Ley de Fortalecimiento de la Educación Pública: un bonito canto de sirenas

"Teníamos un compromiso pendiente con la educación pública, aquella que imparte directamente el estado a través de sus establecimientos y que requiere de un apoyo especial, porque sobre ella recaen responsabilidades más exigentes que sobre otros sectores. Debemos fortalecer la educación pública para que sea capaz de recuperar el sitial que le corresponde"

(Michelle Bachelet) *

El día 12 de diciembre de 2008, la presidenta Bachelet envió al parlamento la ley que pretende fortalecer la alicaída educación pública chilena. Este proyecto de ley, fue una condición que pusieron diputados concertacionistas a la Mandataria para aprobar en sala la Ley General de Educación (LGE), que, según expertos, no solucionó los problemas reales de la educación chilena. A más de un año y medio de tramitación parlamentaria, el proyecto ha empezado a tomar notoriedad debido a los acercamientos entre el presidente del PS y el titular de educación Joaquín Lavín (1), en el sentido de buscar consensos que permitan dotar al país de un marco legal que garantice una educación pública estatal, inclusiva, gratuita, no discriminatoria y por cierto, de calidad. Ahora bien, lo importante es saber si el proyecto que está en el legislativo apunta a generar una educación que tenga las características mencionadas más arriba, que se constituye en la esencia de la ley en debate (2).

El Proyecto

El proyecto, se sustenta en el cambio de dependencia de la educación pública traspasándola de los municipios a Corporaciones Locales de Educación Pública, que serán autónomas, con personalidad jurídica y patrimonio propio. Estas corporaciones estarán encargadas de administrar los recursos humanos y financieros; establecer las directrices técnico pedagógicas; realizar la supervisión pedagógica de los establecimientos de su dependencia; y coordinar y articular la ejecución de los programas educativos y las acciones de los organismos reguladores del sistema. El financiamiento de estas corporaciones, tiene tres fuentes, financiamiento fiscal directo a través una contribución anual que se consignará en la Ley de Presupuestos del Sector Público, que cubrirá el gasto administrativo y de personal; la subvención escolar que entrega el Estado; y por último, financiamiento fiscal directo a través una contribución anual equivalente a  1,2 Unidades Tributarias Mensuales por alumno matriculado, alrededor de $ 43.974.

Pero además, estas corporaciones serán asesoradas por un nuevo organismo denominado Servicio Nacional de Educación, que velará “por el mejoramiento continuo de la calidad del servicio educativo prestado por éstos. Igualmente, le corresponderá la ejecución de las políticas, planes y programas definidos por el Ministerio de Educación para los sostenedores que reciban subvención o aportes del Estado, así como también prestarles asesoría técnico pedagógica de conformidad a la ley” (3). Esta entidad, estará a cargo de un director nacional que será nombrado por el presidente de la república.

Las consecuencias

A mi juicio, el proyecto consigna acertadamente el hecho de que el país necesita una educación pública, pero, en la práctica, éste hace poco por materializarla en forma efectiva. En efecto, el gran problema que atraviesa el sistema público es la competencia desleal que tiene con la educación particular subvencionada, ya que esta última puede de acuerdo a su proyecto educativo seleccionar alumnos, y además, puede cobrar a los padres una cantidad de dinero adicional a la subvención estatal, que en la mayoría de los casos asciende a los $ 60.000 mensuales (4). Este hecho, es una de las cusas por las cuales la educación pública ha venido disminuyendo progresivamente su matrícula. Los Colegios subvencionados particulares, al estar autorizados a segregar por su proyecto educativo, terminan seleccionando por rendimiento y nivel socioeconómico; además, a partir del año 1993 –gobierno de Aylwin- se les autorizó a cobrar a los padres un aporte obligatorio, con lo cual se acentúa la segregación económica. Qué hace el proyecto que está en el legislativo, casi nada o muy poco, ya que el monto de 1,2 UTM anual por alumno es insignificante.

El gobierno de Piñera, si de verdad quiere hacer algo por la educación pública, debiera suprimir el financiamiento compartido o, por lo menos, asignar una subvención adicional por alumno mensual que compense a lo que cobra a la educación con fines de lucro. De lo contrario, el llamado fortalecimiento a la educación pública no será más que un bonito canto de sirenas.

* Vea el proyecto completo (pinche aquí)

Notas

* Bachelet firma proyecto de ley sobre fortalecimiento de educación pública. Radio ADN, 12 de diciembre de 2008. Ver en: http://www.adnradio.cl/nota.aspx?id=722500

1.- Preparan proyecto para profunda reforma del sistema de educación municipal. Radio Bio-Bio, Lunes 23 Agosto 2010. Ver en: http://www.radiobiobio.cl/2010/08/23/preparan-proyecto-para-profunda-reforma-del-sistema-educacional-municipal/

2.- El proyecto plantea “Para nadie debe resultar aceptable que la calidad de la educación que reciban nuestros hijos e hijas se encuentre determinada por el nivel de ingresos que tenga su familia. Por ello, es deber del Estado velar por una educación pública de calidad y mantener una especial preocupación por ella, ya que permite garantizar la existencia de una oferta educativa inclusiva, gratuita y no discriminatoria”. Mensaje de S.E. la Presidenta de la República con el que Inicia un proyecto de Ley que fortalece la Educación Pública, Santiago,  enero 5 de 2010 (LFEP). Introducción, parte tercera: La necesidad de defender la Educación Pública.

3.- LFEP, art. 27.

4.- Las estimaciones, según fuentes del MINEDUC, calculan que en el año 1993 (cuando se implementó el financiamiento compartido) el número de colegios que cobraban a los padres ascendía a 232, la cifra en el año 2000 creció a 1.426, el 2009 llegó a 2.211 establecimientos, con un número de 1.200.625 alumnos en todo el país.