Posts Tagged ‘colegios particulares subvencionados



23
dic
10

¡Paremos el bochorno!

“Resulta incomprensible la decisión mayoritaria de los diputados de la Concertación de votar en contra de la idea de legislar sobre un proyecto de ley que necesita ser mejorado, pero contiene iniciativas positivas”. 
(Pepe Auth)*

La reforma educacional del presidente Piñera, pasó ayer el primer trámite legislativo al ser aprobada la idea de legislar por una holgada mayoría de  67 votos a favor, 47 en contra y tres abstenciones. Situación que llevó a decir al ministro de educación que, “el proyecto no ha sido aprobado por uno o dos votos, sino que por una amplia mayoría. Eso muestra que hay genuino interés por mejorar la calidad de la educación” (1). El holgado respaldo, se gestó producto del voto favorable de los diputados PPD Pepe Auth, Orlando Vargas y Cristián Campos, los DC Jorge Burgos, Fuad Chahín, Jorge Sabag, René Saffirio, Eduardo Cerda, Matías Walker y Gabriel Silber, además de la PRI Alejandra Sepúlveda y de los independientes Miodrag Marinovic y Pedro Velásquez; además de la abstención los DC Pablo Lorenzini, Víctor Torres y Carolina Goic. Ahora, deberá pasar al senado donde tiene fecha límite para su aprobación el mes de enero del 2011, vale decir, se debe promulgar en un mes.

Haber, vamos por parte, qué hay de tras de un proyecto que logra que el diputado Andrade sufra de bochornos, no hay sino una reforma al estatuto docente que permitirá abrir mecanismos expeditos para disminuir la planta de los funcionarios de la educación municipal. En este sentido, tiene razón Gajardo al calificar la ley como una mera reforma laboral. Esto tiene su origen en el permanente descenso de la matrícula de los colegios fiscales, situación que llevó a Lavín a cerrar un número significativo de escuelas públicas de las que necesita despedir a su personal, por eso el acuerdo rápido del gobierno con la asociación de municipalidades, las mayores afectas con la sobre dotación. Aquí, a no engañarse, esto no tiene que ver con la calidad de la educación, esto tiene que ver con una visión ideológica por parte de la derecha y un sector de la Concertación que propugnan por una educación de mercado, entregada al mundo empresarial, sin ninguna responsabilidad por parte del Estado, salvo asegurar la prestación y subsidiar a las familias que no tengan para solventarla; para este sector, la educación pública es una carga demasiado onerosa de la cual hay que desprenderse, como cualquier otra empresa pública… achicar el tamaño del Estado.

Piñera ha introducido cambios ideológicos en el corazón del sistema

“¡Paremos el bochorno!”
(Osvaldo Andrade)**

Desde esa óptica, la medida parece lógica al modelo, Piñera tiene por objetivo despedir al 20% de la planta docente en estos 4 años; esto en el marco de una educación municipal que disminuye su presencia en forma constante, con lo que logra compensar en parte la ecuación. Pero además, Piñera ha introducido cambios ideológicos en el corazón del sistema, ya que ha intervenido el curriculum en materias sensibles, que apuntan a un tipo de formación centrada en competencias, acrítica e instrumentalista; se pretende además cambiar el financiamiento universitario, medida con la cual el Estado se desprendería de la educación superior. Qué era lo que el mundo social y académico le pedía a la Concertación, tiempo, el suficiente como para debatir con todos los actores en la mesa. A la Concertación se le pedía, independiente de lo que ellos estén en condiciones de consensuar en políticas educativas, que dejen expresarse a la sociedad civil que, según las encuestas apoya contundentemente a la educación pública, 67% en la CEP (2) y 64,5% en la encuesta UDP – ICSO (3). Se le pedía en definitiva rechazar el proyecto, con el fin de obligar al gobierno a dialogar, algo tan propio de las democracias; hay muchos que creemos que debe existir una educación pública, de excelencia, no discriminadora y gratuita; una educación que forme seres humanos críticos, reflexivos y solidarios; una educación que sea mirada como lo que es, una relación social y no una articulación empresarial. Cualquier cambio al Estatuto Docente, debería hacerse en el marco de una discusión que contemple también la Ley de Fortalecimiento de la Educación Pública. Se equivoca el diputado Auth, lo que la sociedad civil le está demandando es abrir el debate a algo más que la expertise de su honorable investidura, sino también a expertise de los gremios, los estudiantes, académicos, apoderados… en definitiva sus electores diputado.

Así las cosas, no se ve fácil la tarea en el senado, la Democracia Cristiana, mayoría opositora en la cámara alta, es la más permeable al loby de los sostenedores particulares, los que se constituyen en un poder transversal al interior del partido de la flecha roja, lo que hace predecible el desenlace. Con lo cual, la clase política opositora se aparta aún más de las demandas y realidades de una sociedad que, cada vez tiene un juicio más crítico de su accionar, según no sólo las encuestas sino la mera temperatura ambiente y sentido común. Si algo nos enseña la historia -esa misma que el ministro quiere disminuir en horas-, es que cuando los pueblos no se sienten escuchados y representados en la forma cómo se toman las decisiones, buscan formas de organización y de expresión para hacer sentir su voz, esto ocurre a su vez, cuando los mecanismos que contempla el sistema democrático no están cumpliendo o no están diseñados para cumplir con su objetivo primordial, cautelar y gobernar de acuerdo a la soberanía popular. Por el momento, yo me quedo con las palabras del diputado Andrade, “¡paremos el bochorno!” por favor.

__________________________________________________

* Pepe Auth. Puranoticia, diciembre 22, 2010. Ver en: http://www.puranoticia.cl/titular7/pepe-auth-critico-a-diputados-concertacionistas-por-rechazo-a-aprobacion-general-de-reformas-a-la-educacion

** Exclamación del diputado en medio de la sesión que aprobó la reforma presidencial del 22 de diciembre en la cámara baja. Cit. en La Tercera, 23 de diciembre 2010.

Notas

1.- El ciudadano: Proyecto de Reforma Educacional es aprobado en Cámara de Diputados, 23 / 12 / 2010. Ver en: http://www.elciudadano.cl/2010/12/23/proyecto-de-reforma-educacional-es-aprobado-en-camara-de-diputados/

2.- En la encuesta CEP de diciembre de 2006, ante la pregunta: Si los establecimientos públicos estuviesen en manos del Ministerio de Educación, a igual costo de matrícula y aproximadamente igual distancia, ¿preferiría un colegio administrado por el Ministerio de Educación o un colegio particular subvencionado? Un 67% prefiere colegios administrados por el Ministerio de Educación, un 35% los colegios particular subvencionados y un 4% no sabe o no contesta.

3.- La encuesta UDP-ICSO 2009, ante la pregunta: ¿está Ud. de acuerdo con que todas las Universidades privadas debieran pasar a ser del Estado? Un 64,5% se manifiesta a favor de estatizar el sector terciario de la educación chilena.

09
dic
10

La especulación en política pública no es un buen negocio

“Vamos a ser sometidos a una doble evaluación, sin control,
sin mecanismos que aseguran la Objetividad.
Es un retroceso y, en vez de andar persiguiendo a los profesores, 
(el ministro) debería preocuparse de evaluar el sistema.
(Jaime Gajardo) *

En la madrugada del pasado 30 de noviembre, ingresaron a la cámara baja dos proyectos de ley con lo que el gobierno quiere implementar la denominada “mayor reforma educacional de los últimos años”. El primero, en discusión ordinaria, pretende hacer obligatoria la Prueba INICIA y vincular sus resultados a mejoras salariales. El segundo, que en un principio llegó con suma urgencia y ahora se acordó con la oposición promulgarlo para fines de enero del próximo año, pretende introducir cambios en el estatuto docente en torno a establecer una cuota de despidos de un 5% anual, además de implementar la concursabilidad de los directivos docentes y suscribir con ellos convenios de desempeño. El proyecto, digámoslo con seriedad, es modesto. Ligar mejoras de salario a los resultados de una prueba de conocimiento de contenidos, sin saber siquiera cuál será el desempeño en el aula del futuro docente, qué conocimiento pedagógico de esos contenidos desarrollará, es no entender nada de la carrera de pedagogía; cuánto demora un egresado en tomarle el pulso a la docencia, entre tres a cuatro años en los mejores casos. La medida es mala, porque entre otras cosas estimulará a las universidades a potenciar los contenidos duros de la carrera, reduciendo aún más los ramos de formación pedagógica y didáctica. En el caso del proyecto que modifica el estatuto docente, y que debiera implementarse a partir del 2011, su articulado habla más por las omisiones de temas relevantes del quehacer pedagógico que de una verdadera revolución. No se habla de perfeccionamiento, en el siglo XXI el conocimiento experimentará un crecimiento exponencial, por lo cual no se puede entender la labor profesional sin un permanente perfeccionamiento, lo que se conoce como formación continua. No se habla de la ponderación del trabajo lectivo, en Chile las horas no lectivas, es decir, aquellas que permiten organizar las clases, revisar y corregir las evaluaciones, junto con recibir a los apoderados, sólo representan el 25 % de la jornada laboral docente; los países que integran OCDE, del cual Chile es miembro, destinan en promedio un tercio de las horas al trabajo fuera del aula, sin considerar que nuestro país tiene uno de los números más altos de alumnos por curso, promedio 36 por sala, OCDE tiene en promedio 20. Por último, no hay ninguna mención a igualar la práctica docente entre el sector fiscal y el particular con fines de lucro, lo que deja una vez en la indefensión a un importante sector que se rige por el Código del Trabajo.

Sin duda, el revolucionario proyecto se centra en dar mayor flexibilidad a los sostenedores para despedir profesores, un 5% anual, además de apurar el retiro de maestros en edad de jubilar entregándoles compensaciones económicas para mitigar los bajos sueldos. En la práctica, se establece un modelo donde el incentivo estará marcado por el desempeño, aumentando significativamente la Asignación de Excelencia Pedagógica. Por último, el proyecto contempla la creación de una Alta Dirección Pedagógica encargada de llenar los cupos de los docentes directivos, a los que se les da mayores atribuciones y mejores compensaciones económicas.

La hora de la política

“La educación es un tema país que debe ser discutido “por todos, el Ministro Lavín tiene un prontuario no será un nuevo intento de hacer llover las nubes con un bombardeo que nunca ocurrió” 
(Guido Girardi)**

El ministro, como es su costumbre, expresó que esta es una parte de la revolución, en tanto acordó con la Concertación quitarle la suma urgencia dándose como plazo de discusión de 2 meses para su promulgación. Pero el problema, a mi juicio no se encuentra acá, el problema es la forma en que el gobierno está haciendo política. En efecto, el presidente Piñera, como estrategia utiliza la especulación, que en mundo de los negocios puede dar buenos resultados, pero en políticas públicas es diferente, va develando de apoco lo que presumimos es su proyecto educativo, el cual no ha dado a conocer aún. En políticas públicas, cuando se trata un tema de la importancia que tiene educación, la ciudadanía debe estar informada suficientemente, eso genera un debate saludable y democrático que permite el enriquecimiento de la política; el estar haciendo anuncios segmentados puede turbar o sorprender a sus contradictores, pero priva de lo más esencial de la cosa pública, el sano debate de ideas. Tal vez por lo mismo, sorprende la debilidad propositiva con que ha actuado el bloque opositor expresado en el Congreso, el cual más allá de las críticas puntuales  tampoco ha planteado qué espera de la educación para Chile, quién representa sus planteamientos, JJ Brunner, Mariana Aylwin, Carlos Montes o Guido Girardi.  Puede parecer lógico reformular el estatuto docente y elegir a los directores por concurso público, cuando aún está en discusión la Ley de Fortalecimiento de la Educación Pública, que de no ser reformulada profundamente reducirá a la educación estatal a poco más de 60 colegios de excelencia. La verdad, el acuerdo Concertación – gobierno, en el sentido de ampliar el plazo de discusión parece débil, la oposición debió exigir del ejecutivo, primero, transparentar las reformas que se pretender ingresar al Congreso en esta área, por ejemplo qué pasa con el financiamiento universitario; segundo, qué argumentos pedagógicos respaldan la disminución de las horas de historia del curriculum nacional; tercero, cómo se fortalece de verdad la educación pública; por último, se debería discutir en el foro republicano por excelencia, el parlamento, qué tan beneficioso para nuestra educación resulta el modelo basado en pruebas estandarizadas que se está construyendo.

