Declaración de Cientistas Sociales en relación a la huelga de hambre de 34 presos mapuche

Al igual que los historiadores chilenos, un grupo de de Cientistas Sociales de cuatro universidades del sur de Chile han entregado una declaración pública en apoyo a las demandas de la nación mapuche, at portas de la celebración del bicentenario. En Chile, la llamada intelligentsia criolla está empezando a marcar  distancias con el discurso oficial que transmiten los grandes medios de comunicación de masas que, en forma reiterada, manejan una agenda informativa particularmente sesgada e interesada. Esta actitud, reveladora de un país que empieza a cuestionarse y a disentir con las armas de la razón le hace muy bien a la sociedad; ahora bien, la actitud de los cientistas  sociales debiera servir de guía a otras áreas del acontecer académico del país, como los abogados, cientistas políticos de las Universidades de Santiago.

A continuación, se reproduce en forma extensa la declaración:

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Declaración de Cientistas Sociales en relación a la

huelga de hambre de 34 presos mapuche

A las comunidades regionales, a la sociedad chilena, al gobierno, al Estado y a los pueblos indígenas:

Los  cientistas sociales y académicos de la educación superior de cuatro universidades del sur de Chile, abajo firmantes, deseamos expresar nuestra opinión por la situación que atraviesan desde hace más de 50 días 34 presos mapuche en huelga de hambre en las cárceles de Concepción, Temuco, Angol, Lebu, Valdivia y Chol Chol.

Estamos convencidos que la situación actual del pueblo mapuche y sus demandas son ecos de una situación de injusticias históricas, así como a la reiterada falta de comprensión intercultural y a la lógica de negación del que ha sido objeto por parte del Estado, de la sociedad chilena y de sus instituciones. Todas las investigaciones que los cientistas sociales llevamos adelante en la macrorregión sur permiten demostrar el modo concreto en que se han llevado adelante estos procesos de negación y subordinación del pueblo mapuche a través de una larga historia de desencuentros.

Asimismo, esta situación sociohistórica se torna mucho más compleja en la medida que el modelo económico predominante no se ajusta o es contrario a las dinámicas específicas de las comunidades indígenas, obligándolas a vivir de un modo marginal y en situación de pobreza estructural, o en su defecto a buscar en la migración la solución particular a esta situación de pobreza endémica. Con esto la sociedad global pierde la oportunidad de que parte de sus habitantes contribuyan al desarrollo democrático y justo de este país.

Desde hace algunas décadas, asistimos en estas regiones a un proceso de creciente organización de las comunidades mapuche, lo que permite avizorar nuevos modos de liderazgo y participación política que son esenciales para una superación de la situación de pobreza, así como acontece entre todos los pueblos indígenas de América Latina, y tal como lo reconocen la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y el Convenio 169 de la OIT, ambos instrumentos suscritos por el Estado Chileno.

Distintas instancias internacionales y nacionales, como la Relatoría de Naciones Unidas sobre Derechos y Libertades Fundamentales de los Pueblos Indígenas, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas y sus órganos de tratados y el recién creado Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile,  han planteado la necesidad que el Estado chileno reconozca y respete los legítimos derechos de los pueblos indígenas en Chile, así como la necesidad de no criminalizar la protesta social mapuche, como lo demandó el Relator Especial de Naciones Unidas Rodolfo Stavenhagen tras su visita del año 2003.

Por lo mismo, una situación histórica tan compleja como la vivida en estas regiones, en sus dimensiones económicas, políticas y culturales, no puede intentar resolverse por medio del uso de instrumentos jurídicos, como la ley antiterrorista, que no son adecuadas ni para la sociedad chilena ni para las movilizaciones y demandas de los pueblos indígenas.
Consideramos que es tiempo de avanzar hacia un Estado profundamente democrático que al celebrar sus 200 años de vida republicana se reconozca como un país multicultural. Y en este sentido reconocer los derechos de los pueblos indígenas sobre sus tierras y territorios ancestrales, en particular sus demandas de participación política, consulta y autonomía cultural y económica como otros países democráticos lo han asumido. En este sentido, la estructura jurídica nacional necesita avanzar en los lineamientos propios de una «política del reconocimiento», que busque fortalecer los derechos universales y diferenciados de las personas y comunidades.

