundo concepto el que defiende el tercero es o no justificada. Si aceptamos el tercer concepto de educación pública, por ejemplo, debemos adherir a alguna forma de lo que se denomina el principio de “igualdad de trato”, que insiste que el Estado no puede tratar de modo diferente a la educación municipal y a la subvencionada, que toda política de fortalecimiento de la educación pública debe ir dirigida a estas dos categorías de establecimientos, y que mostrar una atención preferente por la educación municipal es una discriminación arbitraria.

Ahora bien, si se trata de defender el tercer concepto de “educación pública”, la pregunta obvia es qué es lo que es común a los establecimientos estatales y los particulares subvencionados y los distingue a ambos de los particulares pagados; qué es, en otras palabras, lo que definiría esta nueva categoría. Aunque la respuesta es bastante obvia, es importante detenerse en el hecho de que los que la defienden no son particularmente prolijos. J. J. Brunner, por ejemplo, ha dicho (en El Mercurio, 13 de julio de 2008) que “En Chile se llama educación pública a aquella ofrecida por los colegios municipales, sin reparar en que también la provista por establecimientos privados subvencionados es pública en todos los aspectos fundamentales (currículo, profesores, jornada escolar, textos, exámenes, medición de resultados, certificados otorgados, financiamiento),

con excepción de la propiedad de las escuelas”.

Lo que es claro aquí es que, con la excepción de “financiamiento”, los “aspectos fundamentales” a los que se refiere Brunner caracterizan por igual a toda la educación reconocida por el Estado. Si ellos fueran los que definen a la educación pública, deberíamos concluir que su objeción no es a la idea de que el Estado debe mostrar una especial preocupación por la educación estatal, sino una mucho más radical: todo el sistema educacional conforma la “educación pública”. Ahora bien, ésta no es la conclusión que el propio Brunner defiende, por lo que su enumeración debe ser entendida más como una licencia retórica que como una lista reflexiva.

Para remover la licencia hay que separar el “financiamiento”, que es el único criterio que permite agrupar a establecimientos estatales junto a particulares  subvencionados, excluyendo los particulares pagados. La mención a los otros “aspectos fundamentales” es aquí irrelevante.

Pero ¿no es esto igualmente “formalista”? ¿Por qué es un formalismo apelar a la “naturaleza jurídica” del proveedor y no es formalista apelar a la naturaleza jurídica del que paga por la provisión? La respuesta es obvia: cuando el que paga por la educación es el Estado, y no el individuo, ella deja de quedar condicionada a la capacidad del individuo de pagar por su educación. Éste sería el criterio relevante para definir lo que cuenta como educación pública. Es una cuestión de acceso: educación pública=educación abierta a todos.

Es claramente incorrecto, sin embargo, decir que la educación provista por los establecimientos particulares subvencionados está en principio abierta a todos. Ello por dos razones. La primera es que esos establecimientos están habilitados legalmente para cobrar a sus estudiantes (a sus padres) una cantidad mensual de dinero que la ley denomina “financiamiento compartido”. Conforme al propio criterio utilizado por los críticos, entonces, estos establecimientos no deberían ser entendidos dentro de la categoría “educación pública”.

Pero la razón principal no es el financiamiento compartido. En Chile se ha entendido (incorrectamente, a mi juicio, aunque eso es ahora irrelevante) que es parte fundamental de la libertad de enseñanza de la que gozan los sostenedores de estos establecimientos el que ellos puedan no sólo definir su propio proyecto educativo, sino adicionalmente invocarlo como una razón que guía sus criterios de selección o permanencia. Por consiguiente, los establecimientos particulares subvencionados no están en principio abiertos a todos, sino sólo a quienes tienen formas de vida o concepciones de la educación o del mundo, etc., que de acuerdo a la decisión unilateral del sostenedor son compatibles con su proyecto educativo.

Nótese que estas dos cuestiones son enteramente independientes: del hecho de que el sostenedor pueda establecer y ejercer un proyecto educativo no se sigue que una de las maneras de “ejercerlo” sea transformarlo en estándar de admisión al establecimiento. La ley podría perfectamente reconocer y proteger el primer derecho pero negar el segundo. La conexión entre ambos suele establecerse con un argumento particularmente débil: sólo si el sostenedor puede seleccionar estudiantes por su conformidad con “su” proyecto educativo es posible asegurar la “comunidad de valores” que un proyecto educativo requiere para ser exitoso. Quienes sostienen esta excéntrica idea ignoran sistemáticamente que, como en Chile nadie tiene la obligación legal de asistir a un establecimiento en particular, esa comunidad de valores se puede asegurar sin que el establecimiento pueda seleccionar, ya que el hecho de que el establecimiento deba ser elegido por los padres es suficiente para garantizar esa comunidad de valores. Por estas dos razones no puede decirse que los establecimientos particulares subvencionados estén abiertos a todos.

