Archivos para 30 octubre 2009

30
Oct
09

“… no podemos callar ante los graves sucesos que están ocurriendo en la Araucanía “

El pasado 21 de octubre, en el auditorio de la Universidad Alberto Hurtado se realizó el seminario: Justicia Militar en Causas Mapuche. En el evento, que contó con la participación de los abogados Alberto Espinoza(1) y José Galiano (2), el periodista Nibaldo Mosciatti (3) y el historiador Sergio Grez (4), se abordó la situación de los 15 comuneros mapuches que hoy en día se encuentran procesados por la ley antiterrorista.

En esta oportunidad, quiero presentar la reflexión de Sergio Grez Toso, quien abordó el tema no sólo como historiador sino principalmente como ciudadano.

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“… no podemos callar ante los graves sucesos

que están ocurriendo en la Araucanía

He sido invitado a este Seminario por haber sido uno de los impulsores de dos declaraciones y manifestaciones de historiadores en apoyo al pueblo mapuche: la primera, con motivo del asesinato por la espalda del comunero mapuche Matías Catrileo (5) cometido por un Carabinero en enero de 2008, y una segunda declaración en agosto de 2009, luego de un nuevo asesinato por la espalda cometido por Carabineros de Chile contra la persona de otro comunero mapuche, Jaime Mendoza Collío (6), declaración a la que se sumó una manifestación de protesta de historiadores, profesores de Historia y alumnos de carreras de Historia, en las calles de Santiago el 10 de septiembre del presente año. Sin despojarme de mi condición de historiador (no especializado en la cuestión mapuche), en esta ocasión hablaré sobre todo como ciudadano. Porque como ciudadano (cualquiera sea mi especialización en tanto historiador) no puedo callar, no podemos callar ante los graves sucesos que están ocurriendo en la Araucanía.

Día a día las comunidades mapuches que luchan por recuperar sus tierras son rodeadas, hostigadas, allanadas y violentadas por las fuerzas policiales del Estado chileno. Día a día hombres, mujeres y niños mapuches son maltratados, insultados, humillados, golpeados, arrastrados y detenidos por Carabineros y la Policía de Investigaciones. Algunos, como Matías Catrileo y Jaime Mendoza Collío son asesinados por la espalda. Los helicópteros policiales vuelan día y noche por sobre las tierras de estas comunidades. Los mapuches sufren controles de identidad abusivos, vejatorios. Sus luchas son criminalizadas y judiciliadizadas por el gobierno y el poder Judicial, y son deformadas y condenadas por la prensa (salvo contadas y honrosas excepciones) y por los partidos políticos con representación parlamentaria. Los militantes más activos y combativos de la causa mapuche son perseguidos, maltratados, torturados, encarcelados y sometidos a 2 procesos tanto por la Justicia Civil como por la Justicia Militar. A ellos se les aplica la Ley Antiterrorista heredada de la dictadura Militar y utilizada profusamente bajo los gobiernos de la Concertación. Cuando una causa criminal parece no prosperar (por insuficiencia o debilidad de pruebas), los fiscales civiles y militares (respondiendo a las insinuaciones del gobierno), se afanan en inventar nuevas acusaciones para poder retenerlos largos períodos en prisión. Es lo que está ocurriendo con Héctor Llaitul (7), dirigente de la Coordinadora Arauco- Malleco (CAM) (8) a quien le comunicaron en   estos últimos días la apertura de un nuevo proceso. Cada causa significa hasta nueve meses de prisión preventiva mientras dura la investigación.

Este proceder de los fiscales me recuerda las “condenas clandestinas” que pronunciaba la DINA (9) durante la dictadura de Pinochet. Aunque nunca tuvimos la prueba formal de ello, en 1975, cuando estábamos en el campo de concentración de Puchuncaví circulaba insistentemente entre los presos políticos el rumor acerca de estas “condenas” informales decididas por la policía política de la dictadura. Como no éramos sometidos a proceso ya que habíamos sido arrestados de manera absolutamente arbitraria y discrecional, la DINA decidía nuestro futuro determinando cuantos meses o años debíamos permanecer “fuera de circulación”. Algo similar parece que está ocurriendo con el procedimiento de los fiscales contra los presos mapuches… Entretanto, el gobierno de la Presidenta Bachelet ofrece “diálogo”, envía su ministro Viera Gallo a la Araucanía, pero anuncia que las comunidades que amparen a los “violentistas” no serán beneficiadas con la entrega de tierras. De esa manera se pretende dividir al movimiento mapuche aislando a los “malos” de los “buenos”. Para completar el panorama, los grandes propietarios de la zona forman cuerpos paramilitares de “guardias blancas” patronales para reprimir al pueblo mapuche, tal como ha sido anunciado con la creación del Comando Hernán Trizano (10). Todo esto nos lleva a concluir que el Estado de Chile y los grandes propietarios de la zona, beneficiarios de la usurpación histórica de los territorios mapuches, están empezando a implementar una estrategia de 3 guerras de baja intensidad en el Wallmapu para quebrar la resistencia mapuche.

