Archive for the 'Liceos Bicentenario' Category

25
Nov
10

¿La Mayor Reforma Educacional o el fin de la educación Pública?

“requerimos de grandes acuerdos y aquí se optó sólo
por consultar sólo a los que son cercanos al
gobierno y a los que ven la educación sólo para hacer
negocios y no se dialogó con otros actores”
(Carolina Tohá)*

Esta semana Piñera lo volvió a repetir, anunciando “la mayor reforma educacional de las últimas décadas” (1) y, a renglón seguido, invitar a sus ministro a firmar un papel en blanco ya que el proyecto de ley aún no se encontraba listo. Desde marzo, fecha en que Piñera asume, hemos tenido una serie de medidas, anuncios, promesas e invitaciones que parecen no tener sentido, o al menos mantener una línea errática; pero, significa esto qué la dupla Piñera-Lavín no saben para donde van, que están dando palos de ciego y que terminarán tropezándose con su propio bastón. Por el contrario, aquí la derecha tiene el itinerario claro y no habrá sorpresas para la foto como subidas de impuestos o aumento al royalty, en este caso lo que se pretender es poner término a la educación fiscal, y ojo, no sólo la comprendida por la básica y media, sino también la universitaria.

Para llevar a cabo esta medida, Lavín, político cazurro y de larga trayectoria, ha seguido un itinerario lógico y coherente. En efecto, primero estableció el ambiente necesario para implementar el modelo de educación basado en estándares, en esta línea van los llamados semáforos (2) y la expansión del Simce a inglés y educación física. Además, como era predecible a este modelo educacional, se empezó a aumentar las horas de las áreas que miden los estándares, primero leguaje, inglés y matemáticas, después no le quepa duda que se aumentará las horas de educación física. Segundo, se ha incrementado el cierre de colegios municipales, según el Presidente del Colegio de Profesores Jaime Gajardo, se están empezando a fusionar escuelas y a cerrar colegios en Arica, Villa Alemana, la Calera, en Temuco, Victoria, Valdivia, en La Pintana, Cerro Navia, Isla de Maipo, Talagante y Melipilla (3). Tercero, se pretende enviar al parlamento una reforma del estatuto docente que permita disminuir la dotación de profesores municipalizados. Cuarto, en materia universitaria se quiere ampliar el Consejo de Rectores incorporando a las universidades privadas, además se quiere financiar a universidades tanto públicas como privadas mediante fondos conculsables.

Ahora bien, en lo que dice relación con la educación universitaria, de hacerse efectiva la medida presidencial significará el fin a corto plazo de las universidades agrupadas en el Consejo de Rectores. En el caso de la enseñanza básica y media, la situación también se ve oscura ya que el proyecto de fortalecimiento a la educación pública que se encuentra en estudio en el parlamento, tampoco augura el fortalecimiento de ésta, por el contrario, la ley no acaba con el financiamiento compartido y la posibilidad de seleccionar alumnos, lo que está prohibido a los colegios fiscales; el proyecto además no contempla un financiamiento adicional y preferente a la educación pública, lo que según expertos, dejará la educación estatal reducida a los llamados colegios emblemáticos y bicentenario.

Como se ve, en esto la derecha ha sido consecuente con su proyecto político y hábil en escoger la estrategia para llevarla a cabo; en efecto, mandar el proyecto en diciembre al parlamento para que se discuta con suma urgencia, cuando se está at portas a salir de vacaciones es una jugada hábil pero poco estética por decirlo menos. Creo que un gobierno que salió electo con sólo 3,5% más que su adversario, debería tener la prudencia de abordar temas tan relevantes como la educación con un sentido más democrático, escuchando, dialogando, y por último pactando si es necesario. La pretendida reforma, atrajo incluso las críticas de integrantes del Panel de Expertos (4), quienes acusaron a Piñera de presentar una reforma “entre gallos y medianoche” (5); en palabras de JJ. Brunner, “hay más anuncio y más ruido, que realmente contenidos que den para hablar de una revolución. Me parece que es una exageración enorme y que eso nada más que busca causar un cierto impacto comunicacional” (6). Visto así el terreno, parece que el capital político de la dupla Piñera-Lavín no alcanzará para este gol de media cancha que piensa anotar por secretaría la derecha chilena; lo que, con profesores y alumnos de vacaciones, deja la responsabilidad a la oposición concertacionista. Será este conglomerado, que durante 20 años aceptó a regañadientes la política educativa que impuso la derecha, y ahora, liberados de su pecado de origen tendrá que elegir si opta por seguir apoyando la educación de mercado en desmedro de la fiscal o empieza a perfilar lo que será su nueva propuesta país para las próximas elecciones. De lo contrario, me temo que la educación pública, como decía The dors, this is the end, beautiful friend

Por último, y sólo a modo de conclusión, en nuestro país hay que hacer un cambio profundo a la estructura del sistema educativo chileno, ya que de aprobarse la Agencia Aseguradora de la Calidad como está en el proyecto ley terminará precarizando aún más nuestra educación. Hay que hacer un estudio del actual marco curricular y abordar con seriedad sobre qué tipo de educación queremos, una de excelencia para ricos y otra basada en competencias para pobres como hoy día, o buscamos con esfuerzo un proyecto integrador, humanista y de excelencia para todos nuestros jóvenes. También se hace necesario una reformulación del estatuto docente, tarea en la que también está el Colegio de Profesores (7); pero, por sobre todo, se debe generar un instrumento que proteja a todos los profesores, independiente de quien sea el empleador, creo que nadie puede hablar hoy en día de inamovilidad, pero se corre el riesgo de de homologar la labor pedagógica con lo que pasa hoy en los colegios particular subvencionados. En efecto, en los colegios con fines de lucro financiados por el Estado, los profesores sufren de una permanente rotación, a lo que los sostenedores les llaman eufemísticamente término de contrato, en el cual los docentes, independiente de su calidad, son despedidos cada dos años tiempo límite para que su contrato de trabajo se vuelva indefinido; demás está decir que la sindicalización en estos colegio es casi nula, pues existen listas negras y persecución a los maestros que intentan organizarse. Pero además, qué pasa con la ponderación del trabajo lectivo en aula, el cual según la OCDE (8) sitúa a los profesores chilenos como unos de los que menos tiempo tienen para actividades de planificación, evaluación, estudio, capacitación, entre otras necesidades. Por último, se hace indispensable encarar el problema del número de alumnos por aula, que si bien puede no tener una incidencia muy marcada en los sectores medios alto, no cabe duda que en los sectores más vulnerables se debe disminuir considerablemente el número de alumnos por docente; además, según datos de la OCDE, a excepción de Corea y Chile, los países tienen una relación inferior a 20 alumnos por profesor (9). En su discurso, Piñera habló de “un gran acuerdo nacional”, señalando que deseaba  “el aporte fecundo de los expertos en educación, de los profesores y parlamentarios” (10), pues bien, todo indica que el proyecto ingresará la próxima semana al parlamento, donde estaremos atentos a sus disposiciones y a la forma en que se da este gran acuerdo nacional.

_____________________

* Carolina Tohá, La Segunda, 22 de noviembre de 2010.

Notas

1.- La Segunda 22 de noviembre 2010.

2.- Mapas comunales donde se marca con rojo a los colegios que tienen un puntaje inferior al promedio del SIMCE, en amarillo los que están en el promedio, y en verde los que superan el promedio.

3.- Jaime Gajardo. CNN Chile, 14 de noviembre de 2010.

4.- Panel de Expertos para una Educación de Calidad, entidad formada en mayo del presente año para estudiar cambios en la educación municipal. Para ver sus integrantes, sugiero ver en: https://guillermobastias.wordpress.com/2010/05/05/panel-de-expertos-para-el-cambio-del-estatuto-docente/

5.- Mariana Aylwin, La Segunda 22 de noviembre 2010.

6.- José Joaquín Brunner y reforma educacional: “Hay más anuncio que contenidos”. La Tercera, 23 de noviembre de 2010. Ver en: http://www.latercera.com/noticia/nacional/2010/11/680-309611-9-jose-joaquin-brunner-y-reforma-educacional-hay-mas-anuncio-que-contenidos.shtml

7.- Sobre el particular ver: “Propuesta del Colegio de Profesores para el Cambio del Estatuto Docente”, en: https://guillermobastias.wordpress.com/2010/07/24/propuesta-del-magisterio-para-el-cambio-del-estatuto-docente/

8.- OCDE, 2009.

9.- Calidad de la Educación Claves para el Debate. JJ. Bruner, G. Elacqua, S. González, A.M. Montoya y F. Salazar. RIL Editores, 2006.

10.- La Segunda, 22 de noviembre de 2010.

Anuncios
25
Oct
10

Presupuesto de Educación 2011: los pobres, los grandes ausentes

“este año no se construirá ninguna sala cuna más
porque se congeló el presupuesto para este ítem”
(Carlos Montes)*

En medio de la resonancia mediática que ha provocado el exitoso rescate de los 33 trabajadores de la mina San José, y el viaje presidencial (papelito incluido) a Europa se dio a conocer el presupuesto en educación para el año 2011, una de las áreas de mayor preocupación de la ciudadanía según la última encuesta ICSO-UDP 2010 (1). El proyecto, plantea un aumento de un 7,6% respecto del año 2010, pero en este aumento está considerado el gasto en infraestructura dañada por el terremoto, lo que en la práctica se traduce en un aumento neto de tan sólo un 3,5% respecto del año anterior.

El presupuesto propuesto por La Moneda se concentra básicamente en dos áreas, subvención escolar y reconstrucción de infraestructura dañada por el terremoto, lo demás, mantiene en líneas generales el derrotero de la educación de mercado trazada en los últimos 30 años. Dentro de las inversiones prioritarias está el ítem para contratar una empresa extranjera que evalúe el cuestionado sistema de acreditación universitaria, con lo que se espera poner término al mercado persa de los títulos de pedagogía; se pretende también capacitar a los directores de colegios mediante programas de formación entregado por universidades, situación que si bien hace un guiño cómplice a Mario Waissbluth, no cambia sustancialmente lo que se está haciendo ahora, pues ya existe en muchas universidades un pos título con grado de magister para capacitar a directores; por último, y en la senda ya trazada por el ministro Lavín, se duplica prácticamente el presupuesto SIMCE, con la idea de generar nuevas y más mediciones estandarizadas.

