Posts Tagged ‘JJ. Brunner

07
Abr
11

La Contrarreforma educativa del Gobierno

“Con estas percepciones en mente, el Panel se ha inclinado por postular reformas que suponen cambios significativos aunque acotados”
(Panel de Expertos)*

“Se vogliamo che tutto rimanga come è, bisogna che tutto cambi”, la frase de  Lampedusa bien se podría aplicar a la última oferta educativa que entregó el Panel de Expertos Educativos el pasado 25 de marzo, en la cual pretende darle un segundo aire a la alicaída Educación Pública chilena. En efecto, esto fue parte del protocolo suscrito por la Concertación y el gobierno para salvar la reforma educacional del año pasado y obligaba al gobierno a ingresar entes del 30 de septiembre del 2011 un proyecto de ley que abordara la institucionalidad y financiamiento de la educación municipal (1). Ahora bien, todo indica que los acuerdos adoptados por el sector de la Concertación que está representado en el Panel de Expertos y el gobierno fluyeron rápido, en tiempo record se amasó un documento titulado FORTALECIMIENTO DE LA INSTITUCIONALIDAD PÚBLICA, que en 86 páginas tratan de cambiar todo, para que todo siga igual.

Las ALE

En palabras del Panel, se proponen “cambios significativos pero acotados”, y dicho sea de paso, son cambios bien poco significativos y muy acotados. Con la premisa de no desvincular a la educación de sus raíces locales se plantea la creación de Agencias Locales de Educación (ALE), corporaciones de giro único que estarán dirigidas por un Consejo Directivo nombrado por el alcalde a través de la Alta Dirección Pública y otros por la comunidad educativa. El número mínimo de estudiantes que deberá contar una ALE, será de 3.000, de lo contrario deberá fusionarse con otras ALE comunales. Ahora bien, del financiamiento nada, el Panel de Expertos considera que con estos cambios la educación pública se financiará sólo con la subvención estatal por alumno.

Cuánto fueron, cuatro ó cinco meses para evacuar eso: que todo siga igual. Se sabía dada la composición del panel –todos partidarios de la educación de mercado-, no se podían esperar grandes cambios, pero lo planteado es vergonzoso. Obviamente el panel no hace ninguna mención al abuso de la subvención compartida, la que le permite a privados obtener además de la subvención estatal fondos frescos de los apoderados y, sin que a la fecha puedan demostrar que realizan mejor su labor educativa.

Lo concreto, lo propuesto por el panel gobiernista no soluciona la crisis de la educación pública, por el contrario la seguirá manteniendo en desigualdad con su competidora; esta reforma no es más que una contrarreforma destinada a que todo siga igual que antes, con una educación pública que desaparece para dejar sólo operadores de mercado proveyendo educación que, no sólo segrega económicamente  sino también socialmente.

Por último, me parece necesario mencionar la actitud inescrupulosa de la oposición concertacionista, ya que por una parte critican la propuesta del gobierno y por la otra mantienen militantes en el Panel de Expertos. En efecto, doña Carolina Tohá no tuvo reparos en distanciarse del militante PPD Ciro Colombara cuando éste asesoró a la ex intendenta del Bío-Bío, pero mantiene silencio cómplice con sus correligionarios JJ Brunner y Jaime Pavez que participan activamente en el panel educativo gubernamental. La verdad, sería sano que los partidos opositores sinceraran su relación o contubernio con el modelo educativo del presidente Piñera, el caso de la DC, participan Sergio Molina, José Pablo Arellano y Mariana Aylwin en el panel y su presidente, Ignacio Walker, no ha aclarado si su participación es personal o institucional.

R.A.: Baje documento del P. de Expertos (Aquí)

* Fortalecimiento de la Institucionalidad Pública, pág. 37.

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Notas

1.- Es importante rescatar que el proyecto que consensuaron los senadores de oposición y gobierno habla de la institucionalidad y el financiamiento, como se desprende de lo manifestado por el senador Lagos: Protocolo de acuerdo sobre la calidad y equidad de la Educación. Punto Central, 21 enero, 2011. Ver en: http://www.puntocentral.cl/?p=7839&utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=senador-lagos-protocolo-de-acuerdo-sobre-la-calidad-y-equidad-de-la-educacion

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07
Feb
11

La educación en la calle

“Mientras los tomadores de decisiones no comprendan el rol estratégico que el fortalecimiento de la educación pública tiene para elevar la calidad y equidad del sistema educacional, estos malentendidos continuarán confundiendo la discusión e impidiendo al país avanzar en este crucial frente”.
(Cristián Bellei)*

El acuerdo amasado entre los partidos de la Concertación y la derecha en torno a la “gran reforma educacional del presidente Piñera”, dejó varios flancos abiertos que el mundo social, gremial y académico debiera tener en consideración y que se instalaran con fuerza a partir de marzo del presente año, el primero, consiste en el envío, antes del 30 de septiembre de 2011, de un proyecto de ley que abordará la institucionalidad y financiamiento de la educación municipal; el segundo, la pronta promulgación de la Ley de Aseguramiento de la Calidad de la Educación, cuerpo legal que crea una agencia aseguradora de la calidad y una superintendencia de educación; el tercero, la reforma a la educación universitaria, que pretende ampliar el Consejo de Rectores a las casas de estudio privadas; y cuarto, se debiera enviar, antes del 1° de marzo de 2012, un proyecto para modernizar la carrera profesional docente. Como se puede apreciar, el 2011 será un año donde las políticas educativas se tomarán la agenda política del país, con un agravante, esta vez la discusión se dará en medio del año político lo que permitirá al mundo social, gremial, académico y estualtil expresar su opinión y, de ser necesario, transformarse en un actor relevante de la discusión.

Lo que está en juego

Vista así la cosa, la discusión que se avecina no es menor lo que está en juego es el tipo de educación que tendrá nuestro país en los próximos 20 años o más, son leyes que tocan áreas sensibles por lo cual bien vale echarles una mirada más profunda. Lo primero que se avecina es la ley de aseguramiento de la calidad que, según Ricardo Lagos Weber, fue un acuerdo subscrito entre el gobierno y algunos parlamentarios de de oposición en orden a despachar en marzo próximo (1). Esta ley crea dos nuevas instituciones, una superintendencia de educación encargada de recibir los reclamos y velar por la correcta utilización de los dineros públicos y, la más controvertida, una agencia aseguradora de la calidad. Es esta agencia la que ha sido cuestionada por la comunidad académica, debido a que intentaría consolidar un modelo educacional basado en estándares. En efecto, este modelo se viene en retirada en el mundo ya se ha demostrado que tiende a reducir el curriculum a lo que miden los estándares, reduciendo la educación a una mera capacitación de competencias tendientes a resolver pruebas y subir los estándares. Esta visión conductista de la educación, tiende a mirar al ser humano como un ente que funciona en base a estímulos y respuestas, premios o castigos, dejando afuera el entorno social, el tipo de hogar al cual pertenece el alumno, por último, este modelo educativo se aparta de aquello que es central en educación donde se ubica la formación ética, intelectual, emocional, artística, el pensamiento lógico, la creatividad, etc… es decir todo lo que realmente debiera interesar en la formación de nuestros jóvenes (2). Por último, esta ley fue rechazada por el congreso en mayo del año pasado, por lo cual durmió ocho meses en comisión mixta y, ahora, rápidamente, entre gallos y media noche la oposición se compromete a promulgarla en marzo próximo. No sé porqué, pero algo me huele mal.

