Al igual que los historiadores chilenos, un grupo de de Cientistas Sociales de cuatro universidades del sur de Chile han entregado una declaración pública en apoyo a las demandas de la nación mapuche, at portas de la celebración del bicentenario. En Chile, la llamada intelligentsia criolla está empezando a marcar distancias con el discurso oficial que transmiten los grandes medios de comunicación de masas que, en forma reiterada, manejan una agenda informativa particularmente sesgada e interesada. Esta actitud, reveladora de un país que empieza a cuestionarse y a disentir con las armas de la razón le hace muy bien a la sociedad; ahora bien, la actitud de los cientistas sociales debiera servir de guía a otras áreas del acontecer académico del país, como los abogados, cientistas políticos de las Universidades de Santiago.
A continuación, se reproduce en forma extensa la declaración:
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Declaración de Cientistas Sociales en relación a la
huelga de hambre de 34 presos mapuche
A las comunidades regionales, a la sociedad chilena, al gobierno, al Estado y a los pueblos indígenas:
Los cientistas sociales y académicos de la educación superior de cuatro universidades del sur de Chile, abajo firmantes, deseamos expresar nuestra opinión por la situación que atraviesan desde hace más de 50 días 34 presos mapuche en huelga de hambre en las cárceles de Concepción, Temuco, Angol, Lebu, Valdivia y Chol Chol.
Estamos convencidos que la situación actual del pueblo mapuche y sus demandas son ecos de una situación de injusticias históricas, así como a la reiterada falta de comprensión intercultural y a la lógica de negación del que ha sido objeto por parte del Estado, de la sociedad chilena y de sus instituciones. Todas las investigaciones que los cientistas sociales llevamos adelante en la macrorregión sur permiten demostrar el modo concreto en que se han llevado adelante estos procesos de negación y subordinación del pueblo mapuche a través de una larga historia de desencuentros.
Asimismo, esta situación sociohistórica se torna mucho más compleja en la medida que el modelo económico predominante no se ajusta o es contrario a las dinámicas específicas de las comunidades indígenas, obligándolas a vivir de un modo marginal y en situación de pobreza estructural, o en su defecto a buscar en la migración la solución particular a esta situación de pobreza endémica. Con esto la sociedad global pierde la oportunidad de que parte de sus habitantes contribuyan al desarrollo democrático y justo de este país.
Desde hace algunas décadas, asistimos en estas regiones a un proceso de creciente organización de las comunidades mapuche, lo que permite avizorar nuevos modos de liderazgo y participación política que son esenciales para una superación de la situación de pobreza, así como acontece entre todos los pueblos indígenas de América Latina, y tal como lo reconocen la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y el Convenio 169 de la OIT, ambos instrumentos suscritos por el Estado Chileno.
Distintas instancias internacionales y nacionales, como la Relatoría de Naciones Unidas sobre Derechos y Libertades Fundamentales de los Pueblos Indígenas, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas y sus órganos de tratados y el recién creado Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile, han planteado la necesidad que el Estado chileno reconozca y respete los legítimos derechos de los pueblos indígenas en Chile, así como la necesidad de no criminalizar la protesta social mapuche, como lo demandó el Relator Especial de Naciones Unidas Rodolfo Stavenhagen tras su visita del año 2003.
Por lo mismo, una situación histórica tan compleja como la vivida en estas regiones, en sus dimensiones económicas, políticas y culturales, no puede intentar resolverse por medio del uso de instrumentos jurídicos, como la ley antiterrorista, que no son adecuadas ni para la sociedad chilena ni para las movilizaciones y demandas de los pueblos indígenas.
Consideramos que es tiempo de avanzar hacia un Estado profundamente democrático que al celebrar sus 200 años de vida republicana se reconozca como un país multicultural. Y en este sentido reconocer los derechos de los pueblos indígenas sobre sus tierras y territorios ancestrales, en particular sus demandas de participación política, consulta y autonomía cultural y económica como otros países democráticos lo han asumido. En este sentido, la estructura jurídica nacional necesita avanzar en los lineamientos propios de una «política del reconocimiento», que busque fortalecer los derechos universales y diferenciados de las personas y comunidades.
Reafirmamos que los pueblos indígenas de Chile, y los mapuche en particular, sean reconocidos en su aspiración a vivir en una país multiétnico, exentos de discriminación y exclusión, donde se les reconozcan sus derechos específicos, su historia y conocimientos ancestrales, sus formas de vida y sus proyectos políticos, económicos y sociales.
Como académicos sostenemos que en este Chile del Bicentenario es fundamental que la sociedad y el Estado chileno se abra al reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas porque sólo de esta manera lograremos construir una sociedad chilena efectivamente democrática, basada en la diversidad y donde la diferencia sea un valor y no un estigma negativo muchas veces basado en la discriminación.
Hacemos un llamado urgente a las autoridades, a los poderes del Estado, a los pueblos indígenas y a todas las instituciones y organizaciones civiles para que agoten todas las alternativas posibles que lleven esta situación tan extrema a buen término. Convocamos a los distintos actores a sumarse a una mesa de trabajo con el fin de encontrar puntos de acuerdo. Es hora de dialogar, está de por medio el respeto a la vida, la dignidad de las personas y los derechos fundamentales consagrados en la normativa nacional e internacional.
