El pasado 21 de octubre, en el auditorio de la Universidad Alberto Hurtado se realizó el seminario: Justicia Militar en Causas Mapuche. En el evento, que contó con la participación de los abogados Alberto Espinoza(1) y José Galiano (2), el periodista Nibaldo Mosciatti (3) y el historiador Sergio Grez (4), se abordó la situación de los 15 comuneros mapuches que hoy en día se encuentran procesados por la ley antiterrorista.
En esta oportunidad, quiero presentar la reflexión de Sergio Grez Toso, quien abordó el tema no sólo como historiador sino principalmente como ciudadano.
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“… no podemos callar ante los graves sucesos
que están ocurriendo en la Araucanía “
He sido invitado a este Seminario por haber sido uno de los impulsores de dos declaraciones y manifestaciones de historiadores en apoyo al pueblo mapuche: la primera, con motivo del asesinato por la espalda del comunero mapuche Matías Catrileo (5) cometido por un Carabinero en enero de 2008, y una segunda declaración en agosto de 2009, luego de un nuevo asesinato por la espalda cometido por Carabineros de Chile contra la persona de otro comunero mapuche, Jaime Mendoza Collío (6), declaración a la que se sumó una manifestación de protesta de historiadores, profesores de Historia y alumnos de carreras de Historia, en las calles de Santiago el 10 de septiembre del presente año. Sin despojarme de mi condición de historiador (no especializado en la cuestión mapuche), en esta ocasión hablaré sobre todo como ciudadano. Porque como ciudadano (cualquiera sea mi especialización en tanto historiador) no puedo callar, no podemos callar ante los graves sucesos que están ocurriendo en la Araucanía.
Día a día las comunidades mapuches que luchan por recuperar sus tierras son rodeadas, hostigadas, allanadas y violentadas por las fuerzas policiales del Estado chileno. Día a día hombres, mujeres y niños mapuches son maltratados, insultados, humillados, golpeados, arrastrados y detenidos por Carabineros y la Policía de Investigaciones. Algunos, como Matías Catrileo y Jaime Mendoza Collío son asesinados por la espalda. Los helicópteros policiales vuelan día y noche por sobre las tierras de estas comunidades. Los mapuches sufren controles de identidad abusivos, vejatorios. Sus luchas son criminalizadas y judiciliadizadas por el gobierno y el poder Judicial, y son deformadas y condenadas por la prensa (salvo contadas y honrosas excepciones) y por los partidos políticos con representación parlamentaria. Los militantes más activos y combativos de la causa mapuche son perseguidos, maltratados, torturados, encarcelados y sometidos a 2 procesos tanto por la Justicia Civil como por la Justicia Militar. A ellos se les aplica la Ley Antiterrorista heredada de la dictadura Militar y utilizada profusamente bajo los gobiernos de la Concertación. Cuando una causa criminal parece no prosperar (por insuficiencia o debilidad de pruebas), los fiscales civiles y militares (respondiendo a las insinuaciones del gobierno), se afanan en inventar nuevas acusaciones para poder retenerlos largos períodos en prisión. Es lo que está ocurriendo con Héctor Llaitul (7), dirigente de la Coordinadora Arauco- Malleco (CAM) (8) a quien le comunicaron en estos últimos días la apertura de un nuevo proceso. Cada causa significa hasta nueve meses de prisión preventiva mientras dura la investigación.
Este proceder de los fiscales me recuerda las “condenas clandestinas” que pronunciaba la DINA (9) durante la dictadura de Pinochet. Aunque nunca tuvimos la prueba formal de ello, en 1975, cuando estábamos en el campo de concentración de Puchuncaví circulaba insistentemente entre los presos políticos el rumor acerca de estas “condenas” informales decididas por la policía política de la dictadura. Como no éramos sometidos a proceso ya que habíamos sido arrestados de manera absolutamente arbitraria y discrecional, la DINA decidía nuestro futuro determinando cuantos meses o años debíamos permanecer “fuera de circulación”. Algo similar parece que está ocurriendo con el procedimiento de los fiscales contra los presos mapuches… Entretanto, el gobierno de la Presidenta Bachelet ofrece “diálogo”, envía su ministro Viera Gallo a la Araucanía, pero anuncia que las comunidades que amparen a los “violentistas” no serán beneficiadas con la entrega de tierras. De esa manera se pretende dividir al movimiento mapuche aislando a los “malos” de los “buenos”. Para completar el panorama, los grandes propietarios de la zona forman cuerpos paramilitares de “guardias blancas” patronales para reprimir al pueblo mapuche, tal como ha sido anunciado con la creación del Comando Hernán Trizano (10). Todo esto nos lleva a concluir que el Estado de Chile y los grandes propietarios de la zona, beneficiarios de la usurpación histórica de los territorios mapuches, están empezando a implementar una estrategia de 3 guerras de baja intensidad en el Wallmapu para quebrar la resistencia mapuche.