En este año se debieran discutir dos proyectos vitales para la educación pública, uno que pretende ampliar el consejo de rectores que agrupa a las universidades públicas a las entidades privadas con fines de lucro, el otro abordará la institucionalidad y financiamiento de la educación municipal y establecerá fórmulas alternativas a la administración municipal de las escuelas y liceos. Actualmente el Consejo de Rectores (CRUCH) está integrado por 25 universidades, 16 universidades del Estado y 9 universidades privadas que reciben Aporte Fiscal Directo, lo que pretende el presidente Piñera es ampliarlo a las 35 universidades privadas que operan en el país, situación que llevó a decir al rector de la Universidad de Chile, Víctor Pérez que: “Rechazamos, de modo respetuoso, pero de manera categórica toda propuesta que, con el argumento de modernizar el sistema universitario, termine por profundizar la privatización y mercantilización del sistema” (3). En efecto, esta reforma implicaría que tanto a universidades privadas y públicas se le otorgaran las mismas oportunidades en cuanto a criterios de financiamiento, créditos y becas; con lo cual se le estaría entregando fondos públicos a entidades que tienen como fin fundamental el lucro y, si bien algunas tienen un alto desempeño profesional la mayoría deja mucho que desear en la forma como manejan “el negocio”. El otro proyecto que se deberá presentar este año, es el que busca una nueva institucionalidad y financiamiento para la educación municipal. Sobre el particular existe la Ley de Fortalecimiento de la Educación Pública (4) que lleva durmiendo en el Congreso desde el 2008, además del anteproyecto educacional que presentaron los partidos de la Concertación (5) a principios del 2011. Pero, más allá de cuál sea el envase, existe consenso en la comunidad académica, gremial y estudiantil que para rescatar y fortalecer la educación pública, esta debe contar con un aporte fiscal directo, independiente de la subvención estatal, que permita tener una educación gratuita, pluralista, laica, inclusiva y de excelencia para todos independiente de su condición socioeconómica.

Por último, con fecha 1° de marzo de 2012 vence el plazo para que el gobierno ingrese al Congreso un proyecto para modernizar la carrera docente. Según el protocolo de acuerdo Concertación-Gobierno (6), que dicho sea de paso es bastante ambiguo, se habla de formación continua, de dignificación y valoración social de la profesión. Pero, si el país quiere tener una carrera docente efectiva debe además de lo mencionado abordar dos temas vitales, como son las horas no lectivas, es decir, aquellas que permiten organizar las clases, revisar y corregir las evaluaciones, junto con recibir a los apoderados, en nuestro país representan sólo el 25 % de la jornada laboral docente, los países que integran OCDE, del cual Chile es miembro, destinan en promedio un tercio de las horas al trabajo fuera del aula; el otro tema que hay que enfrentar es el número de alumnos por profesor, el que debe definirse por el grado de vulnerabilidad del sector socioeconómico en que se desenvuelva el centro educacional. Por último, se debe exigir una carrera docente única para todo el gremio docente independiente del tipo de sostenedor, llámese público o privado. Hoy día se establece una odiosa segregación, donde los maestros que laboran en el sector privado sólo se rigen por el Código del Trabajo, con lo cual quedan desprotegidos dando origen a múltiples arbitrariedades, como despidos masivos, listas negras, persecución sindical entre otro muchos abusos.

Los actores

El 2011 será un año de pocas sorpresas, los jugadores ya se conocen y muchos ya demostraron su estrategia de juego. El MINEDUC tendrá poco espacio para especular y todo indica que se apoyará en el Panel de Expertos (7) para, desde allí tratar de buscar acuerdos con la Concertación. El bloque opositor en cambio, deberá aclarar primero el rol que cumplen sus militantes dentro del Panel de Expertos (8), se debiera saber si ellos participan a título personal o representan la voz de la Concertación; lo segundo, delinear una política clara y compromiso público de respaldo en el congreso. Por su parte, el bloque social integrado por el mundo académico, gremial y estudiantil, debiera consensuar una propuesta educativa pública que nazca fruto de una discusión abierta, amplia y pluralista, que se constituya como un ejercicio cívico republicano. Debiera además, diseñar una política de masas inteligente y atractiva que le permita posesionar los contenidos más que las acciones, en el entendido que la educación saldrá a la calle, probablemente se hará en la calle, pero por un objetivo mayor, la defensa de la educación pública.

 

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* Cristián Bellei, Educación: con tarea para marzo. La Tercera, 25/01/2011. Ver en: http://www.latercera.com/noticia/opinion/ideas-y-debates/2011/01/895-340533-9-educacion-con-tarea-para-marzo.shtml

Notas

1.- Lagos Weber califica de “trabajo responsable” cronograma que define aplicación de la Ley de Educación. Ver en: http://www.lagosweber.cl/senador/index.php?option=com_content&view=article&id=442:acuerdo-en-educacion&catid=20:documentos&Itemid=71

2.- Para mayor información sobre reformas Basadas en Estándares (RBS), ver: La Política de Reforma Basada en Estándares aplicada a Chile. Otra mala idea, en: https://guillermobastias.wordpress.com/2010/11/05/la-politica-de-reforma-basada-en-estandares-aplicada-a-chile-otra-mala-idea/ ; Las sociedades que tienen grandes cantidades de mediciones no mejoran los resultados educativos, ver en: https://guillermobastias.wordpress.com/2010/11/29/las-sociedades-que-tienen-grandes-cantidades-de-mediciones-no-mejoran-los-resultados-educativos/

3.- Pérez y Piñera polemizan por reforma a Ley de Universidades, La Tercera, 24 de junio de 2010. Ver en: http://diario.latercera.com/2010/06/24/01/contenido/13_30664_9.shtml

4.- Para mayor información ver: Ley de Fortalecimiento de la Educación Pública: un bonito canto de sirenas, en: https://guillermobastias.wordpress.com/2010/10/12/ley-de-fortalecimiento-de-la-educacion-publica-un-bonito-cato-de-sirenas/

5.- Para mayor información ver: La Reforma Educacional de la Concertación, ver en: https://guillermobastias.wordpress.com/2011/01/13/la-reforma-educacional-de-la-concertacion/

6.- Senador Lagos: Protocolo de acuerdo sobre la calidad y equidad de la Educación, ver en: http://www.puntocentral.cl/?p=7839&utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=senador-lagos-protocolo-de-acuerdo-sobre-la-calidad-y-equidad-de-la-educacion

7.- Panel de Expertos para una Educación de Calidad, ver en: https://guillermobastias.wordpress.com/2010/05/05/panel-de-expertos-para-el-cambio-del-estatuto-docente/

8.- Los PPD: José Joaquín Brunner y Jaime Pavez; DC: Sergio Molina, Pablo Arellano y Mariana Aylwin; la independiente pro Concertación: Pilar Romaguera;

09
Dic
10

La especulación en política pública no es un buen negocio

“Vamos a ser sometidos a una doble evaluación, sin control,
sin mecanismos que aseguran la Objetividad.
Es un retroceso y, en vez de andar persiguiendo a los profesores, 
(el ministro) debería preocuparse de evaluar el sistema.
(Jaime Gajardo) *

En la madrugada del pasado 30 de noviembre, ingresaron a la cámara baja dos proyectos de ley con lo que el gobierno quiere implementar la denominada “mayor reforma educacional de los últimos años”. El primero, en discusión ordinaria, pretende hacer obligatoria la Prueba INICIA y vincular sus resultados a mejoras salariales. El segundo, que en un principio llegó con suma urgencia y ahora se acordó con la oposición promulgarlo para fines de enero del próximo año, pretende introducir cambios en el estatuto docente en torno a establecer una cuota de despidos de un 5% anual, además de implementar la concursabilidad de los directivos docentes y suscribir con ellos convenios de desempeño. El proyecto, digámoslo con seriedad, es modesto. Ligar mejoras de salario a los resultados de una prueba de conocimiento de contenidos, sin saber siquiera cuál será el desempeño en el aula del futuro docente, qué conocimiento pedagógico de esos contenidos desarrollará, es no entender nada de la carrera de pedagogía; cuánto demora un egresado en tomarle el pulso a la docencia, entre tres a cuatro años en los mejores casos. La medida es mala, porque entre otras cosas estimulará a las universidades a potenciar los contenidos duros de la carrera, reduciendo aún más los ramos de formación pedagógica y didáctica. En el caso del proyecto que modifica el estatuto docente, y que debiera implementarse a partir del 2011, su articulado habla más por las omisiones de temas relevantes del quehacer pedagógico que de una verdadera revolución. No se habla de perfeccionamiento, en el siglo XXI el conocimiento experimentará un crecimiento exponencial, por lo cual no se puede entender la labor profesional sin un permanente perfeccionamiento, lo que se conoce como formación continua. No se habla de la ponderación del trabajo lectivo, en Chile las horas no lectivas, es decir, aquellas que permiten organizar las clases, revisar y corregir las evaluaciones, junto con recibir a los apoderados, sólo representan el 25 % de la jornada laboral docente; los países que integran OCDE, del cual Chile es miembro, destinan en promedio un tercio de las horas al trabajo fuera del aula, sin considerar que nuestro país tiene uno de los números más altos de alumnos por curso, promedio 36 por sala, OCDE tiene en promedio 20. Por último, no hay ninguna mención a igualar la práctica docente entre el sector fiscal y el particular con fines de lucro, lo que deja una vez en la indefensión a un importante sector que se rige por el Código del Trabajo.

