30
Oct
09

“… no podemos callar ante los graves sucesos que están ocurriendo en la Araucanía “

El pasado 21 de octubre, en el auditorio de la Universidad Alberto Hurtado se realizó el seminario: Justicia Militar en Causas Mapuche. En el evento, que contó con la participación de los abogados Alberto Espinoza(1) y José Galiano (2), el periodista Nibaldo Mosciatti (3) y el historiador Sergio Grez (4), se abordó la situación de los 15 comuneros mapuches que hoy en día se encuentran procesados por la ley antiterrorista.

En esta oportunidad, quiero presentar la reflexión de Sergio Grez Toso, quien abordó el tema no sólo como historiador sino principalmente como ciudadano.

=============================================

“… no podemos callar ante los graves sucesos

que están ocurriendo en la Araucanía

He sido invitado a este Seminario por haber sido uno de los impulsores de dos declaraciones y manifestaciones de historiadores en apoyo al pueblo mapuche: la primera, con motivo del asesinato por la espalda del comunero mapuche Matías Catrileo (5) cometido por un Carabinero en enero de 2008, y una segunda declaración en agosto de 2009, luego de un nuevo asesinato por la espalda cometido por Carabineros de Chile contra la persona de otro comunero mapuche, Jaime Mendoza Collío (6), declaración a la que se sumó una manifestación de protesta de historiadores, profesores de Historia y alumnos de carreras de Historia, en las calles de Santiago el 10 de septiembre del presente año. Sin despojarme de mi condición de historiador (no especializado en la cuestión mapuche), en esta ocasión hablaré sobre todo como ciudadano. Porque como ciudadano (cualquiera sea mi especialización en tanto historiador) no puedo callar, no podemos callar ante los graves sucesos que están ocurriendo en la Araucanía.

Día a día las comunidades mapuches que luchan por recuperar sus tierras son rodeadas, hostigadas, allanadas y violentadas por las fuerzas policiales del Estado chileno. Día a día hombres, mujeres y niños mapuches son maltratados, insultados, humillados, golpeados, arrastrados y detenidos por Carabineros y la Policía de Investigaciones. Algunos, como Matías Catrileo y Jaime Mendoza Collío son asesinados por la espalda. Los helicópteros policiales vuelan día y noche por sobre las tierras de estas comunidades. Los mapuches sufren controles de identidad abusivos, vejatorios. Sus luchas son criminalizadas y judiciliadizadas por el gobierno y el poder Judicial, y son deformadas y condenadas por la prensa (salvo contadas y honrosas excepciones) y por los partidos políticos con representación parlamentaria. Los militantes más activos y combativos de la causa mapuche son perseguidos, maltratados, torturados, encarcelados y sometidos a 2 procesos tanto por la Justicia Civil como por la Justicia Militar. A ellos se les aplica la Ley Antiterrorista heredada de la dictadura Militar y utilizada profusamente bajo los gobiernos de la Concertación. Cuando una causa criminal parece no prosperar (por insuficiencia o debilidad de pruebas), los fiscales civiles y militares (respondiendo a las insinuaciones del gobierno), se afanan en inventar nuevas acusaciones para poder retenerlos largos períodos en prisión. Es lo que está ocurriendo con Héctor Llaitul (7), dirigente de la Coordinadora Arauco- Malleco (CAM) (8) a quien le comunicaron en   estos últimos días la apertura de un nuevo proceso. Cada causa significa hasta nueve meses de prisión preventiva mientras dura la investigación.

Este proceder de los fiscales me recuerda las “condenas clandestinas” que pronunciaba la DINA (9) durante la dictadura de Pinochet. Aunque nunca tuvimos la prueba formal de ello, en 1975, cuando estábamos en el campo de concentración de Puchuncaví circulaba insistentemente entre los presos políticos el rumor acerca de estas “condenas” informales decididas por la policía política de la dictadura. Como no éramos sometidos a proceso ya que habíamos sido arrestados de manera absolutamente arbitraria y discrecional, la DINA decidía nuestro futuro determinando cuantos meses o años debíamos permanecer “fuera de circulación”. Algo similar parece que está ocurriendo con el procedimiento de los fiscales contra los presos mapuches… Entretanto, el gobierno de la Presidenta Bachelet ofrece “diálogo”, envía su ministro Viera Gallo a la Araucanía, pero anuncia que las comunidades que amparen a los “violentistas” no serán beneficiadas con la entrega de tierras. De esa manera se pretende dividir al movimiento mapuche aislando a los “malos” de los “buenos”. Para completar el panorama, los grandes propietarios de la zona forman cuerpos paramilitares de “guardias blancas” patronales para reprimir al pueblo mapuche, tal como ha sido anunciado con la creación del Comando Hernán Trizano (10). Todo esto nos lleva a concluir que el Estado de Chile y los grandes propietarios de la zona, beneficiarios de la usurpación histórica de los territorios mapuches, están empezando a implementar una estrategia de 3 guerras de baja intensidad en el Wallmapu para quebrar la resistencia mapuche.

Los métodos empleados así lo indican: militarización del territorio mapuche a través de la Instalación permanente de la policía militarizada de Carabineros en las zonas más álgidas del conflicto para actuar como guardia pretoriana de los empresarios; violencia policial creciente contra las comunidades; cerco mediático (salvo honrosas excepciones como Radio Bío-Bío); acción de una vasta red de espionaje y soplonaje, intervención de correos electrónicos y escuchas telefónicas (incluyendo a los abogados defensores de los presos políticos mapuches), etc. A ello se suma la aplicación sistemática de la Ley Antiterrorista heredada de la dictadura y utilizada profusamente por los gobiernos de la Concertación junto a la doble acción de fiscales civiles y militares.

¿Qué significa en concreto la intervención de la Justicia Militar en las causas mapuches?

Significa, entre otras cosas, que un imputado puede estar detenido hasta por cinco días sin real expresión de causa, incomunicado, arraigado, prontuariado, con prisión preventiva indefinida; que esta persona ve suspendidos sus derechos ciudadanos, que no puede conocer el sumario secreto, y que la investigación puede tardar los años que el Fiscal determine que sean necesarios para el cierre del sumario. Estas facultades excesivas de la Justicia Militar chilena ha sido objeto de numerosas críticas, especialmente por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Según este organismo, en un Estado democrático de Derecho la jurisdicción penal militar ha de tener un alcance restrictivo y excepcional, de acuerdo con lo planteado por muchos juristas, según los cuales la Justicia Militar debe ocuparse exclusivamente de velar por ciertos valores del ámbito militar como disciplina, jerarquía y seguridad militar. De lo que se desprende que los tribunales militares solo deben conocer delitos de función cometidos por militares en servicio activo y que en ninguna circunstancia los civiles pueden ser sometidos a la jurisdicción de los tribunales militares.

Chile se encuentra en las antípodas de estos principios.

A diferencia de lo que ocurre en la inmensa mayoría de los Estados democráticos de derecho en los cuales los tribunales militares solo conocen aquellos delitos que por la naturaleza de los bienes jurídicos penales castrenses son estrictamente militares y constituyen conductas graves cometidas por militares que atenten contra esos bienes jurídicos, en Chile los poderes de estos tribunales son extensísimos. A ello se agrega el hecho de que la Justicia Militar chilena en tiempos de paz vulnera la imparcialidad e independencia que deben tener los tribunales por su estructura y composición. Porque los integrantes de los tribunales militares son militares en servicio activo que están subordinados jerárquicamente a sus superiores a través de la cadena de mando, porque no cuentan con garantías suficientes de inamovilidad y no poseen una adecuada formación jurídica. La imparcialidad de estos jueces también se ve afectada porque el Fiscal concentra las funciones de investigar, acusar y juzgar (característico de los sistemas inquisitivos, escritos y de prueba reglada). Como si fuera poco, el procedimiento penal militar significa una merma significativa de las garantías judiciales porque los tribunales militares no garantizan que los juicios sean públicos al no prever una etapa oral, desarrollándose los procesos de manera inquisitoria con una etapa preliminar sumaria, secreta y escrita.

Estas normas, impropmapuches_463ias de un Estado de Derecho democrático, son las que el Estado chileno está aplicando sistemáticamente contra los luchadores mapuches Es necesaria una enérgica reacción de todos quienes viven en este país, winkas, mapuches y demás pueblos originarios, para frenar los preparativos de la guerra de baja intensidad que el Estado de Chile está empezando a implementar en la Araucanía. Hoy son los mapuches, mañana será cualquier grupo o sector social que se levante de manera decidida para luchar por sus derechos.

 

Notas

1.- Alberto Espinoza Pino. Abogado, Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales. Universidad de Chile. Diplomado Reforma Procesal Penal, Universidad Alberto Hurtado. Especialista en DD.HH. FASIC.

2.- José Galiano H. es Abogado de la Universidad de Chile. Ejerce como abogado desde 1956, combinando el ejercicio libre de su profesión -preferentemente en materias penales – con la docencia en diversas universidades. Fue Presidente de la rama chilena de la Asociación Americana de Juristas entre 1988 y 2000. Ha publicado ‘Economía de Defensa’ [1958]; ‘Derechos humanos’ [dos tomos, 1996]; Mensaje a los biznietos [2002]; Etica Social, Etica Jurídica [2004].

3.- Nibaldo Mosciatti es uno de los más prominentes periodistas de su generación. Comenzó su trabajo profesional en Radio Chilena, donde realizó un interesante trabajo de reporteo alejado de los canales oficiales de información entregados por la dictadura. En 1985 entra a Revista APSI donde comparte escritorios con Andrés Braithwaite, Francisco Mouat y Milena Vodanovic. Fue parte del equipo fundador del programa televisivo El Mirador de TVN, donde trabajó 5 años, panelista del programa Plaza Italia del desaparecido canal Rock and Pop y columnista del diario electrónico El Mostrador, entre otras actividades. Es director de Radio Bío-Bío.

4.- Sergio Grez Toso, historiador, Profesor de la Universidad de Chile, Director Museo Nacional Benjamín Vicuña Mackenna, Director del Magíster en Historia y Ciencias Sociales de la Universidad ARCIS.

5.- Matías Valentín Catrileo Quezada (Victoria, Chile 11 de septiembre de 1985 – 3 de enero de 2008) fue un estudiante universitario mapuche de Chile fallecido mientras participaba en una toma de un fundo agricola el 3 de enero de 2008 en un enfrentamiento con personal del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) de Carabineros de Chile que custodiaban el lugar. Su muerte generó el rechazo de organismos de derechos humanos y diversas manifestaciones que se realizaron en varias ciudades de Chile.

6.- Jaime Facundo Mendoza Collio (24 años), era miembro de la Comunidad Requem Pillan de la comuna de Ercilla. El pasado 12 de Agosto participaba de la ocupación pacífica del Fundo San Sebastián cuando recibió un impacto de bala por parte de un efectivo del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) de Carabineros. El comunero, padre de un niño de 4 años, recibió el disparo de una pistola 9 mm tras resistir la arremetida policial y refugiarse al interior de la comunidad Requén Cabrapan, colindante con el fundo en disputa.

7.- Héctor Javier Llaitul Carrillanca (1969 ó 1970-) es un dirigente mapuche, líder de la Coordinadora Arauco-Malleco, organización mapuche conocida por sus reivindicaciones territoriales, denominadas recuperaciones de tierras en la Araucanía chilena. Llaitul fue acusado de planificar y realizar atentados incendiarios en las regiones en la VIII y IX regiones. Fue procesado y formalizado por la fiscalía de Nueva Imperial sobre la base del testimonio de Roberto Painemil, que habría sido obtenido bajo tortura, y fue absuelto de los cargos en junio de 2008. Estuvo bajo arresto desde el 21 de febrero de 2007.

8.- La Coordinadora de Comunidades en Conflicto Arauco – Malleco, (CAM), es una organización que reivindica y defiende a la etnia mapuche del Estado chileno. Es conocida por sus luchas contra las forestales madereras que operan en el antiguo territorio mapuche, “recuperaciones de tierras” a fundos que usurparon territorios mapuches y por sus enfrentamientos contra la policia chilena. La misma fue fundada en el año 1998, en Tranaquepe, Chile, y se le considera responsable de una serie de acciones de fuerza en la zona de Tirúa, Contulmo, Cañete y Temucuicui, desde 1996.

9.- La Dirección de Inteligencia Nacional, más conocida por su acrónimo DINA, fue la policía secreta chilena durante el período inicial del régimen militar de Augusto Pinochet, siendo uno de los elementos más significativos del aparato represor de la dictadura.

10.- Es un grupo paramilitar anti-mapuche que opera en el sur de Chile. Su nombre es en honor al capitán Pedro Hernán Trizano Avezzana, organizador del Cuerpo de Gendarmes de las Colonias cuya misión era vigilar la seguridad en provincias del sur de Chile y el cuidado de las reservas forestales para impedir que éstas fueran destruidas por labradores clandestinos.

29
Oct
09

Qué dice la 5° Encuesta de la UDP sobre Educación.

“En  general, los sistemas nacionales de educación de

masas tienen un origen público o estatal. La razón de ello

es que suelen estar atados a la expansión del estado nacional

y al deseo de una cierta uniformidad que haga posible la

existencia de un público leal a las instituciones del Estado”.

(Carlos Peña) *

Era razonable que los comandos presidenciales esperaran con serena impaciencia los resultados de la última encuesta de opinión pública de la Universidad Diego Portales (1), esto si bien el instrumento de estudio social no tiene el glamur de la encuesta CEP, se le reconoce por su seriedad metodológica y la solvencia de los académicos que están a cargo. Lo que no era esperable en cambio, es que ésta arrojara un dato marginal pero interesante en cuanto a auscultar la opinión de la población sobre nuestro sistema educativo. En efecto, desde el retorno a la democracia, Chile ha experimentado un debate abierto sobre la conveniencia que existan agentes privados que lucren en educación con dineros públicos; estudios más estudios menos, han hecho pasar demasiada tinta bajo el puente logrando generar bandos claramente distinguibles, situación que quedó plasmada en las posturas que se enfrentaron en el CAPCE (2). En la instancia de debate, se generaron dos bandos, uno pro lucro encabezados por el académico José Joaquín Brunner y el denominado Bloque Social, integrado por profesores, alumnos y apoderados; es más, a tanto llegó el grado de incordia que, este último, redactó un documento alternativo al oficial (3).