Dentro de los ítems que no tienen prioridad para el ministerio, se encuentra la reducción del presupuesto para la educación técnica, donde se recortan dineros en becas, equipamiento didáctico y perfeccionamiento docente (ver gráfico). Otra área preocupante es la educación preescolar, la que había aumentado de un 10 a un 30 por ciento en el gobierno de Bachelet, el presupuesto no contempla su ampliación, dando un golpe más a los sectores más pobres del país.

El presupuesto 2011 en educación pone el énfasis en políticas llamativas, pero que no tienen incidencia profunda en el proceso, como son los liceos bicentenarios que educaran a cerca de 30 mil alumnos, el aumento de la competencia mediante pruebas estandarizadas que, dicho sea de paso, se baten en retirada en el resto del mundo, y por último, las becas para estudiantes de excelencia que sigan pedagogía, que en el mejor de los casos se verá su eficacia en 5 años más. Sin embargo, el gran olvidado de esta trama son los más pobres. En efecto, el programa de educación preescolar tiene una incidencia enorme en nivelar las competencias de entrada de los niños de los sectores más vulnerables del país; el presidente Piñera prometió en campaña: “Nuestro compromiso va a ser llegar con la educación preescolar hasta el último rincón de nuestro país y a todos los hogares de Chile”, agregando más adelante: “se lo debemos a nuestros niños para que tengamos en nuestro país igualdad de oportunidades desde la cuna, sino que también es la mejor inversión que podemos hacer para fortalecer nuestro desarrollo económico, para fortalecer nuestra justicia en la sociedad y para lograr un Chile más feliz, un Chile más integrado” (2). Otro aspecto inexcusable, es la disminución de presupuesto para la enseñanza técnica profesional, que abarca el 40% de la matrícula y atiende al 90% de los jóvenes de menores recursos del país; para ellos no alcanza la educación de excelencia. En definitiva, se afianza una agenda cortoplacista, llena de pirotecnia electoral, donde los pobres son los grandes ausentes de este baile.

* Radio ADN, 20 de octubre de 2010. Ver en: http://www.adnradio.cl/nota.aspx?id=1373992

Notas

1.- El ítem educación aparece como la segunda preocupación de los chilenos, con un 21.1%. En primer lugar se encuentra delincuencia, con un 38.2%; en tercer lugar está la falta de empleo, con un 10.8%. Encuesta UDP-ICSO, 2010; ver en: http://www.icso.cl/destacado/resultados-de-encuesta-nacional-udp

2.- Viento Paragón, 24 de septiembre de 2009. Ver en: http://www.vientopatagon.cl/main/?p=9638

06
Oct
10

Educación Pública en la Coyuntura Actual

En estos momentos se encuentra en el parlamento la Ley de Mejoramiento de la Educación Pública, ésta, fue enviada el año 2008 por la presidenta Bachelet como una forma de acallar las críticas que provocó la promulgación de la LGE, en el sentido que no contemplaba una mejora sustantiva a la alicaída educación pública chilena. En qué estado de tramitación se encuentra este cuerpo legal, lo desconozco, lo que sí ha despertado las suspicacias del medio educativo son las reuniones que han sostenido el titular de educación y el presidente del Partido Socialista, en el sentido de avanzar a un “acuerdo amplio” en el tema. Todo esto en el marco del affaire Cerro Navia, que terminó devolviendo la administración de la educación municipal al MINEDUC (1), lo que según muchos sería el primer paso de una seguidilla devoluciones por parte de otras municipalidades. Por lo cual, dicen fuentes vinculadas a La Moneda y a la oposición concertacionista, se habrían acelerado los pasos para la pronta promulgación de esta ley. Pero a su vez hemos visto en la historia reciente, en relación con los “llamados consensos en educación”, lo qué fue la aprobación del Marco Curricular (2) y la LGE (3) que después de mucha conversación se resolvió por sobre la opinión de la ciudadanía.

En este sentido, hemos venido publicando la voz de algunos eminentes académicos que reflexionan sobre la educación pública, y la necesidad que el Estado chileno asuma su compromiso con ella; hace unos días publicamos la opinión del abogado Fernando Atria (4), ahora entregamos dos voces autorizadas, la ponencia del Doctor en Economía de la Universidad de Michigan Juan Pablo Valenzuela (5) y el Doctor en Ciencias de la Educación Juan Eduardo García Huidobro (6). Estas ponencias, fueron entregadas en el “Foro Panel: Educación Pública en la Coyuntura Actual” (7), organizada por el Colegio de Profesores.

Juan Pablo Valenzuela

Muchas gracias al Colegio de Profesores por la invitación a este seminario. Junto con Beatrice Ávalos participamos en el Núcleo Milenio (8) sobre la profesión docente, por lo cual varios de los antecedentes, datos y reflexiones que presentaré a continuación se han desarrollado al amparo de ese proyecto.

Lo primero a lo que me quiero referir es sobre la relevancia de la educación pública. Luego hablaré sobre algunos elementos del contexto actual, para posteriormente mencionar desafíos, oportunidades e inconsistencias para fortalecerla.

Relevancia de la educación pública y definición

Los propósitos y relevancia de la educación pública –desde la definición utilizada por algunas de las principales entidades internacionales en educación, como son de UNESCO y OCDE– son cuatro: i) Garantizar el derecho constitucional de todos (social y geográficamente) a la educación obligatoria y gratuita; ii) Garantizar la existencia de proyectos educativos no particularistas y/o excluyentes; iii) Desarrollar tipos de proyectos educativos considerados de interés común (incluyendo la implementación de políticas públicas nacionales); y iv) Fijar un estándar práctico de calidad para el conjunto del sistema escolar, promoviendo la búsqueda de la excelencia en sus escuelas.

Según UNESCO y OCDE, un establecimiento es de enseñanza pública cuando es controlado y gestionado por una autoridad o un organismo escolar estatal (nacional/federal, regional/provincial o local), independiente del origen de los recursos (Bellei, González & Valenzuela, 2010) (9), es decir, lo que define el carácter público o privado de las escuelas no es la fuente de financiamiento sino quién toma las decisiones en la gestión escolar, quién tiene el poder para decidir los asuntos internos de la escuela.

Es decir, la definición de educación pública no tiene que ver con el financiamiento de la educación, sino con la gestión y propiedad directa de los establecimientos escolares y, como en muchos servicios que provee el Estado, puede tener colaboradores para cumplir esa función, pero obviamente se requiere una serie de condiciones, y gran parte de la educación subvencionada particular no las cumple. Una de estas condiciones es que debe ser gratuita, no discriminadora, no selectiva, donde el estudiante y su familia son sujetos de derecho, sin mayores restricciones para escoger la escuela de su interés. Sin embargo, en nuestro país sólo un pequeño porcentaje de las escuelas particulares subvencionadas no cobra. En este sentido, es la escuela más que la familia quien está ejerciendo el derecho de escoger.

Por otra parte, la educación pública debe garantizar la existencia de proyectos educativos no particulares o excluyentes. No así la educación privada que puede tener su propia propuesta educativa.

Respecto al rol de cumplir con un proyecto educativo considerado de interés común, es algo que en la educación privada queda a su propia voluntad. Por ejemplo, en términos de educación sexual puede que el sostenedor privado diga “a mí no me interesa, yo no voy a entregar información a los estudiantes sobre determinados métodos anticonceptivos, porque va en contra de mis principios”.

En un contexto de competencia por la matrícula escolar, el estándar de calidad que puedan ofrecer los establecimientos públicos se vuelve un referente a seguir por par te de sus competidores privados. Si existe la convicción que para las familias la calidad de la educación es relevante al momento de definir dónde matricular a sus hijos, los proveedores privados deberán igualar, al menos, el nivel de la educación pública si es que quieren participar en este mercado. Si, por el contrario, a los proveedores privados se les permite seleccionar a los estudiantes de acuerdo a su rendimiento académico o capacidad de pago, no sólo se entra en contradicción con el supuesto por medio del cual mejorará la calidad general del sistema escolar, sino que se vulnera la posibilidad que la educación pública actúe en igualdad de condiciones con otros proveedores, concentrando su responsabilidad sólo en los estudiantes no aceptados por otros proveedores o con menores condiciones socioeconómicas y culturales.

Contexto de la educación pública: antecedentes de una

situación crítica.

En relación al contexto en que se mueve hoy la educación pública, quisiera mencionar algunos datos que ustedes ya deben conocer. Si uno se fija en la evolución de los promedios de los SIMCE, que es “nuestro gran indicador de calidad”, éstos presentan sólo leves mejorías, mientras que sigue mostrando una brecha sustantiva al comparar los resultados de acuerdo al nivel socioeconómico de los establecimientos. Sin embargo, al controlar el nivel socioeconómico desaparecen esas brechas: no es que uno lo está haciendo mucho mejor que el otro, sino que el corazón de la explicación de las diferencias de los resultados tiene que ver con el nivel socioeconómico.

Hay investigación sistemática y consistente (por ejemplo, Mizala, Urquiola & Romaguera, 2007) (10) de que si en Chile uno ordena el ranking de los puntajes

SIMCE de las escuelas es igual que ordenarlas por promedio de sus condiciones socioeconómicas. Ése es Chile, no ha cambiado, y muchas de las cosas que estamos haciendo no están orientadas a que cambie. Por lo tanto, en nuestro sistema escolar “dime el nivel socioeconómico de la escuela a la que vas –más allá de la dependencia–, y te voy a contar qué puntajes promedio vas a obtener a lo largo de tu estadía en ese lugar”. E inclusive se da un dato duro de que si un niño vulnerable va a una escuela municipal le va mejor, en promedio, en resultado SIMCE, que si fuera a una subvencionada particular, y si es de grupos medios le va a ir idéntico (11). En los otros dos grupos hay diferencias a favor de los subvencionados particulares, pero son pequeñas y no estadísticamente significativas.

Una segunda característica relevante de la educación pública es que permite que las escuelas sean un espacio de convivencia con otros –independiente de la capacidad de pago de las familias–, de construcción de democracia, que va más allá de si yo tengo o no ciertos puntajes SIMCE. Hay una función pública de cohesión social, del proyecto de país que queremos construir a futuro, para lo cual es necesario que niños y niñas de diversas condiciones sociales, credos religiosos y visiones ideológicas puedan ser educados en un mismo espacio pedagógico. Sin embargo, en Chile, los únicos establecimientos que aseguran que potencialmente se pueda alcanzar este objetivo son los gratuitos, es decir, los de educación municipal y los de la subvencionada particular gratuita. El acceso para una parte importante de los colegios subvencionados particulares y particulares pagados depende de la capacidad de pago que tenga cada una de las familias, conllevando a que el sistema escolar chileno presente altos niveles de segmentación y segregación.