Los métodos empleados así lo indican: militarización del territorio mapuche a través de la Instalación permanente de la policía militarizada de Carabineros en las zonas más álgidas del conflicto para actuar como guardia pretoriana de los empresarios; violencia policial creciente contra las comunidades; cerco mediático (salvo honrosas excepciones como Radio Bío-Bío); acción de una vasta red de espionaje y soplonaje, intervención de correos electrónicos y escuchas telefónicas (incluyendo a los abogados defensores de los presos políticos mapuches), etc. A ello se suma la aplicación sistemática de la Ley Antiterrorista heredada de la dictadura y utilizada profusamente por los gobiernos de la Concertación junto a la doble acción de fiscales civiles y militares.

¿Qué significa en concreto la intervención de la Justicia Militar en las causas mapuches?

Significa, entre otras cosas, que un imputado puede estar detenido hasta por cinco días sin real expresión de causa, incomunicado, arraigado, prontuariado, con prisión preventiva indefinida; que esta persona ve suspendidos sus derechos ciudadanos, que no puede conocer el sumario secreto, y que la investigación puede tardar los años que el Fiscal determine que sean necesarios para el cierre del sumario. Estas facultades excesivas de la Justicia Militar chilena ha sido objeto de numerosas críticas, especialmente por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Según este organismo, en un Estado democrático de Derecho la jurisdicción penal militar ha de tener un alcance restrictivo y excepcional, de acuerdo con lo planteado por muchos juristas, según los cuales la Justicia Militar debe ocuparse exclusivamente de velar por ciertos valores del ámbito militar como disciplina, jerarquía y seguridad militar. De lo que se desprende que los tribunales militares solo deben conocer delitos de función cometidos por militares en servicio activo y que en ninguna circunstancia los civiles pueden ser sometidos a la jurisdicción de los tribunales militares.

Chile se encuentra en las antípodas de estos principios.

A diferencia de lo que ocurre en la inmensa mayoría de los Estados democráticos de derecho en los cuales los tribunales militares solo conocen aquellos delitos que por la naturaleza de los bienes jurídicos penales castrenses son estrictamente militares y constituyen conductas graves cometidas por militares que atenten contra esos bienes jurídicos, en Chile los poderes de estos tribunales son extensísimos. A ello se agrega el hecho de que la Justicia Militar chilena en tiempos de paz vulnera la imparcialidad e independencia que deben tener los tribunales por su estructura y composición. Porque los integrantes de los tribunales militares son militares en servicio activo que están subordinados jerárquicamente a sus superiores a través de la cadena de mando, porque no cuentan con garantías suficientes de inamovilidad y no poseen una adecuada formación jurídica. La imparcialidad de estos jueces también se ve afectada porque el Fiscal concentra las funciones de investigar, acusar y juzgar (característico de los sistemas inquisitivos, escritos y de prueba reglada). Como si fuera poco, el procedimiento penal militar significa una merma significativa de las garantías judiciales porque los tribunales militares no garantizan que los juicios sean públicos al no prever una etapa oral, desarrollándose los procesos de manera inquisitoria con una etapa preliminar sumaria, secreta y escrita.

Estas normas, impropmapuches_463ias de un Estado de Derecho democrático, son las que el Estado chileno está aplicando sistemáticamente contra los luchadores mapuches Es necesaria una enérgica reacción de todos quienes viven en este país, winkas, mapuches y demás pueblos originarios, para frenar los preparativos de la guerra de baja intensidad que el Estado de Chile está empezando a implementar en la Araucanía. Hoy son los mapuches, mañana será cualquier grupo o sector social que se levante de manera decidida para luchar por sus derechos.

 

Notas

1.- Alberto Espinoza Pino. Abogado, Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales. Universidad de Chile. Diplomado Reforma Procesal Penal, Universidad Alberto Hurtado. Especialista en DD.HH. FASIC.

2.- José Galiano H. es Abogado de la Universidad de Chile. Ejerce como abogado desde 1956, combinando el ejercicio libre de su profesión -preferentemente en materias penales – con la docencia en diversas universidades. Fue Presidente de la rama chilena de la Asociación Americana de Juristas entre 1988 y 2000. Ha publicado ‘Economía de Defensa’ [1958]; ‘Derechos humanos’ [dos tomos, 1996]; Mensaje a los biznietos [2002]; Etica Social, Etica Jurídica [2004].

3.- Nibaldo Mosciatti es uno de los más prominentes periodistas de su generación. Comenzó su trabajo profesional en Radio Chilena, donde realizó un interesante trabajo de reporteo alejado de los canales oficiales de información entregados por la dictadura. En 1985 entra a Revista APSI donde comparte escritorios con Andrés Braithwaite, Francisco Mouat y Milena Vodanovic. Fue parte del equipo fundador del programa televisivo El Mirador de TVN, donde trabajó 5 años, panelista del programa Plaza Italia del desaparecido canal Rock and Pop y columnista del diario electrónico El Mostrador, entre otras actividades. Es director de Radio Bío-Bío.

4.- Sergio Grez Toso, historiador, Profesor de la Universidad de Chile, Director Museo Nacional Benjamín Vicuña Mackenna, Director del Magíster en Historia y Ciencias Sociales de la Universidad ARCIS.

5.- Matías Valentín Catrileo Quezada (Victoria, Chile 11 de septiembre de 1985 – 3 de enero de 2008) fue un estudiante universitario mapuche de Chile fallecido mientras participaba en una toma de un fundo agricola el 3 de enero de 2008 en un enfrentamiento con personal del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) de Carabineros de Chile que custodiaban el lugar. Su muerte generó el rechazo de organismos de derechos humanos y diversas manifestaciones que se realizaron en varias ciudades de Chile.

