Archive for the 'Osvaldo Andrade' Category

21
Abr
11

El Negociado de la TV Digital Chilena

“La gratuidad es un aspecto crítico del actual proyecto.
no considerarla significaría pasar del actual modelo de TV abierta,
gratuita y financiada por avisadores,
a un sistema de oferta diferenciada,
financiada preferentemente por los usuarios receptores del servicio
y transformándose en un bien privado”
(Soledad Alvear)*

Mientras esperamos que el gobierno se digne a publicar los resultados nacionales del SIMCE (1), me gustaría comentar acerca de un hecho gravísimo y, a la fecha, como era de esperar ha pasado absolutamente desapercibido, me refiero a la ley que se tramita en el senado y que pretende regular el futuro negocio de la Televisión Digital. En efecto, el pasado 6 de abril después 2 años de tramitación la cámara de diputados por holgada mayoría aprobó el proyecto de televisión digital, por lo cual se encuentra hoy en el senado para su aprobación. Ahora bien, si Ud. no se enteró es porque a la mayoría de los medios no les interesa que se ventile mucho el asunto, no se les vaya a echar a perder el negocio, situación que de aprobarse el cuerpo legal permitirá a las emisoras televisivas cobrar a los usuarios por sus transmisiones.

Lo aprobado por los honorables establece que a cada medio se le otorgará una frecuencia de 6 megahertz (MHz), en la televisión análoga actual esto equivale a una señal televisiva, pero en señal digital equivale a 8 emisiones para el mismo canal operador. O sea, si antes tenían 1 emisión ahora podrían transmitir hasta 8, cada canal podría tener 8 subcanales. Bien dirá Ud., mayor diversidad de programas. No, nada de eso, porque la ley contempla que cada canal deberá emitir a lo menos una señal en alta definición (HD), abierta y gratuita; el resto se podrá emitir como televisión de prepago. Así como lo escucha, de prosperar esta iniciativa cada operador emitirá un canal en alta definición y podrá ofrecernos la posibilidad de comprarles 3 tres canales de prepago. Qué le parece, como para tenerlo calladito.

Cuál sería la excusa para semejante regalito a los actuales operadores de canales de TV, el costo de la instalación de la TV Digital, unos US$ 50 millones, cifra que los canales han prometido solventar en conjunto. Me gustaría recordar que el espectro de banda es propiedad Estatal, vale decir de todos los chilenos, entonces bajo que predicamento les estamos regalando bienes públicos a costo “0”, porque el coste de la infraestructura de implementación es una cantidad menor en relación al valor de una estación, piense Ud. que Time Warner le pagó US$ 167 millones al presidente Piñera por la venta de Chilevision, además que el costo de instalación se absorbido por todos los operadores.

Por último, todos sabemos que el actual modelo televisivo es de mala calidad, no sólo por el nivel de sus contenidos programáticos, sino porque además no está cumpliendo con la labor social que este medio de comunicación debe cumplir que no es otro que proveer de información plural, diversa y verídica. No es verídica, ya que oculta hechos que comprometen los intereses económicos de sus dueños, como quedó demostrado en la nula cobertura a la huelga de hambre Mapuche o las huelgas de Farmacias Ahumada y Supermercados Ekono; tampoco es plural, pues su propiedad está en poder de grupos económicos tanto nacionales como extranjeros que tienen opinión política ampliamente reconocida. Lo que deberá aprobar el senado es de vital importancia, queremos seguir con el tipo de televisión que tenemos hoy, y más encima teniendo que pagar por ello, esto un fraude ciudadano. El presidente Piñera le puso suma urgencia a la ley, por lo cual esto será rápido y con cero cobertura medial. Esta Ud. de acuerdo con pagar por la televisión abierta, cree que debe existir una televisión más plural, abierta y objetiva, cree que esos canales “extra” que recibirán los operadores debieran entregarse a las universidades, comunidades, etc., todas estas preguntas legítimas no están siendo consideradas por aquellos que Ud. delegó, mediante el voto, para legislaran en su nombre. Piénselo un momento, qué tipo de televisión le gustaría tener, eso sí piénselo rápido.

RA: Observatorio de Medios FUCATEL (Aquí)

* Soledad Alvear, “Mejor televisión para los chilenos”. La Tercera, 21/04/2011.

____________________________________

Notas

1.- A la fecha el gobierno aún no publica los resultados nacionales del SIMCE 2010 en leguaje y matemáticas, cosa bastante inédita. Puede comprobarlos aquí: http://www.simce.cl/index.php?id=241&nivelp=2m

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13
Ene
11

La Reforma Educacional de la Concertación

“Si el Gobierno hace caso omiso
 a los principios fundacionales que tenemos en nuestra
 propuesta marco tendremos que votar
 en contra de la idea de legislar”.
(Osvaldo Andrade)*

Esta semana, se dio a conocer el proyecto de reforma educacional (1) de los partidos de la Concertación, con el que el conglomerado opositor pretende salirle al paso a “la gran reforma educacional” del presidente Piñera. En efecto, se trata de un proyecto interesante que si bien no recoge todos los planteamientos demandados por la comunidad académica y gremial, en lo general da cuanta basal de los grandes problemas de la educación chilena.

 

El Proyecto

“El Gobierno maneja las urgencias, 
pero nosotros somos mayoría en el Senado”
(Ignacio Walker)**

Con la rúbrica de los cuatro presidentes de los partidos de la concertación, y en menos de 14 páginas, se desarrolla una propuesta que toma como eje cinco temas relevantes: 1. Fortalecimiento de la Educación Pública, 2. Definición de una Nueva Carrera Docente, 3. Más y Mejor Estado para una Educación de Calidad y Equidad, 4. Aumento de Cobertura y Calidad de la Educación Preescolar y, 5. Otras Medidas Urgentes que apuntan a un Concepto más Integral de Educación.