Reafirmamos que los pueblos indígenas de Chile, y los mapuche en particular, sean reconocidos en su aspiración a vivir en una país multiétnico, exentos de discriminación y exclusión, donde se les reconozcan sus derechos específicos, su historia y conocimientos ancestrales, sus formas de vida y sus proyectos políticos, económicos y sociales.

Como académicos sostenemos que en este Chile del Bicentenario es fundamental que la sociedad y el Estado chileno se abra al reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas porque sólo de esta manera lograremos construir una sociedad chilena efectivamente democrática, basada en la diversidad y donde la diferencia sea un valor y no un estigma negativo muchas veces basado en la discriminación.

Hacemos un llamado urgente a las autoridades, a los poderes del Estado, a los pueblos indígenas y a todas las instituciones y organizaciones civiles para que agoten todas las alternativas posibles que lleven esta situación tan extrema a buen término. Convocamos a los distintos actores a sumarse a una mesa de trabajo con el fin de encontrar puntos de acuerdo. Es hora de dialogar, está de por medio el respeto a la vida, la dignidad de las personas y los derechos fundamentales consagrados en la normativa nacional e internacional.

Académico(a)s firmantes
Karen Alfaro Monsalves, historiadora
Paula Alonqueo, psicóloga
Amaya Alvez, abogado
Andrea Aravena, antropóloga
Maya Arnao, antropóloga
Clara Ahumada, antropóloga
Manuel Baeza, sociólogo
Álvaro Bello, antropólogo
Marcelo Berho, antropólogo
Gustavo Blanco, sociólogo
Vilma Bragado, antropóloga
Alejandra Brito, historiadora
Noelia Carrasco, antropóloga
Bernardo Castro, sociólogo
Beatriz Cid, socióloga
Rodrigo Contreras, antropólogo
César Cuevas, biólogo
Fernando Díaz, teólogo
Alejandra Donoso O., antropóloga
Douzet María T., socióloga
Jaime Flores, historiador
Nicolás Gissi, antropólogo
Claudio González, sociólogo
Yanko González, antropólogo
Debbie Guerra, antropóloga
Alejandro Herrera, antropólogo
Fabien Le Bonniec, antropólogo
Alfonso Llancaqueo, profesor
Rosamel Millamán, antropólogo
Roberto Morales, antropólogo
Rodrigo Moulián, antropólogo
Ximena Navarro, arqueóloga
Ricardo Oyarzún, antropólogo
Ana María Oyarce, antropóloga
Blaise Pantel, sociólogo
Jorge Pinto, historiador
Maria Pia Poblete, antropóloga
Andrea Ponce, arqueóloga
Viviana Ramírez, antropóloga
Claudio Robles, historiador
Nabil Rodríguez, antropólogo
Fernando Robles, sociólogo
Jorge Rojas, sociólogo
Andrés Roldan, sociólogo
Gonzalo Saavedra, antropólogo
Ricardo Salas, filósofo
Lucía Saldaña, socióloga
Mario Samaniego, filósofo
Lilian Sanhueza, trabajadora social
Jeanne Simon, cientista  política
Juan Carlos Skewes, antropólogo
Maria Eugenia Solari, antropóloga
Sergio Toro, cientista político
Jorge Troncoso, antropólogo
Alvaro Ugueño, antropólogo
Olga Vásquez, antropóloga
Luis Vivero, trabajador social
Francisco Vega, cientista político
Guillermo Williamson, educador
José Manuel Zavala, antropólogo
Lionel Zúñiga, sociólogo
Académicos nacionales:
Tatiana Araya, antropóloga
Marcelo Ávila Inostroza, sociólogo
María Inés Arribas, arquitecto
Mónica Bahamondes, antropóloga
Miguel A. Barrera Muñoz, profesor y psicólogo
Florencia Barrientos, educadora
Mercedes Barros Saavedra, profesora
Eva Carmona, antropóloga
Patricia Castañeda, educadora
Inés Rossana Ciorino Navarro, trabajadora social
Tatiana Cisternas, educadora
Natalia Cuéllar Díaz, actriz y profesora.
Catalina Chávez Carrasco, psicóloga
José Alberto de la Fuente, profesor y presidente del Sindicato de Trabajadores UCSH.
Alberto Díaz, etnohistoriador
Tatiana Díaz, educadora
Leonora Díaz, educadora
Sofía Druker,  antropóloga