Los métodos empleados así lo indican: militarización del territorio mapuche a través de la Instalación permanente de la policía militarizada de Carabineros en las zonas más álgidas del conflicto para actuar como guardia pretoriana de los empresarios; violencia policial creciente contra las comunidades; cerco mediático (salvo honrosas excepciones como Radio Bío-Bío); acción de una vasta red de espionaje y soplonaje, intervención de correos electrónicos y escuchas telefónicas (incluyendo a los abogados defensores de los presos políticos mapuches), etc. A ello se suma la aplicación sistemática de la Ley Antiterrorista heredada de la dictadura y utilizada profusamente por los gobiernos de la Concertación junto a la doble acción de fiscales civiles y militares.
¿Qué significa en concreto la intervención de la Justicia Militar en las causas mapuches?
Significa, entre otras cosas, que un imputado puede estar detenido hasta por cinco días sin real expresión de causa, incomunicado, arraigado, prontuariado, con prisión preventiva indefinida; que esta persona ve suspendidos sus derechos ciudadanos, que no puede conocer el sumario secreto, y que la investigación puede tardar los años que el Fiscal determine que sean necesarios para el cierre del sumario. Estas facultades excesivas de la Justicia Militar chilena ha sido objeto de numerosas críticas, especialmente por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Según este organismo, en un Estado democrático de Derecho la jurisdicción penal militar ha de tener un alcance restrictivo y excepcional, de acuerdo con lo planteado por muchos juristas, según los cuales la Justicia Militar debe ocuparse exclusivamente de velar por ciertos valores del ámbito militar como disciplina, jerarquía y seguridad militar. De lo que se desprende que los tribunales militares solo deben conocer delitos de función cometidos por militares en servicio activo y que en ninguna circunstancia los civiles pueden ser sometidos a la jurisdicción de los tribunales militares.
Chile se encuentra en las antípodas de estos principios.
A diferencia de lo que ocurre en la inmensa mayoría de los Estados democráticos de derecho en los cuales los tribunales militares solo conocen aquellos delitos que por la naturaleza de los bienes jurídicos penales castrenses son estrictamente militares y constituyen conductas graves cometidas por militares que atenten contra esos bienes jurídicos, en Chile los poderes de estos tribunales son extensísimos. A ello se agrega el hecho de que la Justicia Militar chilena en tiempos de paz vulnera la imparcialidad e independencia que deben tener los tribunales por su estructura y composición. Porque los integrantes de los tribunales militares son militares en servicio activo que están subordinados jerárquicamente a sus superiores a través de la cadena de mando, porque no cuentan con garantías suficientes de inamovilidad y no poseen una adecuada formación jurídica. La imparcialidad de estos jueces también se ve afectada porque el Fiscal concentra las funciones de investigar, acusar y juzgar (característico de los sistemas inquisitivos, escritos y de prueba reglada). Como si fuera poco, el procedimiento penal militar significa una merma significativa de las garantías judiciales porque los tribunales militares no garantizan que los juicios sean públicos al no prever una etapa oral, desarrollándose los procesos de manera inquisitoria con una etapa preliminar sumaria, secreta y escrita.
Estas normas, improp
ias de un Estado de Derecho democrático, son las que el Estado chileno está aplicando sistemáticamente contra los luchadores mapuches Es necesaria una enérgica reacción de todos quienes viven en este país, winkas, mapuches y demás pueblos originarios, para frenar los preparativos de la guerra de baja intensidad que el Estado de Chile está empezando a implementar en la Araucanía. Hoy son los mapuches, mañana será cualquier grupo o sector social que se levante de manera decidida para luchar por sus derechos.