Primero, Fortalecimiento de la Educación Pública. Pariendo de la premisa que la educación pública es “la única que puede garantizar educación gratuita, pluralista, laica e inclusiva, y por esto aspiramos lograr que tenga la más alta calidad, erigiéndose como el referente del sistema educativo chileno” (2), propone la búsqueda de un nuevo modelo de gestión que reemplace la administración municipal, a la que reconoce su fracaso. Para lo cual plantea un financiamiento estatal de un 100%, independiente de la subvención educacional; en la misma línea, exige la reducción de alumnos por curso en los colegios públicos que atienden a los sectores más vulnerables.

Segundo, Definición de una Nueva Carrera Docente. El documento reconoce que para un correcto desempeño de la labor docente es “esencial avanzar en la mejora de sus condiciones de trabajo y su capacitación permanente, fomentado sus capacidades para actuar de manera efectiva en el aula, así como el liderazgo pedagógico y de gestión de los directivos” (3). Para lo cual propone un examen de certificación obligatorio, tanto de competencias didácticas como disciplinarias para todos los profesores que quieran impartir clases en el sistema subvencionado; plantea además mejorar el sistema de acreditación de de las instituciones que imparten pedagogía, sobre la base de estándares nacionales que permitan la comparabilidad de las instituciones, así como que el proceso de acreditación incluya como base los resultados de las instituciones y programas en el examen de certificación profesional de sus egresados; se pide además, aumentar en forma progresiva las horas no lectivas partiendo por los colegios con alumnos más vulnerables.

Tercero. Más y Mejor Estado para una Educación de Calidad y Equidad. Si bien se reconoce que una educación de calidad con equidad es un imperativo de todo el sistema educativo nacional, “ello supone realizar un esfuerzo especial en el ámbito de la educación pública, a fin de evitar que su matrícula siga cayendo de manera sostenida como ha ocurrido en los últimos años” (4). En este ámbito propone para los próximos tres años, un aumento del 50% de la subvención preferencial (SEP II); fomentar la creación y ampliación de colegios públicos que impartan clases de kínder a cuarto año medio; y por último, fortalecer la educación técnico profesional donde se educan el 40% de los alumnos de menores recursos.

Cuarto. Aumento de Cobertura y Calidad de la Educación Preescolar. El proyecto reconoce que “la educación parvularia hace una diferencia crítica a lo largo de la vida para los niños y niñas de nivel socioeconómico medio y bajo”, además, “la educación preescolar facilita la inserción laboral femenina, lo que resulta clave para que las familias más vulnerables aumenten sus ingresos” (5). El proyecto pretende aumentar progresivamente la educación preescolar, entre los años 2011 y 2014, hasta alcanzar una meta de 55% en los tres quintiles de menores ingresos de la población.

Quinto. Otras Medidas Urgentes que apuntan a un Concepto más Integral de Educación. Se plantean medidas inmediatas que apuntan a cambiar el enfoque reduccionista que se viene acentuando en nuestra educación, ya que las “familias esperan colegios con resultados positivos de aprendizajes, pero también donde se enseñen valores y se entregue una visión integral, humanizadora, tolerante y democrática de la vida en sociedad” (6). Para lo cual se exige retirar la propuesta presidencial que reduce el número de horas de historia y tecnología; reemplazar el sistema de “semáforos” escolares por un sistema de información sobre el resultado educativo de los establecimientos que tome en cuenta sus avances relativos en función del nivel socioeconómico de sus alumnos y no tenga efectos estigmatizadores; se pide, garantizar que los Programas de Educación Sexual impulsados por el Mineduc para establecimientos con financiamiento estatal respeten los derechos humanos y garantías constitucionales; por último, fomentar la participación de la comunidad en la toma de decisiones educativas.

 

 

Cómo termina esta teleserie de la “gran reforma educacional” del presidente Piñera

“Hemos hecho un gran esfuerzo en contestar 
a la propuesta de la Concertación que nos entregaron recién ayer…”
(Joaquín Lavín)***

El proyecto opositor es coherente, haciéndose cargo de los principales problemas de la educación chilena y apuntando, en gran medida, a reposicionar la alicaída educación pública. Tal vez, por lo mismo, no llamó la atención la respuesta ministerial que volvió a colocarle suma urgencia a su proyecto educacional con lo cual obliga a la oposición a votar el proyecto presidencial el próximo lunes en la sala del senado. Y no llama la atención por una razón muy simple, si mejora la educación pública, en esa misma medida, proporcionalmente desmejora el negocio de la educación particular subvencionada, por lo cual no cabe duda que el ejecutivo tratará de llegar a acuerdo con algunos senadores concertacionistas quebrando lo firmado por los presidentes de sus partidos. Qué se puede esperar, la lógica indica que el proyecto de Piñera debería ser rechazado en sala, pero, tampoco se puede descartar que a última hora, como pasó en la cámara baja, sea aprobado con el descuelgue algunos honorables, particularmente DCs. Así las cosas, veremos cómo termina esta teleserie de la “gran reforma educacional” del presidente Piñera.

R.A.: Ver documento concertacionista (Pinche aquí)

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* Osvaldo Andrade, en: “Gobierno repone urgencia a Reforma Educacional y Concertación amenaza con no aprobar el texto”; Diario electrónico, Radio Universidad de Chile. Ver en: http://radio.uchile.cl/noticias/98815/

** Ignacio Walker, Ibíd. Ver en: http://radio.uchile.cl/noticias/98815/

*** Joaquín Lavín, en: “Lavín responde a propuesta de la Concertación sobre reforma educacional” Bio – Bio La Radio. Ver en: http://www.radiobiobio.cl/2011/01/12/lavin-entrega-respuesta-a-propuesta-de-la-concertacion-sobre-reforma-educacional/

Notas

1.- Propuesta sobre Calidad y Equidad de la Educación Parvularia, Básica y Media. Ver en: http://www.scribd.com/doc/46759290/PROPUESTA-SOBRE-CALIDAD-Y-EQUIDAD-DE-LA-EDUCACION-PARVULARIA

2.- Calidad y Equidad de la Educación Parvularia, Básica y Media, pág. 3.