Paulina Fernández Moreno, psicóloga

Ana María Figueroa, educadora
Lorena Fries, abogada.
Antonio García, antropólogo
Marcos García de la Huerta, filósofo
Gladys Geisse  educadora
Wendy Godoy Ormazabal, trabajadora social
Nicolás Gómez Nuñez, sociólogo
Felicia González, educadora
Valeria Herrera,  educadora
Cristina Hurtado, filósofa,
Nolfa Ibáñez, educadora
Mario Lagomarsino Barrientos, sociólogo
Margarita Lira, antropóloga
Francisca Marquez, antropóloga
Oscar Mendoza, antropólogo
Patricia Morales, educadora
Claudio Muñoz, educador
Eugenia Muñoz Piña, economista
Andrea Peroni, socióloga,
Rolando Pinto, educador
Mario Ociel, antropólogo
Ana María Oyarce, antropóloga
Virna Osses Marchant, educadora
Jaime Retamal, filósofo
Gonzalo Reyes, psicólogo
María Angélica Rodríguez Llona, asistente Social
Javier Romero Ocampo, sociólogo y psicólogo
María Soledad Rodríguez, educadora
Pablo Salvat, filósofo
Andrea Seelenfreund, arqueóloga
Rodrigo Sepúlveda, antropólogo
Ignacio Schiappacasse, economista
Angela Soteras, educadora
Ethel Trengove Thiele, profesora
William Thayer, filósofo
Jorge Vergara Estévez, filósofo
Verónica Verdugo Bonvallet, trabajadora social
Paula Vidal Molina, asistente social

Académicos extranjeros:
Ana M. Álvez, Universidad del Comahue
Hermes Benítez, Canadá
Alcira Bonilla, Universidad de Buenos Aires
Carlos Cullen, Universidad de Buenos Aires
Juan Carlos Iglesias, Uruguay
Agustín Lao-Montes, Universidad de Massachussets
Guillermo Mac Lean, Universidad de Costa Rica
Patricia Monsalve, Universidad de Buenos Aires
Héctor Ortiz, UNAM
Carlos Pérez Z.,  Universidad de Rio Cuarto
Enrique Puchet, Universidad de la República
Horacio Riquelme, Universidad de Hamburgo
Rodolfo Stavenhagen, Colegio de México
Fidel Tubino, Pontificia  Universidad Católica de Lima
Sirio López, Universidad de Río Grande

“… no podemos callar ante los graves sucesos que están ocurriendo en la Araucanía «

El pasado 21 de octubre, en el auditorio de la Universidad Alberto Hurtado se realizó el seminario: Justicia Militar en Causas Mapuche. En el evento, que contó con la participación de los abogados Alberto Espinoza(1) y José Galiano (2), el periodista Nibaldo Mosciatti (3) y el historiador Sergio Grez (4), se abordó la situación de los 15 comuneros mapuches que hoy en día se encuentran procesados por la ley antiterrorista.

En esta oportunidad, quiero presentar la reflexión de Sergio Grez Toso, quien abordó el tema no sólo como historiador sino principalmente como ciudadano.