Lo sucedido en el Consejo Presidencial es historia conocida, lo que no era conocido hasta ahora en forma tan palmaria y contundente, es cuál es la percepción pública en torno a este debate, en definitiva, qué opina la ciudadanía al respecto. Y es esta pregunta, a tres años de la coyuntura, la que respondió la encuesta de la UDP. Lo primero que nos dice el instrumento, es algo que ya habíamos deslizado en este blog, y es la alta preocupación ciudadana que da al tema educativo, designándolo como la tercera problemática a nivel nacional, por debajo solo de salud y delincuencia (4). Pero es ante la pregunta, ¿Está Ud. de acuerdo con que todas las Universidades privadas debieran pasar a manos del Estado?, donde un categórico 64,5 % plantea premiar al Estado como proveedor único en educación superior (5). Sobre lo mismo, por si existieren dudas “un 63,4% está ‘de acuerdo’ en que los colegios particulares subvencionados deberían pasar al Estado” (6).

A manera de conclusión, me gustaría hacer dos consideraciones. Primero, habla bien de la UDP que, siendo ellos un ente privado, no tenga te2435225wmor en advertir una percepción pública que de alguna forma pone en entredicho su propio accionar. Segundo, educación se impone como una preocupación relevante, la sociedad chilena apuesta cada vez más a lo que considera tal vez la única forma de movilidad social realmente efectiva, y además, ve al Estado como el soporte más serio para encausar esta demanda. Esta nota, marginal en el debate público de hoy, no debiera dejar impávido a los candidatos presidenciales ya que, nada hace predecir lo contrario, es decir, el tema educativo en nuestro país llegó para quedarse.

Baje Aquí la Encuesta

 

* La Provisión Educativa en Chile: requisitos y financiamiento. En, La Reforma al Sistema Escolar: aportes para el Debate; JJ. Brunner y C. Peña Coordinadores. UDP, 2007.

Notas

1.- V Encuesta Nacional de Opinión Pública UDP. Sondeo realizado entre el 21 de septiembre y el 13 de octubre, período en el que se entrevistaron a 1.302 personas mayores de 18 años, residentes de 86 comunas desde 20 mil habitantes entre la I y X regiones, lo que equivale al 85% de la población urbana y al 70% de la población del país. De los 1.302 encuestados, el número de inscritos en los registros electorales es de 922 casos, lo que significa que si la muestra fuera completamente aleatoria el error máximo sería de 3,2%.

2.- Consejo Asesor Presidencial para la Calidad de la Educación. Nombrado por la presidenta Bachelet el 7 de junio de 2006, con el fin de fijar recomendaciones y sugerencias para mejorar la calidad de la educación. Este Consejo, se fijó en plena crisis pingüina, como una medida de sentar a las partes a dialogar sobre el tema. Fruto de este trabajo nace la actual Ley General de Educación, que reemplazó la LOCE pinochetista.

3.- Informe del Bloque Social a la Crisis de la Educación. Para conocer más, ver en: http://guillermobastias.googlepages.com/bloquesocial

4.- Principales Problemas del País. Delincuencia: 22,4%; Salud: 18,1% y Educación: 17,4%. Otros problemas mencionados son Desempleo: 15,2%; Justicia / Seguridad: 10,9; Pensiones: 4,6%; Vivienda: 4,3%; Transporte: 2,6%; Medioambiente: 2,2; Inflación: 1,4%; Infraestructura: 0,8%. V Encuesta Nacional de Opinión Pública UDP, pág. 18.

5.- V Encuesta Nacional de Opinión Pública UDP, pág. 28.

6.- V Encuesta Nacional de Opinión Pública UDP, pág. 29.

22
Oct
09

Debate Presidencial en Materia de Educación

El pasado 19 de Octubre, en la Facultad de Educación de la Universidad Diego Portales se llevó a efecto un debate sobre propuestas educacionales para los próximo cuatro años, para lo cual se pidió a los comandos presidenciales que nominaran quien los represente. La modalidad de pedir a los candidatos, que envíen sus representantes a debatir sobre el área resulta particularmente interesante, por dos motivos, primero se eleva el nivel de la discusión, lo que permite tener lineamientos más claros sobre énfasis y diferencias entre ellos; segundo, permite vislumbrar quienes son los expertos de cada comando, entre los que podría estar el futuro Ministro de Educación. De los invitados tres eran ingenieros y economistas, y uno sociólogo y filósofo; Juan Cassasus (1), representaba a Marco Enríquez Ominami; Manuel Riesco (2), lo hacía por Jorge Arrate; Claudia Peirano (3), por Eduardo Frei; y Harald Bayer (4), por Sebastián Piñera. En una modalidad de tres rondas, la primera de presentación de propuestas, la segunda de puntualización e interpelación y, la última con preguntas del público (5).

El Cambio

“El hecho educativo ocurre en el aula,

no en el escritorio de una burocracia encerrada”

(Juan Cassasus) (6)

Para el equipo de ME-O, si queremos mejorar la educación se deben generar cambios profundos en nuestro sistema educacional, mejoras que no se lograrán con la legislación actual. Para Cassasus, hay que cambiar el paradigma educativo actual, el cual se centra en la “creación de capital humano” mediante procesos estandarizados rígidos, propios de sistemas productivos. Esta visión economicista de mirar la educación, estaría en retirada hoy en el mundo, hablándose de la era de la “post estandarización”. Qué platea para sustituir este modelo, volver la mirada hacia donde se da el hecho educativo, el aula. Lo que se pretende es un cambio de enfoque que sustituya a la formación de capital humano por formación de personas, para lo cual hay que devolver la educación a su base, los profesores. Mediante un aumento significativo en la inversión en el área (7), mejoras en las condiciones de trabajo docente (8), cambios en la estructura del Ministerio de Educación, la creación agencias locales de educación; se propone un paradigma centrado en el aprendizaje  que fortalezca la formación integral, que contribuya al desarrollo ético, estético, intelectual, emocional, corporal, espiritual y social de los alumnos.

La Coyuntura

“Los profesores, hoy día, son el único sector del país

que ganan menos de lo que ganaban hace 40 años”

(Manuel Riesco) (9)

El representante de la candidatura de Jorge Arrate, comenzó su alocución agradeciendo a las autoridades de la Universidad por la oportunidad de posibilitar un debate “crucial para todo el país”. A renglón seguido, comenzó a explicar las características de cómo emerge la llamada deuda histórica (10) que mantiene el gobierno con los profesores, explicación que demandó más del 80% de su intervención. No pretendo hacer un juicio sobre la conveniencia de ocupar un sitio público, para asociarlo a un debate coyuntural, por importante que este sea; lo concreto es, que poco logramos advertir sobre las propuestas en el área del otrora Ministro de Educación. En efecto, más allá de planteamientos genéricos que criticaron LGE, que demandaron la creación de colegios de excelencia por comuna, la extensión de la educación de 12 a 14 años, Manuel Riesco nos dejó con otra deuda, tal vez no tan grande como la histórica, la deuda sobre los planteamientos de su abanderado (11).

La Continuidad

“Este es un país que tiene grandes dificultades

para ponerse de acuerdo en educación”

(Harald Bayer) (12)

Las exposiciones de Claudia Peirano y Harald Bayer, representantes de Frei y Piñera respectivamente, básicamente aludieron a la continuidad de las políticas públicas que en materia de educación se vienen realizando en los últimos 30 años. En efecto, matices más, matices menos, ambos comandos coinciden en la implementación plena de la LGE y sus satélites de combate, la Superintendencia y la Aseguradora de la Calidad. Ambos están por un cambio del Estatuto Docente y, mientras Peirano plantea aumentar en 40% la subvención escolar, Bayer sube la apuesta a un 100%. En general existe acuerdo que el Estado debe asegurar a los padres una educación de calidad, la que se lograría mediante la implementación de múltiples evaluaciones estandarizadas, las que medirían las falencias y avances a lo largo del proceso educativo.

Un aspecto crítico del evento, resultó lo poco adecuado del recinto donde se efectuó el debate. En efecto, el salón –repleto de alumnos y académicos- se hizo demasiado estrecho, los panelistas se encontraban hacinados contra el telón donde se exponían las diapositivas; enfrentando dos problemas, primero tapaban parte del telón, y segundo no podían ver lo que estaba proyectando el contradictor. Un segundo aspecto crítico, dice relación con la poca planificación que se mostró entre la exposición y las diapositivas que se proyectaban, lo que –cualquier profesor lo sabe- ensucia la comprensión. Esto no es menor, ya que muchos de los que exponen hablan del mal desempeño de los profesores en el aula, por lo cual sería importante predicar con el ejemplo.

Foto0027

Notas

1.- Filósofo, sociólogo y educador, de nacionalidad chilena, es considerado como una de las principales influencias en la educación en América Latina. Entre 1989 y 2003, fue especialista principal de la UNESCO para América Latina y el Caribe. Creó y dirigió el Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de Calidad en Educación. Actualmente es consultor internacional y director del Centro de Formación Índigo en su país. Es autor de varios libros sobre la educación en América Latina; entre ellos, Tareas de la educación y Claves para una educación de calidad, es coautor de Políticas públicas y reformas educativas, y de La gestión en busca del sujeto. Por aparecer están sus libros La educación emocional o las emociones en la vida y la escuela y La presencia emocional en la gestión

2.- Ingeniero civil industrial, nacido el 29 de octubre de 1947, magíster en economía de la Universidad de Chile y cursó estudios de doctorado en economía política, en el Instituto de Ciencias Sociales de la Academia de Ciencias de la URSS.

3.- Ingeniero Comercial de la Universidad de Chile y Magíster en Economía con mención en Políticas Sociales de ILADES / Georgetown University. Investigadora del Centro de Microdatos, donde también se desempeñó como directora ejecutiva durante tres años. Es directora del Programa de Acreditación de Excelencia Pedagógica (AEP) que se ejecuta en forma conjunta con la Escuela de Psicología de la Universidad Católica. Es consejera de la Fundación Chile y de la Corporación Educacional de la Municipalidad de Peñalolén.

4.- Ingeniero Comercial de la U de Chile y Doctor en Economía, UCLA. Coordinador Académico del Centro de Estudios Públicos, CEP.

5.- La primera y la segunda ronda tenía una duración de 7 minutos cada una, la tercera fue más larga y dependió  de la nominación de la pregunta.

6.- Juan Cassasus, en “Debate: Propuestas de los Candidatos Presidenciales para Mejorar la Educación”. UDP, Facultad de Educación. Ponencia.

7.- 7% del PIB.

8.- ME-O, propone rebajar a 25 alumnos el número de alumnos por profesor. Ver, http://guillermobastias.wordpress.com/2009/07/22/que-propone-me-o-en-materia-de-educacion/

9.- Manuel Riesco, en “Debate: Propuestas de los Candidatos Presidenciales para Mejorar la Educación”. UDP, Facultad de Educación. Ponencia.

10.- “… la deuda histórica se originó al transferir los colegios a los municipios en 1981, cuando al profesorado no se le reconoció el reajuste especial de entre 50 y 90 por ciento del sueldo base, que se les había entregado pocos meses antes, junto a los demás empleados públicos”.

“Dicho reajuste, aparentemente abultado, no hacía sino resarcir en parte menor el recorte de más de dos tercios que habían sufrido sus salarios tras el Golpe. Los EE.PP. fueron aún más afectados que el conjunto de los trabajadores chilenos, que en promedio perdieron la mitad de sus remuneraciones”.

“Como resultado de todo lo anterior, en 1990 los sueldos del magisterio alcanzaban apenas al 28 por ciento de su nivel anterior al Golpe. El conjunto de los empleados públicos. mostraba un deterioro algo menor, puesto que habían recibido el reajuste antes mencionado. Por su parte, el promedio de remuneraciones del país se encontraba en ese momento en un 70 por ciento de su nivel anterior al Golpe”. (Manuel Riesco, El Mostrador, 19 de Octubre de 2009).

11.- Para una mejor comprensión de las propuestas de Jorge Arrate en educación, ver: http://guillermobastias.wordpress.com/2009/07/09/%C2%BFque-propone-jorge-arrate-en-educacion/

12.- Haral Bayer, en “Debate: Propuestas de los Candidatos Presidenciales para Mejorar la Educación”. UDP, Facultad de Educación. Ponencia.

16
Oct
09

El Drama de la Constituyente en la Historia de Chile

A un año de celebrarse el bicentenario de la independencia de nuestro país, me parece necesario reflexionar sobre la trayectoria política de esta ya no tan joven república. En efecto, quiero poner en el acento un tema cardinal que dice relación con el grado de legitimidad de nuestra institucionalidad, no la actual, sino la de estos últimos doscientos años. En este sentido el análisis debe centrarse en el carácter democrático que ha normado nuestra convivencia ciudadana, plasmada en le legitimidad de nuestra vida constitucional; constituciones que en su gran mayoría han nacido bajo la presión ejercida por las fuerzas armadas o las oligarquías de turno que se disputaban el poder estatal.

No pretendo hacer un juicio de valor, sino por el contrario, remitirme a la evidencia histórica de estos 200 años, la que demuestra palmariamente que en nuestro país no ha existido ningún ordenamiento constitucional que haya tenido su génesis en una expresión verdaderamente democrática. Por el contrario, las que nos han regido por más tiempo, han emergido bajo fuertes períodos de convulsión interna donde su promulgación ha carecido de procesos constituyentes que las legitimen democráticamente. Para afirmar este punto, de las 10 constituciones que ha tenido nuestro país, las he divido en tres grupos a saber: las de emergencia, las bien intencionadas y las militaristas.

