Archive for the 'Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile' Category

25
May
11

Universitarios: Un Movimiento Social en Ciernes

“Y aquí lo que hay que hacer es orientar

las ayudas estudiantiles hacia los jóvenes

más esforzado provenientes de los sectores

de menores recursos, independiente cuál

institución de educación superior elijan”

Joaquín Lavín *

La madre de todas las batallas. Así denominó el presidente Piñera la reforma universitaria que finalmente anunció el pasado 21 de mayo y, de no mediar algún acontecimiento extraordinario, consolidará completamente el modelo de mercado en toda la educación chilena. En efecto, se pretende introducir variaciones en el Aporte Fiscal Indirecto (AFI), ampliando su cobertura (1) y transformándolo en un boucher que el alumno podrá canjear en cualquier centro de educación superior tanto público como privado. La medida, que si bien tiene un aspecto positivo, su ampliación en cobertura, también permite un mayor desfinanciamiento de las Universidades Públicas que utilizan legítimamente este aporte como parte de su financiamiento (2). En la práctica, el Estado, o sea todos nosotros, le entregaremos dineros a universidades privadas, independiente de la calidad de la enseñanza que impartan, aumentando el lucro indebido de estas instituciones. Situación que pondría en graves problemas a las Universidades Públicas, que reciben menos del 10% como aporte del Estado para su financiamiento, con lo cual se prevé un sostenido debilitamiento de estas casas de estudio.

Piñera sabe que una medida de este tonelaje será difícil de abordar, los días previos al anuncio la CONFECH movilizó a cerca de 100 mil estudiantes en todo el país para presentar un petitorio de cambio estratégico en la educación superior (3), obviamente ninguna de las demandas estudiantiles merecieron alguna consideración presidencial en el discurso. Por otra parte, los rectores de Universidades tradicionales han denunciado el carácter ilegal con operan las Universidades privadas, las que se constituyen como corporaciones sin fines de lucro y mediante un “ardid” traspasan sus cuantiosas ganancias a sociedades inmobiliarias. La situación es compleja y en los pasillos del MINEDUC ronda preocupación, pues si la situación se sale de cauce esto se podría transformar en una segunda revolución pingüina, la que podría acabar con buena estrella del ministro Lavín.

Un movimiento social en ciernes

No es fácil cuantificar lo que podría suceder, el año ha estado marcado por sucesos donde la estructura institucional del sistema político imperante se muestra inerme ante una sociedad civil cada vez más empoderada, opinante, que quiere respuestas y participación. Ahora bien, desde una perspectiva sociológica un movimiento social requiere tres niveles distintos de reivindicaciones o planteamientos:

a). Una reivindicación concreta en torno a la condición en que se vive. En este caso, los estudiantes están pidiendo una baja en los créditos de la educación superior, un mayor aporte del Estado a las Universidades públicas.

b). Una demanda de cambio institucional en las reglas del juego. Los estudiantes están pidiendo regulación al lucro de Universidades privadas y, un viejo anhelo, democratización al interior de los de educación superior.

c). Aspiración de cambio más global de la sociedad, usualmente asociado con algo utópico. Aquí el aporte viene del mundo académico, de la mano del rector de U de Chile Víctor Pérez, quien está pidiendo un “nuevo relato” para entender el concepto de Universidad Pública (4), situación que busca construir un nuevo tipo de educación y por lo tanto un nuevo modelo económico y social.

Pero, el bloque social que pretende defender la educación pública deberá también sortear algunas barreras que le permitan poner en la opinión pública sus demandas, primero, deben hacer un esfuerzo comunicacional para explicar en forma sencilla que ellos no están por crear una educación elitista, como los acusa el gobierno. Segundo, deberán hacer frente al problema de la violencia, los pingüinos el 2006 cuando se vieron sobrepasados se tomaron los colegios, donde podían tener un control más exhaustivo de la situación. Tercero, deberán elegir si acotan su movilización al ámbito de la educación superior o buscan alianza con la educación básica y media.

Para mañana, los universitarios están llamando a una segunda jornada de movilización, ahora sólo falta que el gobierno, un poco perplejo con la impresionante movilización en contra de Hidroaysen, plantee su estrategia.
 

* Lavín da las claves para la reforma a la educación superior y advierte: “Los que, necesitan más ayuda no marcharon ayer”. La Segunda, 13 de mayo del 2011.

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Notas

1.- A la fecha, se otorga a los primeros 27.500 alumnos que ocupan las matriculas de primer año de las universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica existentes antes del 31 de diciembre de 1980.

2.- “El estado contribuirá al financiamiento de las universidades existentes al 31 de diciembre de 1980 y de las instituciones que de ellas se derivaren, mediante aportes fiscales cuyo monto anual y distribución se determinarán conforme a las normas del presente título.” D.F.L N°4 de 1981, del Ministerio de Educación.

3.- Nuestro Objetivos, en reformaeducacional.cl. Ver en: http://www.reformaeducacional.cl/nuestros-objetivos/

4.- Para una mayor comprensión de este concepto, ver entrevista de Tomás Mosciatti al rector de U de Chile Víctor Pérez en CNN Chile. Ver en: http://www.cnnchile.com/nacional/2011/05/19/el-aporte-del-estado-para-las-universidades-estatales-es-cada-vez-menor/

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18
Mar
11

Chile: Textos para Ricos, Textos para Pobres…

“Quizás los libros que entregamos tienen el papel de un gramaje un poquito más bajo que el que las editoriales entregan en las librerías, pero no es más que eso”.
(Loreto Fontaine) *

Que en Chile existe una educación para ricos y otra para pobres es un hecho de la causa que ya no se discute, lo que indigna la conciencia democrática de cualquier ciudadano es que esta disparidad se dé al amparo y protección del propio Estado, como quedó demostrado a raíz de una denuncia de privados ante la Fiscalía Nacional Económica, por una posible colusión entre las editoriales que venden los textos escolares a la mayoría de la población.

 

No es solamente un problema de impresión

La denuncia en cuestión, efectuada por apoderados de colegios particulares, se refiere al alto costo de los textos escolares de la editorial Santillana y SM, los de mayor circulación y los más demandados en las listas escolares. Según los demandantes, los textos que se comercializan entre 18 y 25 mil pesos tendrían diferencias en librerías inferiores a 200 pesos, situación a todas luces irrisoria. Pero, a su vez, la denuncia destapó otro escándalo, resulta que las editoriales mencionadas son a su vez las proveedoras de los libros que compra el Estado para su distribución gratuita en los centros financiados por éste, que representa el 93% del alumnado nacional. Ahora bien, si los textos que entrega el MINEDUC tienen un valor unitario de alrededor de 1500 pesos, la pregunta era, porqué libros fabricados por las mismas editoriales, para los mismos cursos tienen diferencias de hasta 16 veces su valor. Será acaso, se preguntará alguien ingenuo, que los libros que entrega el Estado son de menor calidad que aquellos que se venden a los sectores más acomodados. Las reacciones para negar el hecho vinieron rápidas, tal vez demasiado rápidas, el Pte. del Panel de Expertos para una Educación de Calidad (1), Harald Beyer señaló a La Segunda, “el libro que venden las editoriales es básicamente el mismo en términos de contenidos que el del MINEDUC, aunque de menor calidad en fotografía e impresión” (2). Lo cierto que las diferencias son un poco más acentuadas que la calidad del papel o la impresión como plantea el también asesor del Mins. de Defensa, los libros para pobres tienen menos ejercicios, menos referencias a sitios web, contenidos menos profundos, en definitiva, tienen en promedio menos de 100 páginas en relación con sus pares, los libros para ricos.

Haber, si hay colusión de precios, será un tema que lo dilucidará la autoridad competente, lo que sí es evidente, es que el Estado está entregando material de mala calidad al 93% de la población estudiantil, y eso lo saben los profesores, jefes técnicos, en definitiva todos aquellos que se dedican al ejercicio de la educación. Sería injusto imputarle a este gobierno todo el problema, esto lo cimentó la Concertación, pero llama la atención la pronta respuesta que entregaron las autoridades del MINEDUC, para defender el negocio de las editoriales. El gobierno debe y tiene la obligación de cautelar, no sólo el correcto uso de los dineros públicos, sino además debe posibilitar que los textos que entrega a jóvenes de menores recursos sean similares en contenidos, referencia y tablas de ejercicios que los que compran los sectores más acomodados del país. Sería importante una reacción colegiada de los rectores de universidades, federaciones y agrupaciones de estudiantes y, se echa de menos, la opinión del Colegio de Profesores.