6.- Jaime Facundo Mendoza Collio (24 años), era miembro de la Comunidad Requem Pillan de la comuna de Ercilla. El pasado 12 de Agosto participaba de la ocupación pacífica del Fundo San Sebastián cuando recibió un impacto de bala por parte de un efectivo del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) de Carabineros. El comunero, padre de un niño de 4 años, recibió el disparo de una pistola 9 mm tras resistir la arremetida policial y refugiarse al interior de la comunidad Requén Cabrapan, colindante con el fundo en disputa.

7.- Héctor Javier Llaitul Carrillanca (1969 ó 1970-) es un dirigente mapuche, líder de la Coordinadora Arauco-Malleco, organización mapuche conocida por sus reivindicaciones territoriales, denominadas recuperaciones de tierras en la Araucanía chilena. Llaitul fue acusado de planificar y realizar atentados incendiarios en las regiones en la VIII y IX regiones. Fue procesado y formalizado por la fiscalía de Nueva Imperial sobre la base del testimonio de Roberto Painemil, que habría sido obtenido bajo tortura, y fue absuelto de los cargos en junio de 2008. Estuvo bajo arresto desde el 21 de febrero de 2007.

8.- La Coordinadora de Comunidades en Conflicto Arauco – Malleco, (CAM), es una organización que reivindica y defiende a la etnia mapuche del Estado chileno. Es conocida por sus luchas contra las forestales madereras que operan en el antiguo territorio mapuche, “recuperaciones de tierras” a fundos que usurparon territorios mapuches y por sus enfrentamientos contra la policia chilena. La misma fue fundada en el año 1998, en Tranaquepe, Chile, y se le considera responsable de una serie de acciones de fuerza en la zona de Tirúa, Contulmo, Cañete y Temucuicui, desde 1996.

9.- La Dirección de Inteligencia Nacional, más conocida por su acrónimo DINA, fue la policía secreta chilena durante el período inicial del régimen militar de Augusto Pinochet, siendo uno de los elementos más significativos del aparato represor de la dictadura.

10.- Es un grupo paramilitar anti-mapuche que opera en el sur de Chile. Su nombre es en honor al capitán Pedro Hernán Trizano Avezzana, organizador del Cuerpo de Gendarmes de las Colonias cuya misión era vigilar la seguridad en provincias del sur de Chile y el cuidado de las reservas forestales para impedir que éstas fueran destruidas por labradores clandestinos.

29
Oct
09

Qué dice la 5° Encuesta de la UDP sobre Educación.

“En  general, los sistemas nacionales de educación de

masas tienen un origen público o estatal. La razón de ello

es que suelen estar atados a la expansión del estado nacional

y al deseo de una cierta uniformidad que haga posible la

existencia de un público leal a las instituciones del Estado”.

(Carlos Peña) *

Era razonable que los comandos presidenciales esperaran con serena impaciencia los resultados de la última encuesta de opinión pública de la Universidad Diego Portales (1), esto si bien el instrumento de estudio social no tiene el glamur de la encuesta CEP, se le reconoce por su seriedad metodológica y la solvencia de los académicos que están a cargo. Lo que no era esperable en cambio, es que ésta arrojara un dato marginal pero interesante en cuanto a auscultar la opinión de la población sobre nuestro sistema educativo. En efecto, desde el retorno a la democracia, Chile ha experimentado un debate abierto sobre la conveniencia que existan agentes privados que lucren en educación con dineros públicos; estudios más estudios menos, han hecho pasar demasiada tinta bajo el puente logrando generar bandos claramente distinguibles, situación que quedó plasmada en las posturas que se enfrentaron en el CAPCE (2). En la instancia de debate, se generaron dos bandos, uno pro lucro encabezados por el académico José Joaquín Brunner y el denominado Bloque Social, integrado por profesores, alumnos y apoderados; es más, a tanto llegó el grado de incordia que, este último, redactó un documento alternativo al oficial (3).

Lo sucedido en el Consejo Presidencial es historia conocida, lo que no era conocido hasta ahora en forma tan palmaria y contundente, es cuál es la percepción pública en torno a este debate, en definitiva, qué opina la ciudadanía al respecto. Y es esta pregunta, a tres años de la coyuntura, la que respondió la encuesta de la UDP. Lo primero que nos dice el instrumento, es algo que ya habíamos deslizado en este blog, y es la alta preocupación ciudadana que da al tema educativo, designándolo como la tercera problemática a nivel nacional, por debajo solo de salud y delincuencia (4). Pero es ante la pregunta, ¿Está Ud. de acuerdo con que todas las Universidades privadas debieran pasar a manos del Estado?, donde un categórico 64,5 % plantea premiar al Estado como proveedor único en educación superior (5). Sobre lo mismo, por si existieren dudas “un 63,4% está ‘de acuerdo’ en que los colegios particulares subvencionados deberían pasar al Estado” (6).

A manera de conclusión, me gustaría hacer dos consideraciones. Primero, habla bien de la UDP que, siendo ellos un ente privado, no tenga te2435225wmor en advertir una percepción pública que de alguna forma pone en entredicho su propio accionar. Segundo, educación se impone como una preocupación relevante, la sociedad chilena apuesta cada vez más a lo que considera tal vez la única forma de movilidad social realmente efectiva, y además, ve al Estado como el soporte más serio para encausar esta demanda. Esta nota, marginal en el debate público de hoy, no debiera dejar impávido a los candidatos presidenciales ya que, nada hace predecir lo contrario, es decir, el tema educativo en nuestro país llegó para quedarse.