El primer grupo, abarca un período de 10 años -de 1811 a 1822- (1), el que estará marcado en una primera fase pAbdicación-de-O`higginsor las constituciones de los años 1811, 1812 y 1814, que corresponden al periodo de la independencia. Estos reglamentos tratarán de generar sobre la marcha un status jurídico sobre la naciente república, las que reflejarán las posturas disidentes en el seno de la aristocracia nacional, particularmente santiaguina. Caso emblemático de este período resulta la constitución de 1812, que fue ratificada por un grupo de santiaguinos de “alta alcurnia” que votaban bajo la convocatoria de una invitación (2). La segunda fase abarca las constituciones de 1818 y 1822, que estarán marcadas bajo la férula del autoritarismo ohiguinista que gobernará con un grupo de la aristocracia nacional. Una vez más la constituyente dejará fuera no solamente al pueblo, sino a una incipiente clase media integrada por artesanos, funcionarios del estado y profesionales.

20080606klphishch_2_Ies_SCOEl segundo grupo, abarca sólo 5 años, caracterizándose por una mirada liberal de la burguesía progresista de la época. Esto se reflejará en dos constituciones, la de 1823 que incorporará el voto a la clase media integrada por letrados pobres, sacerdotes, oficiales de bajo rango, empleados públicos, mineros y otros empresarios (3). La constitución de 1828, bajo sello liberal / Democrático, va más allá de su predecesora instaurando en la práctica el voto universal para el género masculino, casados mayores de 21 y solteros mayores de 25 años (4). La falta de unidad del patriciado nacional para concebir un modelo de desarrollo institucional, generó profundas divisiones entre sectores liberales y conservadores, lo que precipitará la derrota del progresismo dando origen al tercer grupo.

El tercer grupo abarca un período de 176 años hasta hoy día, bajo el dominio de tres constituciones, la de 1833, la de portales21925 y la de 1980. La primera, se origina fruto del levantamiento armado de un sector del patriciado mercantil chileno, en contra del patriciado liberal, el cual se toma el poder después del triunfo en la batalla de Lircay. Estamos en presencia de un golpe de estado, en el cual el general que encabeza el bando pelucón estanquero, asume como presidente de la república después de derrotar militarmente a sus enemigos; será este bando, el que pasando a llevar la constitución de 1928,vigente todavía, promulgará la Constitución del 33. La discusión del proyecto y su posterior promulgación, se dará en un clima de represión, exilio y encarcelamiento del bando derrotado, con guardias civiles que operaban como policía política en contra de la disidencia (5).

0,,1_147604432_165,00Para comprender el nacimiento de la constitución de 1925, debemos tener en consideración dos elementos que determinaran el cambio del parlamentarismo al presidencialismo. El primero, es el que se conoce con el nombre de La Cuestión Social, “fenómeno que consistió en la aparición, y correspondiente reconocimiento social, de una nueva forma de pobreza asociada a la vida urbana y a la consolidación de la producción capitalista” (6); que hacía 1920 producto de sangrientas luchas había logrado enfrentar a la oligarquía financiera atrincheraba en el parlamento, posibilitando devenir la cuestión social en cuestión política. Al triunfo del socialismo en la Rusia zarista, se agregaba que trabajadores, artesanos y pequeños propietarios contaban a la fecha con periódicos para difundir sus ideas, partidos políticos, federaciones obreras y de empleados, que empezaban a manifestarse por cambios profundos en la arquitectura institucional, “… diversos grupos de ciudadanos se movieron para ‘generar’ la política desde la propia bese civil. Eso fue lo que impulsó la Liga de Acción Cívica, desde 1912, exaltada por Roberto Huneeus. En la misma dirección se movía la Federación Obrera encabezada por Luis Emilio Recabarren, llamando a una Asamblea Constituyente para refundar el Estado al margen de los políticos. Al margen de los políticos se movía también la sección chilena de IWW. Las ligas de arrendatarios (conventilleros) y las primeras asociaciones de profesores descartaban ‘la pretendida virtud de los medio políticos’(7). El segundo elemento para entender la crisis institucional, está signado por la denominada Crisis de Representatividad del Régimen Parlamentario, la que se vio incrementada por las desastrosas consecuencias que trajo para nuestra economía el fin de la primera guerra mundial y el descubrimiento del salitre sintético, todo esto en el marco de la elección presidencial de 1920. En palabras de Gabriel Salazar, era una “crisis combinada de representatividad y de legitimidad, unida a la demanda por ‘la Constituyente’, indican que la coyuntura tenía, hacia 1920, un inconfundible carácter cívico pre-revolucionario. Lo que era, por cierto, mucho más que una agitada ‘campaña electoral’(8). Es en este contexto social donde resulta electo Arturo Alessandri, quien provenía del patriciado aristocrático del parlamentarismo chileno, y que llega premunido de un conjunto de propuestas que pretendían aminorar la grave carga social que enfrentaba la mayoría de la población; propuestas que “pretendían armonizar las relaciones entre le capital y el trabajo mediante una legislación adecuada que abarcara contratos laborales, previsión social, organización de sindicatos y derecho a huelga” (9). Estos planteamiento, si bien necesarios, fueron torpedeados contumazmente por el parlamento que, encerrados en su burbuja se negaban a ver la crisis a la que se enfrentaban. Esta situación no fue ajena a un grupo de oficiales jóvenes, que azuzados por el caudillo de Tarapacá realizó en los primeros días de septiembre de 1924 un golpe blanco al acudir a una reunión del parlamento y hacer sentir su malestar haciendo resonar sus sables contra el piso, episodio conocido en nuestra historia como el ruido de sables. Si bien el “episodio militar” logró destrabar las leyes que se encontraban en el parlamento y abrir una puerta a la reforma de la Constitución, Alessandri sintió vulnerada su autoridad y, con la autorización de sus pares en el parlamento, se tomó un permiso para viajar a Europa. El 10 de septiembre Alessandri hace abandono del país y, al día siguiente, el 11 de septiembre, un grupo de oficiales conservadores se toman el poder, instaurando una Junta Gobierno cuya primera medida será el cierre del Congreso y convocatoria a elecciones presidenciales y parlamentarias. Esta situación no dejará conformes a la oficialidad joven, herederos del ruido de sables, la que originará un nuevo golpe que depondrá a la Junta Militar y pedirá el regreso de Alessandri para iniciar los pasos de una Asamblea Constituyente. Vuelto al país, el caudillo, con todo el poder en sus manos, el congreso cerrado, con la oficialidad joven y el pueblo apoyándolo acometió a la tarea de dictar una nueva Constitución. El problema recaía en cómo hacerlo, si Alessandri optaba por una Asamblea Constituyente el resultado se veía confuso para la clase política a la cual pertenecía el presidente. Más, contrario a las promesas que había realizado a su vuelta del autoexilio Alessandri no convocó a una Constituyente, tan sólo “designó un Comité formado mayoritariamente por políticos y no por representantes directos de la ciudadanía. Y ese comité redactó la Constitución de 1925” (10). La Constitución fue sometida a plebiscito el 25 de agosto de 1925, con los abiertos llamados a abstención por parte de los partidos Conservador, Comunista y Radical. De los 302.304 inscritos en los registros electorales, votaron sólo 134.421, de los cuales 128.381 lo hicieron por el proyecto alesandrista, lo que deja una abstención de un 50% de personas que teniendo derecho a voto, por alguna razón no hicieron.

La actual Constitución, la de 1980, viene a ser el corolario de nuestra historia Constitucional, vale decir, la imposiciónpinochet_junta forzada de las normas que regirán el Estado. En efecto, valga decir que en el momento mismo del golpe de Estado se deja sin vigencia la Constitución del 25. Pero, el proyecto que se plebiscitó el año 80 tuvo su génesis pocos meses después del pronunciamiento golpista del 1973,  cuando la Junta militar nombra una comisión a cargo del jurista Enrique Ortúzar (11) para estudiar una nueva Constitución. Cinco años después, se entregó a la comisión Ortúzar, como se le conoció, las indicaciones de Jaime Guzmán para que se elaborara el proyecto de Constitución (12). Un año más tarde, 1978, la comisión Ortúzar evacuó el anteproyecto constitucional, el que fue enviado al Consejo de Estado integrado por personeros designados por el gobierno de facto, entre los que se encontraban los ex presidentes Jorge Alessandri (13) y Gabriel González Videla (14). El 26 de junio de 1980, el “flamante Consejo” entregó la nueva Constitución, la cual pasó a un grupo de estudio encabezado por la Ministra de Justicia y sobrina del dictador, Mónica Madariaga, ella fue asesorada por cuatro auditores militares que, en forma minuciosa introdujeron 175 cambios que daban cuenta de las distintas visiones al interior del régimen (15). Realizado el trámite de corrección la Constitución pasó a la Junta de Gobierno, integrada por los tres Comandantes en jefes de las diferentes ramas castrenses y el Director Gral. de Carabineros (16). La “honorable” junta evacuó el proyecto con fecha 10 de agosto, para un día después, mediante cadena nacional comunicar que la Constitución se plebiscitaria el 11 de septiembre de 1980. Demás está decir, a esta altura como de costumbre, que la votación se llevó a efecto con estado de emergencia, sin partidos políticos, sin libertad de prensa y asociación, en un clima de terror y amedrentamiento por parte de la policía política a los detractores. El resultado obvio fue el siguiente: votos por el “Sí” a la nueva Constitución, 4.204.879 (67,04%); por el “No” (rechazo), 1.893.420 (30,19%); nulos, 173.569 (2,77%).

A manera de conclusión, nos parece interesante entregar la opinión del Premio Nacional de Historia 2006, Gabriel Salazar, quien dice:

“Al hacer un el balance de los procesos de construcción de Estado en Chile, resta un saldo neto de anomalías, que denotan ilegitimidad. Son entre otras las siguientes”.

“En primer lugar, en cada uno de dichos procesos, se observan intervenciones de rasgo dictatorial por parte de las Fuerzas Armadas. Se observa también que, en el contexto de esas intervenciones, los miembros de los Comités Constituyentes (en Chile no ha funcionado jamás una Asamblea Constituyente elegida por el pueblo) fueron designados por la autoridad, no electos por la ciudadanía. Los proyectos de Estado que esos comités, a puerta cerrada, discutieron y acordaron, fueron finalmente impuestos a la nación sin deliberación informada, y dentro de una atmósfera militarmente controlada”. (17)

La doctrina moderna en derecho político, define al pueblo como titular del Poder Constituyente no de ahora, sino de 1787 con la promulgación de la Constitución Norteamericana y, refrendada después por la Revolución Francesa. Las Constituciones que se establecen reconociendo la titularidad del pueblo en el ejercicio del Poder Constituyente, son denominadas democráticas, en palabras de Thomas Paine “Una Constitución no es el acto de un gobierno, sino de un pueblo que constituye un gobierno, y un gobierno sin una Constitución es un poder sin derecho” (18).

A la luz de lo expresado, me pregunto cuál sería el mejor regalo que podríamos entregarle a esta ya adulta nación, claro, estarán los edificios elefanticos, carreteras y otras obras públicas. Pero, no será necesario pensar en hacerle un regalo cívico a la patria, un regalo que nos permita revertir el drama de legitimidad de estos últimos 200 años, no será necesario crear, por primera vez en nuestra historia una Asamblea Constituyente que de origen a un Estado legítimo… puede ser un buen regalo.

Notas

1.- Constituciones de 1811, 1812 y 1814, corresponde a la denominada Patria Vieja. Las de 1818 y 1822 inauguran la Patria Nueva.

2.- Ver en Historia de las instituciones políticas y sociales de Chile, Jaime Eyzaguirre. Editorial Universitaria, 1992.

3.- Ver en Construcción de Estado en Chile (1800-1837), Gabriel Salazar. Editorial Sudamericana, 2005.

4.- Íbid., op. cit.

5.- Para un análisis más detallado ver en “Construcción de Estado en Chile…” (op. cit) y “El peso de la noche: nuestra frágil fortaleza histórica”, Alfredo Jocelyn-Holt. Ariel, 2000.

6.- ¿Revolución Proletaria o querida chusma?, Julio Pinto, Verónica Valdivia. LOM Ediciones, 2002.

7.- Historia Contemporánea de Chile I, Gabriel Salazar, Julio Pinto. LOM Ediciones, 1999.

8.- Ibíd. Op. Cit.

9.- Historia del siglo XX chileno, Sofía Correa, Consuelo Figueroa, Alfredo Jocelyn-Holt, Claudio Rolle, Manuel Vicuña. Edt. Sudamericana, 2001.

10.- Historia Contemporánea de Chile I, op. Cit.

11.- Enrique Cornelio Ortúzar Escobar (1914 – 2005), abogado constitucionalista, ministro del Gobierno de Jorge Alessandri Rodríguez en las carteras de interior, justicia y RR. EE.

12.- La historia oculta del régimen militar. Memoria de una época 1973 – 1988, Ascanio Cavallo, Manuel Salazar y Óscar Sepúlveda. Editorial Randomhouse-Mondadori, 2004.

13.- Jorge Alessandri Rodríguez (1896 – 1986), hijo de presidente Arturo Alessandri, gobernó Chile entre los años 1958 a 1964.

14.- Gabriel González Videla (1898 – 1980), gobernó Chile entre los años 1946 a 1952.

15.- Ibíd. Op. Cit.

16.- La integraban Augusto José Ramón Pinochet Ugarte (ejército), Fernando Jorge Matthei Aubel (fuerza aérea), José Toribio Merino Castro (armada), César Leonidas Mendoza Durán (carabineros).

17.- SALAZAR, Gabriel. Construcción de estado en Chile: la historia reversa de la legitimidad. [Artículo]. En  Proposiciones Vol.24. Santiago de Chile : Ediciones SUR, 1994.  Obtenido desde: http://www.sitiosur.cl/r.php?id=578. [Consultado en: 15-10-2009]

18.- Los Derechos del hombre, Thomas Paine. Aguilar, 1963.