 

* Loreto Fontaine, Jefa Unidad de Curriculum, MINEDUC. La Segunda 15 de marzo 2011.

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Notas

1.- Panel de Expertos, ver en: https://guillermobastias.wordpress.com/2010/05/05/panel-de-expertos-para-el-cambio-del-estatuto-docente/

2.- La Segunda 15 de marzo 2011.

07
Feb
11

La educación en la calle

“Mientras los tomadores de decisiones no comprendan el rol estratégico que el fortalecimiento de la educación pública tiene para elevar la calidad y equidad del sistema educacional, estos malentendidos continuarán confundiendo la discusión e impidiendo al país avanzar en este crucial frente”.
(Cristián Bellei)*

El acuerdo amasado entre los partidos de la Concertación y la derecha en torno a la “gran reforma educacional del presidente Piñera”, dejó varios flancos abiertos que el mundo social, gremial y académico debiera tener en consideración y que se instalaran con fuerza a partir de marzo del presente año, el primero, consiste en el envío, antes del 30 de septiembre de 2011, de un proyecto de ley que abordará la institucionalidad y financiamiento de la educación municipal; el segundo, la pronta promulgación de la Ley de Aseguramiento de la Calidad de la Educación, cuerpo legal que crea una agencia aseguradora de la calidad y una superintendencia de educación; el tercero, la reforma a la educación universitaria, que pretende ampliar el Consejo de Rectores a las casas de estudio privadas; y cuarto, se debiera enviar, antes del 1° de marzo de 2012, un proyecto para modernizar la carrera profesional docente. Como se puede apreciar, el 2011 será un año donde las políticas educativas se tomarán la agenda política del país, con un agravante, esta vez la discusión se dará en medio del año político lo que permitirá al mundo social, gremial, académico y estualtil expresar su opinión y, de ser necesario, transformarse en un actor relevante de la discusión.

Lo que está en juego

Vista así la cosa, la discusión que se avecina no es menor lo que está en juego es el tipo de educación que tendrá nuestro país en los próximos 20 años o más, son leyes que tocan áreas sensibles por lo cual bien vale echarles una mirada más profunda. Lo primero que se avecina es la ley de aseguramiento de la calidad que, según Ricardo Lagos Weber, fue un acuerdo subscrito entre el gobierno y algunos parlamentarios de de oposición en orden a despachar en marzo próximo (1). Esta ley crea dos nuevas instituciones, una superintendencia de educación encargada de recibir los reclamos y velar por la correcta utilización de los dineros públicos y, la más controvertida, una agencia aseguradora de la calidad. Es esta agencia la que ha sido cuestionada por la comunidad académica, debido a que intentaría consolidar un modelo educacional basado en estándares. En efecto, este modelo se viene en retirada en el mundo ya se ha demostrado que tiende a reducir el curriculum a lo que miden los estándares, reduciendo la educación a una mera capacitación de competencias tendientes a resolver pruebas y subir los estándares. Esta visión conductista de la educación, tiende a mirar al ser humano como un ente que funciona en base a estímulos y respuestas, premios o castigos, dejando afuera el entorno social, el tipo de hogar al cual pertenece el alumno, por último, este modelo educativo se aparta de aquello que es central en educación donde se ubica la formación ética, intelectual, emocional, artística, el pensamiento lógico, la creatividad, etc… es decir todo lo que realmente debiera interesar en la formación de nuestros jóvenes (2). Por último, esta ley fue rechazada por el congreso en mayo del año pasado, por lo cual durmió ocho meses en comisión mixta y, ahora, rápidamente, entre gallos y media noche la oposición se compromete a promulgarla en marzo próximo. No sé porqué, pero algo me huele mal.

En este año se debieran discutir dos proyectos vitales para la educación pública, uno que pretende ampliar el consejo de rectores que agrupa a las universidades públicas a las entidades privadas con fines de lucro, el otro abordará la institucionalidad y financiamiento de la educación municipal y establecerá fórmulas alternativas a la administración municipal de las escuelas y liceos. Actualmente el Consejo de Rectores (CRUCH) está integrado por 25 universidades, 16 universidades del Estado y 9 universidades privadas que reciben Aporte Fiscal Directo, lo que pretende el presidente Piñera es ampliarlo a las 35 universidades privadas que operan en el país, situación que llevó a decir al rector de la Universidad de Chile, Víctor Pérez que: “Rechazamos, de modo respetuoso, pero de manera categórica toda propuesta que, con el argumento de modernizar el sistema universitario, termine por profundizar la privatización y mercantilización del sistema” (3). En efecto, esta reforma implicaría que tanto a universidades privadas y públicas se le otorgaran las mismas oportunidades en cuanto a criterios de financiamiento, créditos y becas; con lo cual se le estaría entregando fondos públicos a entidades que tienen como fin fundamental el lucro y, si bien algunas tienen un alto desempeño profesional la mayoría deja mucho que desear en la forma como manejan “el negocio”. El otro proyecto que se deberá presentar este año, es el que busca una nueva institucionalidad y financiamiento para la educación municipal. Sobre el particular existe la Ley de Fortalecimiento de la Educación Pública (4) que lleva durmiendo en el Congreso desde el 2008, además del anteproyecto educacional que presentaron los partidos de la Concertación (5) a principios del 2011. Pero, más allá de cuál sea el envase, existe consenso en la comunidad académica, gremial y estudiantil que para rescatar y fortalecer la educación pública, esta debe contar con un aporte fiscal directo, independiente de la subvención estatal, que permita tener una educación gratuita, pluralista, laica, inclusiva y de excelencia para todos independiente de su condición socioeconómica.

Por último, con fecha 1° de marzo de 2012 vence el plazo para que el gobierno ingrese al Congreso un proyecto para modernizar la carrera docente. Según el protocolo de acuerdo Concertación-Gobierno (6), que dicho sea de paso es bastante ambiguo, se habla de formación continua, de dignificación y valoración social de la profesión. Pero, si el país quiere tener una carrera docente efectiva debe además de lo mencionado abordar dos temas vitales, como son las horas no lectivas, es decir, aquellas que permiten organizar las clases, revisar y corregir las evaluaciones, junto con recibir a los apoderados, en nuestro país representan sólo el 25 % de la jornada laboral docente, los países que integran OCDE, del cual Chile es miembro, destinan en promedio un tercio de las horas al trabajo fuera del aula; el otro tema que hay que enfrentar es el número de alumnos por profesor, el que debe definirse por el grado de vulnerabilidad del sector socioeconómico en que se desenvuelva el centro educacional. Por último, se debe exigir una carrera docente única para todo el gremio docente independiente del tipo de sostenedor, llámese público o privado. Hoy día se establece una odiosa segregación, donde los maestros que laboran en el sector privado sólo se rigen por el Código del Trabajo, con lo cual quedan desprotegidos dando origen a múltiples arbitrariedades, como despidos masivos, listas negras, persecución sindical entre otro muchos abusos.

Los actores

El 2011 será un año de pocas sorpresas, los jugadores ya se conocen y muchos ya demostraron su estrategia de juego. El MINEDUC tendrá poco espacio para especular y todo indica que se apoyará en el Panel de Expertos (7) para, desde allí tratar de buscar acuerdos con la Concertación. El bloque opositor en cambio, deberá aclarar primero el rol que cumplen sus militantes dentro del Panel de Expertos (8), se debiera saber si ellos participan a título personal o representan la voz de la Concertación; lo segundo, delinear una política clara y compromiso público de respaldo en el congreso. Por su parte, el bloque social integrado por el mundo académico, gremial y estudiantil, debiera consensuar una propuesta educativa pública que nazca fruto de una discusión abierta, amplia y pluralista, que se constituya como un ejercicio cívico republicano. Debiera además, diseñar una política de masas inteligente y atractiva que le permita posesionar los contenidos más que las acciones, en el entendido que la educación saldrá a la calle, probablemente se hará en la calle, pero por un objetivo mayor, la defensa de la educación pública.