Notas
1.- Alberto Espinoza Pino. Abogado, Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales. Universidad de Chile. Diplomado Reforma Procesal Penal, Universidad Alberto Hurtado. Especialista en DD.HH. FASIC.
2.- José Galiano H. es Abogado de la Universidad de Chile. Ejerce como abogado desde 1956, combinando el ejercicio libre de su profesión -preferentemente en materias penales – con la docencia en diversas universidades. Fue Presidente de la rama chilena de la Asociación Americana de Juristas entre 1988 y 2000. Ha publicado ‘Economía de Defensa’ [1958]; ‘Derechos humanos’ [dos tomos, 1996]; Mensaje a los biznietos [2002]; Etica Social, Etica Jurídica [2004].
3.- Nibaldo Mosciatti es uno de los más prominentes periodistas de su generación. Comenzó su trabajo profesional en Radio Chilena, donde realizó un interesante trabajo de reporteo alejado de los canales oficiales de información entregados por la dictadura. En 1985 entra a Revista APSI donde comparte escritorios con Andrés Braithwaite, Francisco Mouat y Milena Vodanovic. Fue parte del equipo fundador del programa televisivo El Mirador de TVN, donde trabajó 5 años, panelista del programa Plaza Italia del desaparecido canal Rock and Pop y columnista del diario electrónico El Mostrador, entre otras actividades. Es director de Radio Bío-Bío.
4.- Sergio Grez Toso, historiador, Profesor de la Universidad de Chile, Director Museo Nacional Benjamín Vicuña Mackenna, Director del Magíster en Historia y Ciencias Sociales de la Universidad ARCIS.
5.- Matías Valentín Catrileo Quezada (Victoria, Chile 11 de septiembre de 1985 – 3 de enero de 2008) fue un estudiante universitario mapuche de Chile fallecido mientras participaba en una toma de un fundo agricola el 3 de enero de 2008 en un enfrentamiento con personal del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) de Carabineros de Chile que custodiaban el lugar. Su muerte generó el rechazo de organismos de derechos humanos y diversas manifestaciones que se realizaron en varias ciudades de Chile.
6.- Jaime Facundo Mendoza Collio (24 años), era miembro de la Comunidad Requem Pillan de la comuna de Ercilla. El pasado 12 de Agosto participaba de la ocupación pacífica del Fundo San Sebastián cuando recibió un impacto de bala por parte de un efectivo del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) de Carabineros. El comunero, padre de un niño de 4 años, recibió el disparo de una pistola 9 mm tras resistir la arremetida policial y refugiarse al interior de la comunidad Requén Cabrapan, colindante con el fundo en disputa.
7.- Héctor Javier Llaitul Carrillanca (1969 ó 1970-) es un dirigente mapuche, líder de la Coordinadora Arauco-Malleco, organización mapuche conocida por sus reivindicaciones territoriales, denominadas recuperaciones de tierras en la Araucanía chilena. Llaitul fue acusado de planificar y realizar atentados incendiarios en las regiones en la VIII y IX regiones. Fue procesado y formalizado por la fiscalía de Nueva Imperial sobre la base del testimonio de Roberto Painemil, que habría sido obtenido bajo tortura, y fue absuelto de los cargos en junio de 2008. Estuvo bajo arresto desde el 21 de febrero de 2007.
8.- La Coordinadora de Comunidades en Conflicto Arauco – Malleco, (CAM), es una organización que reivindica y defiende a la etnia mapuche del Estado chileno. Es conocida por sus luchas contra las forestales madereras que operan en el antiguo territorio mapuche, “recuperaciones de tierras” a fundos que usurparon territorios mapuches y por sus enfrentamientos contra la policia chilena. La misma fue fundada en el año 1998, en Tranaquepe, Chile, y se le considera responsable de una serie de acciones de fuerza en la zona de Tirúa, Contulmo, Cañete y Temucuicui, desde 1996.