07
Sep
09

Declaración de historiadores en apoyo al pueblo mapuche.

Pocas veces hablan los historiadores, pero cuando lo hacen suele ser una voz contundente que apela a una mirada seria, que se aleja de la coyuntura mediática que generan los intereses económicos en nuestra sociedad. Esta vez, un número importante de académicos dedicados a la historia se refieren al conflicto que se está viviendo en el Gulumapu *.

Los invito a reflexionar en torno a este categórico documento, que plantea una dimensión diferente a la que entregan los medios de comunicación locales.

________________________________________________________________________________

Pakos contra mujer mapucheCon dolor e indignación, los historiadores e historiadoras que suscribimos esta declaración, constatamos que la interpelación que le hiciéramos a la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, en enero de 2008, en torno a acoger las demandas históricas  del pueblo mapuche no sólo no ha sido escuchada, sino que, por el contrario, el cerco represivo y mediático se ha intensificado. Prueba de ello es el asesinato el miércoles 12 de agosto del joven comunero mapuche Jaime Mendoza Collío. Queremos, en consecuencia, ratificar ante el pueblo chileno y la comunidad internacional lo señalado hace un año y medio atrás.

1. Rechazamos la militarización del Gulumapu (territorio histórico del pueblo mapuche), la instauración de un régimen permanente de vigilancia y terror policial, el encarcelamiento y procesamiento de comuneros mapuches y el cobarde asesinato de Jaime Mendoza Collío.

2. Consideramos que situaciones de esta naturaleza tienen una larga génesis histórica, que arrancó con el proceso de conquista y ocupación militar de la Araucanía por las huestes españolas en el siglo XVI, cuando empezó el proceso de usurpación de las tierras indígenas. Si bien la resistencia mapuche logró contener durante los siglos coloniales y en las primeras décadas republicanas el avance invasor, durante la segunda mitad del siglo XIX, a medida que el Estado nacional chileno se consolidaba, nuevamente la clase dominante fijó sus ojos en esos territorios, desplegando la mal llamada “Pacificación de la Araucanía”, que culminó con el despojo violento de las tierras del pueblo mapuche y su confinamiento en reducciones que han perpetuado su pobreza, marginación y discriminación hasta nuestros días.

3. Desde entonces la lucha de los mapuches por recuperar sus tierras ancestrales no ha cesado aunque se ha represion_mapuche2bmanifestado de manera diversa y ha conocido avances y retrocesos según los momentos históricos. Comenzando con la constitución de las  primeras organizaciones mapuches (mutualistas y culturales) a comienzos del siglo  XX hasta las actuales recuperaciones de tierras, pasando por la participación en  partidos políticos, el levantamiento de Ranquil de 1934 (en alianza con campesinos  pobres chilenos) y las “corridas de cerco” de los años de la Reforma Agraria, se  puede observar una notable continuidad histórica en las demandas de tierra, justicia y libertad de este pueblo.

4. En los últimos años las reivindicaciones históricas mapuches han sido enfrentadas por el Estado de Chile de manera esencialmente judicial y policial, criminalizando sus luchas y negándose al reconocimiento de su autonomía como pueblo. Esto se ha  traducido en una creciente militarización de la Araucanía, la aplicación de la Ley Antiterrorista, heredada de la dictadura militar, y el cerco mediático oficial respecto  de la realidad que se vive en ese territorio.

5. Los principales agentes del Estado, al igual que las autoridades regionales y locales de la Araucanía, los partidos políticos representados en el Parlamento, las organizaciones empresariales y la mayoría de los medios de comunicación social han patrocinado o avalado esta ofensiva represiva contra las comunidades mapuches, guardando un silencio cómplice o deformando groseramente lo que está  ocurriendo.

6. Esta situación requiere un drástico cambio de política del Estado de Chile, que debe asumir un reconocimiento pleno de la diversidad de pueblos originarios existente en nuestro país, lo que implica, entre otros puntos, la autonomía política de las  comunidades indígenas, la devolución de sus tierras arbitrariamente usurpadas en base al “derecho de Conquista” y el pleno respeto de los Derechos Humanos de sus integrantes.

7. Frente a la justicia de las demandas históricas del pueblo mapuche y teniendo presente el actual escenario represivo que el Estado chileno ha configurado en la Araucanía, manifestamos nuestra más profunda solidaridad con el pueblo mapuche y advertimos a las autoridades de gobierno que la violencia desatada por la policía en la región sólo legitima el derecho a la autodefensa de aquellos históricamente agredidos.

Santiago de Chile, 19 de agosto de 2009.

Firmantes:

Sergio Grez Toso, Universidad de Chile.

Igor Goicovic Donoso, Universidad de Santiago de Chile.

Julio Pinto Vallejos, Universidad de Santiago de Chile.

Jorge Pinto Rodríguez, Universidad de La Frontera (Temuco).

Patrick Puigmail, Universidad de Los Lagos (Osorno).

Milton Godoy Orellana, Universidad Academia de Humanismo Cristiano.

Verónica Valdivia Ortiz de Zárate, Universidad Diego Portales.

Augusto Samaniego Mesías, Universidad de Santiago de Chile.

Margarita Iglesias Saldaña, Universidad de Chile.

Alberto Díaz Araya, Universidad de Tarapacá (Arica).

Pablo Aravena Núñez, Universidad de Valparaíso.

Alejandra Brito, Universidad de Concepción.

Manuel Loyola, Universidad Católica Cardenal Raúl Silva Henríquez.

Pedro Rosas Aravena, Universidad ARCIS.

Luis Corvalán Márquez, Universidad de Valparaíso.

Nelson Castro, Universidad de Valparaíso.

Sergio Caniuqueo Huircapán, Comunidad de Historiadores Mapuche.

Luis Vitale Cometa, Universidad de Chile.

Claudia Videla, Universidad de Chile.

Karen Alfaro Monsalve, Taller de Ciencias Sociales Luis Vitale Cometa (Concepción).

Pablo Artaza Barrios, Universidad de Chile.

Alexis Meza Sánchez, Universidad ARCIS.

Patricio Quiroga Zamora, Universidad de Valparaíso.

Claudio Robles, Universidad Austral de Chile (Valdivia).

Beatriz Areyuna Ibarra, Universidad Academia de Humanismo Cristiano.

Mario Valdés Vera, Universidad ARCIS (Concepción).

Leonardo León Solís, Universidad de Chile.

Claudio Pérez Silva, Universidad Academia de Humanismo Cristiano.

César Leyton Robinson, Universidad de Chile.

Manuel Fernández Gaete, Universidad Bolivariana (Los Ángeles).

Ivette Lozoya López, Universidad de Santiago de Chile.

Marcos Fernández Labbé, Universidad Alberto Hurtado.

César Cerda Albarracín, Universidad Tecnológica Metropolitana.

Alberto Harambour Ross, Universidad Diego Portales.

Pedro Canales Tapia, Universidad Pedro de Valdivia (La Serena).

Daniel Palma, Universidad ARCIS.

Eduardo Palma, Universidad de Chile.

Claudio Barrientos, Universidad Diego Portales.

José Luis Martínez Cereceda, Universidad de Chile.

Francis Goicovich, Universidad de Chile.

Jorge Iturriaga, Pontificia Universidad Católica de Chile.

Juri Carvajal Bañados, Universidad de Chile.

Juan Carlos Gómez Leyton, Universidad ARCIS.

Marcelo Mella Polanco, Universidad de Santiago de Chile.

Eduardo Cruzat C., Universidad ARCIS (Cañete).

Cristina Moyano Barahona, Universidad de Santiago de Chile.

Sebastián Leiva, Universidad ARCIS.

Lucía Valencia Castañeda, Universidad de Santiago de Chile.

Rodrigo Sánchez, Universidad de Chile.

Fabio Moraga Valle, Universidad Academia de Humanismo Cristiano.

Robinson Silva Hidalgo, Taller de Ciencias Sociales Luis Vitale Cometa (Concepción).

Juan Guillermo Muñoz, Universidad de Santiago de Chile

Carolina Andaur Marín, Universidad de Talca.

Carlos Sandoval  Ambiado, Universidad Bolivariana

Carlos Molina Bustos, Universidad de Chile

Jury García Ancamil, Alliance Françoise (Viña del Mar)

Jaime Massardo, Universidad de Valparaíso

Claudia Drago, Universidad Bolivariana y Pontificia Universidad Católica de Chile

03
Sep
09

Desigualdad Social = Mala Educación

“Si enseñarle a leer y escribir o las cuatro operaciones a

Juanito cuesta cien pesos, y Ud. gasta en ello cincuenta…

¿qué aprenderá Juanito? Nada”.

(Gonzalo Vial) *

El parlamento se encuentra estudiando la normativa dos nuevas instituciones que serán claves en la implementación de la LGE, como son la Agencia Aseguradora de la Calidad y la Superintendencia de Educación. En efecto, estas dos instituciones debieran servir al gobierno como una punta de lanza que obligará a sostenedores tanto público como privado, a presentar un accountability del  rendimiento escolar (Agencia) y justificación en la inversión de dineros públicos (Superintendencia). Lo que permitiría según los expertos, poner el dedo en la llaga de uno de los problemas de base del sistema educativo chileno que se origina por la desigualdad en el reparto de la riqueza, que según la evidencia afecta directamente a la calidad de la educación (1). En este sentido, nuestras autoridades reconocen en sordina que sólo con un adecuado control de los dineros públicos, se estará en condiciones de aumentar los recursos destinados a la educación vía subvenciones escolares, infraestructura y competencias profesionales, que sería la nueva fase de la educación chilena.

Capital Humano V/s Sujeto Social

La evidencia hoy en el mundo, demuestra que existen tres factores que inciden directamente en la calidad y en los logros de aprendizajes de los alumnos (ver esquema): el entorno familiar de los alumnos, la calidad de la comunidad donde residen y la efectividad de la escuela (2).

Dibujo

Esta misma evidencia demuestra que la familia y el entorno social (comunidad), son los agentes de mayor relevancia en el rendimiento escolar. En efecto, en familias organizadas, con adecuado clima afectivo, con una buena socialización lingüística o la adquisición temprana de actitudes y motivaciones, que se asientan en comunidades organizadas y estructuradas adecuadamente, permiten tener mejores logros en los estudiantes. Pero, qué pasa cuando familia y entorno no juegan el rol que debieran, es el colegio el llamado a compensar estas falencias.

Ahora bien, si observamos el gráfico Gini a continuación, podemos ver que sólo los países con bajo nivel de desigualdad social obtienen buenos resultados escolares; por el contrario, Chile presenta uno de los niveles más altos en desigualdad social, sólo comparable a África del Sur, Brasil, Colombia, Guatemala, Lesotho, Paraguay, Swazilandia, Zambia, Zimbabwe (3).

Dibujo1

Cuánto cuesta educar a un joven en Chile. El Estado invierte 35 mil pesos por alumno y 50 mil por concepto de subvención preferencial, para alumnos de bajos recursos. O sea, lo que se pretende es que con esa exigua cantidad la escuela pueda compensar las falencias de sectores sociales desestructurados, marginados, y que a diario asombran a noticiarios  superficiales que sólo se preocupan del escándalo cortoplacista. Claramente, un avance pasa por mejorar considerablemente el aporte que el Estado entrega por alumno, considerando que los colegios particulares cobran en promedio una mensualidad de 180 mil pesos. Pero el sólo  aporte de dinero no es suficiente, se necesita una orientación que mire a los jóvenes como sujetos sociales, no sólo como “capital humano” en un eterno proceso productivo. Se requiere bajar drásticamente el número de alumnos por curso (4), preparar a los docentes en competencias didácticas y psicológicas adecuadas, establecer evaluaciones que den  cuenta de logos y retrasos basadas en el entorno particular y no en los estándares nacionales. Pero a la vez, se debe crear una mayor cantidad de colegios de rendimiento efectivo, gratuitos y con incentivos claros para las familias y alumnos que logran acceder a ellos.

Resumiendo, nuestro modelo educativo se basa en un sistema economicista denominado “Nueva Teoría del F609337_PINGUINOS280Crecimiento”, enfoque que pone el acento en factores tales como la tecnología y el capital humano en la generación de valor y e incremento de la productividad (5). Pero, como Chile es un país donde la repartición de la riqueza es tremendamente inequitativa (6) los rendimientos son los de hoy, entonces el Estado debe compensar en los colegios esta inequidad, para lo cual necesita aumentar sustancialmente las subvenciones escolares. Lo que se podría hacer cuando el Parlamento discuta la ley sobre la Agencia y una Superintendencia de educación. De lo salga del poder legislativo, dependerá si juanito aprende algo, como dice el historiador Vial.

Notas

* La Segunda, 25 de agosto de 2009.

1.- Determinantes de la calidad: ¿qué falta mejorar?, Ernesto Schiefelbein y Paulina Schiefelbein. En Revista Perspectivas (Departamento de Ingeniería Industrial, Universidad de Chile), vol. 4.

2.- José Joaquín Brunner y Gregory Elacqua: Factores que Inciden en una Educación Efectiva: Evidencia Internacional. ( http://mt.educarchile.cl/mt/jjbrunner/archives/2005/08/factores_que_in.html )

3.- Ibíd.

4.- En la mayoría de los colegios vulnerables la cifra por alumnos llega a sobrepasar los 40 alumnos por cursos.

5.- ¿Cómo se Financia la Educación en Chile?, Mario Marcel y Carla Tokman

ESTUDIOS DE FINANZAS PÚBLICAS, Diciembre 2005. Dirección de

Presupuestos del Ministerio de Hacienda, Gobierno de Chile.

6.- el 10% más pobre recibe sólo un 1,1% del PIB, mientras que el 10% más pudiente acapara el 42,3% de la riqueza (Casen 2OOO, elaborada por el Ministerio de Economía).

25
Ago
09

Claves para entender la LGE

“Hablo sólo por mi cuenta y sin comprometer al grupo de

consejeros que suscribimos este documento.