 

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* Cristián Bellei, Educación: con tarea para marzo. La Tercera, 25/01/2011. Ver en: http://www.latercera.com/noticia/opinion/ideas-y-debates/2011/01/895-340533-9-educacion-con-tarea-para-marzo.shtml

Notas

1.- Lagos Weber califica de “trabajo responsable” cronograma que define aplicación de la Ley de Educación. Ver en: http://www.lagosweber.cl/senador/index.php?option=com_content&view=article&id=442:acuerdo-en-educacion&catid=20:documentos&Itemid=71

2.- Para mayor información sobre reformas Basadas en Estándares (RBS), ver: La Política de Reforma Basada en Estándares aplicada a Chile. Otra mala idea, en: https://guillermobastias.wordpress.com/2010/11/05/la-politica-de-reforma-basada-en-estandares-aplicada-a-chile-otra-mala-idea/ ; Las sociedades que tienen grandes cantidades de mediciones no mejoran los resultados educativos, ver en: https://guillermobastias.wordpress.com/2010/11/29/las-sociedades-que-tienen-grandes-cantidades-de-mediciones-no-mejoran-los-resultados-educativos/

3.- Pérez y Piñera polemizan por reforma a Ley de Universidades, La Tercera, 24 de junio de 2010. Ver en: http://diario.latercera.com/2010/06/24/01/contenido/13_30664_9.shtml

4.- Para mayor información ver: Ley de Fortalecimiento de la Educación Pública: un bonito canto de sirenas, en: https://guillermobastias.wordpress.com/2010/10/12/ley-de-fortalecimiento-de-la-educacion-publica-un-bonito-cato-de-sirenas/

5.- Para mayor información ver: La Reforma Educacional de la Concertación, ver en: https://guillermobastias.wordpress.com/2011/01/13/la-reforma-educacional-de-la-concertacion/

6.- Senador Lagos: Protocolo de acuerdo sobre la calidad y equidad de la Educación, ver en: http://www.puntocentral.cl/?p=7839&utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=senador-lagos-protocolo-de-acuerdo-sobre-la-calidad-y-equidad-de-la-educacion

7.- Panel de Expertos para una Educación de Calidad, ver en: https://guillermobastias.wordpress.com/2010/05/05/panel-de-expertos-para-el-cambio-del-estatuto-docente/

8.- Los PPD: José Joaquín Brunner y Jaime Pavez; DC: Sergio Molina, Pablo Arellano y Mariana Aylwin; la independiente pro Concertación: Pilar Romaguera;

18
Dic
10

Algo huele mal en la tramitación de la gran reforma educacional

Vienen tiempos de reflexión pero también de acción, y no sacamos nada con quedarnos entre cuatro paredes. Aquí hay que ir a las universidades, volver a las poblaciones, escuchar a los intelectuales…”.
(Claudio Orrego)*

Algo huele mal en la tramitación de la gran reforma educacional del presidente Piñera, no sé si tiene que ver con la nueva o vieja forma de gobernar, pero sí sé que es la forma como no se debe hacer política. Vamos por parte, a finales de noviembre ingresa el proyecto a la cámara de diputados (1) en calidad de  urgencia, para ser tramitado en 15 días. La oposición, crea una comisión de expertos integrada por los académicos Gregory Elacqua (2), Cristián Cox (3) y Pedro Montt (4) que, el día primero de diciembre se reúne con el MINEDUC para plantear sus diferencias y la imposibilidad de discutir un proyecto de estas características en tan breve plazo; en palabras de Elacqua: “yo no estoy de acuerdo con esto, yo creo que un proyecto de ley tan importante para el país como este, requiere un trabajo y un análisis pre legislativo, yo no estoy de acuerdo en legislar en plazos cortos para una reforma tan importante como sería la reforma educacional, yo creo que se requiere un trabajo pre legislativo que significa conversaciones con los distintos actores, socializar las medidas que está proponiendo la oposición y también ojalá mucho mayor trabajo con la comunidad científica académica” (5). Un par de días después, el gobierno le quita la suma urgencia y negocia con la Concertación ampliando el plazo a dos meses, diciembre y enero. Actualmente el proyecto se encuentra en la Comisión de Educación de la Cámara baja (6), donde se le han introducido 40 indicaciones que serán discutidas en sala el próximo 22 de diciembre. Más aún, el día 14 de diciembre los diputados convocaron a los gremios de la educación y a organizaciones estudiantiles a escuchar del propio Lavín los alcances de la reforma educativa, ahí, a la misma hora, en otra oficina la comisión de educación cecinaba y cocinaba los futuros acuerdos en el área.

Haber, el profesor Elacqua de quien no dudo sus intenciones, hablaba de un trabajo pre legislativo que se abriera al diálogo con el mundo social, gremial y académico, sin embargo en menos de una semana los honorables consensuan y amasan la  arquitectura de la nueva ley, entre quiénes, entre ellos mismos. Nadie sabe a la fecha en qué consisten esas 40 indicaciones y cuáles son las negociaciones implícitas en ellas. Pero, lo más grave, la Concertación cayó en la trampa presidencial legislando por la vía rápida y de espaldas a una sociedad que espera que este proyecto se discuta a partir de marzo, como lo expresará Camila Vallejo, presidenta de la FECH, “nosotros queremos que este proyecto se discuta en marzo donde estén presente todos los actores” (7). La Concertación ha dicho, en la voz de sus nuevos rostros, que deben abrirse a escuchar la voz de la ciudadanía; qué tiene de extraño en un régimen democrático que los movimientos sociales quieran que en esta discusión se les escuche, porque esa es la cuestión de fondo, ellos quieren ser escuchados, básicamente por que el proyecto que está en el parlamento es el menos debatido de estos últimos 20 años. Aquí se llamó a un panel de expertos, que sin duda lo son, pero son también la expresión de un sector que se ha vinculado por años con la educación de mercado, un panel que no contó con la opinión experta de un grupo significativo de académicos que observan la educación desde otra perspectiva, no tuvieron el derecho a expresarse los gremios y menos las organizaciones sociales, eso no había ocurrido antes en el área educativa. El accionar, hasta el momento, en que se está discutiendo el proyecto de ley denota una forma de hacer política preocupante, pues se está legislando sin tomar en consideración la voz y la opinión de una parte importante de la ciudadanía. Esta ley debe discutirse en marzo con todas las voces en la mesa, cuál es el apuro, aquí no hay ninguna revolución educativa. Pero además se debe discutir en conjunto con la Ley de Fortalecimiento de la Educación Pública que hoy duerme en el parlamento, eso demostraría con hechos concretos qué propuestas tiene la clase política para salvar la educación pública.

 

* Claudio Orrego: ”No podemos dejar de mirar de frente el reclamo de la ciudadanía”. Radio ADN, 1 /18 / 2010. Citado en Los 40.com, ver en: http://www.los40.co.cr/noticias/Claudio-Orrego-%27%27No-podemos-dejar-de-mirar-de-frente-el-reclamo-de-la-ciudadan%C3%ADa%27%27/939469.aspx

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Notas

1.- Boletín n° 7329-04. Honorable Cámara de Diputados

2.- Gregory Elacqua. Director de Instituto de Políticas Públicas de la Facultad de Economía y Empresa, Universidad Diego Portales, Doctor en Políticas Públicas, Princeton University

3.- Cristián Cox. Sociólogo, director de postgrado de la Facultad de Educación de Pontificia Universidad Católica de Chile.

4.- Pedro Montt. Ex subsecretario de Educación, experto en educación del Centro de Estudios del Desarrollo.

5.- La opinión de la Concertación. Gregory Elacqua, Radio Duna, 1, 12, 2010. Escuchar en: http://www.duna.cl/web/programa/opinion-de-la-concertacion/

6.- La comisión está integrada por siete diputados oficialistas: Sergio Bobadilla, Romilio Gutiérrez, Gustavo Hasbun, María Hoffmann, José Kast, Gaspar Rivas y Germán Verdugo; y seis diputados de oposición: Sergio Aguiló, Rodrigo González, Manuel Monsalve, María Saa, Gabriel Silver y Mario Venegas.

7.- Camila Vallejo, “Reforma educacional inicia tramitación con resistencia de la oposición, rectores y estudiantes”. Radio U. de Chile, 13 de Diciembre 2010. Escuchar en: http://radio.uchile.cl/noticias/94332/

11
Dic
10

Declaración Pública

El jueves 9 de diciembre, en la sede del Colegio de Profesores, se efectuó una conferencia de prensa del MOVIMIENTO POR LA HISTORIA, LA GEOGRAFÍA Y LAS CIENCIAS SOCIALES EN LA EDUCACIÓN CHILENA. En la oportunidad, estuvieron presentes Gabriel Salazar (Premio Nacional de Historia 2006) y Viola Soto (Premio Nacional de Educación 1996), además del destacado docente Rolando Pinto (director postgrado Educación de la Umce), Claudio Rolle (Académico del Instituto de Historia de la PUC), Sergio Grez (Académico del Departamento de Ciencias Históricas de la Universidad de Chile) y María Soledad Jiménez (Académica de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano). Acompañaron la adhesión actores sociales relevantes en el ámbito educativo, como Jaime Gajardo (Presidente del Colegio de Profesores), Camila Vallejos (Presidenta de la Fech) y estudiantes de la Asamblea del Liceo Manuel de Salas. En la cita, se entregó una declaración pública donde se fustiga la medida ministerial de disminuir las horas de historia, por considerarla inconsulta, autoritaria y antipedagógica.