Se podrá discutir lo que sea y gastar muchos bites de tinta, pero esta pelea se dará en el parlamento ya que se ve difícil la articulación social en meses de vacaciones, por lo cual es el momento de que los honorables de oposición le muestren al país qué proponen en educación para Chile.

___________________________________

* La Tercera, 1 de diciembre de 2010.

** Guido Girardi, en: http://guidogirardi.com/senador/?p=4715

27
nov
10

Qué opinan los Alumnos de la Reforma de Piñera

Mucha tinta hemos gastado estos días en analizar la “revolución educativa del presidente Piñera”, especialistas, políticos, comunicadores sociales y de los otros, opinólogos, blogueristas, etc. hemos cruzado argumentos en pro o en contra de la medida presidencial. Pero, que piensan los alumnos de esta revolución. The Clinic (*), cómo no, tuvo la idea de pedirle al presidente del centro de Alumnos del Liceo de Aplicación, Isaac Gajardo, que diera su parecer sobre el tema; el resultado, una columna inteligente, bien articulada, que toma el pulso de lo que piensa el alumnado de un importante sector del país.

#############################


La reforma educacional planificada entre 4 paredes

 

Una gran preocupación inunda nuestras mentes desde el domingo pasado, cuando Sebastián Piñera anunció su “reforma educacional”. Comenzó diciendo que ésta, apuntará al corazón de lo que los padres quieren: “una educación de calidad, como la que se entrega en un colegio particular pagado”. Con eso se comenzaba a visualizar el campo en el que estarían estas propuestas, y ya daban ganas de salir arrancando.

Atraer a los mejores estudiantes a las facultades de pedagogía, pero no fijarse en cómo se está llevando a cabo la carrera docente en muchas universidades, especialmente en las privadas; modernización del estatuto docente que no fue discutida con los profesores, principales actores involucrados en el tema; convertir a los directores en verdaderos líderes (dictadores), dándoles la posibilidad de remover cada año hasta un 5% de la planta de profesores y tomar decisiones administrativas sin consultar a la comunidad; mayor información a los padres, con el semáforo de la discriminación socioeconómica; mejorar los contenidos curriculares y la dosificación del horario de clases, aumentando sin ningún estudio concreto las horas de matemáticas y de lenguaje mientras la Jornada Escolar Completa fracasó; aumentar de 50 a 60 los Liceos de Excelencia, potenciando la segmentación y el apartheid educativo; realizar pruebas para aumentar el sueldo de los profesores mejor evaluados e ir aislando a los profesores mal evaluados. Todas estas son las reformas anunciadas este domingo y supuestamente profundizadas el lunes, con un discurso en el que el presidente solo hizo un copy-paste de la cadena nacional del domingo, agregándole algunos sinónimos.

Ahora, se ha anunciado que a esta reforma se le dará condición de urgencia para que sea aprobada antes de marzo de 2011, es decir, no dará tiempo para un debate social, los estudiantes no podrán hacer nada para frenarlo y mientras, el Colegio de Profesores se encuentra sesgado en sus luchas por reivindicaciones solo salariales. Así, el panorama se vuelve aun mucho más preocupante, con Hinzpeter tratando a los que se opongan a su reforma educacional como traidores, antipatriotas, capas hasta de terroristas (como está de moda), desde el punto de vista comunicacional esto fue muy bien pensado.

Creo que, además de todos esos detalles del discurso de Piñera y su gente, esta reforma muestra claramente los lineamientos de una derecha que por más que se quiera catalogar como “nueva derecha”, sigue haciendo lo mismo que hizo cuando apoyó la reforma educacional de los ’80, sigue perpetuando un sistema de educación completamente ideologizado, completamente neoliberal, en donde prima la economía por sobre el educar a personas integras.

Y que no nos llame la atención que se concrete en un futuro no muy lejano un “pacto por la educación” entre la derecha y la Concertación, al mismo estilo que lo hicieron con la LGE y la Ley de Fortalecimiento de la Educación Publica, ya que para qué andar con cuentos cruzados, esta es una revolución pensada entre cuatro paredes, al igual que las reformas educacionales de la Concertación, los que ahora cuando son oposición, siguen desconociendo y haciendo oídos sordos a la participación ciudadana. En voz de Ignacio Walker, pudimos escuchar que “se requieren dos partes para llevar a cabo esta reforma”, refiriéndose al pacto que debe hacer la Concertación y la Alianza, un pacto en donde los profesores, los estudiantes y todos los chilenos no cabemos, un pacto en el que se sigue perpetuando un sistema educativo ideologizado que fracasó en su intento de elevar la calidad de la educación, pero triunfó en su objetivo que es seguir creando elites.

Fuente: esopino.blogspot.com

_________________________

* The Clinic, n° 371, noviembre de 2010.

25
nov
10

¿La Mayor Reforma Educacional o el fin de la educación Pública?

“requerimos de grandes acuerdos y aquí se optó sólo
por consultar sólo a los que son cercanos al
gobierno y a los que ven la educación sólo para hacer
negocios y no se dialogó con otros actores”
(Carolina Tohá)*

Esta semana Piñera lo volvió a repetir, anunciando “la mayor reforma educacional de las últimas décadas” (1) y, a renglón seguido, invitar a sus ministro a firmar un papel en blanco ya que el proyecto de ley aún no se encontraba listo. Desde marzo, fecha en que Piñera asume, hemos tenido una serie de medidas, anuncios, promesas e invitaciones que parecen no tener sentido, o al menos mantener una línea errática; pero, significa esto qué la dupla Piñera-Lavín no saben para donde van, que están dando palos de ciego y que terminarán tropezándose con su propio bastón. Por el contrario, aquí la derecha tiene el itinerario claro y no habrá sorpresas para la foto como subidas de impuestos o aumento al royalty, en este caso lo que se pretender es poner término a la educación fiscal, y ojo, no sólo la comprendida por la básica y media, sino también la universitaria.

Para llevar a cabo esta medida, Lavín, político cazurro y de larga trayectoria, ha seguido un itinerario lógico y coherente. En efecto, primero estableció el ambiente necesario para implementar el modelo de educación basado en estándares, en esta línea van los llamados semáforos (2) y la expansión del Simce a inglés y educación física. Además, como era predecible a este modelo educacional, se empezó a aumentar las horas de las áreas que miden los estándares, primero leguaje, inglés y matemáticas, después no le quepa duda que se aumentará las horas de educación física. Segundo, se ha incrementado el cierre de colegios municipales, según el Presidente del Colegio de Profesores Jaime Gajardo, se están empezando a fusionar escuelas y a cerrar colegios en Arica, Villa Alemana, la Calera, en Temuco, Victoria, Valdivia, en La Pintana, Cerro Navia, Isla de Maipo, Talagante y Melipilla (3). Tercero, se pretende enviar al parlamento una reforma del estatuto docente que permita disminuir la dotación de profesores municipalizados. Cuarto, en materia universitaria se quiere ampliar el Consejo de Rectores incorporando a las universidades privadas, además se quiere financiar a universidades tanto públicas como privadas mediante fondos conculsables.

Ahora bien, en lo que dice relación con la educación universitaria, de hacerse efectiva la medida presidencial significará el fin a corto plazo de las universidades agrupadas en el Consejo de Rectores. En el caso de la enseñanza básica y media, la situación también se ve oscura ya que el proyecto de fortalecimiento a la educación pública que se encuentra en estudio en el parlamento, tampoco augura el fortalecimiento de ésta, por el contrario, la ley no acaba con el financiamiento compartido y la posibilidad de seleccionar alumnos, lo que está prohibido a los colegios fiscales; el proyecto además no contempla un financiamiento adicional y preferente a la educación pública, lo que según expertos, dejará la educación estatal reducida a los llamados colegios emblemáticos y bicentenario.

Como se ve, en esto la derecha ha sido consecuente con su proyecto político y hábil en escoger la estrategia para llevarla a cabo; en efecto, mandar el proyecto en diciembre al parlamento para que se discuta con suma urgencia, cuando se está at portas a salir de vacaciones es una jugada hábil pero poco estética por decirlo menos. Creo que un gobierno que salió electo con sólo 3,5% más que su adversario, debería tener la prudencia de abordar temas tan relevantes como la educación con un sentido más democrático, escuchando, dialogando, y por último pactando si es necesario. La pretendida reforma, atrajo incluso las críticas de integrantes del Panel de Expertos (4), quienes acusaron a Piñera de presentar una reforma “entre gallos y medianoche” (5); en palabras de JJ. Brunner, “hay más anuncio y más ruido, que realmente contenidos que den para hablar de una revolución. Me parece que es una exageración enorme y que eso nada más que busca causar un cierto impacto comunicacional” (6). Visto así el terreno, parece que el capital político de la dupla Piñera-Lavín no alcanzará para este gol de media cancha que piensa anotar por secretaría la derecha chilena; lo que, con profesores y alumnos de vacaciones, deja la responsabilidad a la oposición concertacionista. Será este conglomerado, que durante 20 años aceptó a regañadientes la política educativa que impuso la derecha, y ahora, liberados de su pecado de origen tendrá que elegir si opta por seguir apoyando la educación de mercado en desmedro de la fiscal o empieza a perfilar lo que será su nueva propuesta país para las próximas elecciones. De lo contrario, me temo que la educación pública, como decía The dors, this is the end, beautiful friend

Por último, y sólo a modo de conclusión, en nuestro país hay que hacer un cambio profundo a la estructura del sistema educativo chileno, ya que de aprobarse la Agencia Aseguradora de la Calidad como está en el proyecto ley terminará precarizando aún más nuestra educación. Hay que hacer un estudio del actual marco curricular y abordar con seriedad sobre qué tipo de educación queremos, una de excelencia para ricos y otra basada en competencias para pobres como hoy día, o buscamos con esfuerzo un proyecto integrador, humanista y de excelencia para todos nuestros jóvenes. También se hace necesario una reformulación del estatuto docente, tarea en la que también está el Colegio de Profesores (7); pero, por sobre todo, se debe generar un instrumento que proteja a todos los profesores, independiente de quien sea el empleador, creo que nadie puede hablar hoy en día de inamovilidad, pero se corre el riesgo de de homologar la labor pedagógica con lo que pasa hoy en los colegios particular subvencionados. En efecto, en los colegios con fines de lucro financiados por el Estado, los profesores sufren de una permanente rotación, a lo que los sostenedores les llaman eufemísticamente término de contrato, en el cual los docentes, independiente de su calidad, son despedidos cada dos años tiempo límite para que su contrato de trabajo se vuelva indefinido; demás está decir que la sindicalización en estos colegio es casi nula, pues existen listas negras y persecución a los maestros que intentan organizarse. Pero además, qué pasa con la ponderación del trabajo lectivo en aula, el cual según la OCDE (8) sitúa a los profesores chilenos como unos de los que menos tiempo tienen para actividades de planificación, evaluación, estudio, capacitación, entre otras necesidades. Por último, se hace indispensable encarar el problema del número de alumnos por aula, que si bien puede no tener una incidencia muy marcada en los sectores medios alto, no cabe duda que en los sectores más vulnerables se debe disminuir considerablemente el número de alumnos por docente; además, según datos de la OCDE, a excepción de Corea y Chile, los países tienen una relación inferior a 20 alumnos por profesor (9). En su discurso, Piñera habló de “un gran acuerdo nacional”, señalando que deseaba  “el aporte fecundo de los expertos en educación, de los profesores y parlamentarios” (10), pues bien, todo indica que el proyecto ingresará la próxima semana al parlamento, donde estaremos atentos a sus disposiciones y a la forma en que se da este gran acuerdo nacional.

_____________________

* Carolina Tohá, La Segunda, 22 de noviembre de 2010.

Notas

1.- La Segunda 22 de noviembre 2010.

2.- Mapas comunales donde se marca con rojo a los colegios que tienen un puntaje inferior al promedio del SIMCE, en amarillo los que están en el promedio, y en verde los que superan el promedio.

3.- Jaime Gajardo. CNN Chile, 14 de noviembre de 2010.

4.- Panel de Expertos para una Educación de Calidad, entidad formada en mayo del presente año para estudiar cambios en la educación municipal. Para ver sus integrantes, sugiero ver en: http://guillermobastias.wordpress.com/2010/05/05/panel-de-expertos-para-el-cambio-del-estatuto-docente/

5.- Mariana Aylwin, La Segunda 22 de noviembre 2010.

