El pasado 21 de octubre, en el auditorio de la Universidad Alberto Hurtado se realizó el seminario: Justicia Militar en Causas Mapuche. En el evento, que contó con la participación de los abogados Alberto Espinoza(1) y José Galiano (2), el periodista Nibaldo Mosciatti (3) y el historiador Sergio Grez (4), se abordó la situación de los 15 comuneros mapuches que hoy en día se encuentran procesados por la ley antiterrorista.
En esta oportunidad, quiero presentar la reflexión de Sergio Grez Toso, quien abordó el tema no sólo como historiador sino principalmente como ciudadano.
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“… no podemos callar ante los graves sucesos
que están ocurriendo en la Araucanía «
He sido invitado a este Seminario por haber sido uno de los impulsores de dos declaraciones y manifestaciones de historiadores en apoyo al pueblo mapuche: la primera, con motivo del asesinato por la espalda del comunero mapuche Matías Catrileo (5) cometido por un Carabinero en enero de 2008, y una segunda declaración en agosto de 2009, luego de un nuevo asesinato por la espalda cometido por Carabineros de Chile contra la persona de otro comunero mapuche, Jaime Mendoza Collío (6), declaración a la que se sumó una manifestación de protesta de historiadores, profesores de Historia y alumnos de carreras de Historia, en las calles de Santiago el 10 de septiembre del presente año. Sin despojarme de mi condición de historiador (no especializado en la cuestión mapuche), en esta ocasión hablaré sobre todo como ciudadano. Porque como ciudadano (cualquiera sea mi especialización en tanto historiador) no puedo callar, no podemos callar ante los graves sucesos que están ocurriendo en la Araucanía.
Día a día las comunidades mapuches que luchan por recuperar sus tierras son rodeadas, hostigadas, allanadas y violentadas por las fuerzas policiales del Estado chileno. Día a día hombres, mujeres y niños mapuches son maltratados, insultados, humillados, golpeados, arrastrados y detenidos por Carabineros y la Policía de Investigaciones. Algunos, como Matías Catrileo y Jaime Mendoza Collío son asesinados por la espalda. Los helicópteros policiales vuelan día y noche por sobre las tierras de estas comunidades. Los mapuches sufren controles de identidad abusivos, vejatorios. Sus luchas son criminalizadas y judiciliadizadas por el gobierno y el poder Judicial, y son deformadas y condenadas por la prensa (salvo contadas y honrosas excepciones) y por los partidos políticos con representación parlamentaria. Los militantes más activos y combativos de la causa mapuche son perseguidos, maltratados, torturados, encarcelados y sometidos a 2 procesos tanto por la Justicia Civil como por la Justicia Militar. A ellos se les aplica la Ley Antiterrorista heredada de la dictadura Militar y utilizada profusamente bajo los gobiernos de la Concertación. Cuando una causa criminal parece no prosperar (por insuficiencia o debilidad de pruebas), los fiscales civiles y militares (respondiendo a las insinuaciones del gobierno), se afanan en inventar nuevas acusaciones para poder retenerlos largos períodos en prisión. Es lo que está ocurriendo con Héctor Llaitul (7), dirigente de la Coordinadora Arauco- Malleco (CAM) (8) a quien le comunicaron en estos últimos días la apertura de un nuevo proceso. Cada causa significa hasta nueve meses de prisión preventiva mientras dura la investigación.
Este proceder de los fiscales me recuerda las “condenas clandestinas” que pronunciaba la DINA (9) durante la dictadura de Pinochet. Aunque nunca tuvimos la prueba formal de ello, en 1975, cuando estábamos en el campo de concentración de Puchuncaví circulaba insistentemente entre los presos políticos el rumor acerca de estas “condenas” informales decididas por la policía política de la dictadura. Como no éramos sometidos a proceso ya que habíamos sido arrestados de manera absolutamente arbitraria y discrecional, la DINA decidía nuestro futuro determinando cuantos meses o años debíamos permanecer “fuera de circulación”. Algo similar parece que está ocurriendo con el procedimiento de los fiscales contra los presos mapuches… Entretanto, el gobierno de la Presidenta Bachelet ofrece “diálogo”, envía su ministro Viera Gallo a la Araucanía, pero anuncia que las comunidades que amparen a los “violentistas” no serán beneficiadas con la entrega de tierras. De esa manera se pretende dividir al movimiento mapuche aislando a los “malos” de los “buenos”. Para completar el panorama, los grandes propietarios de la zona forman cuerpos paramilitares de “guardias blancas” patronales para reprimir al pueblo mapuche, tal como ha sido anunciado con la creación del Comando Hernán Trizano (10). Todo esto nos lleva a concluir que el Estado de Chile y los grandes propietarios de la zona, beneficiarios de la usurpación histórica de los territorios mapuches, están empezando a implementar una estrategia de 3 guerras de baja intensidad en el Wallmapu para quebrar la resistencia mapuche.