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Declaración Pública

Hace ya tres semanas que el ministro Lavín anunció la reducción de horas de los sectores de historia,  geografía y  ciencias sociales, y  educación tecnológica del currículum nacional, medida que ha provocado numerosas y autorizadas manifestaciones de rechazo, al tiempo que las demandas de debate sobre la fundamentación de las medidas anunciadas no han sido satisfechas. Hasta la fecha, el Ministro de Educación, principal responsable de estos cambios, no ha dado una respuesta adecuada a los emplazamientos hechos desatendiendo  las diversas solicitudes provenientes de la ciudadanía. Las medidas anunciadas son de importancia y resultan insidiosas y peligrosas para la formación de nuestros niños y niñas. Estas iniciativas son,  tanto en la forma como en el fondo, un agravio a la convivencia democrática y a la participación ciudadana,  y una expresión de autoritarismo y secretismo que nuestra sociedad no merece.

Nos parece que esta disminución horaria obedece a una visión sesgada de la educación, que restringe significativamente la opción de entregar una formación amplia a nuestros estudiantes, limitando sus posibilidades de transformarse en sujetos capaces de aportar críticamente al desarrollo de la sociedad. Con esta medida, se sigue reduciendo la educación al entrenamiento de habilidades funcionales para el mundo laboral y se debilita la formación de personas que puedan convertirse en ciudadanos y ciudadanas activas y críticas, con conciencia de su pasado y su identidad y como sujetos responsables de su entorno y de su futuro, capaces de entender el mundo en que viven en su diversidad y riqueza, con pluralismo y capacidad de integración.

Nos oponemos a la decisión ministerial por que muestra un claro desconocimiento del debate sobre el tema y se funda en la presentación de argumentos parciales y tergiversados sobre lo que conduciría al mejoramiento educativo, inspirados en experiencias internacionales parciales y completamente ajenas a nuestra realidad social, económica y cultural. Sorprende, de hecho, la total carencia de ideas y argumentos que trasciendan la reduccionista y caprichosa  idea de que los sectores de matemáticas y lenguaje son la base de toda educación.

Consideramos que la medida no tiene fundamentos pedagógicos suficientes, dado que no es el aumento de horas lo que gatilla el cambio, sino la forma en que se trabaja con ellas y la disponibilidad de espacios para el adecuado trabajo profesional de los docentes. Esta iniciativa desconoce, a su vez, la importancia de la lectura como herramienta para la comprensión del mundo, así como el aporte fundamental que hacen en esa dirección el estudio de la historia, la geografía y las ciencias sociales, áreas que con una adecuada estrategia, fortalecen la competencia lectora de nuestros estudiantes. La reducción horaria, en ese sentido, produce un desequilibrio en la formación y no beneficia en nada la educación de nuestros niños, salvo en el entrenamiento para pruebas estandarizadas.

La inconsistencia de esta medida tiene que ver también con su carácter inconsulto y autoritario, diseñada por el  gabinete ministerial que da la espalda a la comunidad nacional y escolar, que no considera la opinión de los especialistas y que desconoce la realidad educativa y las causas profundas de los problemas que aquejan a nuestra educación.

El impacto negativo de la reducción de horas en áreas relevantes, se verá acentuado con las otras iniciativas que el Ministerio ha impulsado en el marco del proyecto de Ley, ya que este, desde un modelo de control gerencial, refuerza el entrenamiento en torno a metas descontextualizadas y a evaluaciones estandarizadas, bajo la lógica de premio-castigo y de la competencia entre escuelas, buscando resultados inmediatos que se pretenden convertir en lo que no son: un barómetro de la “calidad” de la educación.

En los hechos, el Ministro Lavín y su equipo, están hipotecando el futuro de los niños, impidiendo su formación integral y su desarrollo como personas pensantes y creativas. Por ello, emplazamos al Ministro a terminar con el autoritarismo, a no seguir dando la espalda a la comunidad y a considerar la opinión de los demás actores involucrados, como la del propio Consejo Nacional de Educación, instancia especializada que ha puesto al descubierto la inconsistencia de este tipo de decisiones.

En definitiva, es la comunidad educativa entera la  que ve con perplejidad e impotencia como se empobrece aún más nuestro sistema educacional, lo que hace urgente que se derogue la reducción horaria y se discutan democráticamente las iniciativas impulsadas en el último tiempo, abriendo una discusión amplia, participativa y con fundamentos, para introducir los cambios que verdaderamente requiere la educación en nuestro país.

De lo contrario, serán los propios niños -de los que tanto habla el Ministro- quienes sigan pagando la ceguera y el reduccionismo de las autoridades.

Santiago 9 de diciembre de 2010.

MOVIMIENTO POR LA HISTORIA, LA GEOGRAFÍA Y LAS CIENCIAS SOCIALES EN LA EDUCACIÓN CHILENA

01
Dic
10

¡NO A LA DISMINUCIÓN DE HORAS EN HISTORIA! (parte 2)

La controversia provocada por la disminución de las horas de historia en el curriculum nacional, ha provocado una fuerte controversia en el escenario nacional, lo que ha llevado a manifestaciones callejeras, actos simbólicos y declaraciones. Por si Ud. no ha tenido tiempo de revisar los medios, lo invito a un vistazo rápido:

Declaraciones Públicas

* Declaración de Historiadores y Profesores de Historia y ciencias Sociales a Propósito de la reducción de Horas de Clases de historia, Geografía y ciencias Sociales en la enseñanza Media.

* Declaración Pública Escuela de Historia U. Diego portales

* FECh rechaza la reducción de horas de clases de Historia y Geografía

* Estudiantes de Historia de la ULA repudian disminución de horas de clases

 

Reacciones en la Prensa

  • María Angélica Guzmán (UC): Experta UC: Aumento de horas sin cambio en pedagogía “no aporta en nada” (La Tercera)
  • Manuel José Ossandón (alcalde RN): Alcalde Ossandón por cambio curricular: “Parece que la prioridad es formar empresarios” (La Tercera)
  • Álvaro Góngora (Historiador): Sólo puede amarse lo que se conoce (El Mercurio)
  • Rodrigo Larraín (Sociólogo U. Central): Más matemáticas y menos historia (El Mostrador)
  • Cristián Cox (UC): Efectos graves, ventajas inciertas (La Tercera)
  • Fabián González (Academia de Humanismo Cristiano): ¿Qué hay detrás del “gran cambio al curriculum escolar”? (El Mostrador)
  • Soledad Concha (UDP): Reforma (El Post)
  • Alfredo jocelyn-Holt (Historiador): La Historia Importa (La Tercera)
  • Guillermo Bastías (bloguero): ¿La Mayor Reforma Educacional o el fin de la Educación Pública? (El Ciudadano)
  • Andrea Dufournel: La educación chilena está para la historia (El ciudadano)
  • Anibal Venegas: ¿Reforma o contrarreforma de la educación? (Clarín)

Entrevistas

  • Entrevista a Gabriel Salazar(CNN)
  • Entrevista a Sergio Grez (CNN)
  • Alfredo Jocelyn-Holt (historiador): La educación puede ser el punto débil del gobierno de Sebastián Piñera (Desde Zero)

Redes Sociales.

  • No a la reducción de horas en Historia y Ciencias Sociales está en Facebook

To be continued…

10
Sep
10

Profesorado y trabajadores: Movimiento educacional, crisis educativa y reforma de 1928

En la página del Laboratorio de políticas Públicas de la ciudad de Buenos Aíres (LPP), aparece un interesante ensayo de la historiadora chilena Leonora Reyes Jedlicki, en el que aborda el proceso que gestó la reforma educativa chilena de 1928. El texto da cuenta, no sólo de la maduración del gremio de los profesores como un actor social relevante, sino también el equilibrio entre propuestas de mejoramiento económico y propuestas de cambio al modelo educativo imperante en la época. Los docentes del centenario patrio, fueron capaces de prever la ineficacia del modelo pedagógico impuesto por las oligarquías del siglo XIX y principios del XX, sino que, además, proponer al país un modelo pedagógico nuevo, que se adelantó en años a la discusión moderna.

