El Drama de la Constituyente en la Historia de Chile

A un año de celebrarse el bicentenario de la independencia de nuestro país, me parece necesario reflexionar sobre la trayectoria política de esta ya no tan joven república. En efecto, quiero poner en el acento un tema cardinal que dice relación con el grado de legitimidad de nuestra institucionalidad, no la actual, sino la de estos últimos doscientos años. En este sentido el análisis debe centrarse en el carácter democrático que ha normado nuestra convivencia ciudadana, plasmada en le legitimidad de nuestra vida constitucional; constituciones que en su gran mayoría han nacido bajo la presión ejercida por las fuerzas armadas o las oligarquías de turno que se disputaban el poder estatal.

No pretendo hacer un juicio de valor, sino por el contrario, remitirme a la evidencia histórica de estos 200 años, la que demuestra palmariamente que en nuestro país no ha existido ningún ordenamiento constitucional que haya tenido su génesis en una expresión verdaderamente democrática. Por el contrario, las que nos han regido por más tiempo, han emergido bajo fuertes períodos de convulsión interna donde su promulgación ha carecido de procesos constituyentes que las legitimen democráticamente. Para afirmar este punto, de las 10 constituciones que ha tenido nuestro país, las he divido en tres grupos a saber: las de emergencia, las bien intencionadas y las militaristas.

El primer grupo, abarca un período de 10 años -de 1811 a 1822- (1), el que estará marcado en una primera fase por las constituciones de los años 1811, 1812 y 1814, que corresponden al periodo de la independencia. Estos reglamentos tratarán de generar sobre la marcha un status jurídico sobre la naciente república, las que reflejarán las posturas disidentes en el seno de la aristocracia nacional, particularmente santiaguina. Caso emblemático de este período resulta la constitución de 1812, que fue ratificada por un grupo de santiaguinos de “alta alcurnia” que votaban bajo la convocatoria de una invitación (2). La segunda fase abarca las constituciones de 1818 y 1822, que estarán marcadas bajo la férula del autoritarismo ohiguinista que gobernará con un grupo de la aristocracia nacional. Una vez más la constituyente dejará fuera no solamente al pueblo, sino a una incipiente clase media integrada por artesanos, funcionarios del estado y profesionales.

El segundo grupo, abarca sólo 5 años, caracterizándose por una mirada liberal de la burguesía progresista de la época. Esto se reflejará en dos constituciones, la de 1823 que incorporará el voto a la clase media integrada por letrados pobres, sacerdotes, oficiales de bajo rango, empleados públicos, mineros y otros empresarios (3). La constitución de 1828, bajo sello liberal / Democrático, va más allá de su predecesora instaurando en la práctica el voto universal para el género masculino, casados mayores de 21 y solteros mayores de 25 años (4). La falta de unidad del patriciado nacional para concebir un modelo de desarrollo institucional, generó profundas divisiones entre sectores liberales y conservadores, lo que precipitará la derrota del progresismo dando origen al tercer grupo.

El tercer grupo abarca un período de 176 años hasta hoy día, bajo el dominio de tres constituciones, la de 1833, la de 1925 y la de 1980. La primera, se origina fruto del levantamiento armado de un sector del patriciado mercantil chileno, en contra del patriciado liberal, el cual se toma el poder después del triunfo en la batalla de Lircay. Estamos en presencia de un golpe de estado, en el cual el general que encabeza el bando pelucón estanquero, asume como presidente de la república después de derrotar militarmente a sus enemigos; será este bando, el que pasando a llevar la constitución de 1928,vigente todavía, promulgará la Constitución del 33. La discusión del proyecto y su posterior promulgación, se dará en un clima de represión, exilio y encarcelamiento del bando derrotado, con guardias civiles que operaban como policía política en contra de la disidencia (5).