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“… no podemos callar ante los graves sucesos

que están ocurriendo en la Araucanía «

He sido invitado a este Seminario por haber sido uno de los impulsores de dos declaraciones y manifestaciones de historiadores en apoyo al pueblo mapuche: la primera, con motivo del asesinato por la espalda del comunero mapuche Matías Catrileo (5) cometido por un Carabinero en enero de 2008, y una segunda declaración en agosto de 2009, luego de un nuevo asesinato por la espalda cometido por Carabineros de Chile contra la persona de otro comunero mapuche, Jaime Mendoza Collío (6), declaración a la que se sumó una manifestación de protesta de historiadores, profesores de Historia y alumnos de carreras de Historia, en las calles de Santiago el 10 de septiembre del presente año. Sin despojarme de mi condición de historiador (no especializado en la cuestión mapuche), en esta ocasión hablaré sobre todo como ciudadano. Porque como ciudadano (cualquiera sea mi especialización en tanto historiador) no puedo callar, no podemos callar ante los graves sucesos que están ocurriendo en la Araucanía.

Día a día las comunidades mapuches que luchan por recuperar sus tierras son rodeadas, hostigadas, allanadas y violentadas por las fuerzas policiales del Estado chileno. Día a día hombres, mujeres y niños mapuches son maltratados, insultados, humillados, golpeados, arrastrados y detenidos por Carabineros y la Policía de Investigaciones. Algunos, como Matías Catrileo y Jaime Mendoza Collío son asesinados por la espalda. Los helicópteros policiales vuelan día y noche por sobre las tierras de estas comunidades. Los mapuches sufren controles de identidad abusivos, vejatorios. Sus luchas son criminalizadas y judiciliadizadas por el gobierno y el poder Judicial, y son deformadas y condenadas por la prensa (salvo contadas y honrosas excepciones) y por los partidos políticos con representación parlamentaria. Los militantes más activos y combativos de la causa mapuche son perseguidos, maltratados, torturados, encarcelados y sometidos a 2 procesos tanto por la Justicia Civil como por la Justicia Militar. A ellos se les aplica la Ley Antiterrorista heredada de la dictadura Militar y utilizada profusamente bajo los gobiernos de la Concertación. Cuando una causa criminal parece no prosperar (por insuficiencia o debilidad de pruebas), los fiscales civiles y militares (respondiendo a las insinuaciones del gobierno), se afanan en inventar nuevas acusaciones para poder retenerlos largos períodos en prisión. Es lo que está ocurriendo con Héctor Llaitul (7), dirigente de la Coordinadora Arauco- Malleco (CAM) (8) a quien le comunicaron en   estos últimos días la apertura de un nuevo proceso. Cada causa significa hasta nueve meses de prisión preventiva mientras dura la investigación.

Este proceder de los fiscales me recuerda las “condenas clandestinas” que pronunciaba la DINA (9) durante la dictadura de Pinochet. Aunque nunca tuvimos la prueba formal de ello, en 1975, cuando estábamos en el campo de concentración de Puchuncaví circulaba insistentemente entre los presos políticos el rumor acerca de estas “condenas” informales decididas por la policía política de la dictadura. Como no éramos sometidos a proceso ya que habíamos sido arrestados de manera absolutamente arbitraria y discrecional, la DINA decidía nuestro futuro determinando cuantos meses o años debíamos permanecer “fuera de circulación”. Algo similar parece que está ocurriendo con el procedimiento de los fiscales contra los presos mapuches… Entretanto, el gobierno de la Presidenta Bachelet ofrece “diálogo”, envía su ministro Viera Gallo a la Araucanía, pero anuncia que las comunidades que amparen a los “violentistas” no serán beneficiadas con la entrega de tierras. De esa manera se pretende dividir al movimiento mapuche aislando a los “malos” de los “buenos”. Para completar el panorama, los grandes propietarios de la zona forman cuerpos paramilitares de “guardias blancas” patronales para reprimir al pueblo mapuche, tal como ha sido anunciado con la creación del Comando Hernán Trizano (10). Todo esto nos lleva a concluir que el Estado de Chile y los grandes propietarios de la zona, beneficiarios de la usurpación histórica de los territorios mapuches, están empezando a implementar una estrategia de 3 guerras de baja intensidad en el Wallmapu para quebrar la resistencia mapuche.