Lo presentamos al Consejo como una contribución al debate;

para aportar a los consensos y razonar en torno a opciones y alternativas.

Quisimos subrayar la estrecha unidad que existe

en una sociedad democrática y diversa entre

el derecho a una educación de calidad garantizada y la libertad de enseñanza”.

(JJ. Brunner)*

Al terminar su mandato y a más de tres años de la manifestación pingüina del 2006, la presidenta Bachelet promulgó la Ley General de Educación (1), cuerpo legal que reemplazará a la manoseada LOCE (2). En esta línea, para apreciar a cabalidad los alcances estratégicos de la ley que regulará la educación chilena no basta solo con el análisis de su articulado, sino también, indagar en las causas y el contexto en que se originó la misma.

El Acuerdo Brunner / Peña.

“En otras palabras, la educación posee dimensiones públicas,

tanto desde el punto de vista económico como

desde el punto de vista político, que justifican plenamente la injerencia del estado”.

(Carlos Peña)**

acuerdo educaciónCuando aún no se apagaban las celebraciones del cuarto presidente elegido por la Concertación, encabezada esta vez en forma flamante por la primera mujer en llegar a La Moneda, en ese contexto, una noticia que pasó desapercibida empezaba a generar un escenario que ninguna autoridad podía imaginar; el 25 de abril, dos mil estudiantes de Lota marchaban en protesta por las deficiencias en infraestructura del el Liceo C-47 (3). En solidaridad con esto, el 26 de abril 3000 estudiantes marchan sobre Santiago pidiendo mejoras en infraestructura y la gratuidad del pase escolar, situación que derivará en una escalada agitativa que tendrá su punto más alto el 10 de mayo con numerosos destrozos y más de 1200 alumnos detenidos. A esa altura, lo que parecía como la clásica efervescencia estudiantil que empezaba en marzo y terminaba en mayo, empezó a tomar otro cariz cuando los jóvenes quiebran una mesa diálogo con el MINEDUC y, el 19 de mayo, comienzan ocupaciones masivas de colegios en todo el país (4), colocando en la mesa una nueva demanda… “queremos educación de calidad”. Mágico como una lámpara, simple como un anillo, quién podía negar la evidencia de un sistema educativo que segrega y reproduce las diferencias sociales de la cuna, gritado al rostro de una sociedad que se sonrojaba de vergüenza sin poder desmentir algo que estaba en los genes de nuestra conciencia social y, proclamado por jóvenes que eran producto de esa misma educación. Quién podía no hacer eco a ese llamado atávico que prendió como un reguero de pólvora, transformando a jóvenes en verdaderos rock stars y, a la vez, dejando al gobierno en completa “des concertación”, a la sociedad conmovida y a la derecha atónita. El 30 de mayo 500 mil alumnos se manifestaron en todo el país, paralizando el 46,7 % de los 937 colegios con más 8000 mil alumnos en paro (5) que, además pedían el fin del lucro, calificándolo como la principal causa del desastre de la educación en Chile.

El movimiento pingüino, no sólo adquiría un corpus temático que pretendía generar cambios profundos en la estructura político / económica del país, cambios que se plasmaban en el fin de la LOCE y JET (6), terminar con el lucro en la educación y devolverla al Estado. Este discurso, empezó a emplazar a otros actores que sobrepasaban la convocatoria inicial, implementando paros sociales a los que llegaron a adherir más 110 organizaciones sociales, que se manifestaban con jornadas de reflexión y pancartas (7).

La respuesta presidencial fue rápida e inteligente, el 7 de junio de 2006, la Presidenta Michelle Bachelet anuncia la creación de una comisión (8) conformada por 81 miembros integrados por expertos, estudiantes, políticos y religiosos, que en plazo perentorio debería entregar propuestas para mejorar la educación. Fue una medida audaz, en medio de una situación que se le iba de las manos, traslada la discusión a un escenario en el cual nuestra clase política se maneja con soltura y aplomo, la Comisión. Dentro de los 81 convocados (9), la composición de fuerzas quedó bastante equilibrada entre los que estaban a favor y en contra del lucro en educación. Fue tan fuerte la discusión y el intercambio de opiniones que se dio en su interior que, en la subcomisión de Marco Regulatorio (10) presidido por Carlos Peña (11) se dio uno de los episodios más polémicos, y que a la vez marcó el rumbo de lo que sería la actual LGE. En efecto, en la subcomisión Peña (12) la mayoría de sus integrantes tenían una posición adversa al lucro, y ante el hecho de tener que entregar un informe de avance de lo obrado, el sector pro lucro encabezado por el académico JJ. Brunner (13), al verse derrotado, amenazó con quebrar el pre informe y redactó uno paralelo. Ante la posibilidad de quiebre del Consejo, el otrora vicerrector de la UDP (14), siendo crítico al lucro, cedió ante las presiones del bando de Brunner incorporando las observaciones de éste como opiniones de minorías, opiniones que hoy son parte fundamental de la actual LGE.

Lo que viene es conocido, el 11 de diciembre el Consejo presenta el informe final, el que dejó desconforme al denominado “mundo social” que, a esas alturas estaba más preocupado de terminar su año escolar o salir de vacaciones. A continuación, el trámite legislativo que, previo acuerdo político entre la Alianza y la Concertación que tomados de la mano, bajo la correa transmisora del Congreso, tomaron en lo esencial el acuerdo Brunner/Peña en relación a la arquitectura de la nueva LGE.

Qué propone la LGE

“Chile debe mejorar la distribución del ingreso. De lo contrario,

difícilmente daremos un salto cualitativo importante en la equidad  en educación”.

(Sen. Roberto Muñoz Barra)***

Detalle protesta estudiantilQué pactó la cita Brunner-Peña. Refrendar el lucro en educación con fondos públicos, a cambio de establecer una serie de regulaciones en la forma cómo se gastan esos dineros. En efecto, se trata que el Estado pueda fiscalizar los cuantiosos fondos que se entregan a sostenedores privados, los que por casi 30 años han operado sin fiscalización relevante. En esta línea se propone la creación de tres estamentos: una Agencia de Calidad de la Educación, que velará, de conformidad a la ley, y en el ámbito de sus competencias, por la evaluación continua y periódica del sistema educativo, a fin de contribuir a mejorar la calidad de la educación”. (15) “Para ello, esta Agencia evaluará los logros de aprendizaje de los alumnos y el desempeño de los establecimientos educacionales en base a estándares indicativos”. “La evaluación de los alumnos deberá incluir indicadores que permitan efectuar una evaluación conforme a criterios objetivos y transparentes” (16). Una Superintendencia de Educación, encargada de fiscalizar la mantención de los sostenedores en el sistema (17), vale decir, fiscalizar la correcta utilización de los dineros públicos (18). Un Consejo Nacional de Educación integrado por 10 miembros, que estará a cargo de aprobar las formulaciones curriculares y visar los planes y programas de las diferentes áreas lectivas (19).

Un aspecto interesante en la ley, es el que contempla la implementación obligatoria de una figura denominada “Comunidad Educativa” (20), que estará integrada por alumnos, padres y apoderados, profesionales de la educación, paradocentes, docentes directivos y sostenedores educacionales; su propósito será resguardar el cumplimiento del Proyecto Educativo y, velar por el cumplimiento de la LGE en la escuela. Otras formulaciones interesantes, y que dan cuenta de la opinión mayoritaria del Consejo Asesor Presidencial, es rebajar a 6 años (1° a 6°) la enseñanza básica (21), período en el cual no se podrá segregar por rendimiento a lo menos por un año (22); y por último, se establecen mayores requisitos para los sostenedores privados, los que tendrán que contar a lo menos con cuatro años de educación superior (23), tener giro único (24), personalidad jurídica y rendición de cuentas públicas de ganancias y rendimientos (25).

A manera de Conclusión

estudiantes_23Bajo la tutela de un Ministerio, un Consejo, una Superintendencia, y una Agencia, la LGE pretende crear un “Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación” (26); para lograr esto, descansa en forma significativa en dos instituciones –una superintendencia y una agencia-, que hoy su normativa se discute en el Congreso y, para un análisis más detallado hay que esperar a su promulgación.

En lo general, la LGE consagra una provisión educativa de carácter mixto (27), donde el Estado se arroga el deber de “propender a asegurar la calidad de la educación, estableciendo las condiciones necesarias para ello y verificando permanentemente su cumplimiento” (28); el que se verificará con baterías de mediciones estándar en el proceso de fabricar educación de calidad. Apunta en definitiva a generar un accountability a los sostenedores tanto público o privados; pero, son los últimos los destinatarios finales de ley. En efecto, los estudios demuestran que el gremio de los sostenedores privados que reciben fondos del Estado está fuertemente atomizado, los operadores que cuentan sólo con la propiedad de un colegio ascienden al 67% de la matrícula del sector, con un 70,6% del mercado, educando a 736.435 alumnos (29). Este sector, mayoritario, presenta los indicadores más bajos tanto en administración, como en el rendimiento escolar (30). Lo que se pretende es profesionalizar el sector, obligándolos a fusionarse o a ser absorbidos por operadores más grandes que, según las cifras tendrían estándares de productividad más alta (31).

Se logrará con esto la tan ansiada equidad, igualdad y calidad de la educación chilena, creo que es difícil advertirlo ahora; hace falta que el sistema esté operando en su conjunto para saber cómo funcionará. Ojalá no sea necesario tener nuevamente a miles de alumnos en la calle protestando, para empezar a preguntarnos porqué no tenemos educación de calidad en Chile.

Notas

* José Joaquín Brunner, en relación al documento alternativo que presentó al Consejo Asesor de la Presidenta para la Calidad de la Educación en septiembre de 2006, con el fin de afianzar la postura pro lucro en la educación. El Mercurio /2006/10/01/ reportajes)

** Carlos Peña, Revista UDP, n° 03, pág. 3.

*** Senador Roberto Muñoz Barra. Legislatura 355ª , Sesión 65ª, en miércoles 14 de noviembre de 2007 Ordinaria (Diario de Sesiones del Senado Publicación Oficial).

1.- Promulgada el 17 de agosto del 2009.

2.- Ley Orgánica Constitucional de Educación (LOCE), promulgada por Pinochet el 10 de marzo de 1990, un día antes que asumiera el gobierno democrático.

3.- El Liceo se había inaugurado un año antes y se llovía. (Hablan sus Protagonistas. Revista UDP, n° 03, pág. 23).

4.- 25 de mayo, 40 liceos en paro y más de 70 mil estudiantes sin clases. (Ibíd. Pág. 23).

5.- Lunes 5 de junio. Ibíd., pág. 24.

6.- Jornada Escolar Completa ( http://es.wikipedia.org/wiki/Jornada_Escolar_Completa )

7.- Ibíd., pág. 24.

8.- Consejo Asesor Presidencial para la Calidad de Educación.

9.- Ver nómina de integrantes (http://www.consejoeducacion.cl/view/index.asp )

10.- La Comisión estaba distribuida de la siguiente forma: Presidente, Juan Eduardo García Huidobro; secretaria Ejecutiva, Patricia Medrano; Coordinador de la Subcomisión de Marco Regulatorio, Carlos Peña; Coordinador de la Subcomisión de Institucionalidad, Paulina Araneda; Coordinador de la Subcomisión de Calidad de la Educación, Abelardo Castro.

11.- Carlos Peña (http://es.wikipedia.org/wiki/Carlos_Pe%C3%B1a_Gonz%C3%A1lez )

12.- Sesiona los viernes a las 8:30 AM Coordinadores: Carlos Peña, Claudio Castro y Jorge Pavez. Secretarios Técnicos: Alejandra Contreras y Loreto Cabrera.

13.- José Joaquín Brunner (http://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Joaqu%C3%ADn_Brunner )

14.- Carlos Peña en ese momento era vicerrector de la Universidad Diego Portales (UDP).

15.- LGE, Art. 7.

16.- Ibíd. Art. 7.

17.- LGE. Art. 50.

18.- Tanto la Superintendencia como la Agencia Aseguradora de la Calidad, están actualmente en sus respectivos trámites legislativos.

19.- LGE. Art. 23, letras a y b.

20.- LGE. Art. 9.

21.- Ver más en: http://guillermobastias.wordpress.com/2007/05/22/%C2%BFquien-educa-a-los-adolescentes-una-situacion-mas-de-inequidad/

22.- LGE. Art. 11, párrafo 6°.

23.- La LOCE pedía como requisito mínimo, que el sostenedor debía tener cuarto año medio rendido.

24.- La LOCE dejaba abierta la posibilidad a una multiplicidad de giros comerciales. Se daba el caso, que un sostenedor podía tener una carnicería o cabaret y un establecimiento educacional.

25.- LGE. Art. 10, letra f.

26.- LGE. Art. 6.

27.- “El sistema de educación será de naturaleza mixta, incluyendo una de propiedad y administración del Estado o sus órganos, y otra particular, sea ésta subvencionada o pagada, asegurándole a los padres y apoderados la libertad de elegir el establecimiento educativo para sus hijos” (LGE. Art. 4, Párrafo 4).

28.- LGE. Art 4 Párrafo 8.

29.- Fe. Montt y otros 2006. Citado en Claudio Almonacid : La Educación Particular Subvencionada como Cooperadora del Estado; en Cristián Bellei, Dante Contreras, Juan P. Valenzuela editores: La agenda Pendiente en Educación, Edit.: Universidad de Chile, 2008.

30.- School choice in Chile: Scale matters. Dante Contreras, Gregory Elacqua y Felipe Salazar.

31.- Ibíd., op. Cit.

11
Ago
09

Con cariño para el Ceja, el Loquín y el Cisarro

Durante los últimos días hemos asistidos al abuso mediático que intenta mostrar los casos de jóvenes, cuya conducta social se aleja de los parámetros de un país que goza de una cobertura educativa propia de país desarrollado (1); vemos además, como los candidatos en carrera a La Moneda han implementado sus propuestas en torno a mejorar “la calidad” de ésta. Pero, se está caminando por el sendero adecuado para revertir una tendencia que con cobertura más o menos, históricamente ha tendido a marginar a jóvenes de bajos recursos. En este sentido, quiero entregar a Uds. la visión del Premio Nacional de Historia 2006, Gabriel Salazar (2), en un estudio escrito el año 1999 pero que a 10 años no pierde para nada su vigencia.