Para comprender el nacimiento de la constitución de 1925, debemos tener en consideración dos elementos que determinaran el cambio del parlamentarismo al presidencialismo. El primero, es el que se conoce con el nombre de La Cuestión Social, “fenómeno que consistió en la aparición, y correspondiente reconocimiento social, de una nueva forma de pobreza asociada a la vida urbana y a la consolidación de la producción capitalista” (6); que hacía 1920 producto de sangrientas luchas había logrado enfrentar a la oligarquía financiera atrincheraba en el parlamento, posibilitando devenir la cuestión social en cuestión política. Al triunfo del socialismo en la Rusia zarista, se agregaba que trabajadores, artesanos y pequeños propietarios contaban a la fecha con periódicos para difundir sus ideas, partidos políticos, federaciones obreras y de empleados, que empezaban a manifestarse por cambios profundos en la arquitectura institucional, “… diversos grupos de ciudadanos se movieron para ‘generar’ la política desde la propia bese civil. Eso fue lo que impulsó la Liga de Acción Cívica, desde 1912, exaltada por Roberto Huneeus. En la misma dirección se movía la Federación Obrera encabezada por Luis Emilio Recabarren, llamando a una Asamblea Constituyente para refundar el Estado al margen de los políticos. Al margen de los políticos se movía también la sección chilena de IWW. Las ligas de arrendatarios (conventilleros) y las primeras asociaciones de profesores descartaban ‘la pretendida virtud de los medio políticos’” (7). El segundo elemento para entender la crisis institucional, está signado por la denominada Crisis de Representatividad del Régimen Parlamentario, la que se vio incrementada por las desastrosas consecuencias que trajo para nuestra economía el fin de la primera guerra mundial y el descubrimiento del salitre sintético, todo esto en el marco de la elección presidencial de 1920. En palabras de Gabriel Salazar, era una “crisis combinada de representatividad y de legitimidad, unida a la demanda por ‘la Constituyente’, indican que la coyuntura tenía, hacia 1920, un inconfundible carácter cívico pre-revolucionario. Lo que era, por cierto, mucho más que una agitada ‘campaña electoral’” (8). Es en este contexto social donde resulta electo Arturo Alessandri, quien provenía del patriciado aristocrático del parlamentarismo chileno, y que llega premunido de un conjunto de propuestas que pretendían aminorar la grave carga social que enfrentaba la mayoría de la población; propuestas que “pretendían armonizar las relaciones entre le capital y el trabajo mediante una legislación adecuada que abarcara contratos laborales, previsión social, organización de sindicatos y derecho a huelga” (9). Estos planteamiento, si bien necesarios, fueron torpedeados contumazmente por el parlamento que, encerrados en su burbuja se negaban a ver la crisis a la que se enfrentaban. Esta situación no fue ajena a un grupo de oficiales jóvenes, que azuzados por el caudillo de Tarapacá realizó en los primeros días de septiembre de 1924 un golpe blanco al acudir a una reunión del parlamento y hacer sentir su malestar haciendo resonar sus sables contra el piso, episodio conocido en nuestra historia como el ruido de sables. Si bien el “episodio militar” logró destrabar las leyes que se encontraban en el parlamento y abrir una puerta a la reforma de la Constitución, Alessandri sintió vulnerada su autoridad y, con la autorización de sus pares en el parlamento, se tomó un permiso para viajar a Europa. El 10 de septiembre Alessandri hace abandono del país y, al día siguiente, el 11 de septiembre, un grupo de oficiales conservadores se toman el poder, instaurando una Junta Gobierno cuya primera medida será el cierre del Congreso y convocatoria a elecciones presidenciales y parlamentarias. Esta situación no dejará conformes a la oficialidad joven, herederos del ruido de sables, la que originará un nuevo golpe que depondrá a la Junta Militar y pedirá el regreso de Alessandri para iniciar los pasos de una Asamblea Constituyente. Vuelto al país, el caudillo, con todo el poder en sus manos, el congreso cerrado, con la oficialidad joven y el pueblo apoyándolo acometió a la tarea de dictar una nueva Constitución. El problema recaía en cómo hacerlo, si Alessandri optaba por una Asamblea Constituyente el resultado se veía confuso para la clase política a la cual pertenecía el presidente. Más, contrario a las promesas que había realizado a su vuelta del autoexilio Alessandri no convocó a una Constituyente, tan sólo “designó un Comité formado mayoritariamente por políticos y no por representantes directos de la ciudadanía. Y ese comité redactó la Constitución de 1925” (10). La Constitución fue sometida a plebiscito el 25 de agosto de 1925, con los abiertos llamados a abstención por parte de los partidos Conservador, Comunista y Radical. De los 302.304 inscritos en los registros electorales, votaron sólo 134.421, de los cuales 128.381 lo hicieron por el proyecto alesandrista, lo que deja una abstención de un 50% de personas que teniendo derecho a voto, por alguna razón no hicieron.