Que un establecimiento educacional esté abierto a todos quiere decir que en principio todos tienen el derecho de ser admitidos por ese establecimiento, derecho que sólo cede, como todo derecho, cuando su cumplimiento es físicamente imposible (no implica que un establecimiento no esté abierto a todos el hecho de que ese establecimiento no pueda, por razones fácticas de limitación de recursos, recibir a todo el que postula cuando la demanda excede las plazas disponibles). Por consiguiente, es importante notar que el hecho de que los establecimientos de la educación particular subvencionada no estén en principio abiertos a todos no es una generalización a partir de las políticas efectivamente adoptadas por algunos, muchos o todos esos establecimientos. No es un punto, en otras palabras, que sea sugerido por la evidencia empírica disponible, por lo que no es refutable por referencia a dicha evidencia. Es una observación sobre (la interpretación dominante de) el régimen legal aplicable a esos establecimientos, que entiende la libertad de enseñanza del sostenedor de modo tal que es incompatible con entender que quienes postulan a su establecimiento tienen un derecho, fundado en su condición de ciudadanos, a ser admitidos.

En efecto, que alguien tenga un derecho quiere decir que hay otro que tiene un deber. Esta obligación del deudor, una vez surgida, es independiente de su voluntad, en el sentido de que ya no puede decirse que el deudor tiene la libertad de decidir si paga o no paga (está obligado a pagar). Como (la interpretación dominante de) el régimen legal de la educación particular subvencionada permite al sostenedor exigir una cierta cantidad de dinero a cambio de la prestación de servicios educacionales, y le permite además definir unilateralmente un proyecto educativo conforme al cual ciertos ciudadanos no son elegibles o son menos elegibles que otros, no puede decirse que todo ciudadano esté, ante un establecimiento particular subvencionado, en la posición de quien tiene derecho a ser admitido, porque el establecimiento no tiene el deber de recibirlo.

Nótese que en esto hay una diferencia considerable con la educación estatal: si bien ésta también está autorizada para cobrar como financiamiento compartido un pago en dinero por el servicio provisto, esa autorización tiene una limitación que mantiene esa forma educacional abierta a todos, porque los establecimientos municipales que cobren financiamiento compartido deben aceptar gratuitamente a todos los alumnos residentes en la comuna (Art. 23 DFL 2 de 1998).

La razón por la cual la autorización dirigida a establecimientos municipales para exigir el pago del financiamiento compartido necesita estar sujeta a esta limitación es la contenida en el artículo 19 N° 10 de la Constitución: todas las personas tienen un derecho a la educación. Por la misma razón, no puede decirse que los establecimientos municipales tengan libertad de enseñanza en el sentido en el que se entiende dicha libertad en Chile, es decir, como justificación de políticas de selección y exclusión. Si los establecimientos municipales tuvieran esa libertad de enseñanza, entonces nadie tendría derecho a ser educado.

Es verdad que hoy no hay una regla que impida a los establecimientos educacionales del Estado fijar proyectos educativos por referencia al cual puedan seleccionar alumnos. Pero el solo hecho de que sean del Estado impone esa limitación por referencia, por ejemplo, a creencias religiosas o capacidad de pago. El caso más problemático es el de selección por méritos académicos. Hoy no hay obstáculos a que los establecimientos del Estado seleccionen de este modo, en buena medida porque, como hemos visto, el modelo de establecimiento sobre el cual se construyen los demás es el establecimiento particular pagado. Esto, desde luego, desnaturaliza la educación pública, y la propuesta del Ministerio de crear “liceos de excelencia” agudiza el problema. Pero el punto se sostiene: en principio, un establecimiento público no puede definir un proyecto educativo por referencia al cual seleccionar estudiantes (debe destacarse que el proyecto de ley de fortalecimiento de la educación pública se refiera a este punto, y si bien no prohíbe toda forma de selección, explicita su estatus: ya no es algo que los establecimientos públicos pueden desde luego hacer, sino que en principio no pueden hacerlo aunque en ciertos casos se justifique).