Baje Aquí la Encuesta

 

* La Provisión Educativa en Chile: requisitos y financiamiento. En, La Reforma al Sistema Escolar: aportes para el Debate; JJ. Brunner y C. Peña Coordinadores. UDP, 2007.

Notas

1.- V Encuesta Nacional de Opinión Pública UDP. Sondeo realizado entre el 21 de septiembre y el 13 de octubre, período en el que se entrevistaron a 1.302 personas mayores de 18 años, residentes de 86 comunas desde 20 mil habitantes entre la I y X regiones, lo que equivale al 85% de la población urbana y al 70% de la población del país. De los 1.302 encuestados, el número de inscritos en los registros electorales es de 922 casos, lo que significa que si la muestra fuera completamente aleatoria el error máximo sería de 3,2%.

2.- Consejo Asesor Presidencial para la Calidad de la Educación. Nombrado por la presidenta Bachelet el 7 de junio de 2006, con el fin de fijar recomendaciones y sugerencias para mejorar la calidad de la educación. Este Consejo, se fijó en plena crisis pingüina, como una medida de sentar a las partes a dialogar sobre el tema. Fruto de este trabajo nace la actual Ley General de Educación, que reemplazó la LOCE pinochetista.

3.- Informe del Bloque Social a la Crisis de la Educación. Para conocer más, ver en: http://guillermobastias.googlepages.com/bloquesocial

4.- Principales Problemas del País. Delincuencia: 22,4%; Salud: 18,1% y Educación: 17,4%. Otros problemas mencionados son Desempleo: 15,2%; Justicia / Seguridad: 10,9; Pensiones: 4,6%; Vivienda: 4,3%; Transporte: 2,6%; Medioambiente: 2,2; Inflación: 1,4%; Infraestructura: 0,8%. V Encuesta Nacional de Opinión Pública UDP, pág. 18.

5.- V Encuesta Nacional de Opinión Pública UDP, pág. 28.

6.- V Encuesta Nacional de Opinión Pública UDP, pág. 29.

22
Oct
09

Debate Presidencial en Materia de Educación

El pasado 19 de Octubre, en la Facultad de Educación de la Universidad Diego Portales se llevó a efecto un debate sobre propuestas educacionales para los próximo cuatro años, para lo cual se pidió a los comandos presidenciales que nominaran quien los represente. La modalidad de pedir a los candidatos, que envíen sus representantes a debatir sobre el área resulta particularmente interesante, por dos motivos, primero se eleva el nivel de la discusión, lo que permite tener lineamientos más claros sobre énfasis y diferencias entre ellos; segundo, permite vislumbrar quienes son los expertos de cada comando, entre los que podría estar el futuro Ministro de Educación. De los invitados tres eran ingenieros y economistas, y uno sociólogo y filósofo; Juan Cassasus (1), representaba a Marco Enríquez Ominami; Manuel Riesco (2), lo hacía por Jorge Arrate; Claudia Peirano (3), por Eduardo Frei; y Harald Bayer (4), por Sebastián Piñera. En una modalidad de tres rondas, la primera de presentación de propuestas, la segunda de puntualización e interpelación y, la última con preguntas del público (5).

El Cambio

“El hecho educativo ocurre en el aula,

no en el escritorio de una burocracia encerrada”

(Juan Cassasus) (6)

Para el equipo de ME-O, si queremos mejorar la educación se deben generar cambios profundos en nuestro sistema educacional, mejoras que no se lograrán con la legislación actual. Para Cassasus, hay que cambiar el paradigma educativo actual, el cual se centra en la “creación de capital humano” mediante procesos estandarizados rígidos, propios de sistemas productivos. Esta visión economicista de mirar la educación, estaría en retirada hoy en el mundo, hablándose de la era de la “post estandarización”. Qué platea para sustituir este modelo, volver la mirada hacia donde se da el hecho educativo, el aula. Lo que se pretende es un cambio de enfoque que sustituya a la formación de capital humano por formación de personas, para lo cual hay que devolver la educación a su base, los profesores. Mediante un aumento significativo en la inversión en el área (7), mejoras en las condiciones de trabajo docente (8), cambios en la estructura del Ministerio de Educación, la creación agencias locales de educación; se propone un paradigma centrado en el aprendizaje  que fortalezca la formación integral, que contribuya al desarrollo ético, estético, intelectual, emocional, corporal, espiritual y social de los alumnos.

La Coyuntura

“Los profesores, hoy día, son el único sector del país

que ganan menos de lo que ganaban hace 40 años”

(Manuel Riesco) (9)

El representante de la candidatura de Jorge Arrate, comenzó su alocución agradeciendo a las autoridades de la Universidad por la oportunidad de posibilitar un debate “crucial para todo el país”. A renglón seguido, comenzó a explicar las características de cómo emerge la llamada deuda histórica (10) que mantiene el gobierno con los profesores, explicación que demandó más del 80% de su intervención. No pretendo hacer un juicio sobre la conveniencia de ocupar un sitio público, para asociarlo a un debate coyuntural, por importante que este sea; lo concreto es, que poco logramos advertir sobre las propuestas en el área del otrora Ministro de Educación. En efecto, más allá de planteamientos genéricos que criticaron LGE, que demandaron la creación de colegios de excelencia por comuna, la extensión de la educación de 12 a 14 años, Manuel Riesco nos dejó con otra deuda, tal vez no tan grande como la histórica, la deuda sobre los planteamientos de su abanderado (11).