Los métodos empleados así lo indican: militarización del territorio mapuche a través de la Instalación permanente de la policía militarizada de Carabineros en las zonas más álgidas del conflicto para actuar como guardia pretoriana de los empresarios; violencia policial creciente contra las comunidades; cerco mediático (salvo honrosas excepciones como Radio Bío-Bío); acción de una vasta red de espionaje y soplonaje, intervención de correos electrónicos y escuchas telefónicas (incluyendo a los abogados defensores de los presos políticos mapuches), etc. A ello se suma la aplicación sistemática de la Ley Antiterrorista heredada de la dictadura y utilizada profusamente por los gobiernos de la Concertación junto a la doble acción de fiscales civiles y militares.
¿Qué significa en concreto la intervención de la Justicia Militar en las causas mapuches?
Significa, entre otras cosas, que un imputado puede estar detenido hasta por cinco días sin real expresión de causa, incomunicado, arraigado, prontuariado, con prisión preventiva indefinida; que esta persona ve suspendidos sus derechos ciudadanos, que no puede conocer el sumario secreto, y que la investigación puede tardar los años que el Fiscal determine que sean necesarios para el cierre del sumario. Estas facultades excesivas de la Justicia Militar chilena ha sido objeto de numerosas críticas, especialmente por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Según este organismo, en un Estado democrático de Derecho la jurisdicción penal militar ha de tener un alcance restrictivo y excepcional, de acuerdo con lo planteado por muchos juristas, según los cuales la Justicia Militar debe ocuparse exclusivamente de velar por ciertos valores del ámbito militar como disciplina, jerarquía y seguridad militar. De lo que se desprende que los tribunales militares solo deben conocer delitos de función cometidos por militares en servicio activo y que en ninguna circunstancia los civiles pueden ser sometidos a la jurisdicción de los tribunales militares.
Chile se encuentra en las antípodas de estos principios.
A diferencia de lo que ocurre en la inmensa mayoría de los Estados democráticos de derecho en los cuales los tribunales militares solo conocen aquellos delitos que por la naturaleza de los bienes jurídicos penales castrenses son estrictamente militares y constituyen conductas graves cometidas por militares que atenten contra esos bienes jurídicos, en Chile los poderes de estos tribunales son extensísimos. A ello se agrega el hecho de que la Justicia Militar chilena en tiempos de paz vulnera la imparcialidad e independencia que deben tener los tribunales por su estructura y composición. Porque los integrantes de los tribunales militares son militares en servicio activo que están subordinados jerárquicamente a sus superiores a través de la cadena de mando, porque no cuentan con garantías suficientes de inamovilidad y no poseen una adecuada formación jurídica. La imparcialidad de estos jueces también se ve afectada porque el Fiscal concentra las funciones de investigar, acusar y juzgar (característico de los sistemas inquisitivos, escritos y de prueba reglada). Como si fuera poco, el procedimiento penal militar significa una merma significativa de las garantías judiciales porque los tribunales militares no garantizan que los juicios sean públicos al no prever una etapa oral, desarrollándose los procesos de manera inquisitoria con una etapa preliminar sumaria, secreta y escrita.
Estas normas, improp
ias de un Estado de Derecho democrático, son las que el Estado chileno está aplicando sistemáticamente contra los luchadores mapuches Es necesaria una enérgica reacción de todos quienes viven en este país, winkas, mapuches y demás pueblos originarios, para frenar los preparativos de la guerra de baja intensidad que el Estado de Chile está empezando a implementar en la Araucanía. Hoy son los mapuches, mañana será cualquier grupo o sector social que se levante de manera decidida para luchar por sus derechos.
Notas
1.- Alberto Espinoza Pino. Abogado, Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales. Universidad de Chile. Diplomado Reforma Procesal Penal, Universidad Alberto Hurtado. Especialista en DD.HH. FASIC.