9.- La Dirección de Inteligencia Nacional, más conocida por su acrónimo DINA, fue la policía secreta chilena durante el período inicial del régimen militar de Augusto Pinochet, siendo uno de los elementos más significativos del aparato represor de la dictadura.
10.- Es un grupo paramilitar anti-mapuche que opera en el sur de Chile. Su nombre es en honor al capitán Pedro Hernán Trizano Avezzana, organizador del Cuerpo de Gendarmes de las Colonias cuya misión era vigilar la seguridad en provincias del sur de Chile y el cuidado de las reservas forestales para impedir que éstas fueran destruidas por labradores clandestinos.
mor en advertir una percepción pública que de alguna forma pone en entredicho su propio accionar. Segundo, educación se impone como una preocupación relevante, la sociedad chilena apuesta cada vez más a lo que considera tal vez la única forma de movilidad social realmente efectiva, y además, ve al Estado como el soporte más serio para encausar esta demanda. Esta nota, marginal en el debate público de hoy, no debiera dejar impávido a los candidatos presidenciales ya que, nada hace predecir lo contrario, es decir, el tema educativo en nuestro país llegó para quedarse.
or las constituciones de los años 1811, 1812 y 1814, que corresponden al periodo de la independencia. Estos reglamentos tratarán de generar sobre la marcha un status jurídico sobre la naciente república, las que reflejarán las posturas disidentes en el seno de la aristocracia nacional, particularmente santiaguina. Caso emblemático de este período resulta la constitución de 1812, que fue ratificada por un grupo de santiaguinos de “alta alcurnia” que votaban bajo la convocatoria de una invitación (2). La segunda fase abarca las constituciones de 1818 y 1822, que estarán marcadas bajo la férula del autoritarismo ohiguinista que gobernará con un grupo de la aristocracia nacional. Una vez más la constituyente dejará fuera no solamente al pueblo, sino a una incipiente clase media integrada por artesanos, funcionarios del estado y profesionales.
El segundo grupo, abarca sólo 5 años, caracterizándose por una mirada liberal de la burguesía progresista de la época. Esto se reflejará en dos constituciones, la de 1823 que incorporará el voto a la clase media integrada por letrados pobres, sacerdotes, oficiales de bajo rango, empleados públicos, mineros y otros empresarios (3). La constitución de 1828, bajo sello liberal / Democrático, va más allá de su predecesora instaurando en la práctica el voto universal para el género masculino, casados mayores de 21 y solteros mayores de 25 años (4). La falta de unidad del patriciado nacional para concebir un modelo de desarrollo institucional, generó profundas divisiones entre sectores liberales y conservadores, lo que precipitará la derrota del progresismo dando origen al tercer grupo.
1925 y la de 1980. La primera, se origina fruto del levantamiento armado de un sector del patriciado mercantil chileno, en contra del patriciado liberal, el cual se toma el poder después del triunfo en la batalla de Lircay. Estamos en presencia de un golpe de estado, en el cual el general que encabeza el bando pelucón estanquero, asume como presidente de la república después de derrotar militarmente a sus enemigos; será este bando, el que pasando a llevar la constitución de 1928,vigente todavía, promulgará la Constitución del 33. La discusión del proyecto y su posterior promulgación, se dará en un clima de represión, exilio y encarcelamiento del bando derrotado, con guardias civiles que operaban como policía política en contra de la disidencia (5).