La Continuidad

“Este es un país que tiene grandes dificultades

para ponerse de acuerdo en educación”

(Harald Bayer) (12)

Las exposiciones de Claudia Peirano y Harald Bayer, representantes de Frei y Piñera respectivamente, básicamente aludieron a la continuidad de las políticas públicas que en materia de educación se vienen realizando en los últimos 30 años. En efecto, matices más, matices menos, ambos comandos coinciden en la implementación plena de la LGE y sus satélites de combate, la Superintendencia y la Aseguradora de la Calidad. Ambos están por un cambio del Estatuto Docente y, mientras Peirano plantea aumentar en 40% la subvención escolar, Bayer sube la apuesta a un 100%. En general existe acuerdo que el Estado debe asegurar a los padres una educación de calidad, la que se lograría mediante la implementación de múltiples evaluaciones estandarizadas, las que medirían las falencias y avances a lo largo del proceso educativo.

Un aspecto crítico del evento, resultó lo poco adecuado del recinto donde se efectuó el debate. En efecto, el salón –repleto de alumnos y académicos- se hizo demasiado estrecho, los panelistas se encontraban hacinados contra el telón donde se exponían las diapositivas; enfrentando dos problemas, primero tapaban parte del telón, y segundo no podían ver lo que estaba proyectando el contradictor. Un segundo aspecto crítico, dice relación con la poca planificación que se mostró entre la exposición y las diapositivas que se proyectaban, lo que –cualquier profesor lo sabe- ensucia la comprensión. Esto no es menor, ya que muchos de los que exponen hablan del mal desempeño de los profesores en el aula, por lo cual sería importante predicar con el ejemplo.

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Notas

1.- Filósofo, sociólogo y educador, de nacionalidad chilena, es considerado como una de las principales influencias en la educación en América Latina. Entre 1989 y 2003, fue especialista principal de la UNESCO para América Latina y el Caribe. Creó y dirigió el Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de Calidad en Educación. Actualmente es consultor internacional y director del Centro de Formación Índigo en su país. Es autor de varios libros sobre la educación en América Latina; entre ellos, Tareas de la educación y Claves para una educación de calidad, es coautor de Políticas públicas y reformas educativas, y de La gestión en busca del sujeto. Por aparecer están sus libros La educación emocional o las emociones en la vida y la escuela y La presencia emocional en la gestión

2.- Ingeniero civil industrial, nacido el 29 de octubre de 1947, magíster en economía de la Universidad de Chile y cursó estudios de doctorado en economía política, en el Instituto de Ciencias Sociales de la Academia de Ciencias de la URSS.

3.- Ingeniero Comercial de la Universidad de Chile y Magíster en Economía con mención en Políticas Sociales de ILADES / Georgetown University. Investigadora del Centro de Microdatos, donde también se desempeñó como directora ejecutiva durante tres años. Es directora del Programa de Acreditación de Excelencia Pedagógica (AEP) que se ejecuta en forma conjunta con la Escuela de Psicología de la Universidad Católica. Es consejera de la Fundación Chile y de la Corporación Educacional de la Municipalidad de Peñalolén.

4.- Ingeniero Comercial de la U de Chile y Doctor en Economía, UCLA. Coordinador Académico del Centro de Estudios Públicos, CEP.

5.- La primera y la segunda ronda tenía una duración de 7 minutos cada una, la tercera fue más larga y dependió  de la nominación de la pregunta.

6.- Juan Cassasus, en “Debate: Propuestas de los Candidatos Presidenciales para Mejorar la Educación”. UDP, Facultad de Educación. Ponencia.

7.- 7% del PIB.

8.- ME-O, propone rebajar a 25 alumnos el número de alumnos por profesor. Ver, https://guillermobastias.wordpress.com/2009/07/22/que-propone-me-o-en-materia-de-educacion/

9.- Manuel Riesco, en “Debate: Propuestas de los Candidatos Presidenciales para Mejorar la Educación”. UDP, Facultad de Educación. Ponencia.

10.- “… la deuda histórica se originó al transferir los colegios a los municipios en 1981, cuando al profesorado no se le reconoció el reajuste especial de entre 50 y 90 por ciento del sueldo base, que se les había entregado pocos meses antes, junto a los demás empleados públicos”.

“Dicho reajuste, aparentemente abultado, no hacía sino resarcir en parte menor el recorte de más de dos tercios que habían sufrido sus salarios tras el Golpe. Los EE.PP. fueron aún más afectados que el conjunto de los trabajadores chilenos, que en promedio perdieron la mitad de sus remuneraciones”.

“Como resultado de todo lo anterior, en 1990 los sueldos del magisterio alcanzaban apenas al 28 por ciento de su nivel anterior al Golpe. El conjunto de los empleados públicos. mostraba un deterioro algo menor, puesto que habían recibido el reajuste antes mencionado. Por su parte, el promedio de remuneraciones del país se encontraba en ese momento en un 70 por ciento de su nivel anterior al Golpe”. (Manuel Riesco, El Mostrador, 19 de Octubre de 2009).