6.- José Joaquín Brunner y reforma educacional: “Hay más anuncio que contenidos”. La Tercera, 23 de noviembre de 2010. Ver en: http://www.latercera.com/noticia/nacional/2010/11/680-309611-9-jose-joaquin-brunner-y-reforma-educacional-hay-mas-anuncio-que-contenidos.shtml

7.- Sobre el particular ver: “Propuesta del Colegio de Profesores para el Cambio del Estatuto Docente”, en: http://guillermobastias.wordpress.com/2010/07/24/propuesta-del-magisterio-para-el-cambio-del-estatuto-docente/

8.- OCDE, 2009.

9.- Calidad de la Educación Claves para el Debate. JJ. Bruner, G. Elacqua, S. González, A.M. Montoya y F. Salazar. RIL Editores, 2006.

10.- La Segunda, 22 de noviembre de 2010.

24
nov
10

Carta Abierta a los Centros de Padres y Apoderados

La Asociación Nacional de Funcionarios del Ministerios de Educación (ANDIME), ha hecho circular una Carta Abierta dirigida a los Centros de Padres y Apoderados de todo el país, donde explica la disminución del presupuesto 2011para el área educación. Como una forma de contribuir a la libertad de información y al derecho que todos los padres de saber cómo se invierten los recursos públicos, transcribo íntegramente la declaración

////////////////////////////////////////////////////

 

Carta Abierta a los Centros de Padres y Apoderados

 

Materia: Proyecto de Presupuestos 2011, Sector Educación

Estimados Padres y Apoderados de Chile:

 

1.- Como es de público conocimiento, durante este período, el Ejecutivo (Autoridades de Gobierno, Presidencia y Ministerios), ha enviado al Honorable Congreso Nacional para su aprobación mediante Ley de la República, el Proyecto de Presupuesto 2011, que debe contener todos los ingresos y gastos que realizarán durante el año 2011, los distintos ministerios y servicios del Estado, entre ellos el Ministerio de Educación, cuyo deber es el de garantizar que todos los niños/as, jóvenes y adultos accedan a una educación de excelencia académico/pedagógica, igualitaria y con recursos financieros suficientes que aseguren la inclusión y fortalezca la Protección Social.

2.- Sin embargo, el Proyecto de Presupuesto 2011, presentado por la actual autoridad, liderado por el Sr. Ministro de Educación Joaquín Lavín Infante y su “nueva forma de gobernar”, no hace sino lo contrario a querer mantener y aumentar los beneficios a la comunidad escolar, pues en términos generales sólo se visualizan incrementos dirigidos a los sostenedores educacionales (Dueños de los colegios) y a las Universidades Particulares, en desmedro de la Educación Pública (municipal) y la Educación Superior Estatal.

3.- Para graficar lo anterior se presenta un análisis por niveles educativos a fin de entregar a Uds., los Padres y Apoderados, una visión real de lo que pretende el actual Gobierno con la Educación Pública de Chile:

 

A.- Educación Parvularia:

  • Se disminuye el presupuesto para la implementación de nuevas salas cunas y jardines infantiles, cuyo objetivo era el de apoyar a las madres trabajadoras, madres estudiantes e infantes vulnerables socioeconómicamente, según lo establecía el Programa “Chile Crece Contigo”. La disminución corresponde (sumados Junta Nacional de Jardines Infantiles y Fundación Integra en más de un 90%)
  • Se disminuyen los recursos para material educativo y capacitación para las educadoras en un 35%.

B.- Educación Básica:

  • Se eliminan transferencias como los Proyectos de Mejoramiento Educativo, se disminuye en un 50% los recursos dirigidos a este nivel que corresponden fundamentalmente a material educativo, programa Enlaces, perfeccionamiento Docente, programa “Inglés Abre Puertas”

 

C.- Educación Media:

  • Se disminuye significativamente la partida de equipamiento y mobiliario para los Liceos Técnico Profesionales (TP), en circunstancias que el 45% de la matrícula de Enseñanza Media corresponde a la modalidad TP, y de este 45%, el 65% del alumnado pertenece a los dos primeros quintiles. Es decir, se está entregando menos recursos a los que tienen más carencias.
  • El apoyo al mejoramiento de la infraestructura de los “Liceos Tradicionales” (Liceo Nº 1 de Niñas, Instituto Nacional, Liceo de Aplicación, entre otros) se reduce en un 57,6%, en los hechos esto termina con el apoyo del Estado a estos Liceos.
  • Se disminuyen los recursos para perfeccionamiento docente, material educativo, programa “Inglés Abre Puertas”, Programa “Enlaces” (adquisición de computadores para alumnos y docentes), Programa de Mejoramiento Educativo.

 

D.- Educación Superior:

  • Se disminuyen las Becas de Educación Superior para alumnos que postulan a Universidades Estatales de 62.000 entregadas este año a 50.000 para el 2011.
  • Se disminuyen los recursos para el “Crédito Universitario”, de 23.000 créditos entregados este año a 16.000 créditos  para el 2011.
  • Se reducen los recursos en aproximadamente 35% en infraestructura exclusivamente para Universidades Estatales.

 

E.- Gastos de Gestión o Administración:

  • La dotación máxima del personal disminuye en un 7,5% (independiente de los 500 despidos realizados entre los meses de abril-julio y los que vienen a fines de año).
  • Las partidas de Honorarios y Funciones Críticas crecen de manera escandalosa (más de 1.000%), sin perjuicio de las declaraciones iníciales de la cartera, en el sentido de ser austeros en el gasto del personal. Al amparo de estas partidas, la contratación de los funcionarios es completamente discrecional, no pasando por ningún proceso concursal y público.
  • El Fondo de Apoyo a la Gestión Educativa Municipal, se reduce en un 24,9%. La actual administración claramente no optará por medidas de discriminación positiva, entregando recursos por igual a sostenedores públicos y privados, en los hechos aumentando el aporte a los privados y disminuyendo el aporte a los públicos. Situación similar ocurre en la Educación Superior, en relación a las Universidades del CRUCH y las Ues Privadas.
  • Una de las principales funciones del Honorable Congreso Nacional, es la fiscalización a las acciones emprendidas por los Gobiernos de turno, es así que hasta el año 2010, en un 90% de las líneas presentadas en las leyes de Presupuestos de cada año, se agregaba el párrafo “El Ministerio de Educación deberá informar, semestral o trimestralmente a las Comisiones de Educación de la Cámara de Diputados y del Senado y la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, la distribución o uso de los recursos, a nivel país, regional y comunal”, esto no es así en el actual Proyecto de Presupuestos 2011.

 

En definitiva, estimados Padres y Apoderados,  podemos decir con toda certeza que este presupuesto es el instrumento administrativo y legal que está utilizando el Gobierno derechista de “La Alianza Por Chile”, para terminar con la precaria Red de Protección Social, pues: el recorte presupuestario en tecnología (Profesores con Excelencia Pedagógica), la disminución de recursos para infraestructura de Establecimientos Tradicionales (Municipalizados),  la falta de recursos para la  supervisión, el recorte  presupuestario  para los Establecimientos TP, la no ejecución de PME 2011, la disminución de las ayudas estudiantiles para los estudiantes universitarios, los despidos indiscriminados y vergonzosos de los funcionarios del Ministerio de Educación, los sueldos millonarios de las actuales autoridades y los abultados recursos que se entregarán para su lucro a los sostenedores de educación privados, etc., son la muestra que este es el inicio del fin de la Educación Pública.

Atentamente,

 

COORDINACIÓN REGIONAL METROPOLITANA ASOCIACIÓN NACIONAL DE FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN

(ANDIME)

 

 

25
oct
10

Presupuesto de Educación 2011: los pobres, los grandes ausentes

“este año no se construirá ninguna sala cuna más
porque se congeló el presupuesto para este ítem”
(Carlos Montes)*

En medio de la resonancia mediática que ha provocado el exitoso rescate de los 33 trabajadores de la mina San José, y el viaje presidencial (papelito incluido) a Europa se dio a conocer el presupuesto en educación para el año 2011, una de las áreas de mayor preocupación de la ciudadanía según la última encuesta ICSO-UDP 2010 (1). El proyecto, plantea un aumento de un 7,6% respecto del año 2010, pero en este aumento está considerado el gasto en infraestructura dañada por el terremoto, lo que en la práctica se traduce en un aumento neto de tan sólo un 3,5% respecto del año anterior.

El presupuesto propuesto por La Moneda se concentra básicamente en dos áreas, subvención escolar y reconstrucción de infraestructura dañada por el terremoto, lo demás, mantiene en líneas generales el derrotero de la educación de mercado trazada en los últimos 30 años. Dentro de las inversiones prioritarias está el ítem para contratar una empresa extranjera que evalúe el cuestionado sistema de acreditación universitaria, con lo que se espera poner término al mercado persa de los títulos de pedagogía; se pretende también capacitar a los directores de colegios mediante programas de formación entregado por universidades, situación que si bien hace un guiño cómplice a Mario Waissbluth, no cambia sustancialmente lo que se está haciendo ahora, pues ya existe en muchas universidades un pos título con grado de magister para capacitar a directores; por último, y en la senda ya trazada por el ministro Lavín, se duplica prácticamente el presupuesto SIMCE, con la idea de generar nuevas y más mediciones estandarizadas.

Dentro de los ítems que no tienen prioridad para el ministerio, se encuentra la reducción del presupuesto para la educación técnica, donde se recortan dineros en becas, equipamiento didáctico y perfeccionamiento docente (ver gráfico). Otra área preocupante es la educación preescolar, la que había aumentado de un 10 a un 30 por ciento en el gobierno de Bachelet, el presupuesto no contempla su ampliación, dando un golpe más a los sectores más pobres del país.

El presupuesto 2011 en educación pone el énfasis en políticas llamativas, pero que no tienen incidencia profunda en el proceso, como son los liceos bicentenarios que educaran a cerca de 30 mil alumnos, el aumento de la competencia mediante pruebas estandarizadas que, dicho sea de paso, se baten en retirada en el resto del mundo, y por último, las becas para estudiantes de excelencia que sigan pedagogía, que en el mejor de los casos se verá su eficacia en 5 años más. Sin embargo, el gran olvidado de esta trama son los más pobres. En efecto, el programa de educación preescolar tiene una incidencia enorme en nivelar las competencias de entrada de los niños de los sectores más vulnerables del país; el presidente Piñera prometió en campaña: “Nuestro compromiso va a ser llegar con la educación preescolar hasta el último rincón de nuestro país y a todos los hogares de Chile”, agregando más adelante: “se lo debemos a nuestros niños para que tengamos en nuestro país igualdad de oportunidades desde la cuna, sino que también es la mejor inversión que podemos hacer para fortalecer nuestro desarrollo económico, para fortalecer nuestra justicia en la sociedad y para lograr un Chile más feliz, un Chile más integrado” (2). Otro aspecto inexcusable, es la disminución de presupuesto para la enseñanza técnica profesional, que abarca el 40% de la matrícula y atiende al 90% de los jóvenes de menores recursos del país; para ellos no alcanza la educación de excelencia. En definitiva, se afianza una agenda cortoplacista, llena de pirotecnia electoral, donde los pobres son los grandes ausentes de este baile.

* Radio ADN, 20 de octubre de 2010. Ver en: http://www.adnradio.cl/nota.aspx?id=1373992

Notas

1.- El ítem educación aparece como la segunda preocupación de los chilenos, con un 21.1%. En primer lugar se encuentra delincuencia, con un 38.2%; en tercer lugar está la falta de empleo, con un 10.8%. Encuesta UDP-ICSO, 2010; ver en: http://www.icso.cl/destacado/resultados-de-encuesta-nacional-udp

2.- Viento Paragón, 24 de septiembre de 2009. Ver en: http://www.vientopatagon.cl/main/?p=9638

12
oct
10

Ley de Fortalecimiento de la Educación Pública: un bonito canto de sirenas

"Teníamos un compromiso pendiente con la educación pública, aquella que imparte directamente el estado a través de sus establecimientos y que requiere de un apoyo especial, porque sobre ella recaen responsabilidades más exigentes que sobre otros sectores. Debemos fortalecer la educación pública para que sea capaz de recuperar el sitial que le corresponde"
(Michelle Bachelet) *

El día 12 de diciembre de 2008, la presidenta Bachelet envió al parlamento la ley que pretende fortalecer la alicaída educación pública chilena. Este proyecto de ley, fue una condición que pusieron diputados concertacionistas a la Mandataria para aprobar en sala la Ley General de Educación (LGE), que, según expertos, no solucionó los problemas reales de la educación chilena. A más de un año y medio de tramitación parlamentaria, el proyecto ha empezado a tomar notoriedad debido a los acercamientos entre el presidente del PS y el titular de educación Joaquín Lavín (1), en el sentido de buscar consensos que permitan dotar al país de un marco legal que garantice una educación pública estatal, inclusiva, gratuita, no discriminatoria y por cierto, de calidad. Ahora bien, lo importante es saber si el proyecto que está en el legislativo apunta a generar una educación que tenga las características mencionadas más arriba, que se constituye en la esencia de la ley en debate (2).