Un tercer elemento es la pérdida de relevancia que está teniendo la educación pública, tanto desde el punto de vista de la propiedad como de su función. Cada año se reduce más el porcentaje de familias que escogen escuelas públicas. Por ejemplo, en el año 2009 menos del 39% de los estudiantes de primero básico asistía a una escuela municipal. Por otra parte, muchos de los establecimientos subvencionados particulares no responden a una alternativa de elección para todos los estudiantes, puesto que a cerca del 80% de los niños que van a esas escuelas les cobran. Es decir, hoy día más de la mitad de los niños asisten a colegios en que sus familias tienen que pagar, y dependiendo de su capacidad de pago es la escuela que pueden escoger.

Respecto a la pérdida sistemática de matrícula en la educación municipal, existen distintas razones que la explican.

Una primera causa es que el crecimiento de la población en edad escolar se concentra en algunas comunas, lo cual implica la necesidad de construir nuevos establecimientos. Los municipios tienen importantes restricciones para responder oportunamente a estas nuevas necesidades; por ejemplo, no se pueden endeudar. Entonces, ¿quién puede resolver estos nuevos requerimientos de infraestructura?, claramente aquellos que puedan obtener los recursos financieros suficientes. De esta forma, casi la totalidad de nueva infraestructura educacional en las comunas de rápido crecimiento es de sostenedores subvencionados particulares, basta observar los casos de Quilicura, Puente Alto o Maipú.

Una segunda razón es que se ha generado un excesivo crecimiento de escuelas subvencionadas particulares, ello asociado a la mayor preferencia de los padres por colegios más cercanos a sus domicilios, así como por una asociación de mejor calidad cuando los colegios cobran y por un creciente estigma hacia las escuelas públicas, relacionado con indisciplina, ineficiencia, pérdida de control de directores y profesores y tipo de alumnos que van a estas escuelas (Raczynski et al., 2010) (12). Sin embargo, un análisis cuantitativo de la evolución de la apertura de nuevos colegios lleva a concluir que durante los últimos años se ha generado un exceso de establecimientos, reduciendo el tamaño promedio de la matrícula y también de los cursos, sin acompañarse con un mejoramiento en la calidad de la educación y generando a su vez un desfinanciamiento bastante sustantivo (en el sector municipal y subvencionado particular) puesto que conlleva la caída en la generación de los ingresos de los sostenedores, lo cual es incompatible con un costo relativamente fijo de las escuelas.

Desafíos, oportunidades e inconsistencias para fortalecer

la Educación Pública.

Para fortalecer la educación pública es indispensable que este desafío sea convenido entre los actores políticos y sociales, que tenga un carácter de urgencia y que sea una convicción de Estado. Su dependencia actual está dispersa en cientos de municipalidades, y seguir con una estrategia caso a caso no resolverá su actual situación de crisis.

Para revalidar la educación pública se requiere, además, hacer una serie de cambios sustantivos, que superan el tema de quién es su propietario. Entre estos cambios sobresalen:

a) Ampliar la definición del concepto funcional de educación pública, más allá de la que sustentan las actuales municipalidades, de tal forma de reconocer que son proveedores públicos todos aquellos que cumplen con algunas condiciones relevantes tales como gratuidad y no selección de los estudiantes.

b) Reducir los mecanismos que generan segmentación y segregación, tales como reducir, y en lo posible eliminar, el financiamiento compartido, así como revertir la regulación aprobada en la Ley General de Educación que permite una temprana discriminación generalizada en el sistema escolar.

c) Regular las asimetrías en la institucionalidad entre sostenedores públicos y subvencionados particulares, es indispensable que se compensen los mayores costos que implican estas regulaciones. Al mismo tiempo se deben implementar políticas de mayor calidad de la educación relativas a los docentes; por ejemplo, la evaluación docente y la nueva carrera profesional debe ser implementada tanto para los colegios públicos como subvencionados particulares, de lo contrario vamos a pensar que son dos sistemas que no están articulados o que, erradamente, podremos lograr profesores de excelencia regulando las condiciones laborales sólo del 40% –y cada año menos– de los profesores chilenos.

d) Tener mecanismos para fortalecer la carrera profesional docente, pero su financiamiento debería ser independiente de la matrícula de los establecimientos, pues de lo contrario su implementación sólo será viable para los colegios con una alta matrícula y con cursos de 40 alumnos o más. Esta política es completamente factible, puesto que en la actualidad todos los incentivos individuales y colectivos que se entregan a los colegios municipales y subvencionados particulares son independientes de la subvención regular y de los recursos adicionales SEP, incluso no están asociados a la matrícula ni tamaño del curso.

Finalmente, creo que hay una oportunidad en la declaración que ha hecho el Presidente de la República el 21 de mayo, en la cual hizo un reconocimiento de los problemas de calidad e inequidad, y un compromiso de una educación de calidad para todos los jóvenes y los niños del país. Sin embargo, lo que no queda claro es si la educación pública podría ser una de las herramientas para resolver el problema o se entiende como una de las causas que ha generado esta situación.

Dos de las medidas que anunció el Presidente son bastante inconsistentes con el fortalecimiento de la educación pública. La primera es el mecanismo utilizado para seguir aumentando los recursos de transferencia a los colegios. Seguramente nadie va a estar en contra de que se aumenten los recursos a los niños más vulnerables, pero al ser vía Subvención Escolar Preferencial, es un mecanismo destinado a financiar actividades complementarias y no al financiamiento de gastos regulares o permanentes. Por ejemplo, no permite financiar ni mayor dotación, ni profesionales complementarios en forma sistemática, sino que son recursos complementarios para equipamiento, apoyo de asistencia técnica educativa externa, o Tics. Por lo tanto, pareciera servir sólo de señal a los sostenedores respecto a que los niños vulnerables –matriculados principalmente en la educación municipal– ahora valen más financieramente.

La segunda medida es la generación de semáforos de los establecimientos de acuerdo a la última evaluación del SIMCE, así como la ficha de información asociada a éstos y que se entrega a las familias. Extrañamente es una ficha que pone promedios nacionales, cuando es reconocido que éstos principalmente están asociados a las condiciones socioeconómicas de los estudiantes que asisten a los establecimientos y no con el valor agregado que generan las escuelas, ni tampoco indica si el colegio, más allá del promedio actual, está logrando mejorar o cumplir con las metas propuestas en el Plan de Mejoramiento Educativo que firmó en el marco de la Ley SEP. Esta medida no se hace cargo del dispositivo de mejoramiento a cuatro años que se convino –en el marco de la Ley SEP– para que cada escuela logre procesos de mejoramiento continuo, reconociendo condiciones iniciales diferentes entre los establecimientos del país. Al contrario, se pretende generar un fuerte estímulo para que las familias traten de retirar a sus hijos de las escuelas marcadas con rojo, sin embargo no se reconoce que muchas de estas escuelas rojas están generando esfuerzos por mejorar, y muchas lo están logrando, así como tampoco la estrategia de la entrega reiterada de información de estos semáforos considera medidas para mejorar su desempeño. Finalmente, dado que el 90% de estas escuelas de color rojo son escuelas de NSE bajo o medio bajo (escuelas tipo A y B), la mayor parte de las familias no podrá acceder a las escuelas “buenas” (de color verde), no sólo porque en la mitad de las comunas del país no existen escuelas verdes, sino que también porque la mayor par te de la escuelas verdes son privadas, seleccionan a sus estudiantes y cobran por acceder a ellas.

En un contexto donde el 72% de los estudiantes matriculados en escuelas de color rojo pertenecen al sector municipal, esta medida está lejos de fortalecer la educación pública. Injustamente, sólo profundiza un estigma sobre el sector que se pretende fortalecer y aleja cada vez más el objetivo planteado por el ministro de educación de asemejar la educación chilena a la experiencia de Finlandia, país donde toda la educación es pública.

Juan Eduardo García-Huidobro

Buenos días. Voy a partir enunciando la tesis que quiero proponer. Nosotros hemos discutido bastante sobre cuál debería ser la institucionalidad de la educación pública, entendida como la de propiedad del Estado. Sin embargo, soy un convencido de que si no se suprime el financiamiento compartido se pueden tomar muchas medidas, pero a la larga la educación pública está llamada a perecer. Para desarrollar esta tesis voy a responder sumariamente algunas preguntas.

1. ¿Por qué crece el financiamiento compartido? Detrás de este crecimiento hay una tendencia, lejana a la política, que está presente en el mundo desde que la familia existe y que es el imperioso deseo de los padres de darle lo mejor a sus hijos. El financiamiento compartido juega con esta tendencia. En el fondo se les dice a los padres: “si usted quiere a su hijo, colóquelo en una escuela mejor, y la escuela mejor es aquella donde usted paga”. Esto penetró en esta sociedad de mercado donde lo bueno tiene precio, mientras más caro es mejor; esto es imbatible y no hay muchas posibilidades de que cambie. Un ejemplo bien brutal es que hace diez años el porcentaje de profesores de la educación municipal que tenía ahí a sus hijos era relativamente alto. Hoy día ya no los hay.

La educación particular subvencionada va aumentando y la educación municipal va disminuyendo. Los municipios son los que están atendiendo a los más pobres, mientras que los sectores medios y mediosaltos crecientemente están en la educación particular subvencionada con financiamiento compartido, y los con mayores recursos en la educación particular pagada. El número de establecimientos y la matrícula de financiamiento compartido han dado un salto brutal. Se partió en 1993 con 232 establecimientos, se pasó al año siguiente a 800, ya el 2000 había 1.400, y en este momento hay 2.200. En matrícula el salto es también de ocho veces y media: de 142.000 a 1.200.000. Y esto sigue: el financiamiento compartido va creciendo cada año.

2. ¿Qué entender por educación pública? Hay un sentido estricto, que se usa mundialmente: la educación que entrega el Estado. Ésta se da en prácticamente todos los países del mundo, es muy raro el país donde es minoritaria. Las excepciones son Chile, Bélgica y Holanda, y puede haber un país más, pero es una situación anómala.

Hay un sentido amplio de educación pública que tiene que ver con la capacidad del Estado de regular el sistema educacional nacional, incluyendo a la educación pagada.