3.- Ibíd. pág. 5.

4.- Ibíd. pág.7.

5.- Ibíd. pág.10.

6.- Ibíd. pág. 11.

23
Dic
10

¡Paremos el bochorno!

“Resulta incomprensible la decisión mayoritaria de los diputados de la Concertación de votar en contra de la idea de legislar sobre un proyecto de ley que necesita ser mejorado, pero contiene iniciativas positivas”. 
(Pepe Auth)*

La reforma educacional del presidente Piñera, pasó ayer el primer trámite legislativo al ser aprobada la idea de legislar por una holgada mayoría de  67 votos a favor, 47 en contra y tres abstenciones. Situación que llevó a decir al ministro de educación que, “el proyecto no ha sido aprobado por uno o dos votos, sino que por una amplia mayoría. Eso muestra que hay genuino interés por mejorar la calidad de la educación” (1). El holgado respaldo, se gestó producto del voto favorable de los diputados PPD Pepe Auth, Orlando Vargas y Cristián Campos, los DC Jorge Burgos, Fuad Chahín, Jorge Sabag, René Saffirio, Eduardo Cerda, Matías Walker y Gabriel Silber, además de la PRI Alejandra Sepúlveda y de los independientes Miodrag Marinovic y Pedro Velásquez; además de la abstención los DC Pablo Lorenzini, Víctor Torres y Carolina Goic. Ahora, deberá pasar al senado donde tiene fecha límite para su aprobación el mes de enero del 2011, vale decir, se debe promulgar en un mes.

Haber, vamos por parte, qué hay de tras de un proyecto que logra que el diputado Andrade sufra de bochornos, no hay sino una reforma al estatuto docente que permitirá abrir mecanismos expeditos para disminuir la planta de los funcionarios de la educación municipal. En este sentido, tiene razón Gajardo al calificar la ley como una mera reforma laboral. Esto tiene su origen en el permanente descenso de la matrícula de los colegios fiscales, situación que llevó a Lavín a cerrar un número significativo de escuelas públicas de las que necesita despedir a su personal, por eso el acuerdo rápido del gobierno con la asociación de municipalidades, las mayores afectas con la sobre dotación. Aquí, a no engañarse, esto no tiene que ver con la calidad de la educación, esto tiene que ver con una visión ideológica por parte de la derecha y un sector de la Concertación que propugnan por una educación de mercado, entregada al mundo empresarial, sin ninguna responsabilidad por parte del Estado, salvo asegurar la prestación y subsidiar a las familias que no tengan para solventarla; para este sector, la educación pública es una carga demasiado onerosa de la cual hay que desprenderse, como cualquier otra empresa pública… achicar el tamaño del Estado.

Piñera ha introducido cambios ideológicos en el corazón del sistema

“¡Paremos el bochorno!”
(Osvaldo Andrade)**

Desde esa óptica, la medida parece lógica al modelo, Piñera tiene por objetivo despedir al 20% de la planta docente en estos 4 años; esto en el marco de una educación municipal que disminuye su presencia en forma constante, con lo que logra compensar en parte la ecuación. Pero además, Piñera ha introducido cambios ideológicos en el corazón del sistema, ya que ha intervenido el curriculum en materias sensibles, que apuntan a un tipo de formación centrada en competencias, acrítica e instrumentalista; se pretende además cambiar el financiamiento universitario, medida con la cual el Estado se desprendería de la educación superior. Qué era lo que el mundo social y académico le pedía a la Concertación, tiempo, el suficiente como para debatir con todos los actores en la mesa. A la Concertación se le pedía, independiente de lo que ellos estén en condiciones de consensuar en políticas educativas, que dejen expresarse a la sociedad civil que, según las encuestas apoya contundentemente a la educación pública, 67% en la CEP (2) y 64,5% en la encuesta UDP – ICSO (3). Se le pedía en definitiva rechazar el proyecto, con el fin de obligar al gobierno a dialogar, algo tan propio de las democracias; hay muchos que creemos que debe existir una educación pública, de excelencia, no discriminadora y gratuita; una educación que forme seres humanos críticos, reflexivos y solidarios; una educación que sea mirada como lo que es, una relación social y no una articulación empresarial. Cualquier cambio al Estatuto Docente, debería hacerse en el marco de una discusión que contemple también la Ley de Fortalecimiento de la Educación Pública. Se equivoca el diputado Auth, lo que la sociedad civil le está demandando es abrir el debate a algo más que la expertise de su honorable investidura, sino también a expertise de los gremios, los estudiantes, académicos, apoderados… en definitiva sus electores diputado.

Así las cosas, no se ve fácil la tarea en el senado, la Democracia Cristiana, mayoría opositora en la cámara alta, es la más permeable al loby de los sostenedores particulares, los que se constituyen en un poder transversal al interior del partido de la flecha roja, lo que hace predecible el desenlace. Con lo cual, la clase política opositora se aparta aún más de las demandas y realidades de una sociedad que, cada vez tiene un juicio más crítico de su accionar, según no sólo las encuestas sino la mera temperatura ambiente y sentido común. Si algo nos enseña la historia -esa misma que el ministro quiere disminuir en horas-, es que cuando los pueblos no se sienten escuchados y representados en la forma cómo se toman las decisiones, buscan formas de organización y de expresión para hacer sentir su voz, esto ocurre a su vez, cuando los mecanismos que contempla el sistema democrático no están cumpliendo o no están diseñados para cumplir con su objetivo primordial, cautelar y gobernar de acuerdo a la soberanía popular. Por el momento, yo me quedo con las palabras del diputado Andrade, “¡paremos el bochorno!” por favor.