Académico(a)s firmantes
Karen Alfaro Monsalves, historiadora
Paula Alonqueo, psicóloga
Amaya Alvez, abogado
Andrea Aravena, antropóloga
Maya Arnao, antropóloga
Clara Ahumada, antropóloga
Manuel Baeza, sociólogo
Álvaro Bello, antropólogo
Marcelo Berho, antropólogo
Gustavo Blanco, sociólogo
Vilma Bragado, antropóloga
Alejandra Brito, historiadora
Noelia Carrasco, antropóloga
Bernardo Castro, sociólogo
Beatriz Cid, socióloga
Rodrigo Contreras, antropólogo
César Cuevas, biólogo
Fernando Díaz, teólogo
Alejandra Donoso O., antropóloga
Douzet María T., socióloga
Jaime Flores, historiador
Nicolás Gissi, antropólogo
Claudio González, sociólogo
Yanko González, antropólogo
Debbie Guerra, antropóloga
Alejandro Herrera, antropólogo
Fabien Le Bonniec, antropólogo
Alfonso Llancaqueo, profesor
Rosamel Millamán, antropólogo
Roberto Morales, antropólogo
Rodrigo Moulián, antropólogo
Ximena Navarro, arqueóloga
Ricardo Oyarzún, antropólogo
Ana María Oyarce, antropóloga
Blaise Pantel, sociólogo
Jorge Pinto, historiador
Maria Pia Poblete, antropóloga
Andrea Ponce, arqueóloga
Viviana Ramírez, antropóloga
Claudio Robles, historiador
Nabil Rodríguez, antropólogo
Fernando Robles, sociólogo
Jorge Rojas, sociólogo
Andrés Roldan, sociólogo
Gonzalo Saavedra, antropólogo
Ricardo Salas, filósofo
Lucía Saldaña, socióloga
Mario Samaniego, filósofo
Lilian Sanhueza, trabajadora social
Jeanne Simon, cientista política
Juan Carlos Skewes, antropólogo
Maria Eugenia Solari, antropóloga
Sergio Toro, cientista político
Jorge Troncoso, antropólogo
Alvaro Ugueño, antropólogo
Olga Vásquez, antropóloga
Luis Vivero, trabajador social
Francisco Vega, cientista político
Guillermo Williamson, educador
José Manuel Zavala, antropólogo
Lionel Zúñiga, sociólogo
Académicos nacionales:
Tatiana Araya, antropóloga
Marcelo Ávila Inostroza, sociólogo
María Inés Arribas, arquitecto
Mónica Bahamondes, antropóloga
Miguel A. Barrera Muñoz, profesor y psicólogo
Florencia Barrientos, educadora
Mercedes Barros Saavedra, profesora
Eva Carmona, antropóloga
Patricia Castañeda, educadora
Inés Rossana Ciorino Navarro, trabajadora social
Tatiana Cisternas, educadora
Natalia Cuéllar Díaz, actriz y profesora.
Catalina Chávez Carrasco, psicóloga
José Alberto de la Fuente, profesor y presidente del Sindicato de Trabajadores UCSH.
Alberto Díaz, etnohistoriador
Tatiana Díaz, educadora
Leonora Díaz, educadora
Sofía Druker, antropóloga
Paulina Fernández Moreno, psicóloga
Ana María Figueroa, educadora
Lorena Fries, abogada.
Antonio García, antropólogo
Marcos García de la Huerta, filósofo
Gladys Geisse educadora
Wendy Godoy Ormazabal, trabajadora social
Nicolás Gómez Nuñez, sociólogo
Felicia González, educadora
Valeria Herrera, educadora
Cristina Hurtado, filósofa,
Nolfa Ibáñez, educadora
Mario Lagomarsino Barrientos, sociólogo
Margarita Lira, antropóloga
Francisca Marquez, antropóloga
Oscar Mendoza, antropólogo
Patricia Morales, educadora
Claudio Muñoz, educador
Eugenia Muñoz Piña, economista
Andrea Peroni, socióloga,
Rolando Pinto, educador
Mario Ociel, antropólogo
Ana María Oyarce, antropóloga
Virna Osses Marchant, educadora
Jaime Retamal, filósofo
Gonzalo Reyes, psicólogo
María Angélica Rodríguez Llona, asistente Social
Javier Romero Ocampo, sociólogo y psicólogo
María Soledad Rodríguez, educadora
Pablo Salvat, filósofo
Andrea Seelenfreund, arqueóloga
Rodrigo Sepúlveda, antropólogo
Ignacio Schiappacasse, economista
Angela Soteras, educadora
Ethel Trengove Thiele, profesora
William Thayer, filósofo
Jorge Vergara Estévez, filósofo
Verónica Verdugo Bonvallet, trabajadora social
Paula Vidal Molina, asistente social
Académicos extranjeros:
Ana M. Álvez, Universidad del Comahue
Hermes Benítez, Canadá
Alcira Bonilla, Universidad de Buenos Aires
Carlos Cullen, Universidad de Buenos Aires
Juan Carlos Iglesias, Uruguay
Agustín Lao-Montes, Universidad de Massachussets
Guillermo Mac Lean, Universidad de Costa Rica
Patricia Monsalve, Universidad de Buenos Aires
Héctor Ortiz, UNAM
Carlos Pérez Z., Universidad de Rio Cuarto
Enrique Puchet, Universidad de la República
Horacio Riquelme, Universidad de Hamburgo
Rodolfo Stavenhagen, Colegio de México
Fidel Tubino, Pontificia Universidad Católica de Lima
Sirio López, Universidad de Río Grande
Hace unos días el Ministro Hinzpeter anunció ufano el término del conflicto del hotel Hanga Roa, expresando que esta “solución conseguida con esfuerzo y generosidad es histórica para Chile, para el gobierno, para el pueblo rapanui y para la familia Schiess” (1). En efecto, la empresaria hotelera habría donado el terreno que compró a un particular, pero, y esto lo sabe el ministro, se trata de un terreno que nunca debió ser vendido por el Estado; por lo cual, lo obrado constituye una solución de parche ya que patea el problema para más adelante.
Guillermo Bastías 