Sin duda, el revolucionario proyecto se centra en dar mayor flexibilidad a los sostenedores para despedir profesores, un 5% anual, además de apurar el retiro de maestros en edad de jubilar entregándoles compensaciones económicas para mitigar los bajos sueldos. En la práctica, se establece un modelo donde el incentivo estará marcado por el desempeño, aumentando significativamente la Asignación de Excelencia Pedagógica. Por último, el proyecto contempla la creación de una Alta Dirección Pedagógica encargada de llenar los cupos de los docentes directivos, a los que se les da mayores atribuciones y mejores compensaciones económicas.

La hora de la política

“La educación es un tema país que debe ser discutido “por todos, el Ministro Lavín tiene un prontuario no será un nuevo intento de hacer llover las nubes con un bombardeo que nunca ocurrió” 
(Guido Girardi)**

El ministro, como es su costumbre, expresó que esta es una parte de la revolución, en tanto acordó con la Concertación quitarle la suma urgencia dándose como plazo de discusión de 2 meses para su promulgación. Pero el problema, a mi juicio no se encuentra acá, el problema es la forma en que el gobierno está haciendo política. En efecto, el presidente Piñera, como estrategia utiliza la especulación, que en mundo de los negocios puede dar buenos resultados, pero en políticas públicas es diferente, va develando de apoco lo que presumimos es su proyecto educativo, el cual no ha dado a conocer aún. En políticas públicas, cuando se trata un tema de la importancia que tiene educación, la ciudadanía debe estar informada suficientemente, eso genera un debate saludable y democrático que permite el enriquecimiento de la política; el estar haciendo anuncios segmentados puede turbar o sorprender a sus contradictores, pero priva de lo más esencial de la cosa pública, el sano debate de ideas. Tal vez por lo mismo, sorprende la debilidad propositiva con que ha actuado el bloque opositor expresado en el Congreso, el cual más allá de las críticas puntuales  tampoco ha planteado qué espera de la educación para Chile, quién representa sus planteamientos, JJ Brunner, Mariana Aylwin, Carlos Montes o Guido Girardi.  Puede parecer lógico reformular el estatuto docente y elegir a los directores por concurso público, cuando aún está en discusión la Ley de Fortalecimiento de la Educación Pública, que de no ser reformulada profundamente reducirá a la educación estatal a poco más de 60 colegios de excelencia. La verdad, el acuerdo Concertación – gobierno, en el sentido de ampliar el plazo de discusión parece débil, la oposición debió exigir del ejecutivo, primero, transparentar las reformas que se pretender ingresar al Congreso en esta área, por ejemplo qué pasa con el financiamiento universitario; segundo, qué argumentos pedagógicos respaldan la disminución de las horas de historia del curriculum nacional; tercero, cómo se fortalece de verdad la educación pública; por último, se debería discutir en el foro republicano por excelencia, el parlamento, qué tan beneficioso para nuestra educación resulta el modelo basado en pruebas estandarizadas que se está construyendo.

Se podrá discutir lo que sea y gastar muchos bites de tinta, pero esta pelea se dará en el parlamento ya que se ve difícil la articulación social en meses de vacaciones, por lo cual es el momento de que los honorables de oposición le muestren al país qué proponen en educación para Chile.

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* La Tercera, 1 de diciembre de 2010.

** Guido Girardi, en: http://guidogirardi.com/senador/?p=4715

27
Nov
10

La historia importa

El historiador Alfredo Hocelyn-Holt (*), desde el día que se anunció la disminución de horas de historia al curriculum nacional, ha mostrado su abierto rechazo a la medida presidencial. Esta vez, desde la columna de opinión que tiene los días sábados en La Tercera (**), arremete contra lo que él llama “los educólogos, marea acosadora de expertos amnésicos que se han apoderado últimamente de la educación”.

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La historia importa

VENGO DE ESTAR unos días en Washington y recorrer algunos de sus espléndidos museos. Sólo en la zona del Mall, donde se ubican los principales monumentos, se han abierto y remozado en las últimas décadas cuatro museos -de Historia Americana, del Indio Americano, del Aire y Espacio, de la Prensa (Newseum), y se planea para el 2012 el de Historia y Cultura Afroamericana- gracias a multimillonarias inversiones y con afluencias de público igualmente millonarias. Preocupación para con la historia que se vuelve a confirmar cuando uno revisa lo que se publica en nuevas tiradas de libros relativos a la Independencia, la Constitución de los Estados Unidos, sus más destacadas figuras políticas, la ocupación del territorio y su crucial papel como potencia mundial.

De vuelta en Santiago, aterrizo, en cambio, en un país en que el Ministerio de Educación ha decidido rebajar las horas de enseñanza dedicadas a la historia y  humanidades, a fin de abultar la enseñanza de matemáticas y lo que los “educólogos”, marea acosadora de expertos amnésicos que se han apoderado últimamente de la educación (quizá por eso está como está), llaman “lenguaje”, ni siquiera gramática y literatura. Un contraste que nos devuelve una vez más a nuestro asentado provincianismo tercermundista, lo cual no deja de sorprender.

La fascinación por la historia en los EEUU se debe, en gran parte, al giro más conservador experimentado en ese país. Si en los años 60 y 70 la izquierda norteamericana abominaba del pasado y lo quería revolucionar todo desde cero, las nuevas líneas de derecha desde los años 80 se han encargado de subrayar el valor renovable de la larga tradición libertaria, cívico-patriótica y religiosa variopinta de ese país.

Nada, sin embargo, que podamos constatar en nuestro caso. Por el contrario, el giro chileno más “a la derecha”, que también data de esa misma época, está marcado por un menosprecio hacia todo lo hecho en los últimos cien años, lo que sumado a una crítica acrimoniosa respecto de nuestro pasado institucional decimonónico, nos ha dejado como única reserva en qué respaldarnos el supuesto éxito de gobiernos duros (de Portales a Pinochet) y la inveterada tradición católica barroca tridentina, es decir del siglo XVI.

Por eso el equipo que ha llegado al Mineduc se siente incómodo con la apertura curricular en materias de historia post 1989, objeta que se hable en las salas de clase de “resistencia mapuche” y “colonia” durante el período español, que se califique a la Constitución de 1833 de “autoritaria”, que al régimen militar se le denomine “dictadura”, en fin, que la discusión histórica necesariamente supone barajar múltiples posibles interpretaciones, no siendo suficiente memorizar largas listas de hechos descontextualizados. Estos últimos, a juicio de los “educólogos”, más fáciles de “medir” en pruebas de rendimiento.

En definitiva, esta arremetida lo que prueba es que nuestros sectores más recalcitrantes, en vez de persuadir que la historia sirve para crear conciencia cívica, han optado por renunciar a toda discusión compleja. Conscientes de que han perdido la batalla por la reflexión histórica, han preferido dar un golpe duro, reduciendo el ramo tradicionalmente más central del currículo nacional.