Por mi parte, me gustaría dedicarles este texto a tres jóvenes que, quizás por su nivel educacional pasará mucho tiempo antes que lo puedan leer y peor aún comprender… con cariño para el Ceja, el Loquín y el Cisarro.

====================================================

LA EDUCACION DE LA JUVENTUD COMO

UNA EDUCACION PARA EL CAMBIO

LA PROPUESTA DE TEMA que se hizo para esta mesa, las transformaciones del Estado y cómo estas transformaciones se han postulado, promovido e implementado las políticas sociales en Chile. Yo no sé si voy a tomar literalmente lo que se propone, pero vamos a trabajar un poco en esa dirección.

Es importante para empezar, señalar que l a mayoría de los estudiosos chilenos sobre el tema y el problema de las políticas sociales, pienso por ejemplo en Martínez y Palacios, en el economista Juan Pablo Arellano, hoy oficiando de Ministro de Educación, en la economista Pilar Vergara, pienso en otros autores que consideran que las políticas sociales son en general —en el mundo moderno y muy particularmente en Chile— síntoma, expresión y demostración de modernización , de forma tal que se estudian estas políticas y se las define como una demostración palpable de cómo la sociedad moderna y particularmente el Estado moderno, tiende a preocuparse de los problemas de la iniquiF727024_cisarro330dad social para resolverla de una manera consistente y orgánica.

Sin embargo, yo soy historiador, si uno comienza a plantearse la cuestión de qué modernización estamos hablando cuando decimos esto, en qué proceso de modernización están ubicados estos fenómenos y que las políticas sociales aparecen en la forma en que se han definido en Chile por estos estudiosos. Uno descubre lo siguiente, en primer lugar, de que la modernización donde aparece instalada la concepción de política social, es una modernización dominantemente y genuinamente liberal, es liberal, es un mundo que combina, que traba orgánicamente lo que es el Estado liberal representativo, con lo que es el mercado abierto, y llamo mercado abierto al que está abierto hacia fuera, y no integrado hacia adentro. Esto es un dato importante, porque no hablamos en Chile de Estados constituidos para desarrollar socialmente o integrar socialmente el país, no hablamos en Chile de constituciones políticas que se hayan preocupado de promover el desarrollo productivo e industrial de la nación y junto con ello la integración social de todos los chilenos. Hay políticas sociales que se refieren a eso, pero no Estados o constituciones que cuyo apellido central sea precisamente eso.

A lo largo de toda la historia de Chile, no hemos encontrado hasta la fecha ninguna Constitución Política que se haya organizado específicamente para resolver el problema, i) del desarrollo económico, ii) la integración social igualitaria de todos los chilenos. Sí encontramos políticas sociales. Cuando uno revisa cómo se han gestado y qué son en definitiva las políticas sociales, uno descubre que no son artículos de Constitución Política, es decir, no forman parte de la estructura del aparato del Estado, pero sí son leyes especiales, sí son decretos, muchas veces con fuerza de ley y si uno los mira en conjunto, en las perspectiva histórica, las políticas sociales —o si ustedes quieran las leyes y decretos que han construido las políticas sociales en Chile— no han operado en el articulado de la Constitución, sino por lo común, en los intersticios del articulado constitucional, haciendo uso y abuso muchas veces de lo que muchos abogados llaman, el uso alternativo del derecho, que quiere decir, no aplicar el derecho tal cual, sino hacer uso de sus intersticios, de sus vacíos, de la oportunidad de torcer un poco la nariz del texto para poder realizar generalmente no lo que manda la Constitución, sino lo que la sociedad civil pide.

En consecuencia uno puede decir que en Chile y en otro países también, las políticas sociales son el subproducto de un uso muy especial del derecho, y es a posteriori de la redacción del texto constitucional, es decir, de la construcción del Estado en este país.

Si revisamos rápidamente esto, observamos que en la Constitución de 1833, no hay ni un solo artículo que se refiera al aspecto social ni al aspecto económico, ni al desarrollo ni de lo uno, ni de lo otro, mucho menos se plantea la igualdad. Fue por eso mismo que para intentar abrir esa Constitución, para hacer posible un mínimo de desarrollo y una cierta liberalización —por lo menos— del sistema electoral, hubo que en cierto modo violentar ese texto o producir Reformas Constitucionales por los años 80 y 90, pero fueron reformas particulares, específicas, pero no el conjunto. De esa manera, en última instancia, se dio el típico conflicto entre una política que tendía a la democratización y a favorecer el desarrollo y el resto de la estructura del Estado, que operaba en sentido liberal.

Esta situación, en que la política social aparece como un furgón de cola, que aparece como instrumento gubernamental de segunda categoría, que aparece después que está vigente la Constitución, que aparece cuando es necesario aquietar un poco las protestas de la base ciudadana, nos demuestra que las políticas sociales, vuelvo a repetir, son y han sido instrumentos de legitimación tardía de un régimen constitucional que no fue exactamente legítimo en el momento de su construcción. Esto es importante, pues las políticas sociales aparecen por tanto como instrumentos, para legitimar estructuras estatales y estructuras políticas fundamentales, que no tuvieron en su construcción un nivel o un índice de participación ciudadana suficiente, informada, democrática, abierta.

Es por eso que en Chile las políticas sociales han aparecido bastante tiempo después de que se dictó el Estado, como lo decía recién respecto a la Constitución del 33, eso aparece por los 80, por los 90 y se enreda dentro del fenómeno parlamentarismo. Es notable que en Chile, cuando se ha intentado acoger las demandas de la base ciudadana para democratizar y para desarrollar, no se ha intentado hacer una reforma profunda de la Constitución, se ha optado por intentar cambiar un poco el Estado, pero sin cambiar el texto de la Constitución, así surgió el parlamentarismo, sin cambio constitucional. Si ustedes revisan la Constitución del 25, fue también una Constitución liberal, representativa, apta para el desarrollo de un mercado hacia fuera, pero no de un mercado integrador hacia dentro, y eso determinó, otra vez, que a través de los decretos leyes de la época de la República Socialista por ejemplo, y otros intersticios legales, se fue construyendo un Estado desarrollista y un Estado populista sin cambiar el texto

Constitucional de 1925, y se dio un Estado hipertrófico. Ustedes lo saben muy bien, en que toda la estructura básica del Estado funcionaba en sentido liberal y toda la estructura hipertrófica del Estado funcionaba en sentido populista, y eso explica que los grandes conflictos sociales y económicos de la época hayan sido en última instancia intentado dirimirse políticamente en el contexto de la estructura liberal y parlamentaria del Estado.

En este sentido, las políticas sociales han demostrado ser un paliativo, un paliativo tardío, en la medida que ha jugado el rol de legitimar una determinada estructura y un sistema políticos. Han jugado el rol cuando se ha desarrollado el aparato electoral de aquietar de alguna manera al electorado, de hacer surf sobre las olas, de la opinión pública y de responder a medias respecto a problemas que son de enorme importancia y carácter estructural. Eso no ha cambiado en el día de hoy, no es muy distinto, este hecho de que el Estado en Chile haya sido siempre liberal y las políticas sociales hayan sido sucedáneos, a determinado que en muchos casos la responsabilidad por el problema social, han tenido que asumirlo agencias privadas. En el siglo XIX fue la Iglesia, la Iglesia Católica asumió por sí sola y en gran medida junto con congregaciones privadas (hablo de la Hermandad de Dolores por ejemplo, de la Conferencia de

San Vicente de Paul o la Asociación de la Escuela Católica de Santo Tomás de Aquino), que asumían privadamente y con criterio de caridad el problema social y de conseguir un mínimo de igualdad entre los chilenos.

En el período comprendido entre 1938 hasta 1973, se hace cargo el Estado y aparece el Estado desarrollista y social benefactor, pero sin modificar el texto liberal de la Constitución del 25. Y hoy día, prácticamente es lo mismo, tenemos una Constitución, tal vez la más liberal de nuestra historia, protegida por un aparato de seguridad, y si ustedes revisan la Constitución del 80, por lo menos hay cuatro sistemas, dispositivos de seguridad, antes de llegar a la posibilidad de una reforma constitucional; podrán comprender qué sentido tiene o qué posibilidad tiene que las políticas sociales dentro de esta Constitución puedan tener un efecto realmente productivo respecto de los problemas que se procura resolver. Cambia el ejecutor, en el siglo XIX fue la Iglesia, entre 1938 y 1973, fue el aparato burocrático del Estado, hoy son agencias privadas, consultoras, ONG’S, Servicios del Municipio, que operan también como consultoras privadas; cambió eso, pero el problema de fondo no ha sido resuelto.

Si revisamos toda la historia de Chile —y ahora comenzamos a hablar de la juventud—, observan que la situación prácticamente no ha cambiado. En el siglo XIX la juventud nutrió toda esa gran masa que se llamó «los peones gañanes». La gran mayoría de la población, el 60% de la población, hombres y mujeres en gran medida sin empleo permanente, pero sí con empleo precario, lo que determinaba su tendencia a emigrar continuamente de un punto a otro buscando empleo o escapando de la represión. La juventud marginal del siglo XIX, fue ese roto chileno que se tuvo que mover permanentemente de un lugar a otro, saliendo, entrando del país, sin empleo, sin posibilidades de educación, sin derecho a voto, estaba excluido constitucionalmente del derecho a voto, sin acceso a la educación.

Posteriormente podemos hablar de una juventud, que la encontramos inserta en el movimiento de pobladores, tal vez su mejor período, fue el período de la «otra democracia» en donde a través de la educación se abrieron canales de integración a la sociedad, pero es aquí donde encontramos una de las características fundamentales de las políticas sociales en Chile. Estas características dicen relación con lo siguiente: si uno revisa la historia de las políticas sociales chilenas, tienden a ser asistencialistas, van a paliar un poco una situación de pobreza creada: te voy a construir casas baratas, te voy ofrecer educación barata, te voy a dar salud barata, te voy a prestar dinero, te voy a dar capacitación mínima; eso es lo que regularmente ha sido en Chile una de las características centrales de las políticas sociales de este país.

En segundo lugar, estas políticas han involucrado siempre una suerte de inversión keynesiana, por qué razón. Porque si ustedes se fijan, vamos a construir vivienda barata, vamos a permitir que existan colegios privados subvencionados baratos; y qué es lo que ha implicado eso a lo largo de la historia: que muchos pequeños capitalistas o capitalistas en ascenso, invierten en estas áreas, especialmente en la construcción de vivienda, que ha sido demostrado ya a lo largo de la historia, que la construcción de vivienda en torno a estas políticas sociales ha sido una fuente de acumulación y de formación de pequeño y medianos empresarios de este país. Este es un fenómeno muy extendido, que podríamos decir que la inversión en torno a estas propuestas asistencialista de resolver problemas materiales, inclusive la educación y la salud, ha significado una expansión del gasto, pues gastamos dinero que llega al consumidor, el consumidor compra y eso es una inyección de expansión para el conjunto de la economía; en definitiva esta inversión desarrolla el mercado, pero no permite necesariamente que se integren los sectores populares a un nivel medio de consumo de una sociedad moderna, capitalista, industrial.

Y en tercer lugar, estas políticas normalmente han insistido en un eslogan: «para la juventud lo más importante es la educación». Desde la época de Manuel Montt hasta el día de hoy, basta leer el Informe del PNUD del año pasado, se recomienda en insistir en la educación para los jóvenes en la medida que ésta le permite dos cosas: i) integrarse a la sociedad moderna civilizada, ii) competir en el mercado. Pero esta educación tiene que ser individual, va dirigida al individuo, no a la comunidad, no a las redes sociales, no a las tribus de jóvenes que se constituyen en los lugares donde viven; no por tanto en un sentido de colectivo, sino siempre al individuo. En Chile todas las políticas sociales —de una u otra manera— han puesto énfasis en la educación, pero esta educación va dirigida al individuo, es tu responsabilidad ahora de integrarte al mercado. El mercado no va a ser modificado, el mercado no se toca. En esa medida educamos, pero es tú responsabilidad integrarte a ese mercado que no se toca, al mercado tabú, podríamos decir.

En 1991, el sociólogo francés, tan citado en Chile hace unos años atrás, Alain Touraine, señalaba en un informe, que en definitiva se entregó al Instituto Nacional de la Juventud (INJUV) y que en gran medida parece, determinó la propuesta de política hacia la juventud en Chile de la nueva democracia, señalaba que lo más importante no es educar para que los jóvenes entiendan la situación del conjunto del modelo neoliberal, no se trata de educarlos para actuar sobre ese modelo, se trata de prepararlos individualmente para lo de siempre: por un lado, capacidad de competencia frente al mercado y por otro lado, —y lo dice textualmente Touraine— para que apoyen la institucionalidad del país; en otras palabras para que apoyen la vigencia y la validez de la Constitución de 1980.

Esta situación repetida a lo largo, diría de casi dos siglos, es lo que muestra a una juventud en este país a la cual no se le ha resuelto su problema fundamental, una juventud popular que no ha estado, hasta la fecha, nunca realmente integrada, que no ha encontrado canales de integración hacia el corazón moderno de esta sociedad y que ha permanecido siendo en el fondo una juventud marginal.

Muchas veces las políticas sociales, qué es lo que hacen: modernizan la marginalidad, construyen rotondas por ejemplo para automóviles, llevan shopping centers, como los llaman ahora mall, a poblaciones donde la gran mayoría de los jóvenes no tienen empleo o viven del empleo precario. Se crean y se multiplican las multicanchas, se crean centros juveniles; nada de eso resuelve la marginalidad, pero sí la moderniza. Es como decir: te vamos a crear un césped aquí para que vayan a pastar su propia marginalidad, tranquilos, expresen su identidad marginal allí, canten, hagan grafitis, protesten, pero ahí, en ese marco, y participen ahí. Cuando se habla de participación, se está pensando participación en ese marco, en el centro cultural hagamos fiestas, en la multicancha hagamos campeonato, y entre todos «no a la droga»; pero sigue siendo eso marginalidad.