La referencia al derecho a la educación suele utilizarse, por los “expertos en políticas públicas”, de modo impropio, como si su relevancia se agotara en el hecho de que debe haber un sistema educacional con cobertura completa. Pero la lógica de los derechos es individualizada, no agregativa. No se trata (sólo) de que sea bueno que se alcance la cobertura completa en educación básica y media, se trata de garantizar que cada uno podrá recibir la educación que crea que es mejor. Ésta es la obligación del Estado: garantizar a cada ciudadano, individualmente, la educación que requiere. La existencia de establecimientos particulares subvencionados no es suficiente garantía del derecho a la educación, precisamente porque descansa en la idea de que el sostenedor puede poner condiciones al ingreso. En el régimen legal chileno la libertad especialmente protegida es la de los padres de elegir, no la de los sostenedores a seleccionar: “Los padres tienen el derecho preferente y el deber de educar a sus hijos. Corresponderá al Estado otorgar especial protección al ejercicio de este derecho” (Art. 19 Nº 10 inc. 3º. Constitución Política).

Sólo un sistema educacional cuyo régimen legal obliga a los proveedores a admitir a cualquier individuo que postula garantiza la educación a todos como un derecho. El régimen legal aplicable a la educación particular subvencionada no garantiza la educación como un derecho, porque el sostenedor tiene libertad, conforme a la ley, para establecer condiciones de ingreso, y la idea misma de que una exigencia es formulada como un derecho es incompatible con la libertad de aquel a quien se dirige la exigencia para condicionar su cumplimiento.

De modo que, examinada atentamente, la idea de que la categoría de educación pública incluye tanto a los establecimientos estatales como a los particulares subvencionados es incoherente.

Los sentidos relevantes, en el estado actual del derecho chileno, son dos: en uno, toda educación es pública (es el sentido de las public schools inglesas); en el otro, es pública la educación que es ofrecida por establecimientos que tienen el deber (correlativo al derecho a la educación de los individuos) de admitir a todo el que postule a ellos (salvo el caso obvio de imposibilidad material).

La tesis de que la educación “pública” incluye a los establecimientos estatales y a los subvencionados usa como criterio de distinción de lo público el hecho de que en ambos casos no es el individuo el que paga sino el Estado. Pero esta característica o es un formalismo sin justificación (tal como los críticos decían que era un formalismo atender a la “naturaleza jurídica” del establecimiento), o es importante porque abre el acceso a esos establecimientos a todos, no sólo a los que pueden pagar. Desde luego esta segunda opción es la que toma en serio el criterio que los propios críticos han utilizado para distinguir la educación subvencionada de la pagada. Pero habiendo aceptado este criterio (es pública la educación que está abierta a todos), sólo el que desconoce el régimen legal de la educación particular subvencionada puede creer que estos establecimientos están legalmente abiertos a todos y son parte, por lo tanto, de la educación pública.

De lo anterior no se sigue que el hecho de que los establecimientos particulares subvencionados reciban financiamiento público es enteramente irrelevante.

Hay un obvio interés público en especificar las condiciones bajo las cuales puede accederse a la subvención estatal y el modo en que puede ésta ser utilizada. El Estado tiene innegablemente el deber de velar por la correcta utilización de los fondos públicos, lo que se traduce en su deber de crear mecanismos de fiscalización adecuados al modo en que esos recursos se invierten. Esto desde luego justifica que

exista un régimen que permita el control del uso de los fondos estatales en establecimientos privados (del mismo modo en que sería, por ejemplo, enteramente inaceptable que el Estado creara un fondo de financiamiento de la investigación científica y tecnológica, pero no creara mecanismos de control del buen uso de esos recursos).

El argumento puede incluso llegar más lejos: como los establecimientos privados subvencionados pueden cobrar a los padres una cantidad que complementa la subvención estatal, y que de ese modo se transforma (en esos establecimientos) en condición para gozar de la subvención, el régimen al cual están sujetos los recursos estatales utilizados por los establecimientos privados puede también ser legislativamente extendido a los recursos captados por los establecimientos en tanto financiamiento compartido. Es evidente que para justificar esta conclusión no es necesario afirmar que los establecimientos privados subvencionados son parte de la educación pública; basta afirmar que reciben recursos del Estado, y aplicar a esos recursos entonces el régimen general de los recursos estatales. Una cuestión es la de definir qué cuenta como educación pública, y otra es especificar las obligaciones que, en general, el que recibe financiamiento público para algo adquiere por ese solo hecho.