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* Alfredo Jocelyn-Holt, estudió Historia del Arte en la Universidad Johns Hopkins, donde obtuvo también un Máster en Estudios Humanísticos. Regresó a Chile en 1979 y en 1990 se tituló de Licenciado en Derecho en la Universidad de Chile. Además recibió el título de Doctor en Historia de la Universidad de Oxford en Inglaterra, el año 1992. Entre sus obras más relevantes se encuentran: La Independencia de Chile: tradición, modernización y mito (2009). Historia General de Chile, Tomo III, II y I: (2000 – 2008). El peso de la noche: nuestra frágil fortaleza histórica (1999). El Chile perplejo: del avanzar sin transar al transar sin parar (1998).

** La Tercera, sábado 27 de noviembre de 2010.

 

25
Nov
10

¿La Mayor Reforma Educacional o el fin de la educación Pública?

“requerimos de grandes acuerdos y aquí se optó sólo
por consultar sólo a los que son cercanos al
gobierno y a los que ven la educación sólo para hacer
negocios y no se dialogó con otros actores”
(Carolina Tohá)*

Esta semana Piñera lo volvió a repetir, anunciando “la mayor reforma educacional de las últimas décadas” (1) y, a renglón seguido, invitar a sus ministro a firmar un papel en blanco ya que el proyecto de ley aún no se encontraba listo. Desde marzo, fecha en que Piñera asume, hemos tenido una serie de medidas, anuncios, promesas e invitaciones que parecen no tener sentido, o al menos mantener una línea errática; pero, significa esto qué la dupla Piñera-Lavín no saben para donde van, que están dando palos de ciego y que terminarán tropezándose con su propio bastón. Por el contrario, aquí la derecha tiene el itinerario claro y no habrá sorpresas para la foto como subidas de impuestos o aumento al royalty, en este caso lo que se pretender es poner término a la educación fiscal, y ojo, no sólo la comprendida por la básica y media, sino también la universitaria.

Para llevar a cabo esta medida, Lavín, político cazurro y de larga trayectoria, ha seguido un itinerario lógico y coherente. En efecto, primero estableció el ambiente necesario para implementar el modelo de educación basado en estándares, en esta línea van los llamados semáforos (2) y la expansión del Simce a inglés y educación física. Además, como era predecible a este modelo educacional, se empezó a aumentar las horas de las áreas que miden los estándares, primero leguaje, inglés y matemáticas, después no le quepa duda que se aumentará las horas de educación física. Segundo, se ha incrementado el cierre de colegios municipales, según el Presidente del Colegio de Profesores Jaime Gajardo, se están empezando a fusionar escuelas y a cerrar colegios en Arica, Villa Alemana, la Calera, en Temuco, Victoria, Valdivia, en La Pintana, Cerro Navia, Isla de Maipo, Talagante y Melipilla (3). Tercero, se pretende enviar al parlamento una reforma del estatuto docente que permita disminuir la dotación de profesores municipalizados. Cuarto, en materia universitaria se quiere ampliar el Consejo de Rectores incorporando a las universidades privadas, además se quiere financiar a universidades tanto públicas como privadas mediante fondos conculsables.

Ahora bien, en lo que dice relación con la educación universitaria, de hacerse efectiva la medida presidencial significará el fin a corto plazo de las universidades agrupadas en el Consejo de Rectores. En el caso de la enseñanza básica y media, la situación también se ve oscura ya que el proyecto de fortalecimiento a la educación pública que se encuentra en estudio en el parlamento, tampoco augura el fortalecimiento de ésta, por el contrario, la ley no acaba con el financiamiento compartido y la posibilidad de seleccionar alumnos, lo que está prohibido a los colegios fiscales; el proyecto además no contempla un financiamiento adicional y preferente a la educación pública, lo que según expertos, dejará la educación estatal reducida a los llamados colegios emblemáticos y bicentenario.

Como se ve, en esto la derecha ha sido consecuente con su proyecto político y hábil en escoger la estrategia para llevarla a cabo; en efecto, mandar el proyecto en diciembre al parlamento para que se discuta con suma urgencia, cuando se está at portas a salir de vacaciones es una jugada hábil pero poco estética por decirlo menos. Creo que un gobierno que salió electo con sólo 3,5% más que su adversario, debería tener la prudencia de abordar temas tan relevantes como la educación con un sentido más democrático, escuchando, dialogando, y por último pactando si es necesario. La pretendida reforma, atrajo incluso las críticas de integrantes del Panel de Expertos (4), quienes acusaron a Piñera de presentar una reforma “entre gallos y medianoche” (5); en palabras de JJ. Brunner, “hay más anuncio y más ruido, que realmente contenidos que den para hablar de una revolución. Me parece que es una exageración enorme y que eso nada más que busca causar un cierto impacto comunicacional” (6). Visto así el terreno, parece que el capital político de la dupla Piñera-Lavín no alcanzará para este gol de media cancha que piensa anotar por secretaría la derecha chilena; lo que, con profesores y alumnos de vacaciones, deja la responsabilidad a la oposición concertacionista. Será este conglomerado, que durante 20 años aceptó a regañadientes la política educativa que impuso la derecha, y ahora, liberados de su pecado de origen tendrá que elegir si opta por seguir apoyando la educación de mercado en desmedro de la fiscal o empieza a perfilar lo que será su nueva propuesta país para las próximas elecciones. De lo contrario, me temo que la educación pública, como decía The dors, this is the end, beautiful friend

Por último, y sólo a modo de conclusión, en nuestro país hay que hacer un cambio profundo a la estructura del sistema educativo chileno, ya que de aprobarse la Agencia Aseguradora de la Calidad como está en el proyecto ley terminará precarizando aún más nuestra educación. Hay que hacer un estudio del actual marco curricular y abordar con seriedad sobre qué tipo de educación queremos, una de excelencia para ricos y otra basada en competencias para pobres como hoy día, o buscamos con esfuerzo un proyecto integrador, humanista y de excelencia para todos nuestros jóvenes. También se hace necesario una reformulación del estatuto docente, tarea en la que también está el Colegio de Profesores (7); pero, por sobre todo, se debe generar un instrumento que proteja a todos los profesores, independiente de quien sea el empleador, creo que nadie puede hablar hoy en día de inamovilidad, pero se corre el riesgo de de homologar la labor pedagógica con lo que pasa hoy en los colegios particular subvencionados. En efecto, en los colegios con fines de lucro financiados por el Estado, los profesores sufren de una permanente rotación, a lo que los sostenedores les llaman eufemísticamente término de contrato, en el cual los docentes, independiente de su calidad, son despedidos cada dos años tiempo límite para que su contrato de trabajo se vuelva indefinido; demás está decir que la sindicalización en estos colegio es casi nula, pues existen listas negras y persecución a los maestros que intentan organizarse. Pero además, qué pasa con la ponderación del trabajo lectivo en aula, el cual según la OCDE (8) sitúa a los profesores chilenos como unos de los que menos tiempo tienen para actividades de planificación, evaluación, estudio, capacitación, entre otras necesidades. Por último, se hace indispensable encarar el problema del número de alumnos por aula, que si bien puede no tener una incidencia muy marcada en los sectores medios alto, no cabe duda que en los sectores más vulnerables se debe disminuir considerablemente el número de alumnos por docente; además, según datos de la OCDE, a excepción de Corea y Chile, los países tienen una relación inferior a 20 alumnos por profesor (9). En su discurso, Piñera habló de “un gran acuerdo nacional”, señalando que deseaba  “el aporte fecundo de los expertos en educación, de los profesores y parlamentarios” (10), pues bien, todo indica que el proyecto ingresará la próxima semana al parlamento, donde estaremos atentos a sus disposiciones y a la forma en que se da este gran acuerdo nacional.

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* Carolina Tohá, La Segunda, 22 de noviembre de 2010.

Notas

1.- La Segunda 22 de noviembre 2010.

2.- Mapas comunales donde se marca con rojo a los colegios que tienen un puntaje inferior al promedio del SIMCE, en amarillo los que están en el promedio, y en verde los que superan el promedio.

3.- Jaime Gajardo. CNN Chile, 14 de noviembre de 2010.