Y hay un sentido intermedio, que ha sido muy usado en Chile, prácticamente desde el comienzo de la Independencia, con fluctuaciones, y que se instaló en las garantías constitucionales del año ’70, y es esta idea de que la educación que provee nuestro sistema nacional tiene dos brazos, es mixta: entregada por el Estado y también por particulares, pero con financiamiento estatal. Lo básico no está dado por quien la entregue y administre, sino porque sea una educación de igual calidad para todos y gratuita. Con la municipalización dejó de ser igual para todos, porque los municipios no pueden dar lo mismo a todos, y con el financiamiento compartido dejó de ser gratuita. Por lo tanto, se puede señalar que estrictamente, Chile no tiene hoy día educación pública.

3. ¿Por qué es necesario que el Estado mantenga una educación de su propiedad? Hay al menos tres argumentos importantes para decir que sí vale la pena. El primero es que el Estado tiene la obligación, por convenciones internacionales y por Constitución, de asegurar a todos y a todas, a todo evento, su derecho a la educación, y es casi imposible pensar que lo va a hacer si no tiene un instrumento propio para ello.

En segundo lugar, está demostrado empíricamente en el mundo que el mejor regulador de la calidad de la educación es la calidad del sistema público.

En definitiva, para mantener la calidad, mucho más que seguir metiendo mapas de colores y pruebas, hay que mejorar la educación pública. Si yo tengo una educación pública gratuita de calidad frente a otra también gratuita, la gente elegirá por la calidad. Al momento en que la calidad empieza a decaer, el sistema particular empieza a crecer, es inevitable.

Por último, tercer argumento, si se quiere, ideológico, o ético, es la idea de que es importante que en la sociedad exista una alternativa de calidad que sea plural, laica y con alta integración social.

4. ¿Cuáles son las características básicas en la educación pública? Que sea gratuita, de igual calidad para todos –prescindiendo de dónde vivo y quiénes fueron mis padres, cuánto dinero tienen–, que tenga mixtura social, vale decir, que no tenga mecanismos de selección.

5. ¿Qué cambios debieran darse en la educación municipal para que se cumpla con estos propósitos? Uno es un financiamiento y una administración suficiente para asegurar igual calidad en todas partes del país. Y lo segundo es lograr un sistema de educación que minimiza el valor posicional o de clasificación social de la educación, que es exactamente lo contrario de lo que tenemos: hoy día el salirme del sistema público me coloca en una situación social de privilegio.

6. ¿Qué justifica que el Estado dé un apoyo financiero a la educación particular subvencionada, que es de propiedad privada y constituye además un negocio privado? Su sentido público: Respeto a la pluralidad de sociedad (“particular”) y el “derecho” de los padres a elegir la educación de sus hijos. La única manera de que la familia elija la educación de sus hijos es que tenga una alternativa distinta a la estatal, pero gratuita, y eso supone apoyo del Estado.

Para concluir, repitamos la afirmación inicial: es condición para mantener en Chile la educación pública –en sentido estricto, de propiedad del Estado– la supresión del financiamiento compartido. Además, esta supresión devolvería el sentido público a la educación particular con financiamiento fiscal.

Notas

1.- Sobre el tema, ver en: https://guillermobastias.wordpress.com/2010/09/30/en-chile-los-municipios-devuelven-los-colegios-al-estado/

2.- Sobre el tema, ver en: https://guillermobastias.wordpress.com/2009/06/23/como-se-gesto-el-marco-curricular-chileno/

3.- sobre el tema, ver en: https://guillermobastias.wordpress.com/2009/08/25/claves-para-entender-la-lge/

4.- Ver en: https://guillermobastias.wordpress.com/2010/10/03/el-sentido-de-la-educacion-publica/

5.- Juan Pablo Valenzuela es Doctor en Economía de la Universidad de Michigan. Académico de la Universidad de Chile e investigador del Centro de Investigación Avanzada en Educación, CIAE, de la Universidad de Chile.

6.- Juan Eduardo García-Huidobro es Doctor en Ciencias de la Educación y en Filosofía, Universidad Católica de Lovaina, Bélgica. Decano de la Facultad de Educación de la Universidad Alberto Hurtado.

7.- Foro Panel: Educación Pública en la Coyuntura Actual, realizada el 26 de mayo en la sede de la Editorial de la Universidad de Santiago de Chile (metro República). En el evento también participaron la Doctora en Educación Beatrice Ávalos, el Doctor en Educación Abelardo Castro y el Pte. del Colegio de Profesores Jaime Gajardo.

8.- La Iniciativa Científica Núcleo-Milenio está orientada a desarrollar redes de investigación en ciencias básicas y sociales, cuenta con el patrocinio de MIDEPLAN y el Banco Mundial. El Núcleo sobre La Profesión Docente en Chile está localizado en el Centro de Investigación Avanzada en Educación (CIAE) de la Universidad de Chile.

9.- Bellei, C.; González, P. & Valenzuela, J.P. (2010). Fortalecer la educación pública: un desafío de interés nacional. Borrador, CIAE-UNICEF

10.- Mizala, A., Romaguera, P. & Urquiola, M. (2007). Socioeconomic status or noise? Tradeoffs in the generation of school quality information. Journal of Development Economics, 84(1), 61-75.

11.- Algo similar ocurre a nivel internacional. Según datos de la prueba PISA (Pisa 2006. Science Competencies for Tomorrow`s World. París, Francia), cuando uno controla por nivel socioeconómico de los estudiantes y de las escuelas, para la mayor parte de los países participantes en la prueba desaparecen las brechas de resultados entre colegios públicos y privados, e inclusive, para el promedio de los países desarrollados, la educación pública lo hace un poco mejor.

12.- Raczynski, D., Salinas, D., De la Fuente, L., Hernández, M. & Lattz, M. (2010). Hacia una estrategia de validación de la educación pública-municipal: imaginarios, valoraciones y demandas de las familias. Informe Final FONIDE, Ministerio de Educación.

03
Oct
10

El sentido de la Educación Pública

Según ha trascendido, en los hornos de la política se está fraguando una ley que rija los destinos de la alicaída educación pública chilena. Y como intuimos, parece que también se hará a la chilena. Para este efecto, el timonel del Partido Socialista Osvaldo Andrade se habría reunido con el ministro Lavín *, para consensuar los ingredientes del estofado y, como es costumbre, servir la mesa con el menú ya preparado. En este sentido, quiero invitarlos a “degustar” el interesante artículo del abogado Fernando Atria, publicado en el último número de Revista Docencia; en el cual revisa, desde una perspectiva jurídica, las principales acepciones que se manejan sobre educación pública y, a la vez sus principales incoherencias

¿??????????????????????????????????¿

El sentido de la Educación Pública

Fernando Atria (1)

Uno de los aspectos más insólitos de la reflexión sobre el sistema educacional chileno es que se piensa desde el establecimiento particular pagado. El establecimiento particular pagado es el que expresa de modo más pleno la idea de un establecimiento educacional y lo que es en principio aceptable (o deseable) que un establecimiento haga (o pueda hacer). Un colegio particular subvencionado es como uno particular pagado, con una característica accidental adicional: que atiende personas que no pueden pagar su colegiatura, y por eso existe la subvención. Y un establecimiento municipal es como uno subvencionado, con una característica accidental adicional: que su “sostenedor” tiene la “naturaleza jurídica” de “municipalidad” (o “Estado”).

Esto ha llevado a una radical homologación del régimen de los dos últimos al régimen del primero. Así, si los establecimientos que sirven de modelo pueden cobrar por la educación que ofrecen, es decir, ofrecerla condicionalmente al público, y pueden seleccionar, eso implica que, en principio, también pueden hacerlo los otros. Y con esa lógica se introdujo el financiamiento compartido, y se autorizó incluso a los establecimientos municipales a cobrarlo. Si los establecimientos particulares pagados, cuyo régimen jurídico es el de una empresa privada, pueden elegir libremente con quién realizar contrato, y por eso seleccionar unilateralmente estudiantes, o expulsarlos por infracción a reglamentos unilateralmente fijados por el dueño, ese mismo poder lo tienen, en principio, los establecimientos subvencionados y municipales. La conclusión de este razonamiento es que la “educación pública” no tiene nada de peculiar, nada que justifique una preocupación especial o un programa de fortalecimiento. En rigor, que la categoría de educación pública no existe más que como una pura forma jurídica, sin contenido.

Por esto, se ha sostenido que, más allá de los formalismos jurídicos, el concepto de “educación pública” debe incluir a los establecimientos particulares subvencionados.

Esto es un grave error, y estas líneas tienen por finalidad aclarar por qué tiene sentido hablar de “educación pública”, excluyendo los establecimientos particulares pagados y subvencionados.

Dos (no tres) conceptos de educación

Pública.

Hay un sentido en que toda educación provista en el contexto de un sistema educacional como el chileno es pública. Éste es el sentido en que la expresión es utilizada en la denominación que reciben ciertas escuelas inglesas: “escuelas públicas” (public schools). Esas escuelas, paradójicamente, son las más exclusivas y selectivas del sistema educacional inglés (están probablemente entre las escuelas más selectivas y exclusivas del mundo), abiertas sólo a los ultra-ricos. La razón por la que se denominan “public schools” es que ellas originalmente surgieron como una alternativa a la educación que recibía el hijo del aristócrata a manos de un instructor o institutriz, en privado, en el palacio familiar (como Aristóteles educaba a Alejandro Magno). En contraposición a esa forma de educación, el hecho de tener que salir del palacio y encontrarse con otros estudiantes era lo que caracterizaba a la educación recibida en una escuela como “pública”. Si éste es el criterio de lo público, toda educación provista por un establecimiento educacional es “pública” por definición.

Ahora bien, en la discusión sobre el fortalecimiento de la educación pública apareció una tesis que defiende un concepto de educación pública más restringido que el anterior. Conforme a este nuevo concepto, entender que la educación pública es sólo la provista por agencias estatales es demasiado estrecho, y debe reconocerse que, en el sentido relevante, la educación pública incluye a la denominada “particular subvencionada”. Este es un concepto más restringido que el primero porque acepta que el concepto de educación pública no incluye a la educación “particular pagada”, pero reclama estar libre del formalismo del que dice que educación pública es sólo la provista por el Estado. Lo que importa no es quién provee la Educación sino qué educación se provee.

Nuestra situación actual, entonces, es que hay aparentemente disponibles tres conceptos de “educación pública”, y lo que este artículo intenta hacer es determinar cuál es el políticamente relevante cuando se discute sobre la importancia de este tipo de educación.