Educación pública y educación Estatal

Hemos distinguido un concepto “amplio” de educación pública (las public schools inglesas) y uno “estricto” (educación abierta a todos). El concepto “intermedio” propuesto por los críticos, que incluye a todos los establecimientos educacionales que reciben algún financiamiento del Estado, fracasa en sus propios términos y por consiguiente no alcanza a constituir una tercera posibilidad. En sentido estricto, la educación pública es la que está sometida a un régimen legal conforme al cual ella está en principio abierta a todos como ciudadanos.

El sentido o finalidad, entonces, de un sistema de educación pública es garantizar a cada ciudadano la educación como derecho, correlativo del deber de quien la ofrece. De las tres categorías de establecimientos que conforman el sistema educacional chileno, sólo la de los establecimientos que pertenecen al Estado satisface esta condición, por lo que sólo la educación provista por establecimientos estatales puede ser denominada, en este sentido, “pública”.

Hay entonces una conexión entre el sentido de la educación pública (abierta a todos) y su forma jurídica (provista por establecimientos estatales). Esta conexión no es puramente contingente, como si no fuera más que el resultado de una historia que en cualquier punto particular podría haber evolucionado de otro modo. Ella se explica por la diversa posición que el individuo asume frente al Estado y frente a otros individuos.

Ante el establecimiento de propiedad del Estado el individuo concurre en términos asimétricos: basta su voluntad para que el establecimiento tenga la obligación de admitirlo. Esta asimetría entre el individuo y el establecimiento es reflejo de la posición general de asimetría que el ciudadano tiene frente al Estado: el individuo tiene derechos, y el Estado no, porque está “al servicio de la persona humana” (Art. 1° Constitución Política). Pero ante el establecimiento privado (subvencionado o no) el individuo no concurre como ciudadano sino como parte contratante. Y entre las partes contratantes existe la simetría propia del contrato y del mercado: ningún individuo está “al servicio” de otro. Como la relación entre el individuo y el establecimiento es en este caso simétrica, no basta la voluntad del primero para que el segundo tenga una obligación: la concurrencia de su voluntad, como en todo contrato, es condición necesaria, pero no suficiente, para que haya contrato.

Por consiguiente, la explicación que hemos encontrado del sentido de la educación (estrictamente) pública vincula la forma institucional de ciertos establecimientos (son propiedad del Estado) al sentido de la educación pública (educación abierta a todos, ante la cual el individuo concurre como ciudadano ejerciendo un derecho). Luego, la categoría de “educación pública” se identifica con la de “educación provista por establecimientos de propiedad del Estado” reteniendo su sentido.

Es sencillamente falso decir que la única diferencia entre los establecimientos estatales y los particulares subvencionados es la naturaleza del titular de la propiedad sobre los mismos. Como consecuencia de esa diferencia en titularidad, el régimen legal de ambos es diferente en un punto críticamente importante si de lo que se trata es de garantizar un derecho: sólo ante los establecimientos del Estado el individuo concurre como ciudadano que ejerce su derecho.

¿Establecimientos públicos de propiedad

privada?

Ahora bien, la posición discutida al principio afirmaba que los establecimientos particulares subvencionados debían ser considerados parte de la educación pública. Lo que hemos visto hasta ahora muestra que este argumento se basaba en una noción incoherente de “educación pública”. Dado el régimen jurídico chileno, sólo la educación estatal es educación pública. Pero la cuestión podría plantearse, por así decirlo, al revés: ¿es posible concebir un régimen legal en el que establecimientos de propiedad privada sean parte de la “educación pública”?

En Chile hemos aceptado que es a través de iniciativas privadas que pueden perseguirse finalidades públicas. Pero la manera en que lo hemos hecho ha desnaturalizado esas finalidades, porque la finalidad “pública”, por ejemplo, de un sistema de salud no es sólo proveer de prestaciones de salud sino garantizar el derecho igual de cada ciudadano en tanto tal a esas prestaciones de salud.

Está en lo correcto el neo-liberal que alega que no hay razón por la que las finalidades públicas sólo puedan ser perseguidas por el Estado. Lo que es inaceptable (porque distorsiona esas finalidades) es su pretensión de que puede (o debe) hacerlo sujeto al régimen de los agentes privados. Para que las iniciativas privadas reemplacen al Estado en la provisión de prestaciones públicas es necesario que asuman la posición de asimetría que el Estado tiene frente al ciudadano.