2.- José Galiano H. es Abogado de la Universidad de Chile. Ejerce como abogado desde 1956, combinando el ejercicio libre de su profesión -preferentemente en materias penales – con la docencia en diversas universidades. Fue Presidente de la rama chilena de la Asociación Americana de Juristas entre 1988 y 2000. Ha publicado ‘Economía de Defensa’ [1958]; ‘Derechos humanos’ [dos tomos, 1996]; Mensaje a los biznietos [2002]; Etica Social, Etica Jurídica [2004].
3.- Nibaldo Mosciatti es uno de los más prominentes periodistas de su generación. Comenzó su trabajo profesional en Radio Chilena, donde realizó un interesante trabajo de reporteo alejado de los canales oficiales de información entregados por la dictadura. En 1985 entra a Revista APSI donde comparte escritorios con Andrés Braithwaite, Francisco Mouat y Milena Vodanovic. Fue parte del equipo fundador del programa televisivo El Mirador de TVN, donde trabajó 5 años, panelista del programa Plaza Italia del desaparecido canal Rock and Pop y columnista del diario electrónico El Mostrador, entre otras actividades. Es director de Radio Bío-Bío.
4.- Sergio Grez Toso, historiador, Profesor de la Universidad de Chile, Director Museo Nacional Benjamín Vicuña Mackenna, Director del Magíster en Historia y Ciencias Sociales de la Universidad ARCIS.
5.- Matías Valentín Catrileo Quezada (Victoria, Chile 11 de septiembre de 1985 – 3 de enero de 2008) fue un estudiante universitario mapuche de Chile fallecido mientras participaba en una toma de un fundo agricola el 3 de enero de 2008 en un enfrentamiento con personal del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) de Carabineros de Chile que custodiaban el lugar. Su muerte generó el rechazo de organismos de derechos humanos y diversas manifestaciones que se realizaron en varias ciudades de Chile.
6.- Jaime Facundo Mendoza Collio (24 años), era miembro de la Comunidad Requem Pillan de la comuna de Ercilla. El pasado 12 de Agosto participaba de la ocupación pacífica del Fundo San Sebastián cuando recibió un impacto de bala por parte de un efectivo del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) de Carabineros. El comunero, padre de un niño de 4 años, recibió el disparo de una pistola 9 mm tras resistir la arremetida policial y refugiarse al interior de la comunidad Requén Cabrapan, colindante con el fundo en disputa.
7.- Héctor Javier Llaitul Carrillanca (1969 ó 1970-) es un dirigente mapuche, líder de la Coordinadora Arauco-Malleco, organización mapuche conocida por sus reivindicaciones territoriales, denominadas recuperaciones de tierras en la Araucanía chilena. Llaitul fue acusado de planificar y realizar atentados incendiarios en las regiones en la VIII y IX regiones. Fue procesado y formalizado por la fiscalía de Nueva Imperial sobre la base del testimonio de Roberto Painemil, que habría sido obtenido bajo tortura, y fue absuelto de los cargos en junio de 2008. Estuvo bajo arresto desde el 21 de febrero de 2007.
8.- La Coordinadora de Comunidades en Conflicto Arauco – Malleco, (CAM), es una organización que reivindica y defiende a la etnia mapuche del Estado chileno. Es conocida por sus luchas contra las forestales madereras que operan en el antiguo territorio mapuche, «recuperaciones de tierras» a fundos que usurparon territorios mapuches y por sus enfrentamientos contra la policia chilena. La misma fue fundada en el año 1998, en Tranaquepe, Chile, y se le considera responsable de una serie de acciones de fuerza en la zona de Tirúa, Contulmo, Cañete y Temucuicui, desde 1996.
9.- La Dirección de Inteligencia Nacional, más conocida por su acrónimo DINA, fue la policía secreta chilena durante el período inicial del régimen militar de Augusto Pinochet, siendo uno de los elementos más significativos del aparato represor de la dictadura.
10.- Es un grupo paramilitar anti-mapuche que opera en el sur de Chile. Su nombre es en honor al capitán Pedro Hernán Trizano Avezzana, organizador del Cuerpo de Gendarmes de las Colonias cuya misión era vigilar la seguridad en provincias del sur de Chile y el cuidado de las reservas forestales para impedir que éstas fueran destruidas por labradores clandestinos.
Guillermo Bastías 