Porque hoy día el modelo descansa en lo que se llama tan elegantemente «la flexibilidad del empleo». Y qué es la flexibilidad del empleo: el empleo precario, sin contrato estable, casi siempre sin previsión, trabajo temporero. Que es el mismo tipo de trabajo que se le ofreció a la juventud del siglo XIX, no hay cambios.

Y por otro lado, no hay tampoco integración al aparato educativo, podrán haber 25 mil cursos de capacitación para formar sastres, cocineros, peluqueros, peinadoras, pero nada de eso permite tener acceso a la educación superior, nada de eso permite comenzar a moverse transversalmente en los empleos de la súper estructura mercantil financiera, que es en este país la esencia del capitalismo actual, y no del aparato industrial.

Si uno mira en perspectiva histórica, la situación de la juventud chilena no ha cambiado mucho, se ha revolcado en su marginalidad, se ha modernizado en su marginalidad, se le ha ofrecido educación, pero la educación sin empleo no tiene destino. A mí me llegan continuamente (porque he tenido mucha suerte de tener trabajo) currículum de compañeros, especialmente de historia, con maestrías, con doctorados, ex profesores universitarios, rectores de colegios, que están cesantes; la bola de nieve indica que cada vez van a ver más cesantes con maestrías, más cesantes con doctorados, en Francia ocurrió así. Hay una sobre calificación, que va creciendo hacia arriba, que van absorbiendo los puestos superiores y mientras más se educan los de abajo, de todas maneras quedan desempleados. Esta bola de nieve de la sobrecalificación está en marcha en este país y la juventud, por más que estudie y se recontracapacite, va a permanecer con un techo encima que sólo le asegura empleo precario lateral.

Si miramos la historia, uno encuentra que los jóvenes en este país han jugado un rol histórico en un doble sentido; por un lado, ha sido el deshecho fundamental de las constituciones liberales, pese a las políticas sociales, de retaguardia que se han desarrollado para integrarlos, deshechos sociales, han hecho grandes esfuerzos por educarse e integrarse con resultado mediocres, salvo en el período 1938-73, pero junto con ese esfuerzo frustrado, la juventud popular chilena ha jugado el rol histórico de rebelarse, protestar y pelear por el cambio. La juventud popular ha tenido dos roles históricos muy claros: luchar por integrarse conforme a la ley, pero luchar por cambiar la ley desde fuera de la ley.

Y es muy interesante que este país, aunque se critica mucho la palabra generación, discute en función a las generaciones, y se habla de la generación del 48, del siglo pasado, de los jóvenes rebeldes que luchaban contra el autoritarismo del 48, y provocaron la guerra civil del 52, 59 y finalmente cambiaron el sistema autoritario. La generación del 20, la de Recabarren, la de la FECH, que luchó contra la oligarquía, la del 38 que dentro del contexto de la Constitución Liberal del 25, procuró desarrollar la industria y la igualdad social, la generación del 68 que no le creyó a la del 38, y trató de cambiar todo eso perdiendo. La generación del 80 que peleó contra Pinochet y perdió. La generación del 90 que está peleando contra esta democracia neoliberal, heredera de la dictadura neoliberal, y ahí estamos, no estamos ni ganando ni perdiendo, porque todavía no hemos peleado, pienso. Si uno revisa las generaciones del 38, del 68 o del 80 o del 90, del 48 del siglo pasado, no son generaciones de viejos, son jóvenes, jóvenes en momentos de rebeldía, jóvenes que dentro de esa rebeldía crearon cultura.

La juventud popular chilena ha sido, si ustedes quieren muy aplastada, muy marginada, pero cuando ha peleado ha creado la cultura autóctona de este país, todavía estamos cantando las canciones de la generación del 68, muchos añoran las canciones de «Los Prisioneros» de los 80, en el Estadio Nacional 60 mil personas escucharon de nuevo a «Sol y Lluvia», que tocó las mismas canciones de los 80, y tres horas de pie saltando y bailando. Tal vez todavía no hemos creado la cultura y las canciones de lucha de los 90, no sé, tal vez los raperos están haciendo algo, pero parece que todavía es poco.

En síntesis para terminar. Primero, las políticas en Chile nunca han sido sociales, siempre han sido liberales. Segundo, las políticas sociales en este país han venido en retaguardia a suplir lo no hecho por las Constituciones, hacerlo a medias, sin resolver en definitiva nada de fondo. Tercero, la juventud popular en este país no ha cambiado substantivamente su situación en casi dos siglos de historia, ha cambiado de alguna manera en estilo, si ustedes quieren, en el contexto, pero estructuralmente no, y eso nos demuestra un doble rol histórico de esta juventud. Y me pregunto si queremos educar a la juventud hoy, basta con educarla para que compita en el mercado y apoye la institucionalidad como dice Touraine; o también podemos y debemos educarla con relación al segundo rol histórico que ella ha cumplido a lo largo de los siglos, que es intentar cambiar el modelo liberal. Por qué no educar a los jóvenes para una cosa y para la otra cosa, por qué no enseñarles o tratar de que ellos se autoeduquen para producir los cambios que ellos quieren producir, por qué no legitimar esa educación.

Queremos educar a la juventud, y queremos ser honestos con nuestra memoria histórica, y respetar nuestro propio pasado, tenemos que educarlos tanto para competir en el mercado, para ser civilizados, pero al mismo tiempo para producir el cambio y la transformación histórica que en este país en dos siglos no se ha producido, porque entre otras cosas a veces los jóvenes envejecen, y cuando envejecen los viejos dejan de hacer lo que comenzaron a hacer.

La generación del 48 y la del 88 del siglo pasado, dejó de hacer a fines de siglo lo que prometió antes, y en lugar de hacer el cambio aseguró el sistema. Los del 38, los Teiltelboin, los Frei, los Gumucio, los Allende, los Tomic, hasta los Zaldívar podríamos decir, no hicieron después lo que habían prometido en los años 20 desde la FECH, gran parte de ellos, porque los viejos terminan con un realismo político que no es el realismo histórico de la juventud. En definitiva, a la juventud hay que educarla en esa doble dirección y legitimar la educación para el cambio.

VALPARAÍSO, MAYO DE 1999

Notas

1.- 100% Enseñanza Básica y 94% Enseñanza Media. Fte. Sobre la base del Mins. Hacienda (2005); Arellano 2000; CASEN 1990, 2000 2003 y M. Marcel y C. Tokman 2005 (cit. En Calidad de la Educación Claves para el Debate, JJ. Brunner, G. Elacqua y otros, Ril Editores, año 2006. Pag. 27.

2.- Premio Nacional de Historia (2006), Sociólogo y Filósofo, Doctor en Historia. Ha publicado numerosos libros, entre los que se destacan: Labradores, Peones y Proletarios (1985); Violencia Política Popular en las Grandes Alamedas (1990); Los Intelectuales, los Pobres y el Poder (1995). Es coautor, junto a Julio Pinto, de los cinco volúmenes de la Historia Contemporánea de Chile (Ed. LOM, 2002); Mercaderes Empresarios y Capitalistas (Sudamericana 2009). Actualmente se desempeña como profesor en el Departamento de Ciencias Históricas de la Universidad de Chile.

08
Ago
09

Gabriel Salazar habla de Formación Docente

Uno de los temas que cruzan la discusión en torno a la calidad de la educación es la Formación Docente, en este sentido me parece oportuno recordar la entrevista realizada por la Revista Docencia del Colegio de Profesores (1), al premio Nacional de Historia 2006 Gabriel Salazar Vergara (2). En ésta, el destacado intelectual aborda los componentes de una carrera profesional centrada en la realidad social del alumno, la violencia juvenil, la marginación social y el gremio docente.

_________________________________________________

“El profesor debe ser ante todo y toda la vida un investigador”


Queríamos partir por el Premio Nacional de Historia, ¿lo sorprendió?

La verdad es que quedamos sorprendidos. Por el hecho de ser un historiador, un intelectual crítico del capitalismo en general y de este modelo neoliberal en particular, no esperaba que me lo dieran. He postulado al premio más que nada por acciones y la buena voluntad de personas como María Angélica Illanes, Pablo Artaza, Julio Pinto, amigos y compañeros, que han hecho todo un papeleo. Fue, efectivamente, una sorpresa.

En el medio educativo, independientemente del mérito que usted pueda tener, sus textos no son los que se utilizan ni en la enseñanza básica ni en la media, ¿es entonces una sorpresa doble?

Sí, pero lo que yo sé es que muchísimos profesores utilizan la historia social  “bajo cuerda” en sus clases. Una funcionaria del Ministerio de Educación me contó que ella ha tenido que distribuir en varias escuelas los volúmenes de la Historia Contemporánea de Chile que hicimos con Julio Pinto. Eso no significa una oficialización, pero sí entra como bibliografía auxiliar o suplementaria. Una gran cantidad de profesores lo está utilizando. Me lo han dicho ellos y los alumnos secundarios también me lo han informado. De alguna manera sectores sociales están hablando y trabajando con textos no sólo míos, sino también de Julio Pinto, Mario

Garcés, etc. Son profesores que han sido nuestros alumnos. Ese es un hecho que va a ir en aumento. Entonces, el premio significa un espaldarazo, pero ojalá que no sea la oficialización de una historia social.

Hay otro factor que contribuyó, no a oficializar, pero sí a legitimar el premio, en las esferas más formales, y es el hecho de que connotados historiadores de derecha han dado su conformidad con que se reconozca este tipo de historia.

¿Cuál es la diferencia que hace entre oficializar y legitimar?

Oficializar, es cuando el Estado lo asume y se adueña del discurso. Sin embargo, la posibilidad de apropiarse de un discurso historiográfico como éste sólo puede ser de la boca para afuera, porque si se lo toma en serio tendrían que suicidarse el sistema y el modelo neoliberal para dar paso a otra cosa.

Usted plantea que muchos profesores están trabajando con sus textos y con esa línea de reflexión. Sin embargo, ellos han sido formados en un contexto adverso. ¿Cómo es posible que haya docentes que estén dispuestos a trabajar discursas, narrativas de ese tipo, en un mundo como el de hoy?

Es importante distinguir que los profesores no son un elenco profesional homogéneo. Tal como hay generaciones y generaciones de estudiantes, hay generaciones y generaciones de profesores. Un porcentaje muy alto del profesorado se formó en la época de un régimen autoritario, por tanto tienen una formación propia de la dictadura. Hay otra generación de profesores que se formó en los ochenta y fueron marcados por las jornadas de protestas, por los conflictos con Pinochet, pero que no tuvieron una formación todavía concreta, desde el punto de vista de potenciar la ciudadanía, los movimientos sociales, culturales, juveniles, etc. Y hay otra generación, que es la actual. Son estudiantes que están entrando ahora, o que ingresaron a partir del 2003 en adelante, que están marcados no por la lucha contra Pinochet, sino por la experiencia del mercado. Es decir, cómo el mercado está golpeando su casa, sus pares, su familia, a ellos mismos, y tienen la tremenda experiencia de la nueva cultura popular que está surgiendo en las poblaciones, sobre todo entre los jóvenes. Entonces, vienen con otra base y la historia social se entiende maravillosamente con ellos.

Por eso las camadas de profesores también cambian y se fusionan con su tiempo histórico. Los profesores más antiguos, los de la otra democracia, tienden todavía a manejarse a través de partidos políticos. La generación de profesores formados durante la última época de Pinochet y la actual, están manipulando este tipo de literatura cercana a la historia social. Añadiría, además, que el grueso de las tesis de los jóvenes de los fines de los 80 tiene relación con problemas sociales contemporáneos. Cuando haces una tesis sobre algo, quedas marcado por ella durante mucho tiempo. Eso explica que, aun cuando el gobierno, las clases políticas, o el ministerio, a través de la política educacional oficial marca ciertas líneas, ofrece cierta bibliografía y señala ciertos textos escolares, esta nueva generación mete bajo cuerda esta literatura. El nuevo movimiento estudiantil secundario está muy formado en esta línea.

¿Y qué rol están cumpliendo las universidades que también están marcando esa formación inicial?

Las universidades no están ni adaptándose, ni especializándose en ese problema porque están más preocupadas de su propia supervivencia y de su propia estructuración como universidades, que de adecuarse a la cultura o a las tendencias que marcan las juventudes. He trabajado en varias universidades y he visto lo que señalo.

Los planteles de profesores de las universidades se centran en el trabajo. Hay casos individuales de profesores, o grupos, o determinados centros, que tratan de hacerlo, pero no es la tendencia mayoritaria. Hace falta una reforma profunda, no sólo de la educación como sistema, sino de la formación de profesores en la universidad. El gobierno, a pesar que hizo una reforma educativa, tampoco ha tocado este tipo de problemáticas. No ha ido al fondo del problema. No ha tenido una política agresiva al respecto. Sólo le ha interesado la cobertura, más computadores, mejores locales. El informe de la OCDE dice que el sistema educativo sigue centrado en la competitividad como gran principio educativo. Todo se limita a saber si llegaron más niños, los sueldos, la competencia, elevar los puntajes, etc.

No hay proyecto, ni tenemos ninguna salida a lo que pueda significar una propuesta educativa, y lo mismo pasa con los educadores comunales que están embotellados en su verdad, en su sede, tampoco salen.

¿Cómo tendría que ser esa propuesta que, según usted, no se ha hecho?

Toda política educativa tiene que estar influenciada de las tendencias reales que están marcando la reorganización de la sociedad y la cultura social, porque la cultura social y la sociedad misma están siendo influenciadas profundamente por el plan laboral. El empleo será el constructor de sociedad y cultura en esta sociedad; sin embargo, el plan laboral pareciera que está prohibido tocarlo. A partir de ese plan laboral están surgiendo consecuencias enormes para la estructuración de la sociedad, de las relaciones sociales, de la situación de la familia, de la situación de los niños, el aumento en el número de “cabros guachos”, etc. Esto último no se ha pensado en términos del impacto que tiene en la educación.