Creo que en estos tiempos de escaza discusión, se hace necesario leer el reconfortante relato de la profesora Reyes, por lo cual transcribo íntegramente el documento.

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Profesorado y trabajadores:

Movimiento educacional, crisis educativa y reforma de 1928

Leonora Reyes Jedlicki (1)


Existe en nuestro país un nutrido entramado histórico de movimientos sociales y de educadores que, a pesar de su diversa procedencia social y cultural, así como sus especificidades históricas particulares, desde principios del siglo XX –con períodos de subsidencias y emergencias– ha ido articulando un proyecto educativo fundado en la relación de la escuela con la comunidad, teniendo como horizonte la democratización de la sociedad, en función de devolverle a los sujetos su capacidad deliberativa en las decisiones atingentes al gobierno educativo y comunitario.

A fines del s. XIX y durante la primera parte del s. XX, en pleno auge de la “cuestión social” (2) diversos grupos de base ensayaron experiencias pedagógicas de carácter experimental y auto-gestivo (3). Entre ellas cabe mencionar las Escuelas Federadas y Racionalistas de la Federación Obrera de Chile (FOCH), las Escuelas Libres y Racionalistas de las organizaciones obreras anarquistas, la propuesta de Reforma Integral de la Enseñanza Pública impulsada por la Asociación General de Profesores de Chile (AGP), la Universidad Popular Lastarria de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, y, por qué no, los Círculos de Estudio organizados por el Padre Fernando Vives en contra de los intereses del Partidos Conservador y la autoridad eclesiástica. Dichas experiencias emergieron con fuerza, relativa autonomía y progresiva sistematicidad en el contexto del agravamiento de la crisis social provocada por la deslegitimación de la clase política y la ausencia de una legislación laboral y social satisfactoria para los sectores asalariados y sus familias.

El presente artículo se concentrará en relevar algunos de los aspectos fundamentales de las propuestas provenientes de dos movimientos sociales: el profesorado y los trabajadores, los que durante la década de 1920 se aunaron en una crítica al monopolio estatal en la educación pública. Nos referimos específicamente a dos organizaciones representativas de esta corriente: la Asociación General de Profesores y la Federación Obrera de Chile. Estas propuestas fueron capaces de congregar y ganar la simpatía de un amplio sector de la sociedad, influyendo con sus agendas de reforma en la legislación y la organización del sistema educativo. Paradójicamente y debido al éxito que alcanzaban se convirtieron en un elemento de cuidado para el Estado, siendo desconocidos, desarticulados y perseguidos. Sin embargo, esta experiencia que congregó a los docentes y obreros de Chile a principios del s. XX, sentó las bases intelectuales de lo que serían los procesos de experimentación y reforma educativa que continuarían cimentando la acumulación de un saber pedagógico y su constante desarrollo.

Asociación General de Profesores de Chile

y la versión local de la Escuela Nueva

Desde el siglo XIX que el profesorado del sistema de instrucción primaria tuvo que enfrentar una realidad tensionada entre lo que se le exigía socialmente y las posibilidades reales de gestión que le dejaba la ley, es decir, decidir cómo, por qué, a quiénes y para qué educar. En las tres primeras décadas del siglo XX, comenzó, lenta pero expansivamente, su intervención en la escena pública como un actor visible y proponente. Además, convocó a huelgas y organizó congresos llegando a poner en jaque el modelo de Estado Docente vigente hasta ese entonces (4).

Los maestros pidieron cada vez más grados de participación y de mejoramiento en sus condiciones laborales, asumiendo un discurso crítico sobre las prácticas autoritarias y centralistas insertas en la tradición escolar. Exploraron una dimensión social de democracia que buscaba los nexos con el entorno de la escuela, pero también ensayaron nuevas formas de administración escolar (incorporando la participación del profesorado en su decisión, gestión y producción) y de enfrentar los problemas del aula o del establecimiento, promoviendo la autoinvestigación docente y la reflexión colectiva sobre la práctica pedagógica.

Dentro de este contexto surgió y se planteó el “modelo radical de reforma” de la Asociación General de Profesores (5). Más allá de una mejora en sus condiciones laborales y salariales, los docentes proponían una renovación profunda a los cimientos epistemológicos del sistema educativo. Ésta se nutrió de las ideas del movimiento europeo-norteamericano de la Escuela Nueva concentrado en las especificidades de la personalidad del niño y sus habilidades prácticas e intelectuales (6). En el centro de esta nueva concepción pedagógica estaba “el niño como un ser distinto del adulto”, tenía su propia inteligencia, identidad y personalidad. El niño debía concebirse entonces como lo que era: un ser en crecimiento. Los fundadores de la “escuela vieja” habían planeado su organización, sus métodos y procedimientos, sin conocer realmente al niño. Lo que se había hecho era en realidad una escuela para “hombres chicos”.

Pero también incidieron las corrientes educativas emergentes en América Latina, especialmente de José Vasconcelos en México; quien encabezaba la implementación de un sistema educacional que había abolido las distinciones de clases; de José Carlos Mariátegui en Perú, quien lideraba una nueva concepción pedagógica sintetizando la visión indígena de la clase obrera y de los maestros peruanos, oponiéndose a la visión del educando como mero destinatario de la educación e incorporándolo como parte activa del proceso de enseñanza-aprendizaje; del movimiento reformista universitario de Córdoba, que había propuesto reformas radicales al interior de la Universidad; de las corrientes anarco-sindicalistas y anti-partidarias obreristas ajenas a la influencia pro-soviética (7).

Los maestros asociados asumieron que el problema pedagógico era algo que no debía ser parcelado del instante social que vivía el país. Era necesario para un real cambio en las concepciones y prácticas educativas que el profesor, concebido hasta entonces como un receptáculo de metodologías pedagógicas, pasara a ser un sujeto que se interesara por los asuntos de la colectividad. De esta manera, el docente basaría su práctica educativa sobre una concepción filosófica y orientación social que nunca dejaría de ver al niño como el centro de la educación y de velar para que viviera su infancia en plenitud.

La Escuela Nueva en tanto “escuela-vida”, una “célula palpitante del organismo nacional”, no podía pertenecer sólo a los maestros. La escuela debía ser en primer lugar de los niños y de sus padres, de los obreros, industriales, agricultores, profesionales, periodistas. Los vecinos deberían acercarse a la escuela y participar de ella, porque para la AGP, la educación era, antes que nada, un problema social, de la colectividad, en palabras de Luis Gómez Catalán “el más grande de los problemas humanos” (8).

La Escuela Nueva además reconocía que el niño era un ser inquieto y activo. Por eso también se conoció como Escuela Activa, definiéndola como “un lugar que tendría el mínimo de salas, sólo las indispensables para ciertas clases que requieren escritorios. La verdadera enseñanza se daría en los talleres y en los campos de cultivo y de crianza, la verdadera escuela sería la que más se acerque a la naturaleza, la que tuviera el cielo por techo y el césped y la arena por pavimento, el horizonte por ventana y las flores, los frutos y los insectos, y los árboles por libros de estudio” (9).

De esta forma se gestaba en el Chile de las primeras décadas del siglo XX el primer movimiento crítico público frente al modelo de escolarización oficial. El viejo modelo de educación pública elitista, segregatorio y centralizado era cuestionado en su orden, en su práctica y en su ideología. Ni los debates pedagógicos como el de 1912 o las Conferencias sobre Educación Popular organizadas por “El Mercurio” en 1913; ni las obras escritas por los grandes educacionistas de la época como Darío Salas, Francisco Encina, Luis Galdames o Enrique Molina; ni las iniciativas filantrópicas como las Escuelas Nocturnas privadas para obreros, revirtieron este proceso. Desde las autoridades la solución se buscó, por medio de un consenso inter-élites, la dictación de la Ley de Instrucción Primaria Obligatoria (1920). A pesar de ello, corrió la misma suerte que las alternativas anteriores.