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* Pepe Auth. Puranoticia, diciembre 22, 2010. Ver en: http://www.puranoticia.cl/titular7/pepe-auth-critico-a-diputados-concertacionistas-por-rechazo-a-aprobacion-general-de-reformas-a-la-educacion

** Exclamación del diputado en medio de la sesión que aprobó la reforma presidencial del 22 de diciembre en la cámara baja. Cit. en La Tercera, 23 de diciembre 2010.

Notas

1.- El ciudadano: Proyecto de Reforma Educacional es aprobado en Cámara de Diputados, 23 / 12 / 2010. Ver en: http://www.elciudadano.cl/2010/12/23/proyecto-de-reforma-educacional-es-aprobado-en-camara-de-diputados/

2.- En la encuesta CEP de diciembre de 2006, ante la pregunta: Si los establecimientos públicos estuviesen en manos del Ministerio de Educación, a igual costo de matrícula y aproximadamente igual distancia, ¿preferiría un colegio administrado por el Ministerio de Educación o un colegio particular subvencionado? Un 67% prefiere colegios administrados por el Ministerio de Educación, un 35% los colegios particular subvencionados y un 4% no sabe o no contesta.

3.- La encuesta UDP-ICSO 2009, ante la pregunta: ¿está Ud. de acuerdo con que todas las Universidades privadas debieran pasar a ser del Estado? Un 64,5% se manifiesta a favor de estatizar el sector terciario de la educación chilena.

03
Oct
10

El sentido de la Educación Pública

Según ha trascendido, en los hornos de la política se está fraguando una ley que rija los destinos de la alicaída educación pública chilena. Y como intuimos, parece que también se hará a la chilena. Para este efecto, el timonel del Partido Socialista Osvaldo Andrade se habría reunido con el ministro Lavín *, para consensuar los ingredientes del estofado y, como es costumbre, servir la mesa con el menú ya preparado. En este sentido, quiero invitarlos a “degustar” el interesante artículo del abogado Fernando Atria, publicado en el último número de Revista Docencia; en el cual revisa, desde una perspectiva jurídica, las principales acepciones que se manejan sobre educación pública y, a la vez sus principales incoherencias

¿??????????????????????????????????¿

El sentido de la Educación Pública

Fernando Atria (1)

Uno de los aspectos más insólitos de la reflexión sobre el sistema educacional chileno es que se piensa desde el establecimiento particular pagado. El establecimiento particular pagado es el que expresa de modo más pleno la idea de un establecimiento educacional y lo que es en principio aceptable (o deseable) que un establecimiento haga (o pueda hacer). Un colegio particular subvencionado es como uno particular pagado, con una característica accidental adicional: que atiende personas que no pueden pagar su colegiatura, y por eso existe la subvención. Y un establecimiento municipal es como uno subvencionado, con una característica accidental adicional: que su “sostenedor” tiene la “naturaleza jurídica” de “municipalidad” (o “Estado”).

Esto ha llevado a una radical homologación del régimen de los dos últimos al régimen del primero. Así, si los establecimientos que sirven de modelo pueden cobrar por la educación que ofrecen, es decir, ofrecerla condicionalmente al público, y pueden seleccionar, eso implica que, en principio, también pueden hacerlo los otros. Y con esa lógica se introdujo el financiamiento compartido, y se autorizó incluso a los establecimientos municipales a cobrarlo. Si los establecimientos particulares pagados, cuyo régimen jurídico es el de una empresa privada, pueden elegir libremente con quién realizar contrato, y por eso seleccionar unilateralmente estudiantes, o expulsarlos por infracción a reglamentos unilateralmente fijados por el dueño, ese mismo poder lo tienen, en principio, los establecimientos subvencionados y municipales. La conclusión de este razonamiento es que la “educación pública” no tiene nada de peculiar, nada que justifique una preocupación especial o un programa de fortalecimiento. En rigor, que la categoría de educación pública no existe más que como una pura forma jurídica, sin contenido.

Por esto, se ha sostenido que, más allá de los formalismos jurídicos, el concepto de “educación pública” debe incluir a los establecimientos particulares subvencionados.

Esto es un grave error, y estas líneas tienen por finalidad aclarar por qué tiene sentido hablar de “educación pública”, excluyendo los establecimientos particulares pagados y subvencionados.

Dos (no tres) conceptos de educación

Pública.

Hay un sentido en que toda educación provista en el contexto de un sistema educacional como el chileno es pública. Éste es el sentido en que la expresión es utilizada en la denominación que reciben ciertas escuelas inglesas: “escuelas públicas” (public schools). Esas escuelas, paradójicamente, son las más exclusivas y selectivas del sistema educacional inglés (están probablemente entre las escuelas más selectivas y exclusivas del mundo), abiertas sólo a los ultra-ricos. La razón por la que se denominan “public schools” es que ellas originalmente surgieron como una alternativa a la educación que recibía el hijo del aristócrata a manos de un instructor o institutriz, en privado, en el palacio familiar (como Aristóteles educaba a Alejandro Magno). En contraposición a esa forma de educación, el hecho de tener que salir del palacio y encontrarse con otros estudiantes era lo que caracterizaba a la educación recibida en una escuela como “pública”. Si éste es el criterio de lo público, toda educación provista por un establecimiento educacional es “pública” por definición.

Ahora bien, en la discusión sobre el fortalecimiento de la educación pública apareció una tesis que defiende un concepto de educación pública más restringido que el anterior. Conforme a este nuevo concepto, entender que la educación pública es sólo la provista por agencias estatales es demasiado estrecho, y debe reconocerse que, en el sentido relevante, la educación pública incluye a la denominada “particular subvencionada”. Este es un concepto más restringido que el primero porque acepta que el concepto de educación pública no incluye a la educación “particular pagada”, pero reclama estar libre del formalismo del que dice que educación pública es sólo la provista por el Estado. Lo que importa no es quién provee la Educación sino qué educación se provee.