La actual Constitución, la de 1980, viene a ser el corolario de nuestra historia Constitucional, vale decir, la imposición forzada de las normas que regirán el Estado. En efecto, valga decir que en el momento mismo del golpe de Estado se deja sin vigencia la Constitución del 25. Pero, el proyecto que se plebiscitó el año 80 tuvo su génesis pocos meses después del pronunciamiento golpista del 1973,  cuando la Junta militar nombra una comisión a cargo del jurista Enrique Ortúzar (11) para estudiar una nueva Constitución. Cinco años después, se entregó a la comisión Ortúzar, como se le conoció, las indicaciones de Jaime Guzmán para que se elaborara el proyecto de Constitución (12). Un año más tarde, 1978, la comisión Ortúzar evacuó el anteproyecto constitucional, el que fue enviado al Consejo de Estado integrado por personeros designados por el gobierno de facto, entre los que se encontraban los ex presidentes Jorge Alessandri (13) y Gabriel González Videla (14). El 26 de junio de 1980, el “flamante Consejo” entregó la nueva Constitución, la cual pasó a un grupo de estudio encabezado por la Ministra de Justicia y sobrina del dictador, Mónica Madariaga, ella fue asesorada por cuatro auditores militares que, en forma minuciosa introdujeron 175 cambios que daban cuenta de las distintas visiones al interior del régimen (15). Realizado el trámite de corrección la Constitución pasó a la Junta de Gobierno, integrada por los tres Comandantes en jefes de las diferentes ramas castrenses y el Director Gral. de Carabineros (16). La “honorable” junta evacuó el proyecto con fecha 10 de agosto, para un día después, mediante cadena nacional comunicar que la Constitución se plebiscitaria el 11 de septiembre de 1980. Demás está decir, a esta altura como de costumbre, que la votación se llevó a efecto con estado de emergencia, sin partidos políticos, sin libertad de prensa y asociación, en un clima de terror y amedrentamiento por parte de la policía política a los detractores. El resultado obvio fue el siguiente: votos por el “Sí” a la nueva Constitución, 4.204.879 (67,04%); por el “No” (rechazo), 1.893.420 (30,19%); nulos, 173.569 (2,77%).

A manera de conclusión, nos parece interesante entregar la opinión del Premio Nacional de Historia 2006, Gabriel Salazar, quien dice:

“Al hacer un el balance de los procesos de construcción de Estado en Chile, resta un saldo neto de anomalías, que denotan ilegitimidad. Son entre otras las siguientes”.