Para comprender el nacimiento de la constitución de 1925, debemos tener en consideración dos elementos que determinaran el cambio del parlamentarismo al presidencialismo. El primero, es el que se conoce con el nombre de La Cuestión Social, “fenómeno que consistió en la aparición, y correspondiente reconocimiento social, de una nueva forma de pobreza asociada a la vida urbana y a la consolidación de la producción capitalista” (6); que hacía 1920 producto de sangrientas luchas había logrado enfrentar a la oligarquía financiera atrincheraba en el parlamento, posibilitando devenir la cuestión social en cuestión política. Al triunfo del socialismo en la Rusia zarista, se agregaba que trabajadores, artesanos y pequeños propietarios contaban a la fecha con periódicos para difundir sus ideas, partidos políticos, federaciones obreras y de empleados, que empezaban a manifestarse por cambios profundos en la arquitectura institucional, “… diversos grupos de ciudadanos se movieron para ‘generar’ la política desde la propia bese civil. Eso fue lo que impulsó la Liga de Acción Cívica, desde 1912, exaltada por Roberto Huneeus. En la misma dirección se movía la Federación Obrera encabezada por Luis Emilio Recabarren, llamando a una Asamblea Constituyente para refundar el Estado al margen de los políticos. Al margen de los políticos se movía también la sección chilena de IWW. Las ligas de arrendatarios (conventilleros) y las primeras asociaciones de profesores descartaban ‘la pretendida virtud de los medio políticos’” (7). El segundo elemento para entender la crisis institucional, está signado por la denominada Crisis de Representatividad del Régimen Parlamentario, la que se vio incrementada por las desastrosas consecuencias que trajo para nuestra economía el fin de la primera guerra mundial y el descubrimiento del salitre sintético, todo esto en el marco de la elección presidencial de 1920. En palabras de Gabriel Salazar, era una “crisis combinada de representatividad y de legitimidad, unida a la demanda por ‘la Constituyente’, indican que la coyuntura tenía, hacia 1920, un inconfundible carácter cívico pre-revolucionario. Lo que era, por cierto, mucho más que una agitada ‘campaña electoral’” (8). Es en este contexto social donde resulta electo Arturo Alessandri, quien provenía del patriciado aristocrático del parlamentarismo chileno, y que llega premunido de un conjunto de propuestas que pretendían aminorar la grave carga social que enfrentaba la mayoría de la población; propuestas que “pretendían armonizar las relaciones entre le capital y el trabajo mediante una legislación adecuada que abarcara contratos laborales, previsión social, organización de sindicatos y derecho a huelga” (9). Estos planteamiento, si bien necesarios, fueron torpedeados contumazmente por el parlamento que, encerrados en su burbuja se negaban a ver la crisis a la que se enfrentaban. Esta situación no fue ajena a un grupo de oficiales jóvenes, que azuzados por el caudillo de Tarapacá realizó en los primeros días de septiembre de 1924 un golpe blanco al acudir a una reunión del parlamento y hacer sentir su malestar haciendo resonar sus sables contra el piso, episodio conocido en nuestra historia como el ruido de sables. Si bien el “episodio militar” logró destrabar las leyes que se encontraban en el parlamento y abrir una puerta a la reforma de la Constitución, Alessandri sintió vulnerada su autoridad y, con la autorización de sus pares en el parlamento, se tomó un permiso para viajar a Europa. El 10 de septiembre Alessandri hace abandono del país y, al día siguiente, el 11 de septiembre, un grupo de oficiales conservadores se toman el poder, instaurando una Junta Gobierno cuya primera medida será el cierre del Congreso y convocatoria a elecciones presidenciales y parlamentarias. Esta situación no dejará conformes a la oficialidad joven, herederos del ruido de sables, la que originará un nuevo golpe que depondrá a la Junta Militar y pedirá el regreso de Alessandri para iniciar los pasos de una Asamblea Constituyente. Vuelto al país, el caudillo, con todo el poder en sus manos, el congreso cerrado, con la oficialidad joven y el pueblo apoyándolo acometió a la tarea de dictar una nueva Constitución. El problema recaía en cómo hacerlo, si Alessandri optaba por una Asamblea Constituyente el resultado se veía confuso para la clase política a la cual pertenecía el presidente. Más, contrario a las promesas que había realizado a su vuelta del autoexilio Alessandri no convocó a una Constituyente, tan sólo “designó un Comité formado mayoritariamente por políticos y no por representantes directos de la ciudadanía. Y ese comité redactó la Constitución de 1925” (10). La Constitución fue sometida a plebiscito el 25 de agosto de 1925, con los abiertos llamados a abstención por parte de los partidos Conservador, Comunista y Radical. De los 302.304 inscritos en los registros electorales, votaron sólo 134.421, de los cuales 128.381 lo hicieron por el proyecto alesandrista, lo que deja una abstención de un 50% de personas que teniendo derecho a voto, por alguna razón no hicieron.