El primer concepto es el que subyace a la denominación de las “escuelas públicas” inglesas: es pública toda educación que exige que el estudiante abandone la casa familiar y se encuentre con otros en un establecimiento educacional, lo que implica que todos los establecimientos educacionales son por definición parte de la educación pública. El segundo concepto es el tradicional: la educación pública es el provisto por órganos del Estado; por consiguiente sólo los establecimientos municipales son parte de la educación pública. El tercer concepto es uno que se presenta como intermedio: es pública la educación provista por establecimientos municipales y subvencionados. El que defiende esta tercera posición cree que atender al solo hecho de que algunos establecimientos son de propiedad del Estado es un formalismo jurídico irrelevante, y que si evitamos los formalismos veremos que, en el fondo, la educación municipal y la subvencionada deben ser consideradas como pertenecientes al mismo grupo.

En la discusión política chilena nadie pretende que, cuando se habla del “fortalecimiento de la educación pública”, se esté usando el concepto de educación pública en el primer sentido. La cuestión políticamente relevante, entonces, es determinar si la crítica que se hace al segundo concepto el que defiende el tercero es o no justificada. Si aceptamos el tercer concepto de educación pública, por ejemplo, debemos adherir a alguna forma de lo que se denomina el principio de “igualdad de trato”, que insiste que el Estado no puede tratar de modo diferente a la educación municipal y a la subvencionada, que toda política de fortalecimiento de la educación pública debe ir dirigida a estas dos categorías de establecimientos, y que mostrar una atención preferente por la educación municipal es una discriminación arbitraria.

Ahora bien, si se trata de defender el tercer concepto de “educación pública”, la pregunta obvia es qué es lo que es común a los establecimientos estatales y los particulares subvencionados y los distingue a ambos de los particulares pagados; qué es, en otras palabras, lo que definiría esta nueva categoría. Aunque la respuesta es bastante obvia, es importante detenerse en el hecho de que los que la defienden no son particularmente prolijos. J. J. Brunner, por ejemplo, ha dicho (en El Mercurio, 13 de julio de 2008) que “En Chile se llama educación pública a aquella ofrecida por los colegios municipales, sin reparar en que también la provista por establecimientos privados subvencionados es pública en todos los aspectos fundamentales (currículo, profesores, jornada escolar, textos, exámenes, medición de resultados, certificados otorgados, financiamiento),

con excepción de la propiedad de las escuelas”.

Lo que es claro aquí es que, con la excepción de “financiamiento”, los “aspectos fundamentales” a los que se refiere Brunner caracterizan por igual a toda la educación reconocida por el Estado. Si ellos fueran los que definen a la educación pública, deberíamos concluir que su objeción no es a la idea de que el Estado debe mostrar una especial preocupación por la educación estatal, sino una mucho más radical: todo el sistema educacional conforma la “educación pública”. Ahora bien, ésta no es la conclusión que el propio Brunner defiende, por lo que su enumeración debe ser entendida más como una licencia retórica que como una lista reflexiva.

Para remover la licencia hay que separar el “financiamiento”, que es el único criterio que permite agrupar a establecimientos estatales junto a particulares  subvencionados, excluyendo los particulares pagados. La mención a los otros “aspectos fundamentales” es aquí irrelevante.

Pero ¿no es esto igualmente “formalista”? ¿Por qué es un formalismo apelar a la “naturaleza jurídica” del proveedor y no es formalista apelar a la naturaleza jurídica del que paga por la provisión? La respuesta es obvia: cuando el que paga por la educación es el Estado, y no el individuo, ella deja de quedar condicionada a la capacidad del individuo de pagar por su educación. Éste sería el criterio relevante para definir lo que cuenta como educación pública. Es una cuestión de acceso: educación pública=educación abierta a todos.

Es claramente incorrecto, sin embargo, decir que la educación provista por los establecimientos particulares subvencionados está en principio abierta a todos. Ello por dos razones. La primera es que esos establecimientos están habilitados legalmente para cobrar a sus estudiantes (a sus padres) una cantidad mensual de dinero que la ley denomina “financiamiento compartido”. Conforme al propio criterio utilizado por los críticos, entonces, estos establecimientos no deberían ser entendidos dentro de la categoría “educación pública”.

Pero la razón principal no es el financiamiento compartido. En Chile se ha entendido (incorrectamente, a mi juicio, aunque eso es ahora irrelevante) que es parte fundamental de la libertad de enseñanza de la que gozan los sostenedores de estos establecimientos el que ellos puedan no sólo definir su propio proyecto educativo, sino adicionalmente invocarlo como una razón que guía sus criterios de selección o permanencia. Por consiguiente, los establecimientos particulares subvencionados no están en principio abiertos a todos, sino sólo a quienes tienen formas de vida o concepciones de la educación o del mundo, etc., que de acuerdo a la decisión unilateral del sostenedor son compatibles con su proyecto educativo.

Nótese que estas dos cuestiones son enteramente independientes: del hecho de que el sostenedor pueda establecer y ejercer un proyecto educativo no se sigue que una de las maneras de “ejercerlo” sea transformarlo en estándar de admisión al establecimiento. La ley podría perfectamente reconocer y proteger el primer derecho pero negar el segundo. La conexión entre ambos suele establecerse con un argumento particularmente débil: sólo si el sostenedor puede seleccionar estudiantes por su conformidad con “su” proyecto educativo es posible asegurar la “comunidad de valores” que un proyecto educativo requiere para ser exitoso. Quienes sostienen esta excéntrica idea ignoran sistemáticamente que, como en Chile nadie tiene la obligación legal de asistir a un establecimiento en particular, esa comunidad de valores se puede asegurar sin que el establecimiento pueda seleccionar, ya que el hecho de que el establecimiento deba ser elegido por los padres es suficiente para garantizar esa comunidad de valores. Por estas dos razones no puede decirse que los establecimientos particulares subvencionados estén abiertos a todos.

Que un establecimiento educacional esté abierto a todos quiere decir que en principio todos tienen el derecho de ser admitidos por ese establecimiento, derecho que sólo cede, como todo derecho, cuando su cumplimiento es físicamente imposible (no implica que un establecimiento no esté abierto a todos el hecho de que ese establecimiento no pueda, por razones fácticas de limitación de recursos, recibir a todo el que postula cuando la demanda excede las plazas disponibles). Por consiguiente, es importante notar que el hecho de que los establecimientos de la educación particular subvencionada no estén en principio abiertos a todos no es una generalización a partir de las políticas efectivamente adoptadas por algunos, muchos o todos esos establecimientos. No es un punto, en otras palabras, que sea sugerido por la evidencia empírica disponible, por lo que no es refutable por referencia a dicha evidencia. Es una observación sobre (la interpretación dominante de) el régimen legal aplicable a esos establecimientos, que entiende la libertad de enseñanza del sostenedor de modo tal que es incompatible con entender que quienes postulan a su establecimiento tienen un derecho, fundado en su condición de ciudadanos, a ser admitidos.

En efecto, que alguien tenga un derecho quiere decir que hay otro que tiene un deber. Esta obligación del deudor, una vez surgida, es independiente de su voluntad, en el sentido de que ya no puede decirse que el deudor tiene la libertad de decidir si paga o no paga (está obligado a pagar). Como (la interpretación dominante de) el régimen legal de la educación particular subvencionada permite al sostenedor exigir una cierta cantidad de dinero a cambio de la prestación de servicios educacionales, y le permite además definir unilateralmente un proyecto educativo conforme al cual ciertos ciudadanos no son elegibles o son menos elegibles que otros, no puede decirse que todo ciudadano esté, ante un establecimiento particular subvencionado, en la posición de quien tiene derecho a ser admitido, porque el establecimiento no tiene el deber de recibirlo.

Nótese que en esto hay una diferencia considerable con la educación estatal: si bien ésta también está autorizada para cobrar como financiamiento compartido un pago en dinero por el servicio provisto, esa autorización tiene una limitación que mantiene esa forma educacional abierta a todos, porque los establecimientos municipales que cobren financiamiento compartido deben aceptar gratuitamente a todos los alumnos residentes en la comuna (Art. 23 DFL 2 de 1998).

La razón por la cual la autorización dirigida a establecimientos municipales para exigir el pago del financiamiento compartido necesita estar sujeta a esta limitación es la contenida en el artículo 19 N° 10 de la Constitución: todas las personas tienen un derecho a la educación. Por la misma razón, no puede decirse que los establecimientos municipales tengan libertad de enseñanza en el sentido en el que se entiende dicha libertad en Chile, es decir, como justificación de políticas de selección y exclusión. Si los establecimientos municipales tuvieran esa libertad de enseñanza, entonces nadie tendría derecho a ser educado.

Es verdad que hoy no hay una regla que impida a los establecimientos educacionales del Estado fijar proyectos educativos por referencia al cual puedan seleccionar alumnos. Pero el solo hecho de que sean del Estado impone esa limitación por referencia, por ejemplo, a creencias religiosas o capacidad de pago. El caso más problemático es el de selección por méritos académicos. Hoy no hay obstáculos a que los establecimientos del Estado seleccionen de este modo, en buena medida porque, como hemos visto, el modelo de establecimiento sobre el cual se construyen los demás es el establecimiento particular pagado. Esto, desde luego, desnaturaliza la educación pública, y la propuesta del Ministerio de crear “liceos de excelencia” agudiza el problema. Pero el punto se sostiene: en principio, un establecimiento público no puede definir un proyecto educativo por referencia al cual seleccionar estudiantes (debe destacarse que el proyecto de ley de fortalecimiento de la educación pública se refiera a este punto, y si bien no prohíbe toda forma de selección, explicita su estatus: ya no es algo que los establecimientos públicos pueden desde luego hacer, sino que en principio no pueden hacerlo aunque en ciertos casos se justifique).

La referencia al derecho a la educación suele utilizarse, por los “expertos en políticas públicas”, de modo impropio, como si su relevancia se agotara en el hecho de que debe haber un sistema educacional con cobertura completa. Pero la lógica de los derechos es individualizada, no agregativa. No se trata (sólo) de que sea bueno que se alcance la cobertura completa en educación básica y media, se trata de garantizar que cada uno podrá recibir la educación que crea que es mejor. Ésta es la obligación del Estado: garantizar a cada ciudadano, individualmente, la educación que requiere. La existencia de establecimientos particulares subvencionados no es suficiente garantía del derecho a la educación, precisamente porque descansa en la idea de que el sostenedor puede poner condiciones al ingreso. En el régimen legal chileno la libertad especialmente protegida es la de los padres de elegir, no la de los sostenedores a seleccionar: “Los padres tienen el derecho preferente y el deber de educar a sus hijos. Corresponderá al Estado otorgar especial protección al ejercicio de este derecho” (Art. 19 Nº 10 inc. 3º. Constitución Política).