“En primer lugar, en cada uno de dichos procesos, se observan intervenciones de rasgo dictatorial por parte de las Fuerzas Armadas. Se observa también que, en el contexto de esas intervenciones, los miembros de los Comités Constituyentes (en Chile no ha funcionado jamás una Asamblea Constituyente elegida por el pueblo) fueron designados por la autoridad, no electos por la ciudadanía. Los proyectos de Estado que esos comités, a puerta cerrada, discutieron y acordaron, fueron finalmente impuestos a la nación sin deliberación informada, y dentro de una atmósfera militarmente controlada”. (17)

La doctrina moderna en derecho político, define al pueblo como titular del Poder Constituyente no de ahora, sino de 1787 con la promulgación de la Constitución Norteamericana y, refrendada después por la Revolución Francesa. Las Constituciones que se establecen reconociendo la titularidad del pueblo en el ejercicio del Poder Constituyente, son denominadas democráticas, en palabras de Thomas Paine “Una Constitución no es el acto de un gobierno, sino de un pueblo que constituye un gobierno, y un gobierno sin una Constitución es un poder sin derecho” (18).

A la luz de lo expresado, me pregunto cuál sería el mejor regalo que podríamos entregarle a esta ya adulta nación, claro, estarán los edificios elefanticos, carreteras y otras obras públicas. Pero, no será necesario pensar en hacerle un regalo cívico a la patria, un regalo que nos permita revertir el drama de legitimidad de estos últimos 200 años, no será necesario crear, por primera vez en nuestra historia una Asamblea Constituyente que de origen a un Estado legítimo… puede ser un buen regalo.

Notas

1.- Constituciones de 1811, 1812 y 1814, corresponde a la denominada Patria Vieja. Las de 1818 y 1822 inauguran la Patria Nueva.

2.- Ver en Historia de las instituciones políticas y sociales de Chile, Jaime Eyzaguirre. Editorial Universitaria, 1992.

3.- Ver en Construcción de Estado en Chile (1800-1837), Gabriel Salazar. Editorial Sudamericana, 2005.

4.- Íbid., op. cit.

5.- Para un análisis más detallado ver en “Construcción de Estado en Chile…” (op. cit) y “El peso de la noche: nuestra frágil fortaleza histórica”, Alfredo Jocelyn-Holt. Ariel, 2000.

6.- ¿Revolución Proletaria o querida chusma?, Julio Pinto, Verónica Valdivia. LOM Ediciones, 2002.

7.- Historia Contemporánea de Chile I, Gabriel Salazar, Julio Pinto. LOM Ediciones, 1999.

8.- Ibíd. Op. Cit.

9.- Historia del siglo XX chileno, Sofía Correa, Consuelo Figueroa, Alfredo Jocelyn-Holt, Claudio Rolle, Manuel Vicuña. Edt. Sudamericana, 2001.

10.- Historia Contemporánea de Chile I, op. Cit.

11.- Enrique Cornelio Ortúzar Escobar (1914 – 2005), abogado constitucionalista, ministro del Gobierno de Jorge Alessandri Rodríguez en las carteras de interior, justicia y RR. EE.

12.- La historia oculta del régimen militar. Memoria de una época 1973 – 1988, Ascanio Cavallo, Manuel Salazar y Óscar Sepúlveda. Editorial Randomhouse-Mondadori, 2004.

13.- Jorge Alessandri Rodríguez (1896 – 1986), hijo de presidente Arturo Alessandri, gobernó Chile entre los años 1958 a 1964.

14.- Gabriel González Videla (1898 – 1980), gobernó Chile entre los años 1946 a 1952.

15.- Ibíd. Op. Cit.

16.- La integraban Augusto José Ramón Pinochet Ugarte (ejército), Fernando Jorge Matthei Aubel (fuerza aérea), José Toribio Merino Castro (armada), César Leonidas Mendoza Durán (carabineros).

17.- SALAZAR, Gabriel. «Construcción de estado en Chile: la historia reversa de la legitimidad«. [Artículo]. En  Proposiciones Vol.24. Santiago de Chile : Ediciones SUR, 1994.  Obtenido desde: http://www.sitiosur.cl/r.php?id=578. [Consultado en: 15-10-2009]

18.- Los Derechos del hombre, Thomas Paine. Aguilar, 1963.