Nuestra situación actual, entonces, es que hay aparentemente disponibles tres conceptos de “educación pública”, y lo que este artículo intenta hacer es determinar cuál es el políticamente relevante cuando se discute sobre la importancia de este tipo de educación.

El primer concepto es el que subyace a la denominación de las “escuelas públicas” inglesas: es pública toda educación que exige que el estudiante abandone la casa familiar y se encuentre con otros en un establecimiento educacional, lo que implica que todos los establecimientos educacionales son por definición parte de la educación pública. El segundo concepto es el tradicional: la educación pública es el provisto por órganos del Estado; por consiguiente sólo los establecimientos municipales son parte de la educación pública. El tercer concepto es uno que se presenta como intermedio: es pública la educación provista por establecimientos municipales y subvencionados. El que defiende esta tercera posición cree que atender al solo hecho de que algunos establecimientos son de propiedad del Estado es un formalismo jurídico irrelevante, y que si evitamos los formalismos veremos que, en el fondo, la educación municipal y la subvencionada deben ser consideradas como pertenecientes al mismo grupo.

En la discusión política chilena nadie pretende que, cuando se habla del “fortalecimiento de la educación pública”, se esté usando el concepto de educación pública en el primer sentido. La cuestión políticamente relevante, entonces, es determinar si la crítica que se hace al segundo concepto el que defiende el tercero es o no justificada. Si aceptamos el tercer concepto de educación pública, por ejemplo, debemos adherir a alguna forma de lo que se denomina el principio de “igualdad de trato”, que insiste que el Estado no puede tratar de modo diferente a la educación municipal y a la subvencionada, que toda política de fortalecimiento de la educación pública debe ir dirigida a estas dos categorías de establecimientos, y que mostrar una atención preferente por la educación municipal es una discriminación arbitraria.

Ahora bien, si se trata de defender el tercer concepto de “educación pública”, la pregunta obvia es qué es lo que es común a los establecimientos estatales y los particulares subvencionados y los distingue a ambos de los particulares pagados; qué es, en otras palabras, lo que definiría esta nueva categoría. Aunque la respuesta es bastante obvia, es importante detenerse en el hecho de que los que la defienden no son particularmente prolijos. J. J. Brunner, por ejemplo, ha dicho (en El Mercurio, 13 de julio de 2008) que “En Chile se llama educación pública a aquella ofrecida por los colegios municipales, sin reparar en que también la provista por establecimientos privados subvencionados es pública en todos los aspectos fundamentales (currículo, profesores, jornada escolar, textos, exámenes, medición de resultados, certificados otorgados, financiamiento),

con excepción de la propiedad de las escuelas”.

Lo que es claro aquí es que, con la excepción de “financiamiento”, los “aspectos fundamentales” a los que se refiere Brunner caracterizan por igual a toda la educación reconocida por el Estado. Si ellos fueran los que definen a la educación pública, deberíamos concluir que su objeción no es a la idea de que el Estado debe mostrar una especial preocupación por la educación estatal, sino una mucho más radical: todo el sistema educacional conforma la “educación pública”. Ahora bien, ésta no es la conclusión que el propio Brunner defiende, por lo que su enumeración debe ser entendida más como una licencia retórica que como una lista reflexiva.

Para remover la licencia hay que separar el “financiamiento”, que es el único criterio que permite agrupar a establecimientos estatales junto a particulares  subvencionados, excluyendo los particulares pagados. La mención a los otros “aspectos fundamentales” es aquí irrelevante.

Pero ¿no es esto igualmente “formalista”? ¿Por qué es un formalismo apelar a la “naturaleza jurídica” del proveedor y no es formalista apelar a la naturaleza jurídica del que paga por la provisión? La respuesta es obvia: cuando el que paga por la educación es el Estado, y no el individuo, ella deja de quedar condicionada a la capacidad del individuo de pagar por su educación. Éste sería el criterio relevante para definir lo que cuenta como educación pública. Es una cuestión de acceso: educación pública=educación abierta a todos.

Es claramente incorrecto, sin embargo, decir que la educación provista por los establecimientos particulares subvencionados está en principio abierta a todos. Ello por dos razones. La primera es que esos establecimientos están habilitados legalmente para cobrar a sus estudiantes (a sus padres) una cantidad mensual de dinero que la ley denomina “financiamiento compartido”. Conforme al propio criterio utilizado por los críticos, entonces, estos establecimientos no deberían ser entendidos dentro de la categoría “educación pública”.

Pero la razón principal no es el financiamiento compartido. En Chile se ha entendido (incorrectamente, a mi juicio, aunque eso es ahora irrelevante) que es parte fundamental de la libertad de enseñanza de la que gozan los sostenedores de estos establecimientos el que ellos puedan no sólo definir su propio proyecto educativo, sino adicionalmente invocarlo como una razón que guía sus criterios de selección o permanencia. Por consiguiente, los establecimientos particulares subvencionados no están en principio abiertos a todos, sino sólo a quienes tienen formas de vida o concepciones de la educación o del mundo, etc., que de acuerdo a la decisión unilateral del sostenedor son compatibles con su proyecto educativo.

Nótese que estas dos cuestiones son enteramente independientes: del hecho de que el sostenedor pueda establecer y ejercer un proyecto educativo no se sigue que una de las maneras de “ejercerlo” sea transformarlo en estándar de admisión al establecimiento. La ley podría perfectamente reconocer y proteger el primer derecho pero negar el segundo. La conexión entre ambos suele establecerse con un argumento particularmente débil: sólo si el sostenedor puede seleccionar estudiantes por su conformidad con “su” proyecto educativo es posible asegurar la “comunidad de valores” que un proyecto educativo requiere para ser exitoso. Quienes sostienen esta excéntrica idea ignoran sistemáticamente que, como en Chile nadie tiene la obligación legal de asistir a un establecimiento en particular, esa comunidad de valores se puede asegurar sin que el establecimiento pueda seleccionar, ya que el hecho de que el establecimiento deba ser elegido por los padres es suficiente para garantizar esa comunidad de valores. Por estas dos razones no puede decirse que los establecimientos particulares subvencionados estén abiertos a todos.