Las Escuelas Federales Racionalistas de la

Federación Obrera de Chile

Al igual que los maestros primarios agrupados en la AGP, la FOCH declaró al unísono “el fracaso de la Ley de Instrucción Primaria Obligatoria” (10). En primer lugar, la Ley no había resuelto, entre otras cuestiones, la insuficiencia de escuelas en relación “a la enorme cantidad de niños que debería ir a ellas”. Y aunque hubiera suficientes ocurriría que “los niños, en su inmensa mayoría, no podrían concurrir pues carecían de vestidos, de alimentos y de útiles” (11). En segundo lugar, tampoco había resuelto, ni resolvería el problema del analfabetismo: su “rodaje enteramente centrista” desatendía en forma lamentable la educación en las distintas regiones del país. En tercer lugar, las Juntas Comunales –aquellas llamadas a hacer cumplir la obligación escolar– en muchas partes no estaban constituidas y en otras sus miembros eran “incapaces, negligentes, politiqueros o sectarios” (12). En cuarto lugar, las municipalidades no daban cumplimiento a las obligaciones que le imponía la Ley “y a los fondos que deben destinar anualmente para fundar escuelas, le dan otro destino” (13). Por último, exigieron que el Consejo de Educación Primaria, encargado de vigilar y direccionar la educación primaria, debía estar “completamente libre de la influencia política y sectaria y religiosa y asegurar a la mujer una representación proporcional a su sexo” (14). Demandaron participación con poder de decisión en aquel Consejo porque querían imprimirle “valores” democráticos a la enseñanza. Para eso el pueblo debía estar representado en su seno y exigieron la presencia de un obrero dentro de éste (15).

La enseñanza oficial, según decían, preparaba al niño “para la perpetuación del injusto régimen social en el que vivimos, y lo hace en forma sistemática,  encadenándole el espíritu hacia la vida en el pasado” (16). La escuela fiscal dependiente de la política estatal llegó a verse como la principal causa de la atrofia intelectual de los niños hijos de trabajadores y trabajadoras, y como una vía para “conservar el orden vigente”. A través de las páginas del principal órgano de prensa de la FOCH puede leerse que:

“En vez de ampliar los conocimientos de los niños, estrecha el círculo de ellos a fin de limitar las ansias naturales de libertad de los descontentos. De ese modo se somete al hombre a tolerar el injusto y criminal régimen social en que los débiles son mantenidos ahora por toda clase de medios. Por tanto la escuela del Estado y la sectaria de todos modos atrofian las facultades intelectivas del niño para que puedan subsistir castas” (17).

La indignación se concretizaba en una toma de distancia de la “escuela burguesa”. Al mismo tiempo, fue abonando terreno para que naciera lo nuevo. Y lo nuevo implicaba subvertir el orden vigente, es decir, crear escuelas propias. Así fue como de la negación se pasó a la afirmación.

La FOCH se planteó la creación de las “Escuelas Federales Racionalistas” desde la necesidad de “abrir escuelas para la instrucción primaria de los descendientes i hermanos de los federados”, así como de establecer “cuantos otros medios sean útiles al progreso moral, material e intelectual de los federados i de los obreros en general, i al perfeccionamiento en el ejercicio de los oficios” (18). Respecto de los medios proponía: “escuelas, talleres de enseñanza profesional, bibliotecas y teatros, salas de audiciones musicales o de conferencias, gimnasios o cualquier otro medio educacional destinados a hombres mujeres y niños”. (19)

Las Escuelas Federales Racionalistas se plantearon como espacios pedagógicos autónomos y críticos frente a la educación ofertada por el Estado, gestionados y financiados por los propios sindicatos y las familias que los componían; basados en una concepción pedagógica de base científica, anticlerical y de investigación sobre sus raíces históricas (enseñaban historia social) así como de análisis sobre los problemas que enfrentaba su colectividad.

1925–1928: el movimiento social de educadores y asalariados como motor de transformación social

Las falencias y los vacíos de la Ley de Educación Primaria Obligatoria se constataron con fuerza, como se dijo, a partir del segundo año de su puesta en marcha. A las críticas señaladas por la FOCH sobre el carácter “burgués” y “limitante” de la educación estatal, se unieron las emergentes de la propia institucionalidad docente, quienes a partir del reclamo colectivo por sus salarios y la constatación de la desvalorización social del gremio profundizaron sus reflexiones sobre la trascendencia política de la condición de maestro o maestra normalista. A través de las páginas de Nuevos Rumbos, emergió la crítica sobre la figura tradicional del maestro primario rutinario, a-crítico, repetidor memorístico y atrapado en las redes del clientelismo político característico del período parlamentario. De otro lado, fue levantado un ideal de maestro, inédito en Chile: un sujeto que estudiaba, interpretaba, elaboraba, se asociaba con otros y decidía sobre su realidad educacional. Por último se auto-definía como un grupo con identidad propia tomando distancia del profesorado secundario y universitario, reivindicando con orgullo su proximidad con las clases asalariadas movilizadas. En efecto, insistieron mucho en esta proximidad: “nadie como nosotros tiene más contacto con los obreros… tenemos los mismos medios de vida. Ellos viven de un salario que se llama jornal y nosotros vivimos de un salario que se llama sueldo. En vano tratan de establecer diferencia entre esas dos cosas…” (20).

La demanda popular de educación emanaba de una misma situación de marginalidad y exclusión, y exigía una misma actitud asertiva y soberana para resolverla. Acaso por esto mismo, la frontera entre ambas propuestas tendió, en esta coyuntura, a diluirse. Los maestros, por un lado, no sólo participaron muchas veces como docentes invitados a dar clases en las Escuelas Federales Racionalistas instaladas por la FOCH, sino también –como los obreros– plantearon la necesidad de que las familias intervinieran en los contenidos curriculares de la propuesta educativa. La FOCH, por su lado, pese a haber impulsado su propio proyecto educativo a través de la instalación de más de veinte Escuelas Racionalistas a lo largo del país, apoyó decididamente la propuesta de reforma escolar llevada  a cabo por el movimiento de los maestros primarios. Lo anterior demostró que las distintas alternativas pedagógicas levantadas desde la sociedad civil no necesariamente se oponen entre sí –dada la fuerza de su matriz común– sino tienden más a confluir hacia estrategias pedagógicas emancipadoras impulsadas por un trabajo conjunto, articulando educadores y espacios pedagógicos formales y no-formales.

La Asamblea Constituyente Popular de 1925 significó un momento clave en el que ese diálogo se dio al más alto nivel. En efecto, fue allí donde se decidió cuál sería el proyecto pedagógico del conjunto del movimiento popular (21). En ese trance, la FOCH dio su venia –con reparos que no alcanzaron a apañar el acuerdo– para que los principios constitucionales referidos a la educación pública fuera la propuesta de la Asociación General de Profesores. La FOCH, aparentemente, comprendió que el proyecto pedagógico de los maestros, en su esencia, no distaba del suyo. Confiaron y dejaron que los maestros lideraran la propuesta de conjunto. Esta refería una particular definición de Estado Docente:

“La finalidad de la enseñanza es capacitar al hombre para bastarse a sí mismo económicamente y darle una cultura desinteresada que lo dignifique y lo haga amar y comprender la verdad, el bien y la belleza. El Estado debe proporcionar los fondos para la enseñanza pública, que debe ser gratuita desde la escuela primaria hasta la Universidad. A los consejos de maestros, padres y estudiantes corresponden la plena dirección de la enseñanza. La única intervención del Estado en la enseñanza pública debe ser la de proporcionarle los fondos para que ésta realice sus fines propios y la de ejercer el control de la capacidad técnica de los educadores, respetando en forma absoluta la libertad de la cátedra y el espíritu del magisterio” (22).

Con esta propuesta y en medio de un ambiente de intensa agitación social, el Presidente Alessandri concedió una Audiencia a solicitud de los maestros para dar a conocer los principales puntos del proyecto pedagógico de reforma que proponían. La organización y la agitación general no parecía impresionar al gobierno, la crisis educacional existía, pero era un problema que, a juicio del Presidente, debía resolverse entre políticos. Era un asunto de Estado, no de la Sociedad. Para los principales representantes del movimiento de maestros primarios, por el contrario, eran ellos mismos los mejor calificados para proponer una reforma educativa al país. Sus razones: conocían de cerca la realidad de las escuelas, tenían profesionalismo técnico y real experiencia docente, y, lo más sólido: la fuente de legitimidad y soberanía que les brindaba el ancho movimiento de asalariados que había tomado conciencia de la importancia de reformar el sistema educacional del país. Por ello, y por la proximidad del llamado a aprobar una Carta Fundamental, los maestros pensaban que lo que debía tratarse en la Audiencia no podía ser otra cosa que sancionar una propuesta social que tenía legitimidad y soberanía. Pero el Presidente Alessandri, político antes que nada, pensaba distinto, tal como lo grafica este extracto de lo dicho a los maestros en la Audiencia:

“…(ustedes) se encuentran empeñados en agitar al pueblo sobre una campaña que es de incumbencia del Gobierno, y que la ignorancia del pueblo no permite comprender. Lo que ustedes deberían haber hecho fue convencerme a mí de las bondades de su reforma, porque es el gobierno el que las va a dictar. La campaña que hacen ustedes es inconveniente y desquiciadora, porque significa una presión que mi dignidad de Mandatario no puede tolerar y si continúan en ella no les dicto ninguna reforma. Yo debo hacer sentir el principio de autoridad, tan maltraído en este país (…). Es el Gobierno el encargado de explicar las leyes sociales y no ustedes, porque su labor está en la escuela y nada más que en la escuela. Ustedes han constituido un Estado dentro del Estado y su Club es un centro donde se reúnen toda la gente que sustenta principios disolventes y en donde se me ataca diariamente. Tengo la mesa toda llena de partes que me trae la policía, y es increíble que los maestros de mi patria haya que tenerlos constantemente vigilados por la policía” (23).