Los métodos empleados así lo indican: militarización del territorio mapuche a través de la Instalación permanente de la policía militarizada de Carabineros en las zonas más álgidas del conflicto para actuar como guardia pretoriana de los empresarios; violencia policial creciente contra las comunidades; cerco mediático (salvo honrosas excepciones como Radio Bío-Bío); acción de una vasta red de espionaje y soplonaje, intervención de correos electrónicos y escuchas telefónicas (incluyendo a los abogados defensores de los presos políticos mapuches), etc. A ello se suma la aplicación sistemática de la Ley Antiterrorista heredada de la dictadura y utilizada profusamente por los gobiernos de la Concertación junto a la doble acción de fiscales civiles y militares.

¿Qué significa en concreto la intervención de la Justicia Militar en las causas mapuches?

Significa, entre otras cosas, que un imputado puede estar detenido hasta por cinco días sin real expresión de causa, incomunicado, arraigado, prontuariado, con prisión preventiva indefinida; que esta persona ve suspendidos sus derechos ciudadanos, que no puede conocer el sumario secreto, y que la investigación puede tardar los años que el Fiscal determine que sean necesarios para el cierre del sumario. Estas facultades excesivas de la Justicia Militar chilena ha sido objeto de numerosas críticas, especialmente por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Según este organismo, en un Estado democrático de Derecho la jurisdicción penal militar ha de tener un alcance restrictivo y excepcional, de acuerdo con lo planteado por muchos juristas, según los cuales la Justicia Militar debe ocuparse exclusivamente de velar por ciertos valores del ámbito militar como disciplina, jerarquía y seguridad militar. De lo que se desprende que los tribunales militares solo deben conocer delitos de función cometidos por militares en servicio activo y que en ninguna circunstancia los civiles pueden ser sometidos a la jurisdicción de los tribunales militares.

Chile se encuentra en las antípodas de estos principios.

A diferencia de lo que ocurre en la inmensa mayoría de los Estados democráticos de derecho en los cuales los tribunales militares solo conocen aquellos delitos que por la naturaleza de los bienes jurídicos penales castrenses son estrictamente militares y constituyen conductas graves cometidas por militares que atenten contra esos bienes jurídicos, en Chile los poderes de estos tribunales son extensísimos. A ello se agrega el hecho de que la Justicia Militar chilena en tiempos de paz vulnera la imparcialidad e independencia que deben tener los tribunales por su estructura y composición. Porque los integrantes de los tribunales militares son militares en servicio activo que están subordinados jerárquicamente a sus superiores a través de la cadena de mando, porque no cuentan con garantías suficientes de inamovilidad y no poseen una adecuada formación jurídica. La imparcialidad de estos jueces también se ve afectada porque el Fiscal concentra las funciones de investigar, acusar y juzgar (característico de los sistemas inquisitivos, escritos y de prueba reglada). Como si fuera poco, el procedimiento penal militar significa una merma significativa de las garantías judiciales porque los tribunales militares no garantizan que los juicios sean públicos al no prever una etapa oral, desarrollándose los procesos de manera inquisitoria con una etapa preliminar sumaria, secreta y escrita.

Estas normas, impropias de un Estado de Derecho democrático, son las que el Estado chileno está aplicando sistemáticamente contra los luchadores mapuches Es necesaria una enérgica reacción de todos quienes viven en este país, winkas, mapuches y demás pueblos originarios, para frenar los preparativos de la guerra de baja intensidad que el Estado de Chile está empezando a implementar en la Araucanía. Hoy son los mapuches, mañana será cualquier grupo o sector social que se levante de manera decidida para luchar por sus derechos.

 

Notas

1.- Alberto Espinoza Pino. Abogado, Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales. Universidad de Chile. Diplomado Reforma Procesal Penal, Universidad Alberto Hurtado. Especialista en DD.HH. FASIC.

2.- José Galiano H. es Abogado de la Universidad de Chile. Ejerce como abogado desde 1956, combinando el ejercicio libre de su profesión -preferentemente en materias penales – con la docencia en diversas universidades. Fue Presidente de la rama chilena de la Asociación Americana de Juristas entre 1988 y 2000. Ha publicado ‘Economía de Defensa’ [1958]; ‘Derechos humanos’ [dos tomos, 1996]; Mensaje a los biznietos [2002]; Etica Social, Etica Jurídica [2004].