11.- Para una mejor comprensión de las propuestas de Jorge Arrate en educación, ver: https://guillermobastias.wordpress.com/2009/07/09/%C2%BFque-propone-jorge-arrate-en-educacion/

12.- Haral Bayer, en “Debate: Propuestas de los Candidatos Presidenciales para Mejorar la Educación”. UDP, Facultad de Educación. Ponencia.

16
Oct
09

El Drama de la Constituyente en la Historia de Chile

A un año de celebrarse el bicentenario de la independencia de nuestro país, me parece necesario reflexionar sobre la trayectoria política de esta ya no tan joven república. En efecto, quiero poner en el acento un tema cardinal que dice relación con el grado de legitimidad de nuestra institucionalidad, no la actual, sino la de estos últimos doscientos años. En este sentido el análisis debe centrarse en el carácter democrático que ha normado nuestra convivencia ciudadana, plasmada en le legitimidad de nuestra vida constitucional; constituciones que en su gran mayoría han nacido bajo la presión ejercida por las fuerzas armadas o las oligarquías de turno que se disputaban el poder estatal.

No pretendo hacer un juicio de valor, sino por el contrario, remitirme a la evidencia histórica de estos 200 años, la que demuestra palmariamente que en nuestro país no ha existido ningún ordenamiento constitucional que haya tenido su génesis en una expresión verdaderamente democrática. Por el contrario, las que nos han regido por más tiempo, han emergido bajo fuertes períodos de convulsión interna donde su promulgación ha carecido de procesos constituyentes que las legitimen democráticamente. Para afirmar este punto, de las 10 constituciones que ha tenido nuestro país, las he divido en tres grupos a saber: las de emergencia, las bien intencionadas y las militaristas.

El primer grupo, abarca un período de 10 años -de 1811 a 1822- (1), el que estará marcado en una primera fase pAbdicación-de-O`higginsor las constituciones de los años 1811, 1812 y 1814, que corresponden al periodo de la independencia. Estos reglamentos tratarán de generar sobre la marcha un status jurídico sobre la naciente república, las que reflejarán las posturas disidentes en el seno de la aristocracia nacional, particularmente santiaguina. Caso emblemático de este período resulta la constitución de 1812, que fue ratificada por un grupo de santiaguinos de “alta alcurnia” que votaban bajo la convocatoria de una invitación (2). La segunda fase abarca las constituciones de 1818 y 1822, que estarán marcadas bajo la férula del autoritarismo ohiguinista que gobernará con un grupo de la aristocracia nacional. Una vez más la constituyente dejará fuera no solamente al pueblo, sino a una incipiente clase media integrada por artesanos, funcionarios del estado y profesionales.

20080606klphishch_2_Ies_SCOEl segundo grupo, abarca sólo 5 años, caracterizándose por una mirada liberal de la burguesía progresista de la época. Esto se reflejará en dos constituciones, la de 1823 que incorporará el voto a la clase media integrada por letrados pobres, sacerdotes, oficiales de bajo rango, empleados públicos, mineros y otros empresarios (3). La constitución de 1828, bajo sello liberal / Democrático, va más allá de su predecesora instaurando en la práctica el voto universal para el género masculino, casados mayores de 21 y solteros mayores de 25 años (4). La falta de unidad del patriciado nacional para concebir un modelo de desarrollo institucional, generó profundas divisiones entre sectores liberales y conservadores, lo que precipitará la derrota del progresismo dando origen al tercer grupo.

El tercer grupo abarca un período de 176 años hasta hoy día, bajo el dominio de tres constituciones, la de 1833, la de portales21925 y la de 1980. La primera, se origina fruto del levantamiento armado de un sector del patriciado mercantil chileno, en contra del patriciado liberal, el cual se toma el poder después del triunfo en la batalla de Lircay. Estamos en presencia de un golpe de estado, en el cual el general que encabeza el bando pelucón estanquero, asume como presidente de la república después de derrotar militarmente a sus enemigos; será este bando, el que pasando a llevar la constitución de 1928,vigente todavía, promulgará la Constitución del 33. La discusión del proyecto y su posterior promulgación, se dará en un clima de represión, exilio y encarcelamiento del bando derrotado, con guardias civiles que operaban como policía política en contra de la disidencia (5).