4.- Panel de Expertos para una Educación de Calidad, entidad formada en mayo del presente año para estudiar cambios en la educación municipal. Para ver sus integrantes, sugiero ver en: https://guillermobastias.wordpress.com/2010/05/05/panel-de-expertos-para-el-cambio-del-estatuto-docente/

5.- Mariana Aylwin, La Segunda 22 de noviembre 2010.

6.- José Joaquín Brunner y reforma educacional: “Hay más anuncio que contenidos”. La Tercera, 23 de noviembre de 2010. Ver en: http://www.latercera.com/noticia/nacional/2010/11/680-309611-9-jose-joaquin-brunner-y-reforma-educacional-hay-mas-anuncio-que-contenidos.shtml

7.- Sobre el particular ver: “Propuesta del Colegio de Profesores para el Cambio del Estatuto Docente”, en: https://guillermobastias.wordpress.com/2010/07/24/propuesta-del-magisterio-para-el-cambio-del-estatuto-docente/

8.- OCDE, 2009.

9.- Calidad de la Educación Claves para el Debate. JJ. Bruner, G. Elacqua, S. González, A.M. Montoya y F. Salazar. RIL Editores, 2006.

10.- La Segunda, 22 de noviembre de 2010.

06
Oct
10

Educación Pública en la Coyuntura Actual

En estos momentos se encuentra en el parlamento la Ley de Mejoramiento de la Educación Pública, ésta, fue enviada el año 2008 por la presidenta Bachelet como una forma de acallar las críticas que provocó la promulgación de la LGE, en el sentido que no contemplaba una mejora sustantiva a la alicaída educación pública chilena. En qué estado de tramitación se encuentra este cuerpo legal, lo desconozco, lo que sí ha despertado las suspicacias del medio educativo son las reuniones que han sostenido el titular de educación y el presidente del Partido Socialista, en el sentido de avanzar a un “acuerdo amplio” en el tema. Todo esto en el marco del affaire Cerro Navia, que terminó devolviendo la administración de la educación municipal al MINEDUC (1), lo que según muchos sería el primer paso de una seguidilla devoluciones por parte de otras municipalidades. Por lo cual, dicen fuentes vinculadas a La Moneda y a la oposición concertacionista, se habrían acelerado los pasos para la pronta promulgación de esta ley. Pero a su vez hemos visto en la historia reciente, en relación con los “llamados consensos en educación”, lo qué fue la aprobación del Marco Curricular (2) y la LGE (3) que después de mucha conversación se resolvió por sobre la opinión de la ciudadanía.

En este sentido, hemos venido publicando la voz de algunos eminentes académicos que reflexionan sobre la educación pública, y la necesidad que el Estado chileno asuma su compromiso con ella; hace unos días publicamos la opinión del abogado Fernando Atria (4), ahora entregamos dos voces autorizadas, la ponencia del Doctor en Economía de la Universidad de Michigan Juan Pablo Valenzuela (5) y el Doctor en Ciencias de la Educación Juan Eduardo García Huidobro (6). Estas ponencias, fueron entregadas en el “Foro Panel: Educación Pública en la Coyuntura Actual” (7), organizada por el Colegio de Profesores.

Juan Pablo Valenzuela

Muchas gracias al Colegio de Profesores por la invitación a este seminario. Junto con Beatrice Ávalos participamos en el Núcleo Milenio (8) sobre la profesión docente, por lo cual varios de los antecedentes, datos y reflexiones que presentaré a continuación se han desarrollado al amparo de ese proyecto.

Lo primero a lo que me quiero referir es sobre la relevancia de la educación pública. Luego hablaré sobre algunos elementos del contexto actual, para posteriormente mencionar desafíos, oportunidades e inconsistencias para fortalecerla.

Relevancia de la educación pública y definición

Los propósitos y relevancia de la educación pública –desde la definición utilizada por algunas de las principales entidades internacionales en educación, como son de UNESCO y OCDE– son cuatro: i) Garantizar el derecho constitucional de todos (social y geográficamente) a la educación obligatoria y gratuita; ii) Garantizar la existencia de proyectos educativos no particularistas y/o excluyentes; iii) Desarrollar tipos de proyectos educativos considerados de interés común (incluyendo la implementación de políticas públicas nacionales); y iv) Fijar un estándar práctico de calidad para el conjunto del sistema escolar, promoviendo la búsqueda de la excelencia en sus escuelas.

Según UNESCO y OCDE, un establecimiento es de enseñanza pública cuando es controlado y gestionado por una autoridad o un organismo escolar estatal (nacional/federal, regional/provincial o local), independiente del origen de los recursos (Bellei, González & Valenzuela, 2010) (9), es decir, lo que define el carácter público o privado de las escuelas no es la fuente de financiamiento sino quién toma las decisiones en la gestión escolar, quién tiene el poder para decidir los asuntos internos de la escuela.

Es decir, la definición de educación pública no tiene que ver con el financiamiento de la educación, sino con la gestión y propiedad directa de los establecimientos escolares y, como en muchos servicios que provee el Estado, puede tener colaboradores para cumplir esa función, pero obviamente se requiere una serie de condiciones, y gran parte de la educación subvencionada particular no las cumple. Una de estas condiciones es que debe ser gratuita, no discriminadora, no selectiva, donde el estudiante y su familia son sujetos de derecho, sin mayores restricciones para escoger la escuela de su interés. Sin embargo, en nuestro país sólo un pequeño porcentaje de las escuelas particulares subvencionadas no cobra. En este sentido, es la escuela más que la familia quien está ejerciendo el derecho de escoger.

Por otra parte, la educación pública debe garantizar la existencia de proyectos educativos no particulares o excluyentes. No así la educación privada que puede tener su propia propuesta educativa.

Respecto al rol de cumplir con un proyecto educativo considerado de interés común, es algo que en la educación privada queda a su propia voluntad. Por ejemplo, en términos de educación sexual puede que el sostenedor privado diga “a mí no me interesa, yo no voy a entregar información a los estudiantes sobre determinados métodos anticonceptivos, porque va en contra de mis principios”.

En un contexto de competencia por la matrícula escolar, el estándar de calidad que puedan ofrecer los establecimientos públicos se vuelve un referente a seguir por par te de sus competidores privados. Si existe la convicción que para las familias la calidad de la educación es relevante al momento de definir dónde matricular a sus hijos, los proveedores privados deberán igualar, al menos, el nivel de la educación pública si es que quieren participar en este mercado. Si, por el contrario, a los proveedores privados se les permite seleccionar a los estudiantes de acuerdo a su rendimiento académico o capacidad de pago, no sólo se entra en contradicción con el supuesto por medio del cual mejorará la calidad general del sistema escolar, sino que se vulnera la posibilidad que la educación pública actúe en igualdad de condiciones con otros proveedores, concentrando su responsabilidad sólo en los estudiantes no aceptados por otros proveedores o con menores condiciones socioeconómicas y culturales.

Contexto de la educación pública: antecedentes de una

situación crítica.

En relación al contexto en que se mueve hoy la educación pública, quisiera mencionar algunos datos que ustedes ya deben conocer. Si uno se fija en la evolución de los promedios de los SIMCE, que es “nuestro gran indicador de calidad”, éstos presentan sólo leves mejorías, mientras que sigue mostrando una brecha sustantiva al comparar los resultados de acuerdo al nivel socioeconómico de los establecimientos. Sin embargo, al controlar el nivel socioeconómico desaparecen esas brechas: no es que uno lo está haciendo mucho mejor que el otro, sino que el corazón de la explicación de las diferencias de los resultados tiene que ver con el nivel socioeconómico.