Por otro lado, tiene que recoger lo que los propios actores sociales han estado produciendo como respuesta a este problema: La autoconstrucción de identidad en el margen, una cultura juvenil de nuevo tipo con símbolos, identidad, lazos solidarios en redes y grupos, tribus, colectivos locales, prácticas de asociatividad distintas a las tradicionales; todo un mundo cultural en la calle súper atractivo para los cabros que no coincide con lo que pasa al interior del aula. Entonces hay dos mundos educativos en este momento: el del aula que se rige mucho por los viejos principios, tipo “occidente educa”, y luego “el mercado educa” para que compitan bien, versus este otro mundo de una cultura que se autoeduca en función de construir identidad como se pueda. Eso genera cultura. Entonces, es evidente que los cabros sean atraídos como moscas por esta cultura de la calle. Mientras no recojamos eso como principio educativo, exigir más rendimiento, mejores puntajes, o evaluar a los profesores por sus metodologías y pagarles menos cuando no están bien evaluados, no resuelve problemas de fondo.

¿Podría usted profundizar lo que está planteando?

Junto a un equipo hicimos una investigación en Rancagua basada exclusivamente en entrevistas sobre la sociedad civil popular de las zonas más pobres de esa ciudad. Entrevistamos a los profesores de las escuelas de los barrios populares, y eso nos llevó a concentrarnos en los niños. Descubrimos tres cosas fundamentales:

Primero, su familia está destruida, por el modelo laboral, padre ausente porque no vive ahí o porque está trabajando. Quedan solos, subsumidos en frustraciones enormes, formando pandillas.

Segundo, la reacción espontánea de los niños es a solidarizar con el cónyuge que queda en el hogar para ayudar a resolver el problema económico, por lo que salen a trabajar. Los profesores nos decían que el 80% del curso sale de clases y parte corriendo a vender “El Rancagüino”, a recoger frutos, al río a sacar arena. Esta solidaridad se va desarrollando mentalmente con su familia y produce una reacción solidaria entre cabros chicos botados. Reciben, además, solidaridad de los jóvenes y de los viejos directores de los clubes deportivos de barrio. Entonces, se generan redes y lazos de solidaridad horizontal, de ellos con los viejos, de ellos entre sí, de los jóvenes hacia ellos y de las profesoras hacia ellos. Crecen en ese mundo, en una cultura autoeducativa. Conocen lo que es solidaridad, saben hacerla, generarla y dividirla, en la horizontalidad. En esa experiencia que les pesa, esos muchachos van creciendo y funcionando por horizontalidad, no por jerarquía.

El tercer elemento que observamos, es que, pese a lo anterior, esos chicos están carentes de afecto, porque las madres aunque estén con ellos, los botan, los   rechazan, los retan o les pegan. Viven con una desesperación tal que la única reacción frente a eso es la rabia, la frustración y la violencia.

Los profesores nos decían: “de repente nos agreden, de repente nos abrazan, nos besan, son violentos y reaccionan rompiendo cosas materiales”. En ese proceso identitario vemos dos aspectos fundamentales, uno es la solidaridad, y el otro es la violencia. Esta última como reacción a su frustración. Por eso, es imposible pensar en erradicar las reacciones violentas de los cabros a través de la educación formal. Ahora, si uno se da cuenta de que es un sujeto rebelde, pero un rebelde que sabe de solidaridad, entonces, conceptualmente podríamos hablar de un rebelde con proyecto.

A la luz de todo eso, me pregunto: ¿Por qué no confluimos en un principio educativo, a partir de la naturaleza misma de estos niños? Por un lado si más encima haciendo todo eso, que era como mejoramiento personal, uno pensaba en la solución para los pobres, fabuloso. La generación actual de profesores ya no cree mucho en la ciencia. Cree más en su memoria, en las experiencias de la calle. El profesor descubre que su rol no es transmitir la ciencia de occidente para lograr la justicia social, sino el problema es cuánto le creo a los cabros para que se desarrollen ellos como verdaderos actores sociales de su destino. Y si yo le creo a los cabros es porque voy a creer lo que está pasando en la calle. Entonces el rol del profesor de la nueva generación es un enlace entre el aula y lo que pasa en la calle, un “lleva y trae” permanentemente de manera más consiente.

Al nuevo profesor hay que formarlo para que trabaje en los dos ámbitos, y eso no significa sólo tratar materia en aula, significa investigar en terreno, significa publicar, conmover el desarrollo cultural y social en terreno, convertirse en un intelectual en el terreno, en un agente social de desarrollo en terreno. Sólo de esa manera los profesores se podrían adaptar a todos los ambientes y a todas las culturas, y ser eficiente en todas.

Hay una gran demanda en todas las escuelas de Historia por estudiar la historia social, es la que se ve privilegiada. El 80% de las tesis tiene que ver con cuestiones contemporáneas, entonces ahí se produce el enlace con las otras disciplinas, van a revisar los archivos, o las bibliotecas de trabajo social, de psicología comunitaria.

Me han invitado a dar conferencias donde el público en su mayoría son los viejos profesores, gremialistas, que pertenecen a partidos políticos. Pero no reaccionan, no tienen las mentes abiertas para estas cosas nuevas. Los que más aprenden y participan son los jóvenes. Un profesor que se convierte en “un pasa materia” por 35 años seguidos produce su muerte intelectual. El verdadero profesor debiera ser ante todo un intelectual, que piensa por sí mismo, piensa con los cabros, piensa en   conjunto y está, por tanto, produciendo ciencia o produciendo cultura. Creo que el profesor debe ser ante todo y toda la vida un investigador. Eso impide que se muera el intelectual en el profesor, y por trabaje al unísono con la comunidad local. El profesor debiese ser formado en función de su capacidad de investigar su medio, producir para ese medio, a tono con los actores, compartir la ciencia y la pedagogía con esos actores, para trabajar como una especie de intelectual orgánico. Eso es educación.

En algunos textos usted trabaja el tema de la educación participativa, educación dentro de la construcción de una educación ciudadana.

¿Es posible realizar ese tipo de educación, en este contexto?

El actual sistema educativo chileno ha tenido un déficit crónico, que es la masa marginal. Los cesantes y trabajadores precarios han siempre fluctuado entre un mínimo de 35% y máximo 65%. Nunca se ha resuelto este problema por más que los parámetros macroeconómicos estén fantásticos. Los subempleos son también fantásticos. Entonces, los sistemas educativos de este país, a lo largo de la historia, nunca han enseñado a los ciudadanos jóvenes y a los niños a cambiar el sistema. Todo lo que se les enseña es a reproducir el sistema. Por ejemplo, la educación cívica consiste en que los cabros se aprendan de memoria la ley para que la obedezcan. No se les enseña a decir quién, cómo y por qué se dictó esa ley. Si esa ley fue justa o injusta, legítima o ilegítima, no se cuestiona. Se les enseña a obedecer.

Eso significa que esta educación potencia la gobernabilidad del sistema. Nunca se les ha enseñado a los niños y jóvenes a ser ciudadanos, a construir sistemas, a construir o a reconstruir el Estado, a construir o reconstruir el mercado y, por tanto, a construir o reconstruir la sociedad. Es decir, nunca se les ha enseñado a usar su soberanía, a usar su poder constituyente. Todo lo que signifique cambio social, construcción de Estado, construcción de sociedad, es una tarea que ha sido apropiada por las fuerzas políticas en primer lugar, la clase política en segundo lugar, pero la ciudadanía nunca ha participado en esos procesos.

Frente a lo anterior, el joven tiene que autoeducarse al margen, casi   clandestinamente, en aprendizaje del marxismo, en educación política, en educación popular, por medio de los cordones populares en educación.

Educar para el cambio, educar para ser ciudadanos en todo el sentido de la palabra, nunca ha sido parte del sistema formal de educación. Por eso aparecen estos procesos por fuera, y por eso la cultura callejera es profundamente autoeducativa y tiene ventajas con respecto a la otra. La educación de aula nunca va a lograr eliminar a los cabros encapuchados. No sacan nada con decir que son malos.

¿Cómo ve al gremio docente?

Por un lado, tengo la idea de que el gremio docente es probablemente de los gremios más masivos del país. Tiene como cien mil profesores. Es de los gremios mejor organizado y que ha intentado abrir un debate a todo nivel, a lo largo de Chile. Es un gremio formidablemente organizado.

Por otro lado, observo440px-GabrielSalazar una división por pugnas políticas que vienen del pasado, de una política que corresponde a la otra democracia, no a ésta. Pero, además está dividido entre generaciones. Veo que los profesores jóvenes están mucho más alerta y más sensitivos. Los más viejos son grandes gremialistas, sin duda, asisten a las reuniones, participan, pagan sus cuotas. Pero esta ausencia de intercambio, de retroalimentación con el medio juvenil, le quita fuerza al gremio como conjunto, porque si predominara más la sensibilidad de estos jóvenes y menos la obcecación política de algunos, probablemente el gremio hubiera propuesto una política educativa de recambio potente y no lo está haciendo. Sé que hay conciencia de eso. Se discuten cosas. La revista Docencia trae artículos en esa dirección. Pero, como gremio, no se ha hecho una propuesta determinante y potente en ese sentido, como tampoco lo ha hecho la universidad y menos el gobierno.

Notas

1.- Revista Docencia, n° 30. Diciembre de 2006.

2.- Profesor de Historia y Geografía, Sociólogo y Filósofo, Doctor en Historia. Ha publicado numerosos libros, entre los que se destacan: Labradores, Peones y Proletarios (1985); Violencia Política Popular en las Grandes Alamedas (1990); Los Intelectuales, los Pobres y el Poder (1995). Es coautor, junto a Julio Pinto, de los cinco volúmenes de la Historia Contemporánea de Chile (Ed. LOM, 2002); Mercaderes Empresarios y Capitalistas (Sudamericana 2009). Actualmente se desempeña como profesor en el Departamento de Ciencias Históricas de la Universidad de Chile.

07
Ago
09

Qué propone Alejandro Navarro en Educación

En una Web interesante estéticamente, donde sanamente se combinan la tradición cultural de la izquierda con una gráfica moderna y equilibrada es la forma en que el Senador por la VIII Región nos entrega su propuesta presidencial. Si bien en la forma ésta se ve bien, no deja de adolecer de errores de construcción bastante básicos como colocar un link destacado y visible para llegar en forma rápida a su programa de gobierno (1); o, hacer coincidir los link con la información requerida, así como hacer más accesible la descarga de imágenes, etc.

Para entender la propuesta del senador Navarro (2), se debe tener en cuenta que la mayoría de sus medidas pasan por posibilitar cambios estructurales en la institucionalidad política, los que se plasman en una Asamblea Constituyente que de paso a una nueva Constitución. En este sentido, la palabra clave de su planteamiento es: “Más y mejor Estado”, avizorando de éste un rol clave en el desarrollo del país. En lo que toca a educación –tema que nos convoca-, en el capítulo V titulado, titulado: “Más y mejor Estado preocupado de una educación gratuita y de calidad para todos/as los chilenos/as” (3), el ex militante socialista propone 15 medidas inmediatas para la educación chilena. En lo central, se plantea el fin al lucro con dineros públicos y la vuelta de la educación al Estado, el que a su vez deberá entregar “educación gratuita como un derecho para todos y todas sus habitantes” (4). Para asegurar la cobertura extendida del sistema se propone un aumento en el gasto educacional cercano al 6 % del PIB, lo que casi duplicaría la inversión actual (5). El sistema sería controlado y supervisado por Corporaciones Regionales, las que estarían a cargo de velar por la calidad de la educación (6). En el área estudiantil plantea una medida curiosa, la creación de la figura del Defensor del Estudiante y, una suerte de fuero para los dirigentes estudiantiles (7). En plano pedagógico propone la creación de una “carrera docente, que construya sus bases sobre la estabilidad laboral y genere mecanismos para su desarrollo profesional permanente, con el objeto de mejorar sus capacidades y habilidades profesionales” (8). En el caso de la educación particular pagada, Navarro plantea su existencia pero con “mayores regulaciones, estableciendo un férreo sistema de control sobre la calidad de sala párvulos, colegios, universidades y CFT, fiscalizando permanentemente sus instalaciones, programas y servicios entregados” (9).

Los Planteamientos d1195755224_alejandro navarro - trey pollarde Navarro se basan en la transformación estructural del orden político, cambios que se avienen más al modelo experimentados por los países del ALBA (10) que con los del Chile actual. ¿Esto, quita algún mérito a la propuesta? En lo absoluto, el proyecto es coherente con la trayectoria y propuesta del Senador, que legítimamente plantea una visión alternativa al actual modelo de desarrollo. En este sentido sólo cabe desearle suerte, ya que todos los países que han asumido la vía bolivariana lo han hecho llegando al poder y con altas votaciones, que debería ser la forma de hacer grandes cambios.

Notas

1.- Esta situación resulta particularmente curiosa, ya que Navarro es uno de los pocos candidatos –el otro es Arrate- que tienen un programa de gobierno completo.

2.- Programa de Gobierno Alejandro Navarro: 150 medidas de gobierno; Link: http://www.navarro.cl/navarropresidente/varios/Programa%20Presidencial%20150.pdf

3.- Ibíd. Pág. 10 y 11.

4.- Ibíd. Pág. 10.

5.- En gasto público en educación como porcentaje del PIB (2007), Chile invierte el 3.1%. (Fte, UNESCO).

6.- Ibíd. Pág. 10, Pto. 66.

7.- Ibíd. Pág. 11, Pto. 69.

8.- Ibíd. Pág. 11, Pto. 76.

9.- Ibíd. Pág. 11, Pto. 77.

10. Alianza Bolivariana para las Américas.