forzada de las normas que regirán el Estado. En efecto, valga decir que en el momento mismo del golpe de Estado se deja sin vigencia la Constitución del 25. Pero, el proyecto que se plebiscitó el año 80 tuvo su génesis pocos meses después del pronunciamiento golpista del 1973, cuando la Junta militar nombra una comisión a cargo del jurista Enrique Ortúzar (11) para estudiar una nueva Constitución. Cinco años después, se entregó a la comisión Ortúzar, como se le conoció, las indicaciones de Jaime Guzmán para que se elaborara el proyecto de Constitución (12). Un año más tarde, 1978, la comisión Ortúzar evacuó el anteproyecto constitucional, el que fue enviado al Consejo de Estado integrado por personeros designados por el gobierno de facto, entre los que se encontraban los ex presidentes Jorge Alessandri (13) y Gabriel González Videla (14). El 26 de junio de 1980, el “flamante Consejo” entregó la nueva Constitución, la cual pasó a un grupo de estudio encabezado por la Ministra de Justicia y sobrina del dictador, Mónica Madariaga, ella fue asesorada por cuatro auditores militares que, en forma minuciosa introdujeron 175 cambios que daban cuenta de las distintas visiones al interior del régimen (15). Realizado el trámite de corrección la Constitución pasó a la Junta de Gobierno, integrada por los tres Comandantes en jefes de las diferentes ramas castrenses y el Director Gral. de Carabineros (16). La “honorable” junta evacuó el proyecto con fecha 10 de agosto, para un día después, mediante cadena nacional comunicar que la Constitución se plebiscitaria el 11 de septiembre de 1980. Demás está decir, a esta altura como de costumbre, que la votación se llevó a efecto con estado de emergencia, sin partidos políticos, sin libertad de prensa y asociación, en un clima de terror y amedrentamiento por parte de la policía política a los detractores. El resultado obvio fue el siguiente: votos por el “Sí” a la nueva Constitución, 4.204.879 (67,04%); por el “No” (rechazo), 1.893.420 (30,19%); nulos, 173.569 (2,77%).
Con dolor e indignación, los historiadores e historiadoras que suscribimos esta declaración, constatamos que la interpelación que le hiciéramos a la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, en enero de 2008, en torno a acoger las demandas históricas del pueblo mapuche no sólo no ha sido escuchada, sino que, por el contrario, el cerco represivo y mediático se ha intensificado. Prueba de ello es el asesinato el miércoles 12 de agosto del joven comunero mapuche Jaime Mendoza Collío. Queremos, en consecuencia, ratificar ante el pueblo chileno y la comunidad internacional lo señalado hace un año y medio atrás.
manifestado de manera diversa y ha conocido avances y retrocesos según los momentos históricos. Comenzando con la constitución de las primeras organizaciones mapuches (mutualistas y culturales) a comienzos del siglo XX hasta las actuales recuperaciones de tierras, pasando por la participación en partidos políticos, el levantamiento de Ranquil de 1934 (en alianza con campesinos pobres chilenos) y las “corridas de cerco” de los años de la Reforma Agraria, se puede observar una notable continuidad histórica en las demandas de tierra, justicia y libertad de este pueblo.
Crecimiento”, enfoque que pone el acento en factores tales como la tecnología y el capital humano en la generación de valor y e incremento de la productividad (5). Pero, como Chile es un país donde la repartición de la riqueza es tremendamente inequitativa (6) los rendimientos son los de hoy, entonces el Estado debe compensar en los colegios esta inequidad, para lo cual necesita aumentar sustancialmente las subvenciones escolares. Lo que se podría hacer cuando el Parlamento discuta la ley sobre la Agencia y una Superintendencia de educación. De lo salga del poder legislativo, dependerá si juanito aprende algo, como dice el historiador Vial.