3.- Nibaldo Mosciatti es uno de los más prominentes periodistas de su generación. Comenzó su trabajo profesional en Radio Chilena, donde realizó un interesante trabajo de reporteo alejado de los canales oficiales de información entregados por la dictadura. En 1985 entra a Revista APSI donde comparte escritorios con Andrés Braithwaite, Francisco Mouat y Milena Vodanovic. Fue parte del equipo fundador del programa televisivo El Mirador de TVN, donde trabajó 5 años, panelista del programa Plaza Italia del desaparecido canal Rock and Pop y columnista del diario electrónico El Mostrador, entre otras actividades. Es director de Radio Bío-Bío.

4.- Sergio Grez Toso, historiador, Profesor de la Universidad de Chile, Director Museo Nacional Benjamín Vicuña Mackenna, Director del Magíster en Historia y Ciencias Sociales de la Universidad ARCIS.

5.- Matías Valentín Catrileo Quezada (Victoria, Chile 11 de septiembre de 1985 – 3 de enero de 2008) fue un estudiante universitario mapuche de Chile fallecido mientras participaba en una toma de un fundo agricola el 3 de enero de 2008 en un enfrentamiento con personal del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) de Carabineros de Chile que custodiaban el lugar. Su muerte generó el rechazo de organismos de derechos humanos y diversas manifestaciones que se realizaron en varias ciudades de Chile.

6.- Jaime Facundo Mendoza Collio (24 años), era miembro de la Comunidad Requem Pillan de la comuna de Ercilla. El pasado 12 de Agosto participaba de la ocupación pacífica del Fundo San Sebastián cuando recibió un impacto de bala por parte de un efectivo del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) de Carabineros. El comunero, padre de un niño de 4 años, recibió el disparo de una pistola 9 mm tras resistir la arremetida policial y refugiarse al interior de la comunidad Requén Cabrapan, colindante con el fundo en disputa.

7.- Héctor Javier Llaitul Carrillanca (1969 ó 1970-) es un dirigente mapuche, líder de la Coordinadora Arauco-Malleco, organización mapuche conocida por sus reivindicaciones territoriales, denominadas recuperaciones de tierras en la Araucanía chilena. Llaitul fue acusado de planificar y realizar atentados incendiarios en las regiones en la VIII y IX regiones. Fue procesado y formalizado por la fiscalía de Nueva Imperial sobre la base del testimonio de Roberto Painemil, que habría sido obtenido bajo tortura, y fue absuelto de los cargos en junio de 2008. Estuvo bajo arresto desde el 21 de febrero de 2007.

8.- La Coordinadora de Comunidades en Conflicto Arauco – Malleco, (CAM), es una organización que reivindica y defiende a la etnia mapuche del Estado chileno. Es conocida por sus luchas contra las forestales madereras que operan en el antiguo territorio mapuche, «recuperaciones de tierras» a fundos que usurparon territorios mapuches y por sus enfrentamientos contra la policia chilena. La misma fue fundada en el año 1998, en Tranaquepe, Chile, y se le considera responsable de una serie de acciones de fuerza en la zona de Tirúa, Contulmo, Cañete y Temucuicui, desde 1996.

9.- La Dirección de Inteligencia Nacional, más conocida por su acrónimo DINA, fue la policía secreta chilena durante el período inicial del régimen militar de Augusto Pinochet, siendo uno de los elementos más significativos del aparato represor de la dictadura.

10.- Es un grupo paramilitar anti-mapuche que opera en el sur de Chile. Su nombre es en honor al capitán Pedro Hernán Trizano Avezzana, organizador del Cuerpo de Gendarmes de las Colonias cuya misión era vigilar la seguridad en provincias del sur de Chile y el cuidado de las reservas forestales para impedir que éstas fueran destruidas por labradores clandestinos.