El Proyecto

El proyecto, se sustenta en el cambio de dependencia de la educación pública traspasándola de los municipios a Corporaciones Locales de Educación Pública, que serán autónomas, con personalidad jurídica y patrimonio propio. Estas corporaciones estarán encargadas de administrar los recursos humanos y financieros; establecer las directrices técnico pedagógicas; realizar la supervisión pedagógica de los establecimientos de su dependencia; y coordinar y articular la ejecución de los programas educativos y las acciones de los organismos reguladores del sistema. El financiamiento de estas corporaciones, tiene tres fuentes, financiamiento fiscal directo a través una contribución anual que se consignará en la Ley de Presupuestos del Sector Público, que cubrirá el gasto administrativo y de personal; la subvención escolar que entrega el Estado; y por último, financiamiento fiscal directo a través una contribución anual equivalente a  1,2 Unidades Tributarias Mensuales por alumno matriculado, alrededor de $ 43.974.

Pero además, estas corporaciones serán asesoradas por un nuevo organismo denominado Servicio Nacional de Educación, que velará “por el mejoramiento continuo de la calidad del servicio educativo prestado por éstos. Igualmente, le corresponderá la ejecución de las políticas, planes y programas definidos por el Ministerio de Educación para los sostenedores que reciban subvención o aportes del Estado, así como también prestarles asesoría técnico pedagógica de conformidad a la ley” (3). Esta entidad, estará a cargo de un director nacional que será nombrado por el presidente de la república.

Las consecuencias

A mi juicio, el proyecto consigna acertadamente el hecho de que el país necesita una educación pública, pero, en la práctica, éste hace poco por materializarla en forma efectiva. En efecto, el gran problema que atraviesa el sistema público es la competencia desleal que tiene con la educación particular subvencionada, ya que esta última puede de acuerdo a su proyecto educativo seleccionar alumnos, y además, puede cobrar a los padres una cantidad de dinero adicional a la subvención estatal, que en la mayoría de los casos asciende a los $ 60.000 mensuales (4). Este hecho, es una de las cusas por las cuales la educación pública ha venido disminuyendo progresivamente su matrícula. Los Colegios subvencionados particulares, al estar autorizados a segregar por su proyecto educativo, terminan seleccionando por rendimiento y nivel socioeconómico; además, a partir del año 1993 –gobierno de Aylwin- se les autorizó a cobrar a los padres un aporte obligatorio, con lo cual se acentúa la segregación económica. Qué hace el proyecto que está en el legislativo, casi nada o muy poco, ya que el monto de 1,2 UTM anual por alumno es insignificante.

El gobierno de Piñera, si de verdad quiere hacer algo por la educación pública, debiera suprimir el financiamiento compartido o, por lo menos, asignar una subvención adicional por alumno mensual que compense a lo que cobra a la educación con fines de lucro. De lo contrario, el llamado fortalecimiento a la educación pública no será más que un bonito canto de sirenas.

* Vea el proyecto completo (pinche aquí)

Notas

* Bachelet firma proyecto de ley sobre fortalecimiento de educación pública. Radio ADN, 12 de diciembre de 2008. Ver en: http://www.adnradio.cl/nota.aspx?id=722500

1.- Preparan proyecto para profunda reforma del sistema de educación municipal. Radio Bio-Bio, Lunes 23 Agosto 2010. Ver en: http://www.radiobiobio.cl/2010/08/23/preparan-proyecto-para-profunda-reforma-del-sistema-educacional-municipal/

2.- El proyecto plantea “Para nadie debe resultar aceptable que la calidad de la educación que reciban nuestros hijos e hijas se encuentre determinada por el nivel de ingresos que tenga su familia. Por ello, es deber del Estado velar por una educación pública de calidad y mantener una especial preocupación por ella, ya que permite garantizar la existencia de una oferta educativa inclusiva, gratuita y no discriminatoria”. Mensaje de S.E. la Presidenta de la República con el que Inicia un proyecto de Ley que fortalece la Educación Pública, Santiago,  enero 5 de 2010 (LFEP). Introducción, parte tercera: La necesidad de defender la Educación Pública.

3.- LFEP, art. 27.

4.- Las estimaciones, según fuentes del MINEDUC, calculan que en el año 1993 (cuando se implementó el financiamiento compartido) el número de colegios que cobraban a los padres ascendía a 232, la cifra en el año 2000 creció a 1.426, el 2009 llegó a 2.211 establecimientos, con un número de 1.200.625 alumnos en todo el país.

06
oct
10

Educación Pública en la Coyuntura Actual

En estos momentos se encuentra en el parlamento la Ley de Mejoramiento de la Educación Pública, ésta, fue enviada el año 2008 por la presidenta Bachelet como una forma de acallar las críticas que provocó la promulgación de la LGE, en el sentido que no contemplaba una mejora sustantiva a la alicaída educación pública chilena. En qué estado de tramitación se encuentra este cuerpo legal, lo desconozco, lo que sí ha despertado las suspicacias del medio educativo son las reuniones que han sostenido el titular de educación y el presidente del Partido Socialista, en el sentido de avanzar a un “acuerdo amplio” en el tema. Todo esto en el marco del affaire Cerro Navia, que terminó devolviendo la administración de la educación municipal al MINEDUC (1), lo que según muchos sería el primer paso de una seguidilla devoluciones por parte de otras municipalidades. Por lo cual, dicen fuentes vinculadas a La Moneda y a la oposición concertacionista, se habrían acelerado los pasos para la pronta promulgación de esta ley. Pero a su vez hemos visto en la historia reciente, en relación con los “llamados consensos en educación”, lo qué fue la aprobación del Marco Curricular (2) y la LGE (3) que después de mucha conversación se resolvió por sobre la opinión de la ciudadanía.

En este sentido, hemos venido publicando la voz de algunos eminentes académicos que reflexionan sobre la educación pública, y la necesidad que el Estado chileno asuma su compromiso con ella; hace unos días publicamos la opinión del abogado Fernando Atria (4), ahora entregamos dos voces autorizadas, la ponencia del Doctor en Economía de la Universidad de Michigan Juan Pablo Valenzuela (5) y el Doctor en Ciencias de la Educación Juan Eduardo García Huidobro (6). Estas ponencias, fueron entregadas en el “Foro Panel: Educación Pública en la Coyuntura Actual” (7), organizada por el Colegio de Profesores.

Juan Pablo Valenzuela

Muchas gracias al Colegio de Profesores por la invitación a este seminario. Junto con Beatrice Ávalos participamos en el Núcleo Milenio (8) sobre la profesión docente, por lo cual varios de los antecedentes, datos y reflexiones que presentaré a continuación se han desarrollado al amparo de ese proyecto.

Lo primero a lo que me quiero referir es sobre la relevancia de la educación pública. Luego hablaré sobre algunos elementos del contexto actual, para posteriormente mencionar desafíos, oportunidades e inconsistencias para fortalecerla.

Relevancia de la educación pública y definición

Los propósitos y relevancia de la educación pública –desde la definición utilizada por algunas de las principales entidades internacionales en educación, como son de UNESCO y OCDE– son cuatro: i) Garantizar el derecho constitucional de todos (social y geográficamente) a la educación obligatoria y gratuita; ii) Garantizar la existencia de proyectos educativos no particularistas y/o excluyentes; iii) Desarrollar tipos de proyectos educativos considerados de interés común (incluyendo la implementación de políticas públicas nacionales); y iv) Fijar un estándar práctico de calidad para el conjunto del sistema escolar, promoviendo la búsqueda de la excelencia en sus escuelas.

Según UNESCO y OCDE, un establecimiento es de enseñanza pública cuando es controlado y gestionado por una autoridad o un organismo escolar estatal (nacional/federal, regional/provincial o local), independiente del origen de los recursos (Bellei, González & Valenzuela, 2010) (9), es decir, lo que define el carácter público o privado de las escuelas no es la fuente de financiamiento sino quién toma las decisiones en la gestión escolar, quién tiene el poder para decidir los asuntos internos de la escuela.

Es decir, la definición de educación pública no tiene que ver con el financiamiento de la educación, sino con la gestión y propiedad directa de los establecimientos escolares y, como en muchos servicios que provee el Estado, puede tener colaboradores para cumplir esa función, pero obviamente se requiere una serie de condiciones, y gran parte de la educación subvencionada particular no las cumple. Una de estas condiciones es que debe ser gratuita, no discriminadora, no selectiva, donde el estudiante y su familia son sujetos de derecho, sin mayores restricciones para escoger la escuela de su interés. Sin embargo, en nuestro país sólo un pequeño porcentaje de las escuelas particulares subvencionadas no cobra. En este sentido, es la escuela más que la familia quien está ejerciendo el derecho de escoger.

Por otra parte, la educación pública debe garantizar la existencia de proyectos educativos no particulares o excluyentes. No así la educación privada que puede tener su propia propuesta educativa.

Respecto al rol de cumplir con un proyecto educativo considerado de interés común, es algo que en la educación privada queda a su propia voluntad. Por ejemplo, en términos de educación sexual puede que el sostenedor privado diga “a mí no me interesa, yo no voy a entregar información a los estudiantes sobre determinados métodos anticonceptivos, porque va en contra de mis principios”.

En un contexto de competencia por la matrícula escolar, el estándar de calidad que puedan ofrecer los establecimientos públicos se vuelve un referente a seguir por par te de sus competidores privados. Si existe la convicción que para las familias la calidad de la educación es relevante al momento de definir dónde matricular a sus hijos, los proveedores privados deberán igualar, al menos, el nivel de la educación pública si es que quieren participar en este mercado. Si, por el contrario, a los proveedores privados se les permite seleccionar a los estudiantes de acuerdo a su rendimiento académico o capacidad de pago, no sólo se entra en contradicción con el supuesto por medio del cual mejorará la calidad general del sistema escolar, sino que se vulnera la posibilidad que la educación pública actúe en igualdad de condiciones con otros proveedores, concentrando su responsabilidad sólo en los estudiantes no aceptados por otros proveedores o con menores condiciones socioeconómicas y culturales.

Contexto de la educación pública: antecedentes de una

situación crítica.

En relación al contexto en que se mueve hoy la educación pública, quisiera mencionar algunos datos que ustedes ya deben conocer. Si uno se fija en la evolución de los promedios de los SIMCE, que es “nuestro gran indicador de calidad”, éstos presentan sólo leves mejorías, mientras que sigue mostrando una brecha sustantiva al comparar los resultados de acuerdo al nivel socioeconómico de los establecimientos. Sin embargo, al controlar el nivel socioeconómico desaparecen esas brechas: no es que uno lo está haciendo mucho mejor que el otro, sino que el corazón de la explicación de las diferencias de los resultados tiene que ver con el nivel socioeconómico.

Hay investigación sistemática y consistente (por ejemplo, Mizala, Urquiola & Romaguera, 2007) (10) de que si en Chile uno ordena el ranking de los puntajes

SIMCE de las escuelas es igual que ordenarlas por promedio de sus condiciones socioeconómicas. Ése es Chile, no ha cambiado, y muchas de las cosas que estamos haciendo no están orientadas a que cambie. Por lo tanto, en nuestro sistema escolar “dime el nivel socioeconómico de la escuela a la que vas –más allá de la dependencia–, y te voy a contar qué puntajes promedio vas a obtener a lo largo de tu estadía en ese lugar”. E inclusive se da un dato duro de que si un niño vulnerable va a una escuela municipal le va mejor, en promedio, en resultado SIMCE, que si fuera a una subvencionada particular, y si es de grupos medios le va a ir idéntico (11). En los otros dos grupos hay diferencias a favor de los subvencionados particulares, pero son pequeñas y no estadísticamente significativas.