Que un establecimiento educacional esté abierto a todos quiere decir que en principio todos tienen el derecho de ser admitidos por ese establecimiento, derecho que sólo cede, como todo derecho, cuando su cumplimiento es físicamente imposible (no implica que un establecimiento no esté abierto a todos el hecho de que ese establecimiento no pueda, por razones fácticas de limitación de recursos, recibir a todo el que postula cuando la demanda excede las plazas disponibles). Por consiguiente, es importante notar que el hecho de que los establecimientos de la educación particular subvencionada no estén en principio abiertos a todos no es una generalización a partir de las políticas efectivamente adoptadas por algunos, muchos o todos esos establecimientos. No es un punto, en otras palabras, que sea sugerido por la evidencia empírica disponible, por lo que no es refutable por referencia a dicha evidencia. Es una observación sobre (la interpretación dominante de) el régimen legal aplicable a esos establecimientos, que entiende la libertad de enseñanza del sostenedor de modo tal que es incompatible con entender que quienes postulan a su establecimiento tienen un derecho, fundado en su condición de ciudadanos, a ser admitidos.

En efecto, que alguien tenga un derecho quiere decir que hay otro que tiene un deber. Esta obligación del deudor, una vez surgida, es independiente de su voluntad, en el sentido de que ya no puede decirse que el deudor tiene la libertad de decidir si paga o no paga (está obligado a pagar). Como (la interpretación dominante de) el régimen legal de la educación particular subvencionada permite al sostenedor exigir una cierta cantidad de dinero a cambio de la prestación de servicios educacionales, y le permite además definir unilateralmente un proyecto educativo conforme al cual ciertos ciudadanos no son elegibles o son menos elegibles que otros, no puede decirse que todo ciudadano esté, ante un establecimiento particular subvencionado, en la posición de quien tiene derecho a ser admitido, porque el establecimiento no tiene el deber de recibirlo.

Nótese que en esto hay una diferencia considerable con la educación estatal: si bien ésta también está autorizada para cobrar como financiamiento compartido un pago en dinero por el servicio provisto, esa autorización tiene una limitación que mantiene esa forma educacional abierta a todos, porque los establecimientos municipales que cobren financiamiento compartido deben aceptar gratuitamente a todos los alumnos residentes en la comuna (Art. 23 DFL 2 de 1998).

La razón por la cual la autorización dirigida a establecimientos municipales para exigir el pago del financiamiento compartido necesita estar sujeta a esta limitación es la contenida en el artículo 19 N° 10 de la Constitución: todas las personas tienen un derecho a la educación. Por la misma razón, no puede decirse que los establecimientos municipales tengan libertad de enseñanza en el sentido en el que se entiende dicha libertad en Chile, es decir, como justificación de políticas de selección y exclusión. Si los establecimientos municipales tuvieran esa libertad de enseñanza, entonces nadie tendría derecho a ser educado.

Es verdad que hoy no hay una regla que impida a los establecimientos educacionales del Estado fijar proyectos educativos por referencia al cual puedan seleccionar alumnos. Pero el solo hecho de que sean del Estado impone esa limitación por referencia, por ejemplo, a creencias religiosas o capacidad de pago. El caso más problemático es el de selección por méritos académicos. Hoy no hay obstáculos a que los establecimientos del Estado seleccionen de este modo, en buena medida porque, como hemos visto, el modelo de establecimiento sobre el cual se construyen los demás es el establecimiento particular pagado. Esto, desde luego, desnaturaliza la educación pública, y la propuesta del Ministerio de crear “liceos de excelencia” agudiza el problema. Pero el punto se sostiene: en principio, un establecimiento público no puede definir un proyecto educativo por referencia al cual seleccionar estudiantes (debe destacarse que el proyecto de ley de fortalecimiento de la educación pública se refiera a este punto, y si bien no prohíbe toda forma de selección, explicita su estatus: ya no es algo que los establecimientos públicos pueden desde luego hacer, sino que en principio no pueden hacerlo aunque en ciertos casos se justifique).

La referencia al derecho a la educación suele utilizarse, por los “expertos en políticas públicas”, de modo impropio, como si su relevancia se agotara en el hecho de que debe haber un sistema educacional con cobertura completa. Pero la lógica de los derechos es individualizada, no agregativa. No se trata (sólo) de que sea bueno que se alcance la cobertura completa en educación básica y media, se trata de garantizar que cada uno podrá recibir la educación que crea que es mejor. Ésta es la obligación del Estado: garantizar a cada ciudadano, individualmente, la educación que requiere. La existencia de establecimientos particulares subvencionados no es suficiente garantía del derecho a la educación, precisamente porque descansa en la idea de que el sostenedor puede poner condiciones al ingreso. En el régimen legal chileno la libertad especialmente protegida es la de los padres de elegir, no la de los sostenedores a seleccionar: “Los padres tienen el derecho preferente y el deber de educar a sus hijos. Corresponderá al Estado otorgar especial protección al ejercicio de este derecho” (Art. 19 Nº 10 inc. 3º. Constitución Política).

Sólo un sistema educacional cuyo régimen legal obliga a los proveedores a admitir a cualquier individuo que postula garantiza la educación a todos como un derecho. El régimen legal aplicable a la educación particular subvencionada no garantiza la educación como un derecho, porque el sostenedor tiene libertad, conforme a la ley, para establecer condiciones de ingreso, y la idea misma de que una exigencia es formulada como un derecho es incompatible con la libertad de aquel a quien se dirige la exigencia para condicionar su cumplimiento.