Sólo un sistema educacional cuyo régimen legal obliga a los proveedores a admitir a cualquier individuo que postula garantiza la educación a todos como un derecho. El régimen legal aplicable a la educación particular subvencionada no garantiza la educación como un derecho, porque el sostenedor tiene libertad, conforme a la ley, para establecer condiciones de ingreso, y la idea misma de que una exigencia es formulada como un derecho es incompatible con la libertad de aquel a quien se dirige la exigencia para condicionar su cumplimiento.

De modo que, examinada atentamente, la idea de que la categoría de educación pública incluye tanto a los establecimientos estatales como a los particulares subvencionados es incoherente.

Los sentidos relevantes, en el estado actual del derecho chileno, son dos: en uno, toda educación es pública (es el sentido de las public schools inglesas); en el otro, es pública la educación que es ofrecida por establecimientos que tienen el deber (correlativo al derecho a la educación de los individuos) de admitir a todo el que postule a ellos (salvo el caso obvio de imposibilidad material).

La tesis de que la educación “pública” incluye a los establecimientos estatales y a los subvencionados usa como criterio de distinción de lo público el hecho de que en ambos casos no es el individuo el que paga sino el Estado. Pero esta característica o es un formalismo sin justificación (tal como los críticos decían que era un formalismo atender a la “naturaleza jurídica” del establecimiento), o es importante porque abre el acceso a esos establecimientos a todos, no sólo a los que pueden pagar. Desde luego esta segunda opción es la que toma en serio el criterio que los propios críticos han utilizado para distinguir la educación subvencionada de la pagada. Pero habiendo aceptado este criterio (es pública la educación que está abierta a todos), sólo el que desconoce el régimen legal de la educación particular subvencionada puede creer que estos establecimientos están legalmente abiertos a todos y son parte, por lo tanto, de la educación pública.

De lo anterior no se sigue que el hecho de que los establecimientos particulares subvencionados reciban financiamiento público es enteramente irrelevante.

Hay un obvio interés público en especificar las condiciones bajo las cuales puede accederse a la subvención estatal y el modo en que puede ésta ser utilizada. El Estado tiene innegablemente el deber de velar por la correcta utilización de los fondos públicos, lo que se traduce en su deber de crear mecanismos de fiscalización adecuados al modo en que esos recursos se invierten. Esto desde luego justifica que

exista un régimen que permita el control del uso de los fondos estatales en establecimientos privados (del mismo modo en que sería, por ejemplo, enteramente inaceptable que el Estado creara un fondo de financiamiento de la investigación científica y tecnológica, pero no creara mecanismos de control del buen uso de esos recursos).

El argumento puede incluso llegar más lejos: como los establecimientos privados subvencionados pueden cobrar a los padres una cantidad que complementa la subvención estatal, y que de ese modo se transforma (en esos establecimientos) en condición para gozar de la subvención, el régimen al cual están sujetos los recursos estatales utilizados por los establecimientos privados puede también ser legislativamente extendido a los recursos captados por los establecimientos en tanto financiamiento compartido. Es evidente que para justificar esta conclusión no es necesario afirmar que los establecimientos privados subvencionados son parte de la educación pública; basta afirmar que reciben recursos del Estado, y aplicar a esos recursos entonces el régimen general de los recursos estatales. Una cuestión es la de definir qué cuenta como educación pública, y otra es especificar las obligaciones que, en general, el que recibe financiamiento público para algo adquiere por ese solo hecho.

Educación pública y educación Estatal

Hemos distinguido un concepto “amplio” de educación pública (las public schools inglesas) y uno “estricto” (educación abierta a todos). El concepto “intermedio” propuesto por los críticos, que incluye a todos los establecimientos educacionales que reciben algún financiamiento del Estado, fracasa en sus propios términos y por consiguiente no alcanza a constituir una tercera posibilidad. En sentido estricto, la educación pública es la que está sometida a un régimen legal conforme al cual ella está en principio abierta a todos como ciudadanos.

El sentido o finalidad, entonces, de un sistema de educación pública es garantizar a cada ciudadano la educación como derecho, correlativo del deber de quien la ofrece. De las tres categorías de establecimientos que conforman el sistema educacional chileno, sólo la de los establecimientos que pertenecen al Estado satisface esta condición, por lo que sólo la educación provista por establecimientos estatales puede ser denominada, en este sentido, “pública”.

Hay entonces una conexión entre el sentido de la educación pública (abierta a todos) y su forma jurídica (provista por establecimientos estatales). Esta conexión no es puramente contingente, como si no fuera más que el resultado de una historia que en cualquier punto particular podría haber evolucionado de otro modo. Ella se explica por la diversa posición que el individuo asume frente al Estado y frente a otros individuos.

Ante el establecimiento de propiedad del Estado el individuo concurre en términos asimétricos: basta su voluntad para que el establecimiento tenga la obligación de admitirlo. Esta asimetría entre el individuo y el establecimiento es reflejo de la posición general de asimetría que el ciudadano tiene frente al Estado: el individuo tiene derechos, y el Estado no, porque está “al servicio de la persona humana” (Art. 1° Constitución Política). Pero ante el establecimiento privado (subvencionado o no) el individuo no concurre como ciudadano sino como parte contratante. Y entre las partes contratantes existe la simetría propia del contrato y del mercado: ningún individuo está “al servicio” de otro. Como la relación entre el individuo y el establecimiento es en este caso simétrica, no basta la voluntad del primero para que el segundo tenga una obligación: la concurrencia de su voluntad, como en todo contrato, es condición necesaria, pero no suficiente, para que haya contrato.

Por consiguiente, la explicación que hemos encontrado del sentido de la educación (estrictamente) pública vincula la forma institucional de ciertos establecimientos (son propiedad del Estado) al sentido de la educación pública (educación abierta a todos, ante la cual el individuo concurre como ciudadano ejerciendo un derecho). Luego, la categoría de “educación pública” se identifica con la de “educación provista por establecimientos de propiedad del Estado” reteniendo su sentido.

Es sencillamente falso decir que la única diferencia entre los establecimientos estatales y los particulares subvencionados es la naturaleza del titular de la propiedad sobre los mismos. Como consecuencia de esa diferencia en titularidad, el régimen legal de ambos es diferente en un punto críticamente importante si de lo que se trata es de garantizar un derecho: sólo ante los establecimientos del Estado el individuo concurre como ciudadano que ejerce su derecho.

¿Establecimientos públicos de propiedad

privada?

Ahora bien, la posición discutida al principio afirmaba que los establecimientos particulares subvencionados debían ser considerados parte de la educación pública. Lo que hemos visto hasta ahora muestra que este argumento se basaba en una noción incoherente de “educación pública”. Dado el régimen jurídico chileno, sólo la educación estatal es educación pública. Pero la cuestión podría plantearse, por así decirlo, al revés: ¿es posible concebir un régimen legal en el que establecimientos de propiedad privada sean parte de la “educación pública”?

En Chile hemos aceptado que es a través de iniciativas privadas que pueden perseguirse finalidades públicas. Pero la manera en que lo hemos hecho ha desnaturalizado esas finalidades, porque la finalidad “pública”, por ejemplo, de un sistema de salud no es sólo proveer de prestaciones de salud sino garantizar el derecho igual de cada ciudadano en tanto tal a esas prestaciones de salud.

Está en lo correcto el neo-liberal que alega que no hay razón por la que las finalidades públicas sólo puedan ser perseguidas por el Estado. Lo que es inaceptable (porque distorsiona esas finalidades) es su pretensión de que puede (o debe) hacerlo sujeto al régimen de los agentes privados. Para que las iniciativas privadas reemplacen al Estado en la provisión de prestaciones públicas es necesario que asuman la posición de asimetría que el Estado tiene frente al ciudadano.

Por consiguiente, no hay razón para negar la posibilidad de que se cree legalmente una categoría de establecimientos públicos de enseñanza que sean de propiedad privada. Para esto sería necesario configurar el régimen legal aplicable a esos establecimientos educacionales privados (en cuanto a su propiedad y gestión) de modo que ellos asumieran la posición de asimetría, ante el ciudadano, característica del Estado. Si esa categoría legal existiera, entonces la homologación entre establecimientos de propiedad del Estado y educación pública sería objetable (esto muestra que dicha homologación no es conceptual, es decir, necesariamente correcta e independiente del contenido del régimen legal aplicable). Mientras dicha categoría no exista, la homologación es correcta, y la subsistencia de la educación estatal es la marca de que el Estado chileno está comprometido con la educación como derecho del ciudadano.

Esto es hoy difícil de pensar porque no hay un estatuto de la educación pública. Como el establecimiento público es pensado desde el particular pagado, de modo que “público” sólo quiere decir “del Estado”, la idea de una educación pública provista por establecimientos que no sean de propiedad del Estado es radicalmente incoherente, como hemos visto que ocurre con la posición del crítico que pretendía revisar el concepto de “educación pública”.

Si la educación pública tuviera un régimen propio, la cuestión sería más fácil: bastaría decir que es público todo establecimiento, incluidos los que pertenecen en propiedad a agentes privados, que se someta a ese régimen. El proyecto de ley de fortalecimiento de la educación pública contiene un incipiente régimen legal del establecimiento público (el título II, Arts. 5-12)2. Si ese régimen fuera aprobado, no

hay razón por la que no podría aspirar a ser tratado como “público” un establecimiento de propiedad de una persona de derecho privado que estuviera dispuesta a asumir lo que el proyecto denomina “Deberes especiales de los sostenedores públicos”, y podría decirse entonces: la educación pública es la provista por establecimientos que asumen los deberes especiales que se siguen de la asimetría entre el Estado y el ciudadano.

Coda: ¿Es sostenible la educación pública

en un sistema mixto?

El argumento desarrollado más arriba tiene una consecuencia importante. En un sistema como el chileno, en que los establecimientos de la educación pública y de la educación particular deben coexistir compitiendo, los segundos pueden ofrecer en el mercado un bien inapreciable que los primeros por definición no pueden ofrecer: selección. Como algunos establecimientos (los privados) pueden ofrecer selección y otros (los públicos) no, la educación privada tenderá a ser la educación a la que asistan todos aquellos que se benefician de la selección. Los que no se benefician de ella son aquellos que en sentido económico, social o cultural están peor situados. En un sistema mixto como el chileno, la educación pública tiene una tendencia interna a transformarse en un ghetto de marginalidad.