Una segunda característica relevante de la educación pública es que permite que las escuelas sean un espacio de convivencia con otros –independiente de la capacidad de pago de las familias–, de construcción de democracia, que va más allá de si yo tengo o no ciertos puntajes SIMCE. Hay una función pública de cohesión social, del proyecto de país que queremos construir a futuro, para lo cual es necesario que niños y niñas de diversas condiciones sociales, credos religiosos y visiones ideológicas puedan ser educados en un mismo espacio pedagógico. Sin embargo, en Chile, los únicos establecimientos que aseguran que potencialmente se pueda alcanzar este objetivo son los gratuitos, es decir, los de educación municipal y los de la subvencionada particular gratuita. El acceso para una parte importante de los colegios subvencionados particulares y particulares pagados depende de la capacidad de pago que tenga cada una de las familias, conllevando a que el sistema escolar chileno presente altos niveles de segmentación y segregación.

Un tercer elemento es la pérdida de relevancia que está teniendo la educación pública, tanto desde el punto de vista de la propiedad como de su función. Cada año se reduce más el porcentaje de familias que escogen escuelas públicas. Por ejemplo, en el año 2009 menos del 39% de los estudiantes de primero básico asistía a una escuela municipal. Por otra parte, muchos de los establecimientos subvencionados particulares no responden a una alternativa de elección para todos los estudiantes, puesto que a cerca del 80% de los niños que van a esas escuelas les cobran. Es decir, hoy día más de la mitad de los niños asisten a colegios en que sus familias tienen que pagar, y dependiendo de su capacidad de pago es la escuela que pueden escoger.

Respecto a la pérdida sistemática de matrícula en la educación municipal, existen distintas razones que la explican.

Una primera causa es que el crecimiento de la población en edad escolar se concentra en algunas comunas, lo cual implica la necesidad de construir nuevos establecimientos. Los municipios tienen importantes restricciones para responder oportunamente a estas nuevas necesidades; por ejemplo, no se pueden endeudar. Entonces, ¿quién puede resolver estos nuevos requerimientos de infraestructura?, claramente aquellos que puedan obtener los recursos financieros suficientes. De esta forma, casi la totalidad de nueva infraestructura educacional en las comunas de rápido crecimiento es de sostenedores subvencionados particulares, basta observar los casos de Quilicura, Puente Alto o Maipú.

Una segunda razón es que se ha generado un excesivo crecimiento de escuelas subvencionadas particulares, ello asociado a la mayor preferencia de los padres por colegios más cercanos a sus domicilios, así como por una asociación de mejor calidad cuando los colegios cobran y por un creciente estigma hacia las escuelas públicas, relacionado con indisciplina, ineficiencia, pérdida de control de directores y profesores y tipo de alumnos que van a estas escuelas (Raczynski et al., 2010) (12). Sin embargo, un análisis cuantitativo de la evolución de la apertura de nuevos colegios lleva a concluir que durante los últimos años se ha generado un exceso de establecimientos, reduciendo el tamaño promedio de la matrícula y también de los cursos, sin acompañarse con un mejoramiento en la calidad de la educación y generando a su vez un desfinanciamiento bastante sustantivo (en el sector municipal y subvencionado particular) puesto que conlleva la caída en la generación de los ingresos de los sostenedores, lo cual es incompatible con un costo relativamente fijo de las escuelas.

Desafíos, oportunidades e inconsistencias para fortalecer

la Educación Pública.

Para fortalecer la educación pública es indispensable que este desafío sea convenido entre los actores políticos y sociales, que tenga un carácter de urgencia y que sea una convicción de Estado. Su dependencia actual está dispersa en cientos de municipalidades, y seguir con una estrategia caso a caso no resolverá su actual situación de crisis.

Para revalidar la educación pública se requiere, además, hacer una serie de cambios sustantivos, que superan el tema de quién es su propietario. Entre estos cambios sobresalen:

a) Ampliar la definición del concepto funcional de educación pública, más allá de la que sustentan las actuales municipalidades, de tal forma de reconocer que son proveedores públicos todos aquellos que cumplen con algunas condiciones relevantes tales como gratuidad y no selección de los estudiantes.

b) Reducir los mecanismos que generan segmentación y segregación, tales como reducir, y en lo posible eliminar, el financiamiento compartido, así como revertir la regulación aprobada en la Ley General de Educación que permite una temprana discriminación generalizada en el sistema escolar.

c) Regular las asimetrías en la institucionalidad entre sostenedores públicos y subvencionados particulares, es indispensable que se compensen los mayores costos que implican estas regulaciones. Al mismo tiempo se deben implementar políticas de mayor calidad de la educación relativas a los docentes; por ejemplo, la evaluación docente y la nueva carrera profesional debe ser implementada tanto para los colegios públicos como subvencionados particulares, de lo contrario vamos a pensar que son dos sistemas que no están articulados o que, erradamente, podremos lograr profesores de excelencia regulando las condiciones laborales sólo del 40% –y cada año menos– de los profesores chilenos.

d) Tener mecanismos para fortalecer la carrera profesional docente, pero su financiamiento debería ser independiente de la matrícula de los establecimientos, pues de lo contrario su implementación sólo será viable para los colegios con una alta matrícula y con cursos de 40 alumnos o más. Esta política es completamente factible, puesto que en la actualidad todos los incentivos individuales y colectivos que se entregan a los colegios municipales y subvencionados particulares son independientes de la subvención regular y de los recursos adicionales SEP, incluso no están asociados a la matrícula ni tamaño del curso.

Finalmente, creo que hay una oportunidad en la declaración que ha hecho el Presidente de la República el 21 de mayo, en la cual hizo un reconocimiento de los problemas de calidad e inequidad, y un compromiso de una educación de calidad para todos los jóvenes y los niños del país. Sin embargo, lo que no queda claro es si la educación pública podría ser una de las herramientas para resolver el problema o se entiende como una de las causas que ha generado esta situación.

Dos de las medidas que anunció el Presidente son bastante inconsistentes con el fortalecimiento de la educación pública. La primera es el mecanismo utilizado para seguir aumentando los recursos de transferencia a los colegios. Seguramente nadie va a estar en contra de que se aumenten los recursos a los niños más vulnerables, pero al ser vía Subvención Escolar Preferencial, es un mecanismo destinado a financiar actividades complementarias y no al financiamiento de gastos regulares o permanentes. Por ejemplo, no permite financiar ni mayor dotación, ni profesionales complementarios en forma sistemática, sino que son recursos complementarios para equipamiento, apoyo de asistencia técnica educativa externa, o Tics. Por lo tanto, pareciera servir sólo de señal a los sostenedores respecto a que los niños vulnerables –matriculados principalmente en la educación municipal– ahora valen más financieramente.

La segunda medida es la generación de semáforos de los establecimientos de acuerdo a la última evaluación del SIMCE, así como la ficha de información asociada a éstos y que se entrega a las familias. Extrañamente es una ficha que pone promedios nacionales, cuando es reconocido que éstos principalmente están asociados a las condiciones socioeconómicas de los estudiantes que asisten a los establecimientos y no con el valor agregado que generan las escuelas, ni tampoco indica si el colegio, más allá del promedio actual, está logrando mejorar o cumplir con las metas propuestas en el Plan de Mejoramiento Educativo que firmó en el marco de la Ley SEP. Esta medida no se hace cargo del dispositivo de mejoramiento a cuatro años que se convino –en el marco de la Ley SEP– para que cada escuela logre procesos de mejoramiento continuo, reconociendo condiciones iniciales diferentes entre los establecimientos del país. Al contrario, se pretende generar un fuerte estímulo para que las familias traten de retirar a sus hijos de las escuelas marcadas con rojo, sin embargo no se reconoce que muchas de estas escuelas rojas están generando esfuerzos por mejorar, y muchas lo están logrando, así como tampoco la estrategia de la entrega reiterada de información de estos semáforos considera medidas para mejorar su desempeño. Finalmente, dado que el 90% de estas escuelas de color rojo son escuelas de NSE bajo o medio bajo (escuelas tipo A y B), la mayor parte de las familias no podrá acceder a las escuelas “buenas” (de color verde), no sólo porque en la mitad de las comunas del país no existen escuelas verdes, sino que también porque la mayor par te de la escuelas verdes son privadas, seleccionan a sus estudiantes y cobran por acceder a ellas.

En un contexto donde el 72% de los estudiantes matriculados en escuelas de color rojo pertenecen al sector municipal, esta medida está lejos de fortalecer la educación pública. Injustamente, sólo profundiza un estigma sobre el sector que se pretende fortalecer y aleja cada vez más el objetivo planteado por el ministro de educación de asemejar la educación chilena a la experiencia de Finlandia, país donde toda la educación es pública.

Juan Eduardo García-Huidobro

Buenos días. Voy a partir enunciando la tesis que quiero proponer. Nosotros hemos discutido bastante sobre cuál debería ser la institucionalidad de la educación pública, entendida como la de propiedad del Estado. Sin embargo, soy un convencido de que si no se suprime el financiamiento compartido se pueden tomar muchas medidas, pero a la larga la educación pública está llamada a perecer. Para desarrollar esta tesis voy a responder sumariamente algunas preguntas.

1. ¿Por qué crece el financiamiento compartido? Detrás de este crecimiento hay una tendencia, lejana a la política, que está presente en el mundo desde que la familia existe y que es el imperioso deseo de los padres de darle lo mejor a sus hijos. El financiamiento compartido juega con esta tendencia. En el fondo se les dice a los padres: “si usted quiere a su hijo, colóquelo en una escuela mejor, y la escuela mejor es aquella donde usted paga”. Esto penetró en esta sociedad de mercado donde lo bueno tiene precio, mientras más caro es mejor; esto es imbatible y no hay muchas posibilidades de que cambie. Un ejemplo bien brutal es que hace diez años el porcentaje de profesores de la educación municipal que tenía ahí a sus hijos era relativamente alto. Hoy día ya no los hay.

La educación particular subvencionada va aumentando y la educación municipal va disminuyendo. Los municipios son los que están atendiendo a los más pobres, mientras que los sectores medios y mediosaltos crecientemente están en la educación particular subvencionada con financiamiento compartido, y los con mayores recursos en la educación particular pagada. El número de establecimientos y la matrícula de financiamiento compartido han dado un salto brutal. Se partió en 1993 con 232 establecimientos, se pasó al año siguiente a 800, ya el 2000 había 1.400, y en este momento hay 2.200. En matrícula el salto es también de ocho veces y media: de 142.000 a 1.200.000. Y esto sigue: el financiamiento compartido va creciendo cada año.

2. ¿Qué entender por educación pública? Hay un sentido estricto, que se usa mundialmente: la educación que entrega el Estado. Ésta se da en prácticamente todos los países del mundo, es muy raro el país donde es minoritaria. Las excepciones son Chile, Bélgica y Holanda, y puede haber un país más, pero es una situación anómala.

Hay un sentido amplio de educación pública que tiene que ver con la capacidad del Estado de regular el sistema educacional nacional, incluyendo a la educación pagada.

Y hay un sentido intermedio, que ha sido muy usado en Chile, prácticamente desde el comienzo de la Independencia, con fluctuaciones, y que se instaló en las garantías constitucionales del año ’70, y es esta idea de que la educación que provee nuestro sistema nacional tiene dos brazos, es mixta: entregada por el Estado y también por particulares, pero con financiamiento estatal. Lo básico no está dado por quien la entregue y administre, sino porque sea una educación de igual calidad para todos y gratuita. Con la municipalización dejó de ser igual para todos, porque los municipios no pueden dar lo mismo a todos, y con el financiamiento compartido dejó de ser gratuita. Por lo tanto, se puede señalar que estrictamente, Chile no tiene hoy día educación pública.

3. ¿Por qué es necesario que el Estado mantenga una educación de su propiedad? Hay al menos tres argumentos importantes para decir que sí vale la pena. El primero es que el Estado tiene la obligación, por convenciones internacionales y por Constitución, de asegurar a todos y a todas, a todo evento, su derecho a la educación, y es casi imposible pensar que lo va a hacer si no tiene un instrumento propio para ello.