0,,1_147604432_165,00Para comprender el nacimiento de la constitución de 1925, debemos tener en consideración dos elementos que determinaran el cambio del parlamentarismo al presidencialismo. El primero, es el que se conoce con el nombre de La Cuestión Social, “fenómeno que consistió en la aparición, y correspondiente reconocimiento social, de una nueva forma de pobreza asociada a la vida urbana y a la consolidación de la producción capitalista” (6); que hacía 1920 producto de sangrientas luchas había logrado enfrentar a la oligarquía financiera atrincheraba en el parlamento, posibilitando devenir la cuestión social en cuestión política. Al triunfo del socialismo en la Rusia zarista, se agregaba que trabajadores, artesanos y pequeños propietarios contaban a la fecha con periódicos para difundir sus ideas, partidos políticos, federaciones obreras y de empleados, que empezaban a manifestarse por cambios profundos en la arquitectura institucional, “… diversos grupos de ciudadanos se movieron para ‘generar’ la política desde la propia bese civil. Eso fue lo que impulsó la Liga de Acción Cívica, desde 1912, exaltada por Roberto Huneeus. En la misma dirección se movía la Federación Obrera encabezada por Luis Emilio Recabarren, llamando a una Asamblea Constituyente para refundar el Estado al margen de los políticos. Al margen de los políticos se movía también la sección chilena de IWW. Las ligas de arrendatarios (conventilleros) y las primeras asociaciones de profesores descartaban ‘la pretendida virtud de los medio políticos’(7). El segundo elemento para entender la crisis institucional, está signado por la denominada Crisis de Representatividad del Régimen Parlamentario, la que se vio incrementada por las desastrosas consecuencias que trajo para nuestra economía el fin de la primera guerra mundial y el descubrimiento del salitre sintético, todo esto en el marco de la elección presidencial de 1920. En palabras de Gabriel Salazar, era una “crisis combinada de representatividad y de legitimidad, unida a la demanda por ‘la Constituyente’, indican que la coyuntura tenía, hacia 1920, un inconfundible carácter cívico pre-revolucionario. Lo que era, por cierto, mucho más que una agitada ‘campaña electoral’(8). Es en este contexto social donde resulta electo Arturo Alessandri, quien provenía del patriciado aristocrático del parlamentarismo chileno, y que llega premunido de un conjunto de propuestas que pretendían aminorar la grave carga social que enfrentaba la mayoría de la población; propuestas que “pretendían armonizar las relaciones entre le capital y el trabajo mediante una legislación adecuada que abarcara contratos laborales, previsión social, organización de sindicatos y derecho a huelga” (9). Estos planteamiento, si bien necesarios, fueron torpedeados contumazmente por el parlamento que, encerrados en su burbuja se negaban a ver la crisis a la que se enfrentaban. Esta situación no fue ajena a un grupo de oficiales jóvenes, que azuzados por el caudillo de Tarapacá realizó en los primeros días de septiembre de 1924 un golpe blanco al acudir a una reunión del parlamento y hacer sentir su malestar haciendo resonar sus sables contra el piso, episodio conocido en nuestra historia como el ruido de sables. Si bien el “episodio militar” logró destrabar las leyes que se encontraban en el parlamento y abrir una puerta a la reforma de la Constitución, Alessandri sintió vulnerada su autoridad y, con la autorización de sus pares en el parlamento, se tomó un permiso para viajar a Europa. El 10 de septiembre Alessandri hace abandono del país y, al día siguiente, el 11 de septiembre, un grupo de oficiales conservadores se toman el poder, instaurando una Junta Gobierno cuya primera medida será el cierre del Congreso y convocatoria a elecciones presidenciales y parlamentarias. Esta situación no dejará conformes a la oficialidad joven, herederos del ruido de sables, la que originará un nuevo golpe que depondrá a la Junta Militar y pedirá el regreso de Alessandri para iniciar los pasos de una Asamblea Constituyente. Vuelto al país, el caudillo, con todo el poder en sus manos, el congreso cerrado, con la oficialidad joven y el pueblo apoyándolo acometió a la tarea de dictar una nueva Constitución. El problema recaía en cómo hacerlo, si Alessandri optaba por una Asamblea Constituyente el resultado se veía confuso para la clase política a la cual pertenecía el presidente. Más, contrario a las promesas que había realizado a su vuelta del autoexilio Alessandri no convocó a una Constituyente, tan sólo “designó un Comité formado mayoritariamente por políticos y no por representantes directos de la ciudadanía. Y ese comité redactó la Constitución de 1925” (10). La Constitución fue sometida a plebiscito el 25 de agosto de 1925, con los abiertos llamados a abstención por parte de los partidos Conservador, Comunista y Radical. De los 302.304 inscritos en los registros electorales, votaron sólo 134.421, de los cuales 128.381 lo hicieron por el proyecto alesandrista, lo que deja una abstención de un 50% de personas que teniendo derecho a voto, por alguna razón no hicieron.

La actual Constitución, la de 1980, viene a ser el corolario de nuestra historia Constitucional, vale decir, la imposiciónpinochet_junta forzada de las normas que regirán el Estado. En efecto, valga decir que en el momento mismo del golpe de Estado se deja sin vigencia la Constitución del 25. Pero, el proyecto que se plebiscitó el año 80 tuvo su génesis pocos meses después del pronunciamiento golpista del 1973,  cuando la Junta militar nombra una comisión a cargo del jurista Enrique Ortúzar (11) para estudiar una nueva Constitución. Cinco años después, se entregó a la comisión Ortúzar, como se le conoció, las indicaciones de Jaime Guzmán para que se elaborara el proyecto de Constitución (12). Un año más tarde, 1978, la comisión Ortúzar evacuó el anteproyecto constitucional, el que fue enviado al Consejo de Estado integrado por personeros designados por el gobierno de facto, entre los que se encontraban los ex presidentes Jorge Alessandri (13) y Gabriel González Videla (14). El 26 de junio de 1980, el “flamante Consejo” entregó la nueva Constitución, la cual pasó a un grupo de estudio encabezado por la Ministra de Justicia y sobrina del dictador, Mónica Madariaga, ella fue asesorada por cuatro auditores militares que, en forma minuciosa introdujeron 175 cambios que daban cuenta de las distintas visiones al interior del régimen (15). Realizado el trámite de corrección la Constitución pasó a la Junta de Gobierno, integrada por los tres Comandantes en jefes de las diferentes ramas castrenses y el Director Gral. de Carabineros (16). La “honorable” junta evacuó el proyecto con fecha 10 de agosto, para un día después, mediante cadena nacional comunicar que la Constitución se plebiscitaria el 11 de septiembre de 1980. Demás está decir, a esta altura como de costumbre, que la votación se llevó a efecto con estado de emergencia, sin partidos políticos, sin libertad de prensa y asociación, en un clima de terror y amedrentamiento por parte de la policía política a los detractores. El resultado obvio fue el siguiente: votos por el “Sí” a la nueva Constitución, 4.204.879 (67,04%); por el “No” (rechazo), 1.893.420 (30,19%); nulos, 173.569 (2,77%).