Hay investigación sistemática y consistente (por ejemplo, Mizala, Urquiola & Romaguera, 2007) (10) de que si en Chile uno ordena el ranking de los puntajes

SIMCE de las escuelas es igual que ordenarlas por promedio de sus condiciones socioeconómicas. Ése es Chile, no ha cambiado, y muchas de las cosas que estamos haciendo no están orientadas a que cambie. Por lo tanto, en nuestro sistema escolar “dime el nivel socioeconómico de la escuela a la que vas –más allá de la dependencia–, y te voy a contar qué puntajes promedio vas a obtener a lo largo de tu estadía en ese lugar”. E inclusive se da un dato duro de que si un niño vulnerable va a una escuela municipal le va mejor, en promedio, en resultado SIMCE, que si fuera a una subvencionada particular, y si es de grupos medios le va a ir idéntico (11). En los otros dos grupos hay diferencias a favor de los subvencionados particulares, pero son pequeñas y no estadísticamente significativas.

Una segunda característica relevante de la educación pública es que permite que las escuelas sean un espacio de convivencia con otros –independiente de la capacidad de pago de las familias–, de construcción de democracia, que va más allá de si yo tengo o no ciertos puntajes SIMCE. Hay una función pública de cohesión social, del proyecto de país que queremos construir a futuro, para lo cual es necesario que niños y niñas de diversas condiciones sociales, credos religiosos y visiones ideológicas puedan ser educados en un mismo espacio pedagógico. Sin embargo, en Chile, los únicos establecimientos que aseguran que potencialmente se pueda alcanzar este objetivo son los gratuitos, es decir, los de educación municipal y los de la subvencionada particular gratuita. El acceso para una parte importante de los colegios subvencionados particulares y particulares pagados depende de la capacidad de pago que tenga cada una de las familias, conllevando a que el sistema escolar chileno presente altos niveles de segmentación y segregación.

Un tercer elemento es la pérdida de relevancia que está teniendo la educación pública, tanto desde el punto de vista de la propiedad como de su función. Cada año se reduce más el porcentaje de familias que escogen escuelas públicas. Por ejemplo, en el año 2009 menos del 39% de los estudiantes de primero básico asistía a una escuela municipal. Por otra parte, muchos de los establecimientos subvencionados particulares no responden a una alternativa de elección para todos los estudiantes, puesto que a cerca del 80% de los niños que van a esas escuelas les cobran. Es decir, hoy día más de la mitad de los niños asisten a colegios en que sus familias tienen que pagar, y dependiendo de su capacidad de pago es la escuela que pueden escoger.

Respecto a la pérdida sistemática de matrícula en la educación municipal, existen distintas razones que la explican.

Una primera causa es que el crecimiento de la población en edad escolar se concentra en algunas comunas, lo cual implica la necesidad de construir nuevos establecimientos. Los municipios tienen importantes restricciones para responder oportunamente a estas nuevas necesidades; por ejemplo, no se pueden endeudar. Entonces, ¿quién puede resolver estos nuevos requerimientos de infraestructura?, claramente aquellos que puedan obtener los recursos financieros suficientes. De esta forma, casi la totalidad de nueva infraestructura educacional en las comunas de rápido crecimiento es de sostenedores subvencionados particulares, basta observar los casos de Quilicura, Puente Alto o Maipú.

Una segunda razón es que se ha generado un excesivo crecimiento de escuelas subvencionadas particulares, ello asociado a la mayor preferencia de los padres por colegios más cercanos a sus domicilios, así como por una asociación de mejor calidad cuando los colegios cobran y por un creciente estigma hacia las escuelas públicas, relacionado con indisciplina, ineficiencia, pérdida de control de directores y profesores y tipo de alumnos que van a estas escuelas (Raczynski et al., 2010) (12). Sin embargo, un análisis cuantitativo de la evolución de la apertura de nuevos colegios lleva a concluir que durante los últimos años se ha generado un exceso de establecimientos, reduciendo el tamaño promedio de la matrícula y también de los cursos, sin acompañarse con un mejoramiento en la calidad de la educación y generando a su vez un desfinanciamiento bastante sustantivo (en el sector municipal y subvencionado particular) puesto que conlleva la caída en la generación de los ingresos de los sostenedores, lo cual es incompatible con un costo relativamente fijo de las escuelas.

Desafíos, oportunidades e inconsistencias para fortalecer

la Educación Pública.

Para fortalecer la educación pública es indispensable que este desafío sea convenido entre los actores políticos y sociales, que tenga un carácter de urgencia y que sea una convicción de Estado. Su dependencia actual está dispersa en cientos de municipalidades, y seguir con una estrategia caso a caso no resolverá su actual situación de crisis.

Para revalidar la educación pública se requiere, además, hacer una serie de cambios sustantivos, que superan el tema de quién es su propietario. Entre estos cambios sobresalen:

a) Ampliar la definición del concepto funcional de educación pública, más allá de la que sustentan las actuales municipalidades, de tal forma de reconocer que son proveedores públicos todos aquellos que cumplen con algunas condiciones relevantes tales como gratuidad y no selección de los estudiantes.

b) Reducir los mecanismos que generan segmentación y segregación, tales como reducir, y en lo posible eliminar, el financiamiento compartido, así como revertir la regulación aprobada en la Ley General de Educación que permite una temprana discriminación generalizada en el sistema escolar.

c) Regular las asimetrías en la institucionalidad entre sostenedores públicos y subvencionados particulares, es indispensable que se compensen los mayores costos que implican estas regulaciones. Al mismo tiempo se deben implementar políticas de mayor calidad de la educación relativas a los docentes; por ejemplo, la evaluación docente y la nueva carrera profesional debe ser implementada tanto para los colegios públicos como subvencionados particulares, de lo contrario vamos a pensar que son dos sistemas que no están articulados o que, erradamente, podremos lograr profesores de excelencia regulando las condiciones laborales sólo del 40% –y cada año menos– de los profesores chilenos.

d) Tener mecanismos para fortalecer la carrera profesional docente, pero su financiamiento debería ser independiente de la matrícula de los establecimientos, pues de lo contrario su implementación sólo será viable para los colegios con una alta matrícula y con cursos de 40 alumnos o más. Esta política es completamente factible, puesto que en la actualidad todos los incentivos individuales y colectivos que se entregan a los colegios municipales y subvencionados particulares son independientes de la subvención regular y de los recursos adicionales SEP, incluso no están asociados a la matrícula ni tamaño del curso.

Finalmente, creo que hay una oportunidad en la declaración que ha hecho el Presidente de la República el 21 de mayo, en la cual hizo un reconocimiento de los problemas de calidad e inequidad, y un compromiso de una educación de calidad para todos los jóvenes y los niños del país. Sin embargo, lo que no queda claro es si la educación pública podría ser una de las herramientas para resolver el problema o se entiende como una de las causas que ha generado esta situación.

Dos de las medidas que anunció el Presidente son bastante inconsistentes con el fortalecimiento de la educación pública. La primera es el mecanismo utilizado para seguir aumentando los recursos de transferencia a los colegios. Seguramente nadie va a estar en contra de que se aumenten los recursos a los niños más vulnerables, pero al ser vía Subvención Escolar Preferencial, es un mecanismo destinado a financiar actividades complementarias y no al financiamiento de gastos regulares o permanentes. Por ejemplo, no permite financiar ni mayor dotación, ni profesionales complementarios en forma sistemática, sino que son recursos complementarios para equipamiento, apoyo de asistencia técnica educativa externa, o Tics. Por lo tanto, pareciera servir sólo de señal a los sostenedores respecto a que los niños vulnerables –matriculados principalmente en la educación municipal– ahora valen más financieramente.