En segundo lugar, está demostrado empíricamente en el mundo que el mejor regulador de la calidad de la educación es la calidad del sistema público.

En definitiva, para mantener la calidad, mucho más que seguir metiendo mapas de colores y pruebas, hay que mejorar la educación pública. Si yo tengo una educación pública gratuita de calidad frente a otra también gratuita, la gente elegirá por la calidad. Al momento en que la calidad empieza a decaer, el sistema particular empieza a crecer, es inevitable.

Por último, tercer argumento, si se quiere, ideológico, o ético, es la idea de que es importante que en la sociedad exista una alternativa de calidad que sea plural, laica y con alta integración social.

4. ¿Cuáles son las características básicas en la educación pública? Que sea gratuita, de igual calidad para todos –prescindiendo de dónde vivo y quiénes fueron mis padres, cuánto dinero tienen–, que tenga mixtura social, vale decir, que no tenga mecanismos de selección.

5. ¿Qué cambios debieran darse en la educación municipal para que se cumpla con estos propósitos? Uno es un financiamiento y una administración suficiente para asegurar igual calidad en todas partes del país. Y lo segundo es lograr un sistema de educación que minimiza el valor posicional o de clasificación social de la educación, que es exactamente lo contrario de lo que tenemos: hoy día el salirme del sistema público me coloca en una situación social de privilegio.

6. ¿Qué justifica que el Estado dé un apoyo financiero a la educación particular subvencionada, que es de propiedad privada y constituye además un negocio privado? Su sentido público: Respeto a la pluralidad de sociedad (“particular”) y el “derecho” de los padres a elegir la educación de sus hijos. La única manera de que la familia elija la educación de sus hijos es que tenga una alternativa distinta a la estatal, pero gratuita, y eso supone apoyo del Estado.

Para concluir, repitamos la afirmación inicial: es condición para mantener en Chile la educación pública –en sentido estricto, de propiedad del Estado– la supresión del financiamiento compartido. Además, esta supresión devolvería el sentido público a la educación particular con financiamiento fiscal.

Notas

1.- Sobre el tema, ver en: http://guillermobastias.wordpress.com/2010/09/30/en-chile-los-municipios-devuelven-los-colegios-al-estado/

2.- Sobre el tema, ver en: http://guillermobastias.wordpress.com/2009/06/23/como-se-gesto-el-marco-curricular-chileno/

3.- sobre el tema, ver en: http://guillermobastias.wordpress.com/2009/08/25/claves-para-entender-la-lge/

4.- Ver en: http://guillermobastias.wordpress.com/2010/10/03/el-sentido-de-la-educacion-publica/

5.- Juan Pablo Valenzuela es Doctor en Economía de la Universidad de Michigan. Académico de la Universidad de Chile e investigador del Centro de Investigación Avanzada en Educación, CIAE, de la Universidad de Chile.

6.- Juan Eduardo García-Huidobro es Doctor en Ciencias de la Educación y en Filosofía, Universidad Católica de Lovaina, Bélgica. Decano de la Facultad de Educación de la Universidad Alberto Hurtado.

7.- Foro Panel: Educación Pública en la Coyuntura Actual, realizada el 26 de mayo en la sede de la Editorial de la Universidad de Santiago de Chile (metro República). En el evento también participaron la Doctora en Educación Beatrice Ávalos, el Doctor en Educación Abelardo Castro y el Pte. del Colegio de Profesores Jaime Gajardo.

8.- La Iniciativa Científica Núcleo-Milenio está orientada a desarrollar redes de investigación en ciencias básicas y sociales, cuenta con el patrocinio de MIDEPLAN y el Banco Mundial. El Núcleo sobre La Profesión Docente en Chile está localizado en el Centro de Investigación Avanzada en Educación (CIAE) de la Universidad de Chile.

9.- Bellei, C.; González, P. & Valenzuela, J.P. (2010). Fortalecer la educación pública: un desafío de interés nacional. Borrador, CIAE-UNICEF

10.- Mizala, A., Romaguera, P. & Urquiola, M. (2007). Socioeconomic status or noise? Tradeoffs in the generation of school quality information. Journal of Development Economics, 84(1), 61-75.

11.- Algo similar ocurre a nivel internacional. Según datos de la prueba PISA (Pisa 2006. Science Competencies for Tomorrow`s World. París, Francia), cuando uno controla por nivel socioeconómico de los estudiantes y de las escuelas, para la mayor parte de los países participantes en la prueba desaparecen las brechas de resultados entre colegios públicos y privados, e inclusive, para el promedio de los países desarrollados, la educación pública lo hace un poco mejor.

12.- Raczynski, D., Salinas, D., De la Fuente, L., Hernández, M. & Lattz, M. (2010). Hacia una estrategia de validación de la educación pública-municipal: imaginarios, valoraciones y demandas de las familias. Informe Final FONIDE, Ministerio de Educación.

03
oct
10

El sentido de la Educación Pública

Según ha trascendido, en los hornos de la política se está fraguando una ley que rija los destinos de la alicaída educación pública chilena. Y como intuimos, parece que también se hará a la chilena. Para este efecto, el timonel del Partido Socialista Osvaldo Andrade se habría reunido con el ministro Lavín *, para consensuar los ingredientes del estofado y, como es costumbre, servir la mesa con el menú ya preparado. En este sentido, quiero invitarlos a “degustar” el interesante artículo del abogado Fernando Atria, publicado en el último número de Revista Docencia; en el cual revisa, desde una perspectiva jurídica, las principales acepciones que se manejan sobre educación pública y, a la vez sus principales incoherencias

¿??????????????????????????????????¿

El sentido de la Educación Pública

Fernando Atria (1)

Uno de los aspectos más insólitos de la reflexión sobre el sistema educacional chileno es que se piensa desde el establecimiento particular pagado. El establecimiento particular pagado es el que expresa de modo más pleno la idea de un establecimiento educacional y lo que es en principio aceptable (o deseable) que un establecimiento haga (o pueda hacer). Un colegio particular subvencionado es como uno particular pagado, con una característica accidental adicional: que atiende personas que no pueden pagar su colegiatura, y por eso existe la subvención. Y un establecimiento municipal es como uno subvencionado, con una característica accidental adicional: que su “sostenedor” tiene la “naturaleza jurídica” de “municipalidad” (o “Estado”).

Esto ha llevado a una radical homologación del régimen de los dos últimos al régimen del primero. Así, si los establecimientos que sirven de modelo pueden cobrar por la educación que ofrecen, es decir, ofrecerla condicionalmente al público, y pueden seleccionar, eso implica que, en principio, también pueden hacerlo los otros. Y con esa lógica se introdujo el financiamiento compartido, y se autorizó incluso a los establecimientos municipales a cobrarlo. Si los establecimientos particulares pagados, cuyo régimen jurídico es el de una empresa privada, pueden elegir libremente con quién realizar contrato, y por eso seleccionar unilateralmente estudiantes, o expulsarlos por infracción a reglamentos unilateralmente fijados por el dueño, ese mismo poder lo tienen, en principio, los establecimientos subvencionados y municipales. La conclusión de este razonamiento es que la “educación pública” no tiene nada de peculiar, nada que justifique una preocupación especial o un programa de fortalecimiento. En rigor, que la categoría de educación pública no existe más que como una pura forma jurídica, sin contenido.

Por esto, se ha sostenido que, más allá de los formalismos jurídicos, el concepto de “educación pública” debe incluir a los establecimientos particulares subvencionados.

Esto es un grave error, y estas líneas tienen por finalidad aclarar por qué tiene sentido hablar de “educación pública”, excluyendo los establecimientos particulares pagados y subvencionados.

Dos (no tres) conceptos de educación

Pública.

Hay un sentido en que toda educación provista en el contexto de un sistema educacional como el chileno es pública. Éste es el sentido en que la expresión es utilizada en la denominación que reciben ciertas escuelas inglesas: “escuelas públicas” (public schools). Esas escuelas, paradójicamente, son las más exclusivas y selectivas del sistema educacional inglés (están probablemente entre las escuelas más selectivas y exclusivas del mundo), abiertas sólo a los ultra-ricos. La razón por la que se denominan “public schools” es que ellas originalmente surgieron como una alternativa a la educación que recibía el hijo del aristócrata a manos de un instructor o institutriz, en privado, en el palacio familiar (como Aristóteles educaba a Alejandro Magno). En contraposición a esa forma de educación, el hecho de tener que salir del palacio y encontrarse con otros estudiantes era lo que caracterizaba a la educación recibida en una escuela como “pública”. Si éste es el criterio de lo público, toda educación provista por un establecimiento educacional es “pública” por definición.

Ahora bien, en la discusión sobre el fortalecimiento de la educación pública apareció una tesis que defiende un concepto de educación pública más restringido que el anterior. Conforme a este nuevo concepto, entender que la educación pública es sólo la provista por agencias estatales es demasiado estrecho, y debe reconocerse que, en el sentido relevante, la educación pública incluye a la denominada “particular subvencionada”. Este es un concepto más restringido que el primero porque acepta que el concepto de educación pública no incluye a la educación “particular pagada”, pero reclama estar libre del formalismo del que dice que educación pública es sólo la provista por el Estado. Lo que importa no es quién provee la Educación sino qué educación se provee.

Nuestra situación actual, entonces, es que hay aparentemente disponibles tres conceptos de “educación pública”, y lo que este artículo intenta hacer es determinar cuál es el políticamente relevante cuando se discute sobre la importancia de este tipo de educación.

El primer concepto es el que subyace a la denominación de las “escuelas públicas” inglesas: es pública toda educación que exige que el estudiante abandone la casa familiar y se encuentre con otros en un establecimiento educacional, lo que implica que todos los establecimientos educacionales son por definición parte de la educación pública. El segundo concepto es el tradicional: la educación pública es el provisto por órganos del Estado; por consiguiente sólo los establecimientos municipales son parte de la educación pública. El tercer concepto es uno que se presenta como intermedio: es pública la educación provista por establecimientos municipales y subvencionados. El que defiende esta tercera posición cree que atender al solo hecho de que algunos establecimientos son de propiedad del Estado es un formalismo jurídico irrelevante, y que si evitamos los formalismos veremos que, en el fondo, la educación municipal y la subvencionada deben ser consideradas como pertenecientes al mismo grupo.

En la discusión política chilena nadie pretende que, cuando se habla del “fortalecimiento de la educación pública”, se esté usando el concepto de educación pública en el primer sentido. La cuestión políticamente relevante, entonces, es determinar si la crítica que se hace al segundo concepto el que defiende el tercero es o no justificada. Si aceptamos el tercer concepto de educación pública, por ejemplo, debemos adherir a alguna forma de lo que se denomina el principio de “igualdad de trato”, que insiste que el Estado no puede tratar de modo diferente a la educación municipal y a la subvencionada, que toda política de fortalecimiento de la educación pública debe ir dirigida a estas dos categorías de establecimientos, y que mostrar una atención preferente por la educación municipal es una discriminación arbitraria.

Ahora bien, si se trata de defender el tercer concepto de “educación pública”, la pregunta obvia es qué es lo que es común a los establecimientos estatales y los particulares subvencionados y los distingue a ambos de los particulares pagados; qué es, en otras palabras, lo que definiría esta nueva categoría. Aunque la respuesta es bastante obvia, es importante detenerse en el hecho de que los que la defienden no son particularmente prolijos. J. J. Brunner, por ejemplo, ha dicho (en El Mercurio, 13 de julio de 2008) que “En Chile se llama educación pública a aquella ofrecida por los colegios municipales, sin reparar en que también la provista por establecimientos privados subvencionados es pública en todos los aspectos fundamentales (currículo, profesores, jornada escolar, textos, exámenes, medición de resultados, certificados otorgados, financiamiento),

con excepción de la propiedad de las escuelas”.

Lo que es claro aquí es que, con la excepción de “financiamiento”, los “aspectos fundamentales” a los que se refiere Brunner caracterizan por igual a toda la educación reconocida por el Estado. Si ellos fueran los que definen a la educación pública, deberíamos concluir que su objeción no es a la idea de que el Estado debe mostrar una especial preocupación por la educación estatal, sino una mucho más radical: todo el sistema educacional conforma la “educación pública”. Ahora bien, ésta no es la conclusión que el propio Brunner defiende, por lo que su enumeración debe ser entendida más como una licencia retórica que como una lista reflexiva.