Para mostrar que éste es el caso, basta notar que el que asiste a un establecimiento que establece condiciones de ingreso asegura por ese solo hecho que estudiará junto a otros individuos que satisfacen esos criterios de ingreso. Todo establecimiento que puede seleccionar, entonces, puede adecuar su oferta de educación a un “target”: la clase de individuos que pueden satisfacer sus condiciones de acceso (y así separarse de los que están debajo de ellos) y que no puedan satisfacer condiciones de ingreso de un establecimiento más selectivo (por lo que se separará de los que están más arriba de ellos).

Un sistema mixto como el chileno, entonces, tenderá a la progresiva segregación, y en definitiva cada uno asistirá al establecimiento que su dinero puede pagar: ni un peso más abajo ni un peso más arriba. Y en el fondo, desde luego, se creará un subsistema de estudiantes socioeconómicamente deprivados y socialmente marginados. Lo que caracterizará a ese subsistema será que sus establecimientos no seleccionan, y atienden entonces sólo a aquellos a los que la selección no beneficia.

El sistema educacional chileno es el paradigma de un sistema diseñado para transmitir el privilegio. En materia educacional, para el privilegiado Chile es el mejor de los mundos posible.

__________________________________

* http://www.radiobiobio.cl/2010/08/23/preparan-proyecto-para-profunda-reforma-del-sistema-educacional-municipal/

Notas

1 Profesor de Derecho, Universidad de Chile, Universidad Adolfo Ibáñez. Este artículo incorpora material publicado en: Atria, F. (2009) ¿Qué es educación pública? Revista de Estudios Sociales, 117, 45-69, Corporación de Promoción Universitaria, Santiago. Y en Atria, F. (2007), Mercado y Ciudadanía en la Educación, Santiago, Flandes Indiano. A los que me permito remitir al lector.

24
Sep
10

Liceos Bicentenario, los liceos de la clase media

Esta semana, el ministro Lavín dio a conocer la nómina de los primeros 25 Liceos Bicentenarios, la mitad de un total de 50 que prometió el presidente Piñera en su período de gobierno. La información entregada por el titular de educación es interesante, ya que con cifras concretas y criterios de adjudicación, podemos empezar a comprender el derrotero que seguirá nuestra educación en los próximos cuatro años.

Los Montos

El gobierno entregará un monto diferenciado de recursos, de acuerdo a si el liceo es nuevo o si se reconvierte para estos efectos. Los colegios que se construirán bajo esta modalidad, suman 7 y recibirán un aporte estatal individual que asciende a los 1000 millones de pesos; en tanto, si el colegio ya existía y se reconvierte bajo la modalidad de excelencia, recibirá 500 millones de pesos. Dentro de los requisitos que deberán solventar estos sostenedores, se pide una “biblioteca de calidad” para los alumnos de sétimo a cuarto medio, y para los alumnos de séptimo que ingresen a marzo de 2011, se les deberá dotar con un notebook por alumno y una pantalla digital o data show por sala.

Los Elegidos

Según las bases de licitación que entregó el MINEDUC, el proyecto Bicentenario está abierto a la participación de liceos tanto fiscales o con fines de lucro. Esta vez, la cifra repartidora se dividió en 23 liceos fiscales y sólo dos particulares subvencionados.

The Accountability

Los liceos favorecidos tendrán una concesión de 10 años, en la cual serán fiscalizados por una nueva entidad denominada Secretaría Técnica de Educación. Esta entidad, que aplicará a lo menos dos pruebas estandarizadas por año, exigirá que los establecimientos estén entre el 10% de los mejores niveles de rendimiento del lugar donde se emplacen. En lo inmediato, exigirá que para la mediación SIMCE 2013, los colegios deban tener un promedio de corte equivalente a 285 puntos en octavo, y 295 en segundo medio; además de un puntaje mínimo de 585 en la PSU. Ahora bien, qué pasa si los colegios no cumplen con los estándares exigidos por la Secretaria Ministerial, deberán retirar el “título bicentenario”, pero, según las bases de licitación, se podrán quedar con los implementos comprados con fondos estatales.

Conclusión

Los liceos bicentenario, qué duda cabe, funcionaran bien y probablemente muchos estarán por sobre los estándares que se les exigen, serán una bonita cifra, pero que sólo abarcarán a 3000 alumnos, una cantidad exigua en comparación al universo escolar. En cambió, será una muestra más del alto nivel de segregación y discriminación social que sufren los más pobres del país, los que no podrán optar a estos colegios hechos fundamentalmente para la clase media. Por otra parte, me parece discutible la forma en que se selecciona a los sostenedores, por qué se le entregarán 1000 o 500 millones de pesos a entidades que pueden lucrar con ella y, además, peor aún, si no cumplen con los estándares se pueden quedar con la inversión. No quiero pecar de excesiva suspicacia, pero qué pasa si un sostenedor recibe 1000 millones, construye un colegio y después de 10 años no da el ancho, se queda con el colegio, claro, eso sí, deberá quitarle el emblema bicentenario.

Fuentes

Mineduc.cl

La Tercera, 22 de septiembre de 2010.

El Mercurio, 23 de septiembre de 2010.

15
Ago
10

Pedagogía de Excelencia, suena bien y se ve bien, pero…

“No se pueden abordar en forma coherente 
los desafíos actuales de la educación, 
sin un cambio importante en las 
instituciones formadoras de profesores”.
(Cristián Cox D.)*

Esta semana, el ministro Lavín profundizó una de las siete medidas del programa denominado “Manos a la Obra” (1), con el que el gobierno del presidente Piñera pretende revertir los bajos resultados de la educación chilena. En efecto, la medida apunta a incorporar a la carrera de pedagogía a alumnos que obtengan buenos resultados en la PSU, para atraerlos, el Estado compensará a los jóvenes interesados que obtengan sobre 600 puntos con el pago completo de la carrera, si el interesado obtiene más 700 puntos, se le entregará una beca mensual de 80 mil pesos, pero, si el interesado obtiene más 720 puntos, el Estado además le asegurará una pasantía al extranjero por un mínimo de 6 meses. Los requisitos que deberán cumplir los postulantes, además del puntaje, será poner pedagogía como primera opción de carrera, postular a una universidad que tenga un puntaje mínimo de selección de 500 puntos y, los egresados deberán trabajar los tres primeros años en colegios fiscales o particular subvencionados (2).

Sin lugar a dudas la medida apunta a un anhelo compartido ampliamente por la comunidad docente y especializada en el tema, ya que, como es sabido, la calidad del docente es uno de los factores más importante en el aprendizaje de los alumnos (3); además la Prueba Inicia 2009, demostró una relación directa entre puntajes obtenido en al PSU y los resultados de la prueba (4). Ahora bien, lo que ha llamado la atención de la comunidad educativa es que el ministro Lavín no sitúe esta importante medida en un marco más amplio de reformas, no resulta coherente pedirle a jóvenes con buenos puntajes que estudien pedagogía sólo porque se les va a pagar la carrera, también hay que asegurarles una formación inicial de excelencia y, algo no menor, establecer el nivel de remuneraciones que van a percibir en el ejercicio profesional.

En efecto, lo primero que se debe normar en nuestro país es la formación inicial de maestras y maestros, luego de ahí invitar a los mejores a estudiar pedagogía, lo contrario es poner los bueyes delante de la carreta. Lo que demuestra la evidencia hasta el momento, es que  en términos generales no se está formando debidamente a los profesores, pero sí se está lucrando de ellos en forma bastante poco ética. El puntaje de corte de la mayoría de la Universidades que dan la carrera es inferior a los 450 puntos, llegando en algunos casos a los 370 puntos; si una Universidad o Instituto deciden inscribir a alumnos de tan bajo rendimiento PSU, debieran ser ellas, la que asuman la responsabilidad de nivelarlo y darle las competencias necesarias para que mejore su desempeño. Qué hacen estas instituciones, entregan títulos sin ningún escrúpulo y, peor aún, sin fiscalización de nadie. En este sentido el Estado debe tener un rol mucho más activo, dejar que todo lo regule la libre competencia resulta no sólo ingenuo a estas alturas, ya que eso como queda demostrado no se logró. Se debe discutir un curriculum común, que tenga un equilibrio claro entre el conocimiento académico y conocimiento pedagógico de los futuros maestros; una carrera que dé cuenta de los cambios que genera la sociedad de la información, y de cómo las TIC están cambiando los aprendizajes. El Estado debe fiscalizar a todas las instituciones, tanto públicas como privadas, del total y correcto cumplimiento de este curriculum, con normas claras que permitan acabar no con el negocio, sino con el negociado.

Pero, a mi parecer, no creo todavía que se pueda invitar a los buenos puntajes a estudiar pedagogía. Resuelto el tema de la excelencia en la formación inicial, digámosles en qué tipo de carrera profesional se van a desempeñar y cuánto van a percibir como remuneración promedio. Cómo se va a articular la carrera, vale decir qué número de alumnos por sala se estima necesario para una buena enseñanza, cuantas horas lectivas tendrán a la semana, qué tipo de infraestructura didáctica tendrán a su alcance para administrarlas pedagógicamente. Aclarado estos dos puntos previos, creo que ahí se puede abrir una oferta interesante para que jóvenes de buenos rendimientos académicos y vocación opten por la pedagogía, si no se hacen estas correcciones previas, la medida no tendrá mayor incidencia y, sólo será un anuncio que suena bien, se ve bien, pero sin mayor impacto.

Por último, de la propuesta de Lavín, hay algo que merece una reflexión por parte de la sociedad, y es lo que dice relación con la clausula de compromiso de los egresados de trabajar tres años para la educación pública o particular subvencionada. Creo que se debe abrir un debate en torno a este tema, por qué los profesores que egresen deberán retribuir al país trabajando en liceos particular subvencionados, en liceos fiscales no hay reparos, pero, por qué si el país con nuestros impuestos hace un esfuerzo por pagarle la carrera a estudiantes de elite, estos puedan escoger entre un colegio público o uno con fines de lucro. Creo que este es un debate que se debe dar abiertamente, del cual aún no se ha dicho nada.