La segunda medida es la generación de semáforos de los establecimientos de acuerdo a la última evaluación del SIMCE, así como la ficha de información asociada a éstos y que se entrega a las familias. Extrañamente es una ficha que pone promedios nacionales, cuando es reconocido que éstos principalmente están asociados a las condiciones socioeconómicas de los estudiantes que asisten a los establecimientos y no con el valor agregado que generan las escuelas, ni tampoco indica si el colegio, más allá del promedio actual, está logrando mejorar o cumplir con las metas propuestas en el Plan de Mejoramiento Educativo que firmó en el marco de la Ley SEP. Esta medida no se hace cargo del dispositivo de mejoramiento a cuatro años que se convino –en el marco de la Ley SEP– para que cada escuela logre procesos de mejoramiento continuo, reconociendo condiciones iniciales diferentes entre los establecimientos del país. Al contrario, se pretende generar un fuerte estímulo para que las familias traten de retirar a sus hijos de las escuelas marcadas con rojo, sin embargo no se reconoce que muchas de estas escuelas rojas están generando esfuerzos por mejorar, y muchas lo están logrando, así como tampoco la estrategia de la entrega reiterada de información de estos semáforos considera medidas para mejorar su desempeño. Finalmente, dado que el 90% de estas escuelas de color rojo son escuelas de NSE bajo o medio bajo (escuelas tipo A y B), la mayor parte de las familias no podrá acceder a las escuelas “buenas” (de color verde), no sólo porque en la mitad de las comunas del país no existen escuelas verdes, sino que también porque la mayor par te de la escuelas verdes son privadas, seleccionan a sus estudiantes y cobran por acceder a ellas.

En un contexto donde el 72% de los estudiantes matriculados en escuelas de color rojo pertenecen al sector municipal, esta medida está lejos de fortalecer la educación pública. Injustamente, sólo profundiza un estigma sobre el sector que se pretende fortalecer y aleja cada vez más el objetivo planteado por el ministro de educación de asemejar la educación chilena a la experiencia de Finlandia, país donde toda la educación es pública.

Juan Eduardo García-Huidobro

Buenos días. Voy a partir enunciando la tesis que quiero proponer. Nosotros hemos discutido bastante sobre cuál debería ser la institucionalidad de la educación pública, entendida como la de propiedad del Estado. Sin embargo, soy un convencido de que si no se suprime el financiamiento compartido se pueden tomar muchas medidas, pero a la larga la educación pública está llamada a perecer. Para desarrollar esta tesis voy a responder sumariamente algunas preguntas.

1. ¿Por qué crece el financiamiento compartido? Detrás de este crecimiento hay una tendencia, lejana a la política, que está presente en el mundo desde que la familia existe y que es el imperioso deseo de los padres de darle lo mejor a sus hijos. El financiamiento compartido juega con esta tendencia. En el fondo se les dice a los padres: “si usted quiere a su hijo, colóquelo en una escuela mejor, y la escuela mejor es aquella donde usted paga”. Esto penetró en esta sociedad de mercado donde lo bueno tiene precio, mientras más caro es mejor; esto es imbatible y no hay muchas posibilidades de que cambie. Un ejemplo bien brutal es que hace diez años el porcentaje de profesores de la educación municipal que tenía ahí a sus hijos era relativamente alto. Hoy día ya no los hay.

La educación particular subvencionada va aumentando y la educación municipal va disminuyendo. Los municipios son los que están atendiendo a los más pobres, mientras que los sectores medios y mediosaltos crecientemente están en la educación particular subvencionada con financiamiento compartido, y los con mayores recursos en la educación particular pagada. El número de establecimientos y la matrícula de financiamiento compartido han dado un salto brutal. Se partió en 1993 con 232 establecimientos, se pasó al año siguiente a 800, ya el 2000 había 1.400, y en este momento hay 2.200. En matrícula el salto es también de ocho veces y media: de 142.000 a 1.200.000. Y esto sigue: el financiamiento compartido va creciendo cada año.

2. ¿Qué entender por educación pública? Hay un sentido estricto, que se usa mundialmente: la educación que entrega el Estado. Ésta se da en prácticamente todos los países del mundo, es muy raro el país donde es minoritaria. Las excepciones son Chile, Bélgica y Holanda, y puede haber un país más, pero es una situación anómala.

Hay un sentido amplio de educación pública que tiene que ver con la capacidad del Estado de regular el sistema educacional nacional, incluyendo a la educación pagada.

Y hay un sentido intermedio, que ha sido muy usado en Chile, prácticamente desde el comienzo de la Independencia, con fluctuaciones, y que se instaló en las garantías constitucionales del año ’70, y es esta idea de que la educación que provee nuestro sistema nacional tiene dos brazos, es mixta: entregada por el Estado y también por particulares, pero con financiamiento estatal. Lo básico no está dado por quien la entregue y administre, sino porque sea una educación de igual calidad para todos y gratuita. Con la municipalización dejó de ser igual para todos, porque los municipios no pueden dar lo mismo a todos, y con el financiamiento compartido dejó de ser gratuita. Por lo tanto, se puede señalar que estrictamente, Chile no tiene hoy día educación pública.

3. ¿Por qué es necesario que el Estado mantenga una educación de su propiedad? Hay al menos tres argumentos importantes para decir que sí vale la pena. El primero es que el Estado tiene la obligación, por convenciones internacionales y por Constitución, de asegurar a todos y a todas, a todo evento, su derecho a la educación, y es casi imposible pensar que lo va a hacer si no tiene un instrumento propio para ello.

En segundo lugar, está demostrado empíricamente en el mundo que el mejor regulador de la calidad de la educación es la calidad del sistema público.

En definitiva, para mantener la calidad, mucho más que seguir metiendo mapas de colores y pruebas, hay que mejorar la educación pública. Si yo tengo una educación pública gratuita de calidad frente a otra también gratuita, la gente elegirá por la calidad. Al momento en que la calidad empieza a decaer, el sistema particular empieza a crecer, es inevitable.

Por último, tercer argumento, si se quiere, ideológico, o ético, es la idea de que es importante que en la sociedad exista una alternativa de calidad que sea plural, laica y con alta integración social.

4. ¿Cuáles son las características básicas en la educación pública? Que sea gratuita, de igual calidad para todos –prescindiendo de dónde vivo y quiénes fueron mis padres, cuánto dinero tienen–, que tenga mixtura social, vale decir, que no tenga mecanismos de selección.

5. ¿Qué cambios debieran darse en la educación municipal para que se cumpla con estos propósitos? Uno es un financiamiento y una administración suficiente para asegurar igual calidad en todas partes del país. Y lo segundo es lograr un sistema de educación que minimiza el valor posicional o de clasificación social de la educación, que es exactamente lo contrario de lo que tenemos: hoy día el salirme del sistema público me coloca en una situación social de privilegio.

6. ¿Qué justifica que el Estado dé un apoyo financiero a la educación particular subvencionada, que es de propiedad privada y constituye además un negocio privado? Su sentido público: Respeto a la pluralidad de sociedad (“particular”) y el “derecho” de los padres a elegir la educación de sus hijos. La única manera de que la familia elija la educación de sus hijos es que tenga una alternativa distinta a la estatal, pero gratuita, y eso supone apoyo del Estado.

Para concluir, repitamos la afirmación inicial: es condición para mantener en Chile la educación pública –en sentido estricto, de propiedad del Estado– la supresión del financiamiento compartido. Además, esta supresión devolvería el sentido público a la educación particular con financiamiento fiscal.

Notas

1.- Sobre el tema, ver en: https://guillermobastias.wordpress.com/2010/09/30/en-chile-los-municipios-devuelven-los-colegios-al-estado/

2.- Sobre el tema, ver en: https://guillermobastias.wordpress.com/2009/06/23/como-se-gesto-el-marco-curricular-chileno/

3.- sobre el tema, ver en: https://guillermobastias.wordpress.com/2009/08/25/claves-para-entender-la-lge/

4.- Ver en: https://guillermobastias.wordpress.com/2010/10/03/el-sentido-de-la-educacion-publica/

5.- Juan Pablo Valenzuela es Doctor en Economía de la Universidad de Michigan. Académico de la Universidad de Chile e investigador del Centro de Investigación Avanzada en Educación, CIAE, de la Universidad de Chile.

6.- Juan Eduardo García-Huidobro es Doctor en Ciencias de la Educación y en Filosofía, Universidad Católica de Lovaina, Bélgica. Decano de la Facultad de Educación de la Universidad Alberto Hurtado.

7.- Foro Panel: Educación Pública en la Coyuntura Actual, realizada el 26 de mayo en la sede de la Editorial de la Universidad de Santiago de Chile (metro República). En el evento también participaron la Doctora en Educación Beatrice Ávalos, el Doctor en Educación Abelardo Castro y el Pte. del Colegio de Profesores Jaime Gajardo.