Para remover la licencia hay que separar el “financiamiento”, que es el único criterio que permite agrupar a establecimientos estatales junto a particulares  subvencionados, excluyendo los particulares pagados. La mención a los otros “aspectos fundamentales” es aquí irrelevante.

Pero ¿no es esto igualmente “formalista”? ¿Por qué es un formalismo apelar a la “naturaleza jurídica” del proveedor y no es formalista apelar a la naturaleza jurídica del que paga por la provisión? La respuesta es obvia: cuando el que paga por la educación es el Estado, y no el individuo, ella deja de quedar condicionada a la capacidad del individuo de pagar por su educación. Éste sería el criterio relevante para definir lo que cuenta como educación pública. Es una cuestión de acceso: educación pública=educación abierta a todos.

Es claramente incorrecto, sin embargo, decir que la educación provista por los establecimientos particulares subvencionados está en principio abierta a todos. Ello por dos razones. La primera es que esos establecimientos están habilitados legalmente para cobrar a sus estudiantes (a sus padres) una cantidad mensual de dinero que la ley denomina “financiamiento compartido”. Conforme al propio criterio utilizado por los críticos, entonces, estos establecimientos no deberían ser entendidos dentro de la categoría “educación pública”.

Pero la razón principal no es el financiamiento compartido. En Chile se ha entendido (incorrectamente, a mi juicio, aunque eso es ahora irrelevante) que es parte fundamental de la libertad de enseñanza de la que gozan los sostenedores de estos establecimientos el que ellos puedan no sólo definir su propio proyecto educativo, sino adicionalmente invocarlo como una razón que guía sus criterios de selección o permanencia. Por consiguiente, los establecimientos particulares subvencionados no están en principio abiertos a todos, sino sólo a quienes tienen formas de vida o concepciones de la educación o del mundo, etc., que de acuerdo a la decisión unilateral del sostenedor son compatibles con su proyecto educativo.

Nótese que estas dos cuestiones son enteramente independientes: del hecho de que el sostenedor pueda establecer y ejercer un proyecto educativo no se sigue que una de las maneras de “ejercerlo” sea transformarlo en estándar de admisión al establecimiento. La ley podría perfectamente reconocer y proteger el primer derecho pero negar el segundo. La conexión entre ambos suele establecerse con un argumento particularmente débil: sólo si el sostenedor puede seleccionar estudiantes por su conformidad con “su” proyecto educativo es posible asegurar la “comunidad de valores” que un proyecto educativo requiere para ser exitoso. Quienes sostienen esta excéntrica idea ignoran sistemáticamente que, como en Chile nadie tiene la obligación legal de asistir a un establecimiento en particular, esa comunidad de valores se puede asegurar sin que el establecimiento pueda seleccionar, ya que el hecho de que el establecimiento deba ser elegido por los padres es suficiente para garantizar esa comunidad de valores. Por estas dos razones no puede decirse que los establecimientos particulares subvencionados estén abiertos a todos.

Que un establecimiento educacional esté abierto a todos quiere decir que en principio todos tienen el derecho de ser admitidos por ese establecimiento, derecho que sólo cede, como todo derecho, cuando su cumplimiento es físicamente imposible (no implica que un establecimiento no esté abierto a todos el hecho de que ese establecimiento no pueda, por razones fácticas de limitación de recursos, recibir a todo el que postula cuando la demanda excede las plazas disponibles). Por consiguiente, es importante notar que el hecho de que los establecimientos de la educación particular subvencionada no estén en principio abiertos a todos no es una generalización a partir de las políticas efectivamente adoptadas por algunos, muchos o todos esos establecimientos. No es un punto, en otras palabras, que sea sugerido por la evidencia empírica disponible, por lo que no es refutable por referencia a dicha evidencia. Es una observación sobre (la interpretación dominante de) el régimen legal aplicable a esos establecimientos, que entiende la libertad de enseñanza del sostenedor de modo tal que es incompatible con entender que quienes postulan a su establecimiento tienen un derecho, fundado en su condición de ciudadanos, a ser admitidos.

En efecto, que alguien tenga un derecho quiere decir que hay otro que tiene un deber. Esta obligación del deudor, una vez surgida, es independiente de su voluntad, en el sentido de que ya no puede decirse que el deudor tiene la libertad de decidir si paga o no paga (está obligado a pagar). Como (la interpretación dominante de) el régimen legal de la educación particular subvencionada permite al sostenedor exigir una cierta cantidad de dinero a cambio de la prestación de servicios educacionales, y le permite además definir unilateralmente un proyecto educativo conforme al cual ciertos ciudadanos no son elegibles o son menos elegibles que otros, no puede decirse que todo ciudadano esté, ante un establecimiento particular subvencionado, en la posición de quien tiene derecho a ser admitido, porque el establecimiento no tiene el deber de recibirlo.

Nótese que en esto hay una diferencia considerable con la educación estatal: si bien ésta también está autorizada para cobrar como financiamiento compartido un pago en dinero por el servicio provisto, esa autorización tiene una limitación que mantiene esa forma educacional abierta a todos, porque los establecimientos municipales que cobren financiamiento compartido deben aceptar gratuitamente a todos los alumnos residentes en la comuna (Art. 23 DFL 2 de 1998).

La razón por la cual la autorización dirigida a establecimientos municipales para exigir el pago del financiamiento compartido necesita estar sujeta a esta limitación es la contenida en el artículo 19 N° 10 de la Constitución: todas las personas tienen un derecho a la educación. Por la misma razón, no puede decirse que los establecimientos municipales tengan libertad de enseñanza en el sentido en el que se entiende dicha libertad en Chile, es decir, como justificación de políticas de selección y exclusión. Si los establecimientos municipales tuvieran esa libertad de enseñanza, entonces nadie tendría derecho a ser educado.

Es verdad que hoy no hay una regla que impida a los establecimientos educacionales del Estado fijar proyectos educativos por referencia al cual puedan seleccionar alumnos. Pero el solo hecho de que sean del Estado impone esa limitación por referencia, por ejemplo, a creencias religiosas o capacidad de pago. El caso más problemático es el de selección por méritos académicos. Hoy no hay obstáculos a que los establecimientos del Estado seleccionen de este modo, en buena medida porque, como hemos visto, el modelo de establecimiento sobre el cual se construyen los demás es el establecimiento particular pagado. Esto, desde luego, desnaturaliza la educación pública, y la propuesta del Ministerio de crear “liceos de excelencia” agudiza el problema. Pero el punto se sostiene: en principio, un establecimiento público no puede definir un proyecto educativo por referencia al cual seleccionar estudiantes (debe destacarse que el proyecto de ley de fortalecimiento de la educación pública se refiera a este punto, y si bien no prohíbe toda forma de selección, explicita su estatus: ya no es algo que los establecimientos públicos pueden desde luego hacer, sino que en principio no pueden hacerlo aunque en ciertos casos se justifique).

La referencia al derecho a la educación suele utilizarse, por los “expertos en políticas públicas”, de modo impropio, como si su relevancia se agotara en el hecho de que debe haber un sistema educacional con cobertura completa. Pero la lógica de los derechos es individualizada, no agregativa. No se trata (sólo) de que sea bueno que se alcance la cobertura completa en educación básica y media, se trata de garantizar que cada uno podrá recibir la educación que crea que es mejor. Ésta es la obligación del Estado: garantizar a cada ciudadano, individualmente, la educación que requiere. La existencia de establecimientos particulares subvencionados no es suficiente garantía del derecho a la educación, precisamente porque descansa en la idea de que el sostenedor puede poner condiciones al ingreso. En el régimen legal chileno la libertad especialmente protegida es la de los padres de elegir, no la de los sostenedores a seleccionar: “Los padres tienen el derecho preferente y el deber de educar a sus hijos. Corresponderá al Estado otorgar especial protección al ejercicio de este derecho” (Art. 19 Nº 10 inc. 3º. Constitución Política).

Sólo un sistema educacional cuyo régimen legal obliga a los proveedores a admitir a cualquier individuo que postula garantiza la educación a todos como un derecho. El régimen legal aplicable a la educación particular subvencionada no garantiza la educación como un derecho, porque el sostenedor tiene libertad, conforme a la ley, para establecer condiciones de ingreso, y la idea misma de que una exigencia es formulada como un derecho es incompatible con la libertad de aquel a quien se dirige la exigencia para condicionar su cumplimiento.

De modo que, examinada atentamente, la idea de que la categoría de educación pública incluye tanto a los establecimientos estatales como a los particulares subvencionados es incoherente.

Los sentidos relevantes, en el estado actual del derecho chileno, son dos: en uno, toda educación es pública (es el sentido de las public schools inglesas); en el otro, es pública la educación que es ofrecida por establecimientos que tienen el deber (correlativo al derecho a la educación de los individuos) de admitir a todo el que postule a ellos (salvo el caso obvio de imposibilidad material).

La tesis de que la educación “pública” incluye a los establecimientos estatales y a los subvencionados usa como criterio de distinción de lo público el hecho de que en ambos casos no es el individuo el que paga sino el Estado. Pero esta característica o es un formalismo sin justificación (tal como los críticos decían que era un formalismo atender a la “naturaleza jurídica” del establecimiento), o es importante porque abre el acceso a esos establecimientos a todos, no sólo a los que pueden pagar. Desde luego esta segunda opción es la que toma en serio el criterio que los propios críticos han utilizado para distinguir la educación subvencionada de la pagada. Pero habiendo aceptado este criterio (es pública la educación que está abierta a todos), sólo el que desconoce el régimen legal de la educación particular subvencionada puede creer que estos establecimientos están legalmente abiertos a todos y son parte, por lo tanto, de la educación pública.

De lo anterior no se sigue que el hecho de que los establecimientos particulares subvencionados reciban financiamiento público es enteramente irrelevante.

Hay un obvio interés público en especificar las condiciones bajo las cuales puede accederse a la subvención estatal y el modo en que puede ésta ser utilizada. El Estado tiene innegablemente el deber de velar por la correcta utilización de los fondos públicos, lo que se traduce en su deber de crear mecanismos de fiscalización adecuados al modo en que esos recursos se invierten. Esto desde luego justifica que

exista un régimen que permita el control del uso de los fondos estatales en establecimientos privados (del mismo modo en que sería, por ejemplo, enteramente inaceptable que el Estado creara un fondo de financiamiento de la investigación científica y tecnológica, pero no creara mecanismos de control del buen uso de esos recursos).

El argumento puede incluso llegar más lejos: como los establecimientos privados subvencionados pueden cobrar a los padres una cantidad que complementa la subvención estatal, y que de ese modo se transforma (en esos establecimientos) en condición para gozar de la subvención, el régimen al cual están sujetos los recursos estatales utilizados por los establecimientos privados puede también ser legislativamente extendido a los recursos captados por los establecimientos en tanto financiamiento compartido. Es evidente que para justificar esta conclusión no es necesario afirmar que los establecimientos privados subvencionados son parte de la educación pública; basta afirmar que reciben recursos del Estado, y aplicar a esos recursos entonces el régimen general de los recursos estatales. Una cuestión es la de definir qué cuenta como educación pública, y otra es especificar las obligaciones que, en general, el que recibe financiamiento público para algo adquiere por ese solo hecho.

Educación pública y educación Estatal

Hemos distinguido un concepto “amplio” de educación pública (las public schools inglesas) y uno “estricto” (educación abierta a todos). El concepto “intermedio” propuesto por los críticos, que incluye a todos los establecimientos educacionales que reciben algún financiamiento del Estado, fracasa en sus propios términos y por consiguiente no alcanza a constituir una tercera posibilidad. En sentido estricto, la educación pública es la que está sometida a un régimen legal conforme al cual ella está en principio abierta a todos como ciudadanos.

El sentido o finalidad, entonces, de un sistema de educación pública es garantizar a cada ciudadano la educación como derecho, correlativo del deber de quien la ofrece. De las tres categorías de establecimientos que conforman el sistema educacional chileno, sólo la de los establecimientos que pertenecen al Estado satisface esta condición, por lo que sólo la educación provista por establecimientos estatales puede ser denominada, en este sentido, “pública”.

Hay entonces una conexión entre el sentido de la educación pública (abierta a todos) y su forma jurídica (provista por establecimientos estatales). Esta conexión no es puramente contingente, como si no fuera más que el resultado de una historia que en cualquier punto particular podría haber evolucionado de otro modo. Ella se explica por la diversa posición que el individuo asume frente al Estado y frente a otros individuos.