De modo que, examinada atentamente, la idea de que la categoría de educación pública incluye tanto a los establecimientos estatales como a los particulares subvencionados es incoherente.

Los sentidos relevantes, en el estado actual del derecho chileno, son dos: en uno, toda educación es pública (es el sentido de las public schools inglesas); en el otro, es pública la educación que es ofrecida por establecimientos que tienen el deber (correlativo al derecho a la educación de los individuos) de admitir a todo el que postule a ellos (salvo el caso obvio de imposibilidad material).

La tesis de que la educación “pública” incluye a los establecimientos estatales y a los subvencionados usa como criterio de distinción de lo público el hecho de que en ambos casos no es el individuo el que paga sino el Estado. Pero esta característica o es un formalismo sin justificación (tal como los críticos decían que era un formalismo atender a la “naturaleza jurídica” del establecimiento), o es importante porque abre el acceso a esos establecimientos a todos, no sólo a los que pueden pagar. Desde luego esta segunda opción es la que toma en serio el criterio que los propios críticos han utilizado para distinguir la educación subvencionada de la pagada. Pero habiendo aceptado este criterio (es pública la educación que está abierta a todos), sólo el que desconoce el régimen legal de la educación particular subvencionada puede creer que estos establecimientos están legalmente abiertos a todos y son parte, por lo tanto, de la educación pública.

De lo anterior no se sigue que el hecho de que los establecimientos particulares subvencionados reciban financiamiento público es enteramente irrelevante.

Hay un obvio interés público en especificar las condiciones bajo las cuales puede accederse a la subvención estatal y el modo en que puede ésta ser utilizada. El Estado tiene innegablemente el deber de velar por la correcta utilización de los fondos públicos, lo que se traduce en su deber de crear mecanismos de fiscalización adecuados al modo en que esos recursos se invierten. Esto desde luego justifica que

exista un régimen que permita el control del uso de los fondos estatales en establecimientos privados (del mismo modo en que sería, por ejemplo, enteramente inaceptable que el Estado creara un fondo de financiamiento de la investigación científica y tecnológica, pero no creara mecanismos de control del buen uso de esos recursos).

El argumento puede incluso llegar más lejos: como los establecimientos privados subvencionados pueden cobrar a los padres una cantidad que complementa la subvención estatal, y que de ese modo se transforma (en esos establecimientos) en condición para gozar de la subvención, el régimen al cual están sujetos los recursos estatales utilizados por los establecimientos privados puede también ser legislativamente extendido a los recursos captados por los establecimientos en tanto financiamiento compartido. Es evidente que para justificar esta conclusión no es necesario afirmar que los establecimientos privados subvencionados son parte de la educación pública; basta afirmar que reciben recursos del Estado, y aplicar a esos recursos entonces el régimen general de los recursos estatales. Una cuestión es la de definir qué cuenta como educación pública, y otra es especificar las obligaciones que, en general, el que recibe financiamiento público para algo adquiere por ese solo hecho.

Educación pública y educación Estatal

Hemos distinguido un concepto “amplio” de educación pública (las public schools inglesas) y uno “estricto” (educación abierta a todos). El concepto “intermedio” propuesto por los críticos, que incluye a todos los establecimientos educacionales que reciben algún financiamiento del Estado, fracasa en sus propios términos y por consiguiente no alcanza a constituir una tercera posibilidad. En sentido estricto, la educación pública es la que está sometida a un régimen legal conforme al cual ella está en principio abierta a todos como ciudadanos.

El sentido o finalidad, entonces, de un sistema de educación pública es garantizar a cada ciudadano la educación como derecho, correlativo del deber de quien la ofrece. De las tres categorías de establecimientos que conforman el sistema educacional chileno, sólo la de los establecimientos que pertenecen al Estado satisface esta condición, por lo que sólo la educación provista por establecimientos estatales puede ser denominada, en este sentido, “pública”.

Hay entonces una conexión entre el sentido de la educación pública (abierta a todos) y su forma jurídica (provista por establecimientos estatales). Esta conexión no es puramente contingente, como si no fuera más que el resultado de una historia que en cualquier punto particular podría haber evolucionado de otro modo. Ella se explica por la diversa posición que el individuo asume frente al Estado y frente a otros individuos.

Ante el establecimiento de propiedad del Estado el individuo concurre en términos asimétricos: basta su voluntad para que el establecimiento tenga la obligación de admitirlo. Esta asimetría entre el individuo y el establecimiento es reflejo de la posición general de asimetría que el ciudadano tiene frente al Estado: el individuo tiene derechos, y el Estado no, porque está “al servicio de la persona humana” (Art. 1° Constitución Política). Pero ante el establecimiento privado (subvencionado o no) el individuo no concurre como ciudadano sino como parte contratante. Y entre las partes contratantes existe la simetría propia del contrato y del mercado: ningún individuo está “al servicio” de otro. Como la relación entre el individuo y el establecimiento es en este caso simétrica, no basta la voluntad del primero para que el segundo tenga una obligación: la concurrencia de su voluntad, como en todo contrato, es condición necesaria, pero no suficiente, para que haya contrato.

Por consiguiente, la explicación que hemos encontrado del sentido de la educación (estrictamente) pública vincula la forma institucional de ciertos establecimientos (son propiedad del Estado) al sentido de la educación pública (educación abierta a todos, ante la cual el individuo concurre como ciudadano ejerciendo un derecho). Luego, la categoría de “educación pública” se identifica con la de “educación provista por establecimientos de propiedad del Estado” reteniendo su sentido.

Es sencillamente falso decir que la única diferencia entre los establecimientos estatales y los particulares subvencionados es la naturaleza del titular de la propiedad sobre los mismos. Como consecuencia de esa diferencia en titularidad, el régimen legal de ambos es diferente en un punto críticamente importante si de lo que se trata es de garantizar un derecho: sólo ante los establecimientos del Estado el individuo concurre como ciudadano que ejerce su derecho.