Los Maestros respondieron: “creemos que tanto o más importante que la reforma de la Constitución, es la reforma de la educación, porque usted nada va a sacar señor Presidente, con que se dicte una nueva Constitución y nuevas leyes, si el pueblo es analfabeto, si el pueblo no sabe interpretar esas disposiciones” (24). Solicitaron luego que, al menos, promoviera las dos reformas a la vez (la constitucional y la educacional). El Presidente insistió en su negativa. Reiteró que no podía dictar decretos-leyes hasta que no se normalizara la vida institucional del país, por lo que no abordaría aún el problema de la reforma educacional. Más bien lo trataría en la asamblea constituyente que pensaba convocar.

El Presidente Alessandri designó una comisión consultiva para la reforma a la Constitución que dirigió en todo momento, y cuando consideró que estaba terminado (con el texto de la nueva carta fundamental redactado), definió que no era necesario convocar a la Asamblea Constituyente propiamente tal, decidiendo que el texto aprobado por la Comisión (designada por él) era el que debía ser presentado para la aprobación ciudadana (vía plebiscito). De este modo, la Educación Pública quedó normada en la Carta Fundamental bajo los criterios políticos tradicionales: se consagraba el principio tradicional de Estado Docente y se creaba una poderosa Superintendencia de Educación.

Después de eso, los maestros ya no podían imponer su Proyecto por la “vía soberana” elegida, sino por la “vía constitucional” de la petición. Comenzaron a depender de la “buena voluntad” de los gobernantes y de los políticos. Y un militar, Carlos Ibáñez del Campo fue quien, en 1927, les ofreció implementar su plan de reforma y ocupar los cargos superiores del Servicio de Instrucción Pública (25). Los maestros, habían dudado al principio, pero luego decidieron aceptar la oferta. Eso implicaba aceptar que la política sería el instrumento central de su proyecto social. Y ése era un terreno desconocido para ellos. En ese plano no tenían experiencia técnica, sino ingenuidad y candidez.

La reforma educacional de 1928 destaca en el marco de la historia educacional nacional por ser la primera vez en que se intentó abarcar tantos sectores del sistema educacional y tantas variables del proceso educativo en un mismo cuerpo legislativo. Se pretendió el desarrollo de una reforma “integral” que ubicara a los estudiantes al centro del quehacer pedagógico y a los docentes y la comunidad trabajando en su programación, dirección e implementación. Sus fundamentos iluminaron, de hecho, el proceso de renovación del sistema escolar en Chile durante las siguientes décadas. Como es posible observar, las concepciones educativas contenidas en el Plan de Reforma Integral, que funcionó como el fundamento de la reforma de 1928, arrancaban de los principios de la Escuela Nueva. Estos enunciados se concretizaron en una legislación (Decreto 7.500) (26) que hasta el día de hoy sorprende, por su orientación y radicalidad. Como ejemplo de lo que significó en el contexto nacional, se señalan algunos de sus artículos:

Art. 61: “El trabajo escolar se realizará de preferencia al aire libre, utilizándose para ello el jardín, el bosque, la montaña, la playa y todo sitio que favorezca la salud del niño”.

Art. 62: “El Programa de Estudios dictado por el Ministerio es considerado como ‘programa mínimo’ y los Consejos Provinciales podrían ampliarlo, ‘de acuerdo con los recursos y necesidades nacionales’. Para desenvolverlo y cumplirlo se dará la necesaria libertad al profesor”.

Art. 64: “En las escuelas sólo se usarán los textos autorizados por el Gobierno y se procurará que el material didáctico facilite la auto-educación de los niños”.

Art. 68: “Se ordena la supresión de exámenes y se estipula que “las promociones se harán anualmente tomando en cuenta los trabajos y asistencia del alumno durante el período escolar”.

Ninguno de estos artículos habría sido posible de no mediar una fuerte presión social sobre las esferas políticas, presión que encabezaron los maestros, pero que convocó a una gran cantidad de actores de los sectores obreros y asalariados.

Corolario

La implementación de la Reforma propuesta por los maestros primarios había requerido, entre otras acciones, de la jubilación de los docentes más viejos y de la implementación de una infraestructura adecuada a los métodos educativos. Ello implicaba paliar las deficiencias materiales del sistema. Esto significó una inversión económica importante por par te del Estado y que no fue bien recibida por Hacienda. Por otro lado, el avance de la reforma tensionó a los sectores más tradicionalistas quienes resistieron y utilizaron la crisis financiera para socavar la reforma y revelar los primeros síntomas del fracaso de concretizar la modernización impulsada.

En septiembre de 1928, el Presidente Ibáñez dio un golpe de timón, interrumpiendo la “reforma radical” e iniciando la “contrarreforma”. Los dirigentes de la AGP fueron despedidos y perseguidos. La organización administrativa democratizadora fue suprimida, las comunidades disueltas y restablecido con más vigor el autoritarismo funcionario y pedagógico.

Como es usual, una situación puntual fue la que hizo estallar un proceso que se estaba incubando de forma soterrada: un conflicto suscitado entre estudiantes y maestros de dos Escuelas Normales (Angol y Chillán). Los estudiantes habían intentado organizar una asamblea escolar aplicando el nuevo orden administrativo que instauraba la reforma con el apoyo de los Directores locales designados por el Departamento de Educación. Con ello, desafiaron abiertamente a los profesores tradicionalistas. Cuando un estudiante fue suspendido por insultar a las autoridades educacionales, el conjunto de los estudiantes se fue a huelga. El hecho de que la Asociación (ahora en el poder) apoyara la rebelión de los estudiantes en contra de los profesores fue algo que la administración del Presidente Carlos Ibáñez no toleró. Esta decisión no sólo exaltaba la actitud subversiva de la Asociación –ya anotada por el Presidente Alessandri– en un ambiente ya enrarecido por la cantidad y profundidad de las transformaciones impulsadas, sino reavivaba la antigua pugna entre el grupo más joven de los profesores primarios (la base social del profesorado que apoyaba a la Asociación) y el grupo más viejo (atrincherado en posiciones conservadoras relativas a la pedagogía y a los valores que debían regir la educación de los niños y jóvenes) (27).

Pocos días después de los sucesos de Angol y Chillán, se destituyó de su cargo a Luis Gómez Catalán. En su mensaje presidencial de 1929, el general Ibáñez declaró los argumentos por el que se derogaba el Decreto Ley 7.500: “a causa de la absoluta falta de selección del personal y por consiguiente del desconocimiento de sus aptitudes, que hizo imposible al Gobierno su acertado empleo, y debido también a la insuficiencia de medios económicos para realizar tan vasto plan”.

A los días de haber sido derogado el Decreto 7.500, se ejerció sobre los profesores vinculados a la Asociación, la represión de Estado. Fueron exonerados todos los jefes de la reforma, incluso relegándose algunos dirigentes a las islas de Chiloé y Aysén. Innumerables profesores fueron arrestados y puestos en prisión en obscuros calabozos, y a otros se les hostigaba violándose constantemente sus domicilios y su correspondencia, y negándoseles el derecho a reincorporarse al servicio.

Para José Carlos Mariátegui la causa del fracaso radicaba en la “escasa experiencia adquirida” y en la “ingenuidad política” de los líderes del movimiento, error que pagaron a “un duro precio”. Sin embargo, sentenció, “no les cabía más que afrontar la prueba” y señalaba que “nada de esto debe disminuir la simpatía y la solidaridad con que los acompaña hoy la ‘inteligencia’ (particularmente los maestros de vanguardia) en los pueblos hispano-americanos” (28). Según Mariátegui, tanto el “espíritu” como los “objetivos” del movimiento pedagógico asustaron a los “espíritus conservadores” y a los “intereses reaccionarios”. La reforma propuesta tomaba un rumbo que “iba contra el sentimiento de los factores más decisivos de la estabilidad y consolidación del régimen”. Todavía más, el gobierno de Ibáñez, decía, nunca había sentido una verdadera “solidaridad espiritual e intelectual con ella”, sólo la había usado “como un instrumento de consolidación política, empujado por los intereses y sentimientos que representaba, a desembarazarse de tan incómodos y comprometedores funcionarios” (29).