Cuando aún no se apagaban las celebraciones del cuarto presidente elegido por la Concertación, encabezada esta vez en forma flamante por la primera mujer en llegar a La Moneda, en ese contexto, una noticia que pasó desapercibida empezaba a generar un escenario que ninguna autoridad podía imaginar; el 25 de abril, dos mil estudiantes de Lota marchaban en protesta por las deficiencias en infraestructura del el Liceo C-47 (3). En solidaridad con esto, el 26 de abril 3000 estudiantes marchan sobre Santiago pidiendo mejoras en infraestructura y la gratuidad del pase escolar, situación que derivará en una escalada agitativa que tendrá su punto más alto el 10 de mayo con numerosos destrozos y más de 1200 alumnos detenidos. A esa altura, lo que parecía como la clásica efervescencia estudiantil que empezaba en marzo y terminaba en mayo, empezó a tomar otro cariz cuando los jóvenes quiebran una mesa diálogo con el MINEDUC y, el 19 de mayo, comienzan ocupaciones masivas de colegios en todo el país (4), colocando en la mesa una nueva demanda… “queremos educación de calidad”. Mágico como una lámpara, simple como un anillo, quién podía negar la evidencia de un sistema educativo que segrega y reproduce las diferencias sociales de la cuna, gritado al rostro de una sociedad que se sonrojaba de vergüenza sin poder desmentir algo que estaba en los genes de nuestra conciencia social y, proclamado por jóvenes que eran producto de esa misma educación. Quién podía no hacer eco a ese llamado atávico que prendió como un reguero de pólvora, transformando a jóvenes en verdaderos rock stars y, a la vez, dejando al gobierno en completa “des concertación”, a la sociedad conmovida y a la derecha atónita. El 30 de mayo 500 mil alumnos se manifestaron en todo el país, paralizando el 46,7 % de los 937 colegios con más 8000 mil alumnos en paro (5) que, además pedían el fin del lucro, calificándolo como la principal causa del desastre de la educación en Chile.
Qué pactó la cita Brunner-Peña. Refrendar el lucro en educación con fondos públicos, a cambio de establecer una serie de regulaciones en la forma cómo se gastan esos dineros. En efecto, se trata que el Estado pueda fiscalizar los cuantiosos fondos que se entregan a sostenedores privados, los que por casi 30 años han operado sin fiscalización relevante. En esta línea se propone la creación de tres estamentos: una Agencia de Calidad de la Educación, que velará, de conformidad a la ley, y en el ámbito de sus competencias, por la evaluación continua y periódica del sistema educativo, a fin de contribuir a mejorar la calidad de la educación”. (15) “Para ello, esta Agencia evaluará los logros de aprendizaje de los alumnos y el desempeño de los establecimientos educacionales en base a estándares indicativos”. “La evaluación de los alumnos deberá incluir indicadores que permitan efectuar una evaluación conforme a criterios objetivos y transparentes” (16). Una Superintendencia de Educación, encargada de fiscalizar la mantención de los sostenedores en el sistema (17), vale decir, fiscalizar la correcta utilización de los dineros públicos (18). Un Consejo Nacional de Educación integrado por 10 miembros, que estará a cargo de aprobar las formulaciones curriculares y visar los planes y programas de las diferentes áreas lectivas (19).
Bajo la tutela de un Ministerio, un Consejo, una Superintendencia, y una Agencia, la LGE pretende crear un “Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación” (26); para lograr esto, descansa en forma significativa en dos instituciones –una superintendencia y una agencia-, que hoy su normativa se discute en el Congreso y, para un análisis más detallado hay que esperar a su promulgación.
dad social para resolverla de una manera consistente y orgánica.
una división por pugnas políticas que vienen del pasado, de una política que corresponde a la otra democracia, no a ésta. Pero, además está dividido entre generaciones. Veo que los profesores jóvenes están mucho más alerta y más sensitivos. Los más viejos son grandes gremialistas, sin duda, asisten a las reuniones, participan, pagan sus cuotas. Pero esta ausencia de intercambio, de retroalimentación con el medio juvenil, le quita fuerza al gremio como conjunto, porque si predominara más la sensibilidad de estos jóvenes y menos la obcecación política de algunos, probablemente el gremio hubiera propuesto una política educativa de recambio potente y no lo está haciendo. Sé que hay conciencia de eso. Se discuten cosas. La revista Docencia trae artículos en esa dirección. Pero, como gremio, no se ha hecho una propuesta determinante y potente en ese sentido, como tampoco lo ha hecho la universidad y menos el gobierno.
e Navarro se basan en la transformación estructural del orden político, cambios que se avienen más al modelo experimentados por los países del 