A manera de conclusión, nos parece interesante entregar la opinión del Premio Nacional de Historia 2006, Gabriel Salazar, quien dice:

“Al hacer un el balance de los procesos de construcción de Estado en Chile, resta un saldo neto de anomalías, que denotan ilegitimidad. Son entre otras las siguientes”.

“En primer lugar, en cada uno de dichos procesos, se observan intervenciones de rasgo dictatorial por parte de las Fuerzas Armadas. Se observa también que, en el contexto de esas intervenciones, los miembros de los Comités Constituyentes (en Chile no ha funcionado jamás una Asamblea Constituyente elegida por el pueblo) fueron designados por la autoridad, no electos por la ciudadanía. Los proyectos de Estado que esos comités, a puerta cerrada, discutieron y acordaron, fueron finalmente impuestos a la nación sin deliberación informada, y dentro de una atmósfera militarmente controlada”. (17)

La doctrina moderna en derecho político, define al pueblo como titular del Poder Constituyente no de ahora, sino de 1787 con la promulgación de la Constitución Norteamericana y, refrendada después por la Revolución Francesa. Las Constituciones que se establecen reconociendo la titularidad del pueblo en el ejercicio del Poder Constituyente, son denominadas democráticas, en palabras de Thomas Paine “Una Constitución no es el acto de un gobierno, sino de un pueblo que constituye un gobierno, y un gobierno sin una Constitución es un poder sin derecho” (18).

A la luz de lo expresado, me pregunto cuál sería el mejor regalo que podríamos entregarle a esta ya adulta nación, claro, estarán los edificios elefanticos, carreteras y otras obras públicas. Pero, no será necesario pensar en hacerle un regalo cívico a la patria, un regalo que nos permita revertir el drama de legitimidad de estos últimos 200 años, no será necesario crear, por primera vez en nuestra historia una Asamblea Constituyente que de origen a un Estado legítimo… puede ser un buen regalo.

Notas

1.- Constituciones de 1811, 1812 y 1814, corresponde a la denominada Patria Vieja. Las de 1818 y 1822 inauguran la Patria Nueva.

2.- Ver en Historia de las instituciones políticas y sociales de Chile, Jaime Eyzaguirre. Editorial Universitaria, 1992.

3.- Ver en Construcción de Estado en Chile (1800-1837), Gabriel Salazar. Editorial Sudamericana, 2005.

4.- Íbid., op. cit.

5.- Para un análisis más detallado ver en “Construcción de Estado en Chile…” (op. cit) y “El peso de la noche: nuestra frágil fortaleza histórica”, Alfredo Jocelyn-Holt. Ariel, 2000.

6.- ¿Revolución Proletaria o querida chusma?, Julio Pinto, Verónica Valdivia. LOM Ediciones, 2002.

7.- Historia Contemporánea de Chile I, Gabriel Salazar, Julio Pinto. LOM Ediciones, 1999.

8.- Ibíd. Op. Cit.

9.- Historia del siglo XX chileno, Sofía Correa, Consuelo Figueroa, Alfredo Jocelyn-Holt, Claudio Rolle, Manuel Vicuña. Edt. Sudamericana, 2001.

10.- Historia Contemporánea de Chile I, op. Cit.

11.- Enrique Cornelio Ortúzar Escobar (1914 – 2005), abogado constitucionalista, ministro del Gobierno de Jorge Alessandri Rodríguez en las carteras de interior, justicia y RR. EE.

12.- La historia oculta del régimen militar. Memoria de una época 1973 – 1988, Ascanio Cavallo, Manuel Salazar y Óscar Sepúlveda. Editorial Randomhouse-Mondadori, 2004.

13.- Jorge Alessandri Rodríguez (1896 – 1986), hijo de presidente Arturo Alessandri, gobernó Chile entre los años 1958 a 1964.

14.- Gabriel González Videla (1898 – 1980), gobernó Chile entre los años 1946 a 1952.

15.- Ibíd. Op. Cit.

16.- La integraban Augusto José Ramón Pinochet Ugarte (ejército), Fernando Jorge Matthei Aubel (fuerza aérea), José Toribio Merino Castro (armada), César Leonidas Mendoza Durán (carabineros).

17.- SALAZAR, Gabriel. Construcción de estado en Chile: la historia reversa de la legitimidad. [Artículo]. En  Proposiciones Vol.24. Santiago de Chile : Ediciones SUR, 1994.  Obtenido desde: http://www.sitiosur.cl/r.php?id=578. [Consultado en: 15-10-2009]

18.- Los Derechos del hombre, Thomas Paine. Aguilar, 1963.