Lo que quedó después de clausurada la experiencia de los maestros asociados, fue un sector aislado de “escuelas experimentales” donde podrían ser practicadas nuevas metodologías pedagógicas. Lo que permanecería: el sesgo clasista, el carácter verticalista y centralista de la administración escolar, y la rigidez curricular del sistema educacional.

Notas

1.-  Historiadora. Departamento Estudios Pedagógicos-Universidad de Chile. Programa Interdisciplinario de Investigaciones en Educación (PIIE).leoreyesj@gmail.com

2.- La historiografía ha denominado “cuestión social” a un período que se ubica generalmente entre 1880 y 1930 cuando comenzaron a expresarse de forma orgánica, masiva y programática las tensiones y conflictos del sistema económico, laboral y social vigente entre los sectores populares y las elites.

3.- Domínguez, E. (1935). Un movimiento ideológico en Chile (Santiago, Imp. W. Gnadt, 130 p.), Núñez, I. (1982). Educación popular y movimiento obrero: un estudio histórico, (PIIE, Santiago, 37 p.), Delgadillo, S. (1992). Educación y formación en el discurso obrero chileno. La Federación Obrera de Chile. 1920-1925. (Tesis para optar al grado de Licenciado en Historia, Universidad de Chile, Santiago); Vicuña, C. (1922), La cuestión social ante la Federación de Estudiantes de Chile, Impr. Litog. y Enc. Selecta, Santiago; Salazar, G. (2003). La gesta profética de Fernando Vives, S.J., y Alberto Hurtado, S.J. Entre la espada teológica y la justicia social, VV.AA. Patriotas y Ciudadanos (CED, Santiago, 125-199); Reyes, L. (2003). Crisis, pacto social y soberanía: el proyecto educacional de maestros y trabajadores. Chile, 1920-1925, Cuadernos de Historia 22 (Universidad de Chile, Santiago, 111-148)

4.- Estado Docente es el nombre que recibe el modelo que predominó en los sistemas educacionales nacidos en la América Hispana desde principios del siglo XIX al encargársele al Estado su conducción para la construcción y consolidación de la Nación. Recibió hacia fines del siglo XIX influencias de los sistemas educacionales europeos, especialmente los modelos napoleónico y bismarckiano. Tuvo como principal propósito fundar escuelas públicas de modo de moralizar al pueblo y constituir una consensuada ‘unidad nacional’ forjada por las elites criollas. Con claras influencias del positivismo y financiado por el fisco (aunque casi durante todo el siglo XIX éste fue tan escueto que tuvo que complementarse con los aportes de los vecinos de un municipio y de sociedades liberales y conservadoras de carácter benéfico) se caracterizó por ser centralizado, uniformizante, burocrático, clientelista, bifurcado y socialmente segmentado, careciendo los maestros de autonomía en su gestión y en el diseño de sus curriculas. Durante el siglo XX dicho modelo fue democratizándose al ampliar en forma progresiva y sostenida el crecimiento de la matrícula escolar hacia los sectores populares. A pesar de ello, perduran muchas de las características excluyentes con las que nació.

5.- Núñez, I. (1979) Tradición, reformas y alternativas educacionales en Chile. 1925-1973. Santiago: Centro de Estudios Económicos y Sociales, Serie VECTOR: Santiago.

6.- El movimiento Escuela Nueva aparece con fuerza hacia fines del siglo XIX aunque expresa una corriente de pensamiento que proviene del siglo XVI (Erasmo de Rotterdam, Francois Rabelais, Montaigne), convirtiéndose en el siglo XIX en doctrina pedagógica con la publicación del Emilio de J. J. Rousseau. El movimiento tuvo distintas etapas y vertientes, y entre los autores que pueden destacarse se encuentran J. Dewey (1886), A. Ferrier (1899), M. Montessori (1907) y O. Decroly (1907). También puede destacarse la presencia de una corriente antiautoritaria, autogestionaria y libertaria que tuvo como máximos exponentes a L. Tolstoi (1859) y F. Ferrer Guardia (1886) entre otros.

7.- La revista Nuevos Rumbos, órgano oficial de difusión de la Asociación General de Profesores de Chile, publica continuamente extractos u obras completas de todos estos autores.

8 Todas estas ideas son expuestas por Luis Gómez Catalán quien fue uno de los máximos líderes de la Asociación General de Profesores. Revista de Educación Primaria (1928): pp. 30-33, 36-42.

9 Ibídem.

10 Egaña, M.L. (1997), “La Ley de Instrucción Primaria Obligatoria: un debate político”, Mapocho, N° 41.

11 La Federación Obrera de Chile, Santiago, 10 junio 1922, p. 3.

12 El Despertar de los Trabajadores, Iquique, 18 septiembre 1924, p. 2.

13 La Federación Obrera de Chile, Santiago, 16 noviembre 1922, p. 3.

14 Según la ley se constituía con el Ministro de Instrucción Pública, dos miembros designados por el Senado, dos miembros de la Cámara de Diputados, un miembro designado por el Presidente de la República y del Director General de Educación Primaria.

15 La Federación Obrera de Chile, Santiago, 20 octubre 1921, p. 5.

16 La Federación Obrera de Chile, Santiago, 17 abril de 1922.

17 Ibid., 22 noviembre 1922, p.1.

18 Proyecto de estatutos de la Gran Federación Obrera de Chile. Título Primero. De la Organización, objeto i duración de la Sociedad, La Gran Federación Obrera de Chile, Santiago, 20 de octubre de 1910 (página mutilada).

19 ‘Programas y estatutos de la FOCH’, El despertar de los Trabajadores, Iquique, 13 de abril 1922, pp. 1-2.

20 Nuevos Rumbos, Santiago, 15 de agosto de 1923, p.3.

21 La Asamblea Constituyente Popular se plantea como un espacio de propuesta desde la sociedad civil frente al proceso de reforma constitucional que se gestaba durante el año 1925, lográndose consensuar entre los diferentes movimientos sociales un proyecto no sólo educativo, sino también económico, social y político. Para una visión más detenida sobre la importancia de la Asamblea Constituyente de Obreros e Intelectuales para el movimiento popular chileno se recomienda ver Salazar, G. (2009), Del poder constituyente de asalariados e intelectuales (Chile, siglos XX y XXI), Santiago: LOM.

22 Justicia, 13 de marzo de 1925, p.1.

23 Nuevos Rumbos, Santiago, 2 de Junio de 1925.

24 Testimonio histórico de Luis Gómez Catalán, entrevista realizada por P. Arancibia, J. Ivulic y G. Vial en Dimensión Histórica de Chile– 6/7. Santiago, 1989/1990, p. 179.

25 Por ejemplo, Luis Gómez Catalán, dirigente de la Asociación fue nombrado Jefe del Departamento de Educación Primaria.

26 Decreto 7.500 del 10 de diciembre de 1927, sustento legal y normativo de la Reforma del año 1928. Se le llama reforma del 1928 pues ese es el año de su implementación. Para un completo y detallado análisis del Decreto Ley 7.500, ver Iván Núñez, Reforma y Contrarreforma educacional en el primer gobierno de Carlos Ibáñez (1927-1931), Santiago: SEREC, 1978.

27 Otras acciones que expresaban esta actitud subversiva de los maestros fueron, además de su pretensión por co-legislar en el ámbito educacional, la de replantearse la identidad de la mujer normalista en torno a sus derechos jurídicos, laborales y políticos. Las maestras participaron dentro de la Asociación, y por primera vez en la historia del profesorado, con voz propia. Desde la primera Convención realizada por la Asociación en 1923 se anota su participación en la formulación de los acuerdos:   recomendaron la educación sexual, la creación de puestos para Visitadoras de Escuelas y la generación de empleos para mujeres en la Dirección General de la Instrucción Primaria.

28.- José Carlos Mariátegui, La crisis de la reforma educacional en Chile, Temas de Educación, t.14 (Lima: Ediciones Populares de las Obras Completas, 1981), p. 79.

29.- José Carlos Mariátegui, La crisis de la reforma educacional en Chile, pp. 75-76.