Ante el establecimiento de propiedad del Estado el individuo concurre en términos asimétricos: basta su voluntad para que el establecimiento tenga la obligación de admitirlo. Esta asimetría entre el individuo y el establecimiento es reflejo de la posición general de asimetría que el ciudadano tiene frente al Estado: el individuo tiene derechos, y el Estado no, porque está “al servicio de la persona humana” (Art. 1° Constitución Política). Pero ante el establecimiento privado (subvencionado o no) el individuo no concurre como ciudadano sino como parte contratante. Y entre las partes contratantes existe la simetría propia del contrato y del mercado: ningún individuo está “al servicio” de otro. Como la relación entre el individuo y el establecimiento es en este caso simétrica, no basta la voluntad del primero para que el segundo tenga una obligación: la concurrencia de su voluntad, como en todo contrato, es condición necesaria, pero no suficiente, para que haya contrato.

Por consiguiente, la explicación que hemos encontrado del sentido de la educación (estrictamente) pública vincula la forma institucional de ciertos establecimientos (son propiedad del Estado) al sentido de la educación pública (educación abierta a todos, ante la cual el individuo concurre como ciudadano ejerciendo un derecho). Luego, la categoría de “educación pública” se identifica con la de “educación provista por establecimientos de propiedad del Estado” reteniendo su sentido.

Es sencillamente falso decir que la única diferencia entre los establecimientos estatales y los particulares subvencionados es la naturaleza del titular de la propiedad sobre los mismos. Como consecuencia de esa diferencia en titularidad, el régimen legal de ambos es diferente en un punto críticamente importante si de lo que se trata es de garantizar un derecho: sólo ante los establecimientos del Estado el individuo concurre como ciudadano que ejerce su derecho.

¿Establecimientos públicos de propiedad

privada?

Ahora bien, la posición discutida al principio afirmaba que los establecimientos particulares subvencionados debían ser considerados parte de la educación pública. Lo que hemos visto hasta ahora muestra que este argumento se basaba en una noción incoherente de “educación pública”. Dado el régimen jurídico chileno, sólo la educación estatal es educación pública. Pero la cuestión podría plantearse, por así decirlo, al revés: ¿es posible concebir un régimen legal en el que establecimientos de propiedad privada sean parte de la “educación pública”?

En Chile hemos aceptado que es a través de iniciativas privadas que pueden perseguirse finalidades públicas. Pero la manera en que lo hemos hecho ha desnaturalizado esas finalidades, porque la finalidad “pública”, por ejemplo, de un sistema de salud no es sólo proveer de prestaciones de salud sino garantizar el derecho igual de cada ciudadano en tanto tal a esas prestaciones de salud.

Está en lo correcto el neo-liberal que alega que no hay razón por la que las finalidades públicas sólo puedan ser perseguidas por el Estado. Lo que es inaceptable (porque distorsiona esas finalidades) es su pretensión de que puede (o debe) hacerlo sujeto al régimen de los agentes privados. Para que las iniciativas privadas reemplacen al Estado en la provisión de prestaciones públicas es necesario que asuman la posición de asimetría que el Estado tiene frente al ciudadano.

Por consiguiente, no hay razón para negar la posibilidad de que se cree legalmente una categoría de establecimientos públicos de enseñanza que sean de propiedad privada. Para esto sería necesario configurar el régimen legal aplicable a esos establecimientos educacionales privados (en cuanto a su propiedad y gestión) de modo que ellos asumieran la posición de asimetría, ante el ciudadano, característica del Estado. Si esa categoría legal existiera, entonces la homologación entre establecimientos de propiedad del Estado y educación pública sería objetable (esto muestra que dicha homologación no es conceptual, es decir, necesariamente correcta e independiente del contenido del régimen legal aplicable). Mientras dicha categoría no exista, la homologación es correcta, y la subsistencia de la educación estatal es la marca de que el Estado chileno está comprometido con la educación como derecho del ciudadano.

Esto es hoy difícil de pensar porque no hay un estatuto de la educación pública. Como el establecimiento público es pensado desde el particular pagado, de modo que “público” sólo quiere decir “del Estado”, la idea de una educación pública provista por establecimientos que no sean de propiedad del Estado es radicalmente incoherente, como hemos visto que ocurre con la posición del crítico que pretendía revisar el concepto de “educación pública”.

Si la educación pública tuviera un régimen propio, la cuestión sería más fácil: bastaría decir que es público todo establecimiento, incluidos los que pertenecen en propiedad a agentes privados, que se someta a ese régimen. El proyecto de ley de fortalecimiento de la educación pública contiene un incipiente régimen legal del establecimiento público (el título II, Arts. 5-12)2. Si ese régimen fuera aprobado, no

hay razón por la que no podría aspirar a ser tratado como “público” un establecimiento de propiedad de una persona de derecho privado que estuviera dispuesta a asumir lo que el proyecto denomina “Deberes especiales de los sostenedores públicos”, y podría decirse entonces: la educación pública es la provista por establecimientos que asumen los deberes especiales que se siguen de la asimetría entre el Estado y el ciudadano.

Coda: ¿Es sostenible la educación pública

en un sistema mixto?

El argumento desarrollado más arriba tiene una consecuencia importante. En un sistema como el chileno, en que los establecimientos de la educación pública y de la educación particular deben coexistir compitiendo, los segundos pueden ofrecer en el mercado un bien inapreciable que los primeros por definición no pueden ofrecer: selección. Como algunos establecimientos (los privados) pueden ofrecer selección y otros (los públicos) no, la educación privada tenderá a ser la educación a la que asistan todos aquellos que se benefician de la selección. Los que no se benefician de ella son aquellos que en sentido económico, social o cultural están peor situados. En un sistema mixto como el chileno, la educación pública tiene una tendencia interna a transformarse en un ghetto de marginalidad.

Para mostrar que éste es el caso, basta notar que el que asiste a un establecimiento que establece condiciones de ingreso asegura por ese solo hecho que estudiará junto a otros individuos que satisfacen esos criterios de ingreso. Todo establecimiento que puede seleccionar, entonces, puede adecuar su oferta de educación a un “target”: la clase de individuos que pueden satisfacer sus condiciones de acceso (y así separarse de los que están debajo de ellos) y que no puedan satisfacer condiciones de ingreso de un establecimiento más selectivo (por lo que se separará de los que están más arriba de ellos).

Un sistema mixto como el chileno, entonces, tenderá a la progresiva segregación, y en definitiva cada uno asistirá al establecimiento que su dinero puede pagar: ni un peso más abajo ni un peso más arriba. Y en el fondo, desde luego, se creará un subsistema de estudiantes socioeconómicamente deprivados y socialmente marginados. Lo que caracterizará a ese subsistema será que sus establecimientos no seleccionan, y atienden entonces sólo a aquellos a los que la selección no beneficia.

El sistema educacional chileno es el paradigma de un sistema diseñado para transmitir el privilegio. En materia educacional, para el privilegiado Chile es el mejor de los mundos posible.

__________________________________

* http://www.radiobiobio.cl/2010/08/23/preparan-proyecto-para-profunda-reforma-del-sistema-educacional-municipal/

Notas

1 Profesor de Derecho, Universidad de Chile, Universidad Adolfo Ibáñez. Este artículo incorpora material publicado en: Atria, F. (2009) ¿Qué es educación pública? Revista de Estudios Sociales, 117, 45-69, Corporación de Promoción Universitaria, Santiago. Y en Atria, F. (2007), Mercado y Ciudadanía en la Educación, Santiago, Flandes Indiano. A los que me permito remitir al lector.

30
sep
10

En Chile, los municipios devuelven los colegios al Estado

La comuna de Cerro Navia no es la única que como resultado del sistema municipal de educación tiene deudas. Son numerosos los municipios que tienen deudas previsionales, perfeccionamiento, Bono SAE, entre otras, con los profesores del país. Esto responde a la instrumentalización de la educación, que ningún gobierno ha tenido la voluntad de resolver”
(Jaime Gajardo)*

Esta semana el alcalde de Cerro Navia, Luis Plaza, dio a conocer que el municipio no podrá seguir manteniendo y administrando la educación Pública en su comuna. El edil fundamentó esta medida en la falta de presupuesto para financiarla, lo que se traduce a la fecha en la imposibilidad de cáncer oportunamente las cotizaciones previsionales y de salud del personal docente y administrativo de Cerro Navia; según Plaza, las arcas municipales deben desembolsar anualmente, entre “dos mil y dos quinientos millones de pesos” (1) adicionales para financiar la educación. Esta situación obligó al ministro Lavín a intervenir los 24 liceos comunales, asumiendo el control de la Corporación de Educación de la Comuna y, generando en la práctica, una reestatización de la educación municipal. En efecto, la educación municipal está quebrada, no existe municipio en Chile en que la educación se autofinancie con la subvención educacional que entrega el Estado; unido a esto, ha experimentado un considerable descenso en el número de matrículas, si el año 2002 la participación de la enseñanza municipal en el total de la educación chilena alcanzaba un 52%, el 2009 representa tan sólo el 37%. Además, es sintomático comprobar que el primer alcalde en llevar a efecto esta medida sea  uno de la misma coalición de gobierno, lo que abre las puestas a todos los demás alcaldes, particularmente de oposición. En la práctica, se estaría llevando por la vía forzada al Estado a asumir su rol en lo que queda la deteriorada educación pública chilena.

Esta situación viene a demostrar algo quizás sea más complejo, y es la crisis que evidencia el modelo educativo imperante en estos últimos 30 años. El modelo generó en la práctica un nuevo sector en la economía, los sostenedores, y un alto nivel de cobertura en matrículas, pero con un nivel de desigualdad y de falta de calidad en su conjunto. Al caso que, se da la paradoja que siendo hoy la generación “más” educada de la historia, es a la vez la peor educada de la historia. El modelo de mercado, de acuerdo a las mediciones internacionales, PISA, OCDE, demuestra que en nuestro país las tres provisiones educativas -pública, la particular subvencionada y la particular pagada-, están por debajo de la media internacional. Ahora bien, la educación particular subvencionada, que se ha presentado como el modelo de eficiencia y calidad no es mejor que la educación municipal, como uno esperaría que fuera. Si miramos los datos SIMCE, podemos decir con evidencia dura que, de los cuatro quintiles en que compiten el modelo fiscal y el con fines de lucro, la educación fiscal gana en el quintil bajo y medio alto, en tanto los subvencionados están por encima en los quintiles medio bajo y medio; con una diferencia que no sobrepasa los 7 puntos porcentuales promedio (2). Esto con el agravante, que la educación subvencionada por el Estado tiene derecho a cobrar una subvención adicional al apoderado y, además, hasta el año pasado tenía permitido seleccionar a los alumnos; visto de esta arista, es un milagro que a la educación municipal haya durado tanto tiempo.

Mirado de esta perspectiva la cosa no funciona. La educación municipal está siendo devuelta al Estado y, el modelo que se publicita como el “óptimo” no es sustancialmente mejor que el que se está devolviendo. En este sentido, se hace indispensable tener una mirada menos “casuística” de lo que está sucediendo en educación, se requiere mirar el tema con menos dogmatismo por parte de la derecha, y a su vez la coalición opositora, deberá empezar a pensar seriamente lo que está dispuesta a ofrecerle al país para el 2015, ya que lo que hay hoy día, con semáforos, PSU dividida en dos, liceos de excelencia y de los otros, desgraciadamente no tiene buena cara.

+ Recurso asociado: Entrevista de Tomás Mosciatti al alcalde Luis Plaza, ver aquí.

* Jaime Gajardo, Pte. Colegio de Profesores, en: http://www.colegiodeprofesores.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=387%3Aintervencion-en-cerro-navia-ejemplo-de-la-crisis-de-la-municipalizacion&catid=1%3Alatest&Itemid=190

Notas

1.- Luis Plaza. Ver en: http://www.la2da.cl/modulos/catalogo/Paginas/2010/09/29/LUCSGDI11SG2909.htm

2.- Esta tendencia se ha mantenido con pocas variaciones desde que se aplica el SIMCE, y queda refrendada en la última medición del 2009. Para una mejor comprensión, ver en: http://www.simce.cl/index.php?id=247




Seguir

Recibe cada nueva publicación en tu buzón de correo electrónico.