¿Establecimientos públicos de propiedad

privada?

Ahora bien, la posición discutida al principio afirmaba que los establecimientos particulares subvencionados debían ser considerados parte de la educación pública. Lo que hemos visto hasta ahora muestra que este argumento se basaba en una noción incoherente de “educación pública”. Dado el régimen jurídico chileno, sólo la educación estatal es educación pública. Pero la cuestión podría plantearse, por así decirlo, al revés: ¿es posible concebir un régimen legal en el que establecimientos de propiedad privada sean parte de la “educación pública”?

En Chile hemos aceptado que es a través de iniciativas privadas que pueden perseguirse finalidades públicas. Pero la manera en que lo hemos hecho ha desnaturalizado esas finalidades, porque la finalidad “pública”, por ejemplo, de un sistema de salud no es sólo proveer de prestaciones de salud sino garantizar el derecho igual de cada ciudadano en tanto tal a esas prestaciones de salud.

Está en lo correcto el neo-liberal que alega que no hay razón por la que las finalidades públicas sólo puedan ser perseguidas por el Estado. Lo que es inaceptable (porque distorsiona esas finalidades) es su pretensión de que puede (o debe) hacerlo sujeto al régimen de los agentes privados. Para que las iniciativas privadas reemplacen al Estado en la provisión de prestaciones públicas es necesario que asuman la posición de asimetría que el Estado tiene frente al ciudadano.

Por consiguiente, no hay razón para negar la posibilidad de que se cree legalmente una categoría de establecimientos públicos de enseñanza que sean de propiedad privada. Para esto sería necesario configurar el régimen legal aplicable a esos establecimientos educacionales privados (en cuanto a su propiedad y gestión) de modo que ellos asumieran la posición de asimetría, ante el ciudadano, característica del Estado. Si esa categoría legal existiera, entonces la homologación entre establecimientos de propiedad del Estado y educación pública sería objetable (esto muestra que dicha homologación no es conceptual, es decir, necesariamente correcta e independiente del contenido del régimen legal aplicable). Mientras dicha categoría no exista, la homologación es correcta, y la subsistencia de la educación estatal es la marca de que el Estado chileno está comprometido con la educación como derecho del ciudadano.

Esto es hoy difícil de pensar porque no hay un estatuto de la educación pública. Como el establecimiento público es pensado desde el particular pagado, de modo que “público” sólo quiere decir “del Estado”, la idea de una educación pública provista por establecimientos que no sean de propiedad del Estado es radicalmente incoherente, como hemos visto que ocurre con la posición del crítico que pretendía revisar el concepto de “educación pública”.

Si la educación pública tuviera un régimen propio, la cuestión sería más fácil: bastaría decir que es público todo establecimiento, incluidos los que pertenecen en propiedad a agentes privados, que se someta a ese régimen. El proyecto de ley de fortalecimiento de la educación pública contiene un incipiente régimen legal del establecimiento público (el título II, Arts. 5-12)2. Si ese régimen fuera aprobado, no

hay razón por la que no podría aspirar a ser tratado como “público” un establecimiento de propiedad de una persona de derecho privado que estuviera dispuesta a asumir lo que el proyecto denomina “Deberes especiales de los sostenedores públicos”, y podría decirse entonces: la educación pública es la provista por establecimientos que asumen los deberes especiales que se siguen de la asimetría entre el Estado y el ciudadano.

Coda: ¿Es sostenible la educación pública

en un sistema mixto?

El argumento desarrollado más arriba tiene una consecuencia importante. En un sistema como el chileno, en que los establecimientos de la educación pública y de la educación particular deben coexistir compitiendo, los segundos pueden ofrecer en el mercado un bien inapreciable que los primeros por definición no pueden ofrecer: selección. Como algunos establecimientos (los privados) pueden ofrecer selección y otros (los públicos) no, la educación privada tenderá a ser la educación a la que asistan todos aquellos que se benefician de la selección. Los que no se benefician de ella son aquellos que en sentido económico, social o cultural están peor situados. En un sistema mixto como el chileno, la educación pública tiene una tendencia interna a transformarse en un ghetto de marginalidad.

Para mostrar que éste es el caso, basta notar que el que asiste a un establecimiento que establece condiciones de ingreso asegura por ese solo hecho que estudiará junto a otros individuos que satisfacen esos criterios de ingreso. Todo establecimiento que puede seleccionar, entonces, puede adecuar su oferta de educación a un “target”: la clase de individuos que pueden satisfacer sus condiciones de acceso (y así separarse de los que están debajo de ellos) y que no puedan satisfacer condiciones de ingreso de un establecimiento más selectivo (por lo que se separará de los que están más arriba de ellos).

Un sistema mixto como el chileno, entonces, tenderá a la progresiva segregación, y en definitiva cada uno asistirá al establecimiento que su dinero puede pagar: ni un peso más abajo ni un peso más arriba. Y en el fondo, desde luego, se creará un subsistema de estudiantes socioeconómicamente deprivados y socialmente marginados. Lo que caracterizará a ese subsistema será que sus establecimientos no seleccionan, y atienden entonces sólo a aquellos a los que la selección no beneficia.

El sistema educacional chileno es el paradigma de un sistema diseñado para transmitir el privilegio. En materia educacional, para el privilegiado Chile es el mejor de los mundos posible.

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* http://www.radiobiobio.cl/2010/08/23/preparan-proyecto-para-profunda-reforma-del-sistema-educacional-municipal/

Notas

1 Profesor de Derecho, Universidad de Chile, Universidad Adolfo Ibáñez. Este artículo incorpora material publicado en: Atria, F. (2009) ¿Qué es educación pública? Revista de Estudios Sociales, 117, 45-69, Corporación de Promoción Universitaria, Santiago. Y en Atria, F. (2007), Mercado y Ciudadanía en la Educación, Santiago, Flandes Indiano. A los que me permito remitir al lector.