8.- La Iniciativa Científica Núcleo-Milenio está orientada a desarrollar redes de investigación en ciencias básicas y sociales, cuenta con el patrocinio de MIDEPLAN y el Banco Mundial. El Núcleo sobre La Profesión Docente en Chile está localizado en el Centro de Investigación Avanzada en Educación (CIAE) de la Universidad de Chile.

9.- Bellei, C.; González, P. & Valenzuela, J.P. (2010). Fortalecer la educación pública: un desafío de interés nacional. Borrador, CIAE-UNICEF

10.- Mizala, A., Romaguera, P. & Urquiola, M. (2007). Socioeconomic status or noise? Tradeoffs in the generation of school quality information. Journal of Development Economics, 84(1), 61-75.

11.- Algo similar ocurre a nivel internacional. Según datos de la prueba PISA (Pisa 2006. Science Competencies for Tomorrow`s World. París, Francia), cuando uno controla por nivel socioeconómico de los estudiantes y de las escuelas, para la mayor parte de los países participantes en la prueba desaparecen las brechas de resultados entre colegios públicos y privados, e inclusive, para el promedio de los países desarrollados, la educación pública lo hace un poco mejor.

12.- Raczynski, D., Salinas, D., De la Fuente, L., Hernández, M. & Lattz, M. (2010). Hacia una estrategia de validación de la educación pública-municipal: imaginarios, valoraciones y demandas de las familias. Informe Final FONIDE, Ministerio de Educación.

11
Jul
10

Informe Final del Panel de Expertos

“Para convertir en realidad tan ambiciosas metas necesitamos 
construir sólidos acuerdos orientados por una mirada de largo plazo y
 llevados a cabo con perseverancia por gobiernos sucesivos, porque las reformas 
que propone este Panel son de largo aliento y deberán ser 
monitoreadas y corregidas cuando sea necesario para alcanzar los bienes deseados” * 

Predecible resultó la propuesta evacuada esta semana por el Panel de Expertos para una Educación de Calidad (IFPE), en ésta su primera etapa, donde aborda el mejoramiento de la profesión docente. Debo reconocer, en beneficio de mi ingenuidad, que creí que el Ministro Lavín haría gala de alguno de sus giros y piruetas con lo cual sorprendería con una propuesta centrada en el aula y en la realidad de nuestra educación; por el contrario, el resultado es la típica mirada tecnocrática y economicista que ha obrado en los últimos años.

En noventa páginas, el documento aborda los tres ejes que abarcó la reflexión de los expertos, saber: 1. Formación inicial; 2. Carrera docente y; 3. Mayor autonomía a sostenedores y directores.

Formación Inicial

IFPE, reconoce la debilidad del país en la formación docente, expresando que se ha “experimentado una expansión de la oferta de carreras de pedagogía, sin que se haya puesto atención en la calidad de dichos programas ni tampoco en el reclutamiento de jóvenes más preparados para tan decisivos estudios” (1). En este sentido, propone regularizar los procesos de acreditación de las de las entidades encargadas de impartir pedagogía a cuatro años mínimos, vale decir el tiempo que dura la carrera (2); las entidades que no se adapten a esta modalidad, no podrán obtener beneficios económicos del Estado para sus estudiantes. Se propone además un examen habilitador, obligatorio, para todos los egresados de pedagogía que quieran enseñar en la educación subvencionada por el Estado. Este examen, estará basado en un curriculum central que propondrá el MINEDUC, y que sancionará el Consejo Nacional de Educación. Una iniciativa interesante en este sentido, constituye la canalización de recursos para “la consolidación de redes de escuelas, liceos y colegios como campos de práctica profesional, muy en línea con lo que ocurre con la formación en medicina” (3). A su vez, propone ejercer medidas tendientes a captar alumnos que estudien pedagogía, pertenecientes al 30% de mayores habilidades en el país (4).

Carrera Docente

“Sabemos –dice el IFPE- que los mejores docentes son fundamentales para el desarrollo de escuelas efectivas y para los avances de los aprendizajes de los estudiantes” (5), para lo cual el Panel propone una serie de iniciativas tendientes a seleccionar al futuro profesor y a mejorar sus remuneraciones. En lo inmediato, propone la asignación de una beca que cubra la totalidad del arancel de las carreras de pedagogía de los estudiantes que obtengan más de 600 puntos en la PSU. Para estos docentes, por una jornada de 44 Hrs. se propone un alza de sueldo entre un 26 y un 55%. Así mismo se plantean cambios en la evaluación docente, la que se descentraliza de acuerdo a los criterios del sostenedor; el resultado de esta evaluación, definirá los criterios de permanencia del profesor en el colegio.

Los Directores

Según el panel, son los directores los responsables de cambiar la cultura que requieren los colegios para progresar de modo sostenido y perseverar en los logros alcanzados; pero, advierte el IFPE, que “para desplegar estos atributos, los directores necesitan poder alinear los recursos de su establecimiento tras sus propósitos educativos” (6). Para lo cual se propone “mejorar significativamente” el sueldo de los directores, cuánto, no lo dice, el equivalente a un CEO (7), tampoco lo dice. Para los expertos, los llamados docentes directivos, no deben formar parte de la carrera docente y su contratación y relación con los sostenedores debiera guiarse por reglas de carácter general, vale decir por el Código del Trabajo. Este nuevo director tendrá amplias atribuciones, tales como elegir su cuerpo directivo, evaluar, fijar  remuneraciones y desvincular, así como también, de decidir sobre la capacitación de sus docentes en acuerdo con ellos y siempre con la autorización del sostenedor.

Conclusión

El Informe tiene la impronta y la pluma de la dupla Beyer-Brunner (8), vale decir, el sello tecnocrático, la visión economicista, fría y lejana del hecho educativo. En efecto, no se habla de hora en aula del profesor que trabaja 44 horas semanales, no se habla de número de alumnos por sala, en definitiva no se habla de pedagogía, la que si mal no recuerdo se construye en la sala de clases. No se habla de la realidad profesional que enfrentan los profesores de los colegios particulares subvencionados, que viven una verdadera puerta giratoria, independiente de su rendimiento o calidad. No, la receta es simple, ponerle a los colegios un gerente general con amplias atribuciones, mejorar en forma relativa el sueldo de los operarios y, los que no sirven, para afuera. Desgraciadamente, esto ya se está implementando hace rato en la educación con fines de lucro financiada por el Estado y, tampoco funciona.

+ Bajar documento completo en PDF (pinche aquí)

* Informe Final. Primera Propuesta para Fortalecer la Profesión Docente en el Sistema Escolar Chileno. Panel de Expertos para una Educación de Calidad de la Educación (IFPE), pág. 5.

Notas

1.- IFPE, Pág. 6.

2.- Si bien el 95% de las carreras de pedagogía han sido acreditadas, existe una gran diferencia en relación a los años de acreditación otorgados. Así, de las 294 carreras acreditadas, un 55 % tiene tres o menos años de acreditación. Solo un siete por ciento tiene seis o más años de acreditación.

3.- IFPE, Pág. 7.

4.- El puntaje promedio en la PSU, de los alumnos que entran a estudiar pedagogía es de 550 en CRUCH, y de 460 en UPRIV. (Fte. MINEDUC)

5.- IFPE, Pág. 7.

6.- IFPE, Pág. 9.

7.- CEO: Director ejecutivo, también conocido como ejecutivo delegado, jefe ejecutivo, presidente ejecutivo, principal oficial ejecutivo o con las siglas CEO (del inglés chief executive officer), es el encargado de máxima autoridad de la gestión y dirección administrativa en una organización o institución (Fte. Wikipedia).

8.- Harald Beyer, ingeniero comercial, PhD en economía y coordinador académico del Centro de Estudios Públicos (CEP). José Joaquín Brunner, sociólogo y profesor de varias Universidades privadas.