Por consiguiente, no hay razón para negar la posibilidad de que se cree legalmente una categoría de establecimientos públicos de enseñanza que sean de propiedad privada. Para esto sería necesario configurar el régimen legal aplicable a esos establecimientos educacionales privados (en cuanto a su propiedad y gestión) de modo que ellos asumieran la posición de asimetría, ante el ciudadano, característica del Estado. Si esa categoría legal existiera, entonces la homologación entre establecimientos de propiedad del Estado y educación pública sería objetable (esto muestra que dicha homologación no es conceptual, es decir, necesariamente correcta e independiente del contenido del régimen legal aplicable). Mientras dicha categoría no exista, la homologación es correcta, y la subsistencia de la educación estatal es la marca de que el Estado chileno está comprometido con la educación como derecho del ciudadano.

Esto es hoy difícil de pensar porque no hay un estatuto de la educación pública. Como el establecimiento público es pensado desde el particular pagado, de modo que “público” sólo quiere decir “del Estado”, la idea de una educación pública provista por establecimientos que no sean de propiedad del Estado es radicalmente incoherente, como hemos visto que ocurre con la posición del crítico que pretendía revisar el concepto de “educación pública”.

Si la educación pública tuviera un régimen propio, la cuestión sería más fácil: bastaría decir que es público todo establecimiento, incluidos los que pertenecen en propiedad a agentes privados, que se someta a ese régimen. El proyecto de ley de fortalecimiento de la educación pública contiene un incipiente régimen legal del establecimiento público (el título II, Arts. 5-12)2. Si ese régimen fuera aprobado, no

hay razón por la que no podría aspirar a ser tratado como “público” un establecimiento de propiedad de una persona de derecho privado que estuviera dispuesta a asumir lo que el proyecto denomina “Deberes especiales de los sostenedores públicos”, y podría decirse entonces: la educación pública es la provista por establecimientos que asumen los deberes especiales que se siguen de la asimetría entre el Estado y el ciudadano.

Coda: ¿Es sostenible la educación pública

en un sistema mixto?

El argumento desarrollado más arriba tiene una consecuencia importante. En un sistema como el chileno, en que los establecimientos de la educación pública y de la educación particular deben coexistir compitiendo, los segundos pueden ofrecer en el mercado un bien inapreciable que los primeros por definición no pueden ofrecer: selección. Como algunos establecimientos (los privados) pueden ofrecer selección y otros (los públicos) no, la educación privada tenderá a ser la educación a la que asistan todos aquellos que se benefician de la selección. Los que no se benefician de ella son aquellos que en sentido económico, social o cultural están peor situados. En un sistema mixto como el chileno, la educación pública tiene una tendencia interna a transformarse en un ghetto de marginalidad.

Para mostrar que éste es el caso, basta notar que el que asiste a un establecimiento que establece condiciones de ingreso asegura por ese solo hecho que estudiará junto a otros individuos que satisfacen esos criterios de ingreso. Todo establecimiento que puede seleccionar, entonces, puede adecuar su oferta de educación a un “target”: la clase de individuos que pueden satisfacer sus condiciones de acceso (y así separarse de los que están debajo de ellos) y que no puedan satisfacer condiciones de ingreso de un establecimiento más selectivo (por lo que se separará de los que están más arriba de ellos).

Un sistema mixto como el chileno, entonces, tenderá a la progresiva segregación, y en definitiva cada uno asistirá al establecimiento que su dinero puede pagar: ni un peso más abajo ni un peso más arriba. Y en el fondo, desde luego, se creará un subsistema de estudiantes socioeconómicamente deprivados y socialmente marginados. Lo que caracterizará a ese subsistema será que sus establecimientos no seleccionan, y atienden entonces sólo a aquellos a los que la selección no beneficia.

El sistema educacional chileno es el paradigma de un sistema diseñado para transmitir el privilegio. En materia educacional, para el privilegiado Chile es el mejor de los mundos posible.

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* http://www.radiobiobio.cl/2010/08/23/preparan-proyecto-para-profunda-reforma-del-sistema-educacional-municipal/

Notas

1 Profesor de Derecho, Universidad de Chile, Universidad Adolfo Ibáñez. Este artículo incorpora material publicado en: Atria, F. (2009) ¿Qué es educación pública? Revista de Estudios Sociales, 117, 45-69, Corporación de Promoción Universitaria, Santiago. Y en Atria, F. (2007), Mercado y Ciudadanía en la Educación, Santiago, Flandes Indiano. A los que me permito remitir al lector.