* Educación en el Bicentenario: dos agendas y calidad de la política. Pensamiento Educativo. Vol. 40, 2007. Edit. Pontificia Universidad Católica

Notas

1.- Ver en, https://guillermobastias.wordpress.com/2010/07/19/los-7-puntos-de-lavin-en-icare-2/

2.- Ver, La Tercera del 10. 08. 2010, en: http://latercera.com/noticia/nacional/2010/08/680-283078-9-mineduc-pagara-100-de-carrera-de-pedagogia-a-alumnos-con-mas-de-600-puntos.shtml

3.- Cumulative and Residual Effects of Teachers on Future Student Academic Achievement. William L. Sanders and June C. Rivers, November 1996.

4.- Los estudiantes de pedagogía que obtuvieron cerca de 450 puntos en la PSU, obtiene logros en Educación Generalista cercanos al 47%, en Educación Parvularia cercanos al 47% y sus resultados en la Prueba de Comunicación Escrita se promedian cerca de los 298 punto. En tanto, para los alumnos que obtuvieron un puntaje de más 550 puntos en la PSU, los resultados son: Educación generalista 69% de logro, Educación Parvularia 58% de logros, Prueba de Comunicación Escrita 327 puntos. Desgraciadamente, la mayoría de las Universidades recibe alumnos que imparte pedagogía tienen puntajes de corte inferiores a los 450 puntos

09
Ago
10

Los Pingüinos otra vez

Con menos espectacularidad mediática, pero con las mismas demandas aparecieron nuevamente los estudiantes de Enseñanza Media. En efecto, el año 2006 la prensa nacional se dio un festín con la llamada movilización pingüina, apuntando a entorpecer el primer año del gobierno de Bachelet; hoy en cambio, el fenómeno no da para titulares y sólo se expresa como noticia de segundo orden. Pero, por si Ud. no se ha enterado, a la fecha han sido tomado el Liceo Amunátegui, Confederación Suiza e Instituto Nacional, la modalidad, los establecimientos son ocupados en la noche y luego subrepticiamente abandonados antes que llegue carabineros; a esta táctica hay que agregar marchas masivas, como la del pasado 4 de agosto (1) donde dieron a conocer sus demandas; otra estrategia consiste en tomas de calles relámpagos, donde interrumpen el tránsito y, cuando llega carabineros se disuelven rápidamente. Pero, además, si Ud. pensaba que este es un fenómeno que trasciende sólo a la capital, le puedo contar que en Temuco, 3 liceos realizaron un paro de actividades exigiendo el fin de la LGE (2).

Los secundarios, agrupados en la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES), funcionan bajo una organización horizontal, con vocerías rotatorias y con resoluciones tomadas en asambleas; vale decir, los jóvenes, equivocados o no, tienen una organización eminentemente democrática que ya se la quisiera cualquiera de los partidos políticos legítimamente legalizados en Chile.

Ahora bien, qué piden. Lo mismo que pedían sus compañeros el 2006; vale decir, pase escolar gratuito, fin a la Jornada Escolar Completa (JEC), el fin de la LGE y la estatización de la educación pública. Qué tan plausible resultan estos planteamiento hoy día, ya que el 2006 había un amplio consenso en su coherencia y necesidad. Vamos por parte, La JEC, según el Ministerio de Educación está destinada a “aportar al mejoramiento de la calidad de la educación e igualar las oportunidades de aprendizaje de los niños, niñas y jóvenes de todo el país, al aumentar de manera significativa los tiempos pedagógicos con el propósito de desarrollar mejor el nuevo marco curricular” (3). En el papel se lee y se ve bien, pero en la realidad la JEC no ha logrado mejorar la calidad de la educación; basta para ello ver los resultados SIMCE y PSU. Si bien, no sea necesario acabar con esta medida, qué duda cabe, es necesario una profunda reformulación de ella.

El pase escolar gratuito por todo el año, los 365 días del año. La ex presidenta Bachelet, en junio de 2006, prometió “el transporte gratuito las 24 horas del día, los siete días a la semana y durante todo el año escolar” (4), para todos los alumnos que lo necesiten, vale decir los de menores recursos. La promesa fue hecha por la jefa de Estado, por tanto y en virtud de lo mismo, es el Estado el que le debe a los alumnos una explicación de porque ayer sí y hoy no. Por otra parte, a alguien le parece excéntrico que los alumnos de menores recursos, a la luz de la encuesta CASEN, tengan gratuidad en el pase escolar.

El último punto parece más complicado, vale decir, el fin de la LGE y la vuelta de la educación al Estado. En este sentido, permítaseme algunas observaciones preliminares para introducir el tema. En el mundo, los sistemas educativos son eminentemente públicos (Finlandia, 97% público, 3% particular; Corea, 99% público, 1% privado; Reino Unido, 96% público, 4% privado; Suecia, 95% público, 5% privado (5), etc.). Segunda observación, Martín Carnoy en su último libro concluye: “el Estado necesita asumir la responsabilidad pública del éxito escolar de los niños, y tiene que ser un activista eficiente para transformar el papel actual de la dirección educativa en un control mucho mayor de todo lo que ocurre en la escuela” (6). Para el académico de Stanford, la educación debe ser eminentemente pública, situación que demuestra científicamente en el libro ya citado, tomando como ejemplo a Chile, Brasil y Cuba (7). Es más, el 9 de abril de 2007, la presidenta Bachelet envió al Congreso la Ley General de Educación que reemplazaría a la antidemocrática LOCE. En el proyecto, el artículo 44 planteaba, “es condición del reconocimiento oficial de un establecimiento educacional que tenga un sostenedor, y sólo pueden ser sostenedores las municipalidades y otras entidades creadas por ley y las corporaciones y fundaciones cuyo objeto social único sea la educación. En otras palabras, ni las personas naturales ni las personas jurídicas con fines de lucro (sociedades) pueden ser sostenedores de establecimientos educacionales reconocidos por el Estado” (8). Qué es lo que estaba planteando el gobierno de la época, ni más ni menos que el fin del lucro en la educación, que, dicho sea de paso, cuenta con el apoyo mayoritario de la población (9). Por último, la ex presidenta Bachelet envió a fines del 2009 un proyecto de Fortalecimiento de la Educación Pública (10); este proyecto, atenuaría en algo el descontento que se generó en el mundo social, sectores concertacionista y académicos, el acuerdo en la LGE.

En esta perspectiva, me parece ingenuo de parte del ministro Lavín decir que “este no es un año para paros” y a renglón seguido decir que el tema del “pasaje escolar es del Transantiago en su conjunto y lo está viendo el ministro de Transportes” (11). Es verdad que el gobierno cambió de coalición política, pero los problemas en educación siguen siendo los mismos. Un gobierno, del signo político que sea, cuando es electo por una cifra inferior a 3,5 puntos porcentuales por encima de su adversario, no puede tan fácilmente desconocer las promesas hechas por la Concertación al movimiento social. Lo del pase escolar, se ofreció gratuidad para los jóvenes de menores recursos, qué ha pasado, el pasaje ha subido. Qué pasa con la Ley de Fortalecimiento de la Educación Pública; pensar que la educación se arregla con liceos de alto rendimiento, competencias entre escuelas y alargar las horas de clases, es desconocer en forma un poco altanera a la sociedad civil, la misma que desde la academia, los gremios y los movimientos sociales han logrado compromisos con las autoridades en ejercicio, que claramente son del gobierno saliente. Lo importante sería saber en forma abierta y palmaria, si el presidente Piñera reconoce ese compromiso o hace tabla raza de él. Las medidas represivas que ha anunciado el alcalde de Santiago, o el ninguneo de la clase política que ayer celebró las acciones de los jóvenes de enseñanza media, sólo permiten generar un clima de mayor radicalización y falta de entendimiento; lo prudente no creo que haya que pedírsele a los alumnos, no, la prudencia debe estar en las autoridades que detentan responsablemente el poder.

Ver entrevista de El Mostrador TV a Damián Contreras, dirigente de ACES. (5 de Agosto de 2010).

Notas

1.- Según La Tercera, unos dos mil estudiantes de Enseñanza Media se congregaron en las inmediaciones del Museo de Bellas Artes, para luego marchar a Plaza Italia. La marcha se registró en orden y no hubo detenidos (Fte. La Tercera. Ver en: http://latercera.com/noticia/nacional/2010/08/680-281597-9-dos-mil-estudiantes-secundarios-se-reunieron-en-plaza-italia.shtml

2.- “Cerca de un 100% de adhesión tuvo el paro de tres liceos emblemáticos de Temuco, al llamado de movilización nacional hechos por los estudiantes secundarios, quienes rechazan la actual Ley General de Educación y el recorte de presupuesto en establecimientos públicos de La Araucanía”. Los liceos fueron, el Liceo Técnico Femenino A-21, el Pedro Aguirre Cerda y el emblemático Pablo Neruda. (Fte. Bio-Bio La Radio, ver en: http://www.radiobiobio.cl/2010/08/04/3-liceos-de-temuco-se-sumaron-al-paro-nacional-en-protesta-contra-ley-general-de-educacion/

3.- Ver, MINEDUC, Jornada Escolar Completa, en: http://600.mineduc.cl/docs/informacion/info_guia/guia_jorn.pdf

4.- “CHILE: Bachelet anunció pase escolar gratuito las 24 horas para estudiantes de menores recursos”. Radio Universidad de Chile, Viernes 2 de Junio 2006 6:06 hrs.  Ver en: http://radio.uchile.cl/noticias/30188/

5.- Fuente, OECD, Education Trends in Perspective, 2005.

6.- Carnoy Martín. LA VENTAJA ACADEMICA DE CUBA ¿Por qué los estudiantes cubanos rinden más? FCE, 2010.

7.- Ibíd., óp. Cit.

8.- Atria Fernando. Mercado y Ciudadanía en la Educación. Flandes Indiano, 2007.

9.- En la 5° Encuesta de Opinión Pública de la Universidad Diego Portales, de octubre de 2007, dio como resultado que un 63,4% está de acuerdo en que los colegios particular subvencionados pasen a manos del Estado. Para mayor información, ver en: https://guillermobastias.wordpress.com/2009/10/29/que-dice-la-5%C2%B0-encuesta-de-la-udp-sobre-educacion/

10.- Bajar, desde acá: http://www.mineduc.cl/biblio/documento/200812051618010.1151-356%20Mensaje%20LEP%201.pdf

11.- La Tercera, 4 de agosto de 2010. Ver en: http://www.latercera.com/noticia/nacional/2010/08/680-281698-9-ministro-lavin-este-no-es-un